Jorge Corrales Quesada
27/08/2017, 20:32
Por Jorge Corrales Quesada
Dos acontecimientos, que han visto la luz en estos días en nuestro país, son síntomas, en mi opinión, de un mismo problema. Me refiero, por una parte, al reciente recrudecimiento de llamados para que el bachillerato se elimine, supuestamente por afectar al futuro de quienes fracasan en dicho examen o bien porque no ayuda en nada a la educación de los estudiantes. Por otra parte, La Nación publicó el 7 de diciembre un artículo bajo el titular “Solo 49 empleados públicos perdieron bono por desempeño: Evaluación en 2015 dio anualidades a un 99.99% de planilla dentro del Régimen del Servicio Civil,” que, aunque no lo parezca a primera vista, tiene mucha similitud con el primero.
En el caso de la propuesta de eliminar el bachillerato, eso les quitaría la “enorme” carga a los estudiantes de secundaria, de tener que estudiar duro y prepararse para una evaluación de lo aprendido. Ciertamente, el fracaso puede, en parte, ser atribuido a una mala labor de los maestros responsables, pero, esto tiene un corolario, que, asimismo es reflejo del mismo ámbito de mediocridad: los gremios sindicales correspondientes se oponen a que maestros y profesores sean evaluados en el desempeño de sus funciones. Es así como el camino fácil, la ley del mínimo esfuerzo, dominan este campo de la educación: que no haya exámenes de bachillerato para que todos los que terminan la secundaria sean automáticamente aprobados. No habría una regla de evaluación, como lo es el bachillerato. Tampoco avanza la idea de que los profesores y maestros sean objeto de la evaluación correspondiente, lo cual sin duda que incidiría en la rendición de cuentas que debe dar todo funcionario público, así como permitiría analizar la capacidad profesional de maestros y profesores para ejercer tal profesión y, si el resultado es negativo, señalaría, al menos, la necesidad de hacer una reingeniería de sus capacidades.
Por otra parte, los datos que el informe de La Nación nos brinda en su relato arriba mencionado, son apabullantes. Un total de 35.558 funcionarios fueron evaluados en el 2015, acerca de si había un cumplimiento adecuado de sus tareas, de forma que así se les hiciera merecedores del bono o anualidad por “desempeño”, que actualmente oscila entre un 1.94% y un 2.56% del salario, según sean los montos, en el caso de que la calificación recibida fuera de “buena”, “muy buena” o “excelente.”
Los resultados de la evaluación de esos 33.558 empleados sujetos al régimen del Servicio Civil, indican que 24.134 de ellos (esto es, un 72%) fueron valorados como “excelentes”, 8.616 (un 26%) como “muy buenos” y 759 (un 2%) como buenos, de forma que ¡todos fueron acreedores de aquel plus! Sólo 41 empleados fueron evaluados como “regular” (un 0.1%) y 6 como “deficientes”(o sea, 2.4 por cada diez mil empleados). En dos palabras, casi todos fueron estimados como excelentes, muy buenos y buenos y, una cantidad ínfima, como regulares o deficientes. ¡Sin duda alguna que estamos en presencia de una maravilla mundial!
Todo se reduce a disponer de un camino fácil para lograr las cosas: usted no tiene que esforzarse para ser un empleado en verdad excelente o muy bueno, para que así se le incentive con una bonificación pagada por todos los ciudadanos; tampoco tendrá que preocuparse por trabajar duro para aprender en los colegios, de forma que se gane el examen de bachillerato. El facilismo permite que el “éxito” sea garantizado, sin esfuerzo alguno.
¿Saben, de paso, cuánto les costó a los contribuyentes, a los ciudadanos de este país, ese plus por desempeño de los empelados sujetos al Servicio Civil? La ominosa suma de ₡806.368 millones, repartida así: ₡539.183 millones para los empleados de las instituciones autónomas y de las descentralizadas y ₡267.163 millones para los del gobierno central. Esos datos ni siquiera incluyen a “policías, maestros y a otros 1.789 empleados no evaluados por diversas razones.” Francamente, no sé si también todos esos empleados públicos citados reciben bonificaciones por desempeño y si todos son tan “perfectos”, como los del Servicio Civil. Es un dato que nos quedó debiendo el comentario de La Nación.
Al menos existe un proyecto en la Asamblea Legislativa, presentado por la diputada Sandra Piszk, “que reservaría el pago de la anualidad únicamente a los empleados en las categorías muy ‘bueno’ y ‘excelente’”, pero, si se mantuviera el mismo sistema realmente ausente de valoraciones, tal como lo hubo en el 2015, ese plus se pagaría al 97.5% del total de empleados del Servicio Civil; o sea, casi a todos. El proyecto también considera que se “limitaría el porcentaje del plus entre un 2.5% y un 1.9% para los “excelentes” y entre un 1.9% y un 1.4% para los ‘muy buenos.’” En síntesis, la tasa del plus quedaría igual para el 72% de los empleados del régimen del Servicio Civil, si es que se mantiene el sistema de valoración vigente y tan sólo se rebajaría un poco para los empleados “muy buenos,” que, en la evaluación actual, son el 26%.
No sé si en las negociaciones en proceso en la Comisión de Asuntos Sociales, en donde un bloque de diputados del PAC + FA + PLN le están echando agua a la sopa, para diluir las propuestas de reforma de los salarios en el sector público propuesto por la diputada Piszk, ya se habrá aceptado esta propuesta de ella en torno al plus por desempeño o si también la han aguado. El proyecto de doña Sandra apenas toca un poquito al problema evidente, para cuya solución es crucial una reforma real y profunda de todo el sistema actual de evaluación de los empleados públicos, de manera que efectivamente se estimule a quienes desempeñan su trabajo muy bien o excelentemente y que se desestimule a quienes apenas lo llevan a cabo, quienes no recibirían bonificación alguna y, a aquellos malos o “deficientes”, como se les llama, que haya la posibilidad de sustituirlos por otros relativamente más eficientes.
Las reformas deben hacerse en serio, sino pronto estaremos, de nuevo, sumidos en gastos irracionales en nuestra política salarial del empleo público.
Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 20 de diciembre del 2016.
Dos acontecimientos, que han visto la luz en estos días en nuestro país, son síntomas, en mi opinión, de un mismo problema. Me refiero, por una parte, al reciente recrudecimiento de llamados para que el bachillerato se elimine, supuestamente por afectar al futuro de quienes fracasan en dicho examen o bien porque no ayuda en nada a la educación de los estudiantes. Por otra parte, La Nación publicó el 7 de diciembre un artículo bajo el titular “Solo 49 empleados públicos perdieron bono por desempeño: Evaluación en 2015 dio anualidades a un 99.99% de planilla dentro del Régimen del Servicio Civil,” que, aunque no lo parezca a primera vista, tiene mucha similitud con el primero.
En el caso de la propuesta de eliminar el bachillerato, eso les quitaría la “enorme” carga a los estudiantes de secundaria, de tener que estudiar duro y prepararse para una evaluación de lo aprendido. Ciertamente, el fracaso puede, en parte, ser atribuido a una mala labor de los maestros responsables, pero, esto tiene un corolario, que, asimismo es reflejo del mismo ámbito de mediocridad: los gremios sindicales correspondientes se oponen a que maestros y profesores sean evaluados en el desempeño de sus funciones. Es así como el camino fácil, la ley del mínimo esfuerzo, dominan este campo de la educación: que no haya exámenes de bachillerato para que todos los que terminan la secundaria sean automáticamente aprobados. No habría una regla de evaluación, como lo es el bachillerato. Tampoco avanza la idea de que los profesores y maestros sean objeto de la evaluación correspondiente, lo cual sin duda que incidiría en la rendición de cuentas que debe dar todo funcionario público, así como permitiría analizar la capacidad profesional de maestros y profesores para ejercer tal profesión y, si el resultado es negativo, señalaría, al menos, la necesidad de hacer una reingeniería de sus capacidades.
Por otra parte, los datos que el informe de La Nación nos brinda en su relato arriba mencionado, son apabullantes. Un total de 35.558 funcionarios fueron evaluados en el 2015, acerca de si había un cumplimiento adecuado de sus tareas, de forma que así se les hiciera merecedores del bono o anualidad por “desempeño”, que actualmente oscila entre un 1.94% y un 2.56% del salario, según sean los montos, en el caso de que la calificación recibida fuera de “buena”, “muy buena” o “excelente.”
Los resultados de la evaluación de esos 33.558 empleados sujetos al régimen del Servicio Civil, indican que 24.134 de ellos (esto es, un 72%) fueron valorados como “excelentes”, 8.616 (un 26%) como “muy buenos” y 759 (un 2%) como buenos, de forma que ¡todos fueron acreedores de aquel plus! Sólo 41 empleados fueron evaluados como “regular” (un 0.1%) y 6 como “deficientes”(o sea, 2.4 por cada diez mil empleados). En dos palabras, casi todos fueron estimados como excelentes, muy buenos y buenos y, una cantidad ínfima, como regulares o deficientes. ¡Sin duda alguna que estamos en presencia de una maravilla mundial!
Todo se reduce a disponer de un camino fácil para lograr las cosas: usted no tiene que esforzarse para ser un empleado en verdad excelente o muy bueno, para que así se le incentive con una bonificación pagada por todos los ciudadanos; tampoco tendrá que preocuparse por trabajar duro para aprender en los colegios, de forma que se gane el examen de bachillerato. El facilismo permite que el “éxito” sea garantizado, sin esfuerzo alguno.
¿Saben, de paso, cuánto les costó a los contribuyentes, a los ciudadanos de este país, ese plus por desempeño de los empelados sujetos al Servicio Civil? La ominosa suma de ₡806.368 millones, repartida así: ₡539.183 millones para los empleados de las instituciones autónomas y de las descentralizadas y ₡267.163 millones para los del gobierno central. Esos datos ni siquiera incluyen a “policías, maestros y a otros 1.789 empleados no evaluados por diversas razones.” Francamente, no sé si también todos esos empleados públicos citados reciben bonificaciones por desempeño y si todos son tan “perfectos”, como los del Servicio Civil. Es un dato que nos quedó debiendo el comentario de La Nación.
Al menos existe un proyecto en la Asamblea Legislativa, presentado por la diputada Sandra Piszk, “que reservaría el pago de la anualidad únicamente a los empleados en las categorías muy ‘bueno’ y ‘excelente’”, pero, si se mantuviera el mismo sistema realmente ausente de valoraciones, tal como lo hubo en el 2015, ese plus se pagaría al 97.5% del total de empleados del Servicio Civil; o sea, casi a todos. El proyecto también considera que se “limitaría el porcentaje del plus entre un 2.5% y un 1.9% para los “excelentes” y entre un 1.9% y un 1.4% para los ‘muy buenos.’” En síntesis, la tasa del plus quedaría igual para el 72% de los empleados del régimen del Servicio Civil, si es que se mantiene el sistema de valoración vigente y tan sólo se rebajaría un poco para los empleados “muy buenos,” que, en la evaluación actual, son el 26%.
No sé si en las negociaciones en proceso en la Comisión de Asuntos Sociales, en donde un bloque de diputados del PAC + FA + PLN le están echando agua a la sopa, para diluir las propuestas de reforma de los salarios en el sector público propuesto por la diputada Piszk, ya se habrá aceptado esta propuesta de ella en torno al plus por desempeño o si también la han aguado. El proyecto de doña Sandra apenas toca un poquito al problema evidente, para cuya solución es crucial una reforma real y profunda de todo el sistema actual de evaluación de los empleados públicos, de manera que efectivamente se estimule a quienes desempeñan su trabajo muy bien o excelentemente y que se desestimule a quienes apenas lo llevan a cabo, quienes no recibirían bonificación alguna y, a aquellos malos o “deficientes”, como se les llama, que haya la posibilidad de sustituirlos por otros relativamente más eficientes.
Las reformas deben hacerse en serio, sino pronto estaremos, de nuevo, sumidos en gastos irracionales en nuestra política salarial del empleo público.
Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 20 de diciembre del 2016.