Jorge Corrales Quesada
27/08/2017, 17:35
Por Jorge Corrales Quesada
Con suma frecuencia uno escucha propuestas de personas para que se regule tal o cual cosa; esto es, que el estado, de alguna manera, restrinja la plena libertad en los mercados para lograr producir los bienes que una sociedad desea, la forma de hacerlo y para quien son esos bienes. Algunas veces tales sugerencias se hacen teniendo en mente una percepción de que algo no es correcto o que causa daño a quienes los usan, daño que no es cubierto por quienes lo provocan, así como cuando hay una práctica monopólica de algún agente económico. Pero, en otras ocasiones, la motivación para pedir una regulación descansa en la falsa impresión de que el estado sabe y tiene un conocimiento mayor que todos y cada uno de los individuos que toman decisiones en un mercado y que, por tanto, está en capacidad de enderezar apropiadamente lo que se considera que no está bien. No debe descartarse, tampoco, que factores tales como la envidia motiven tales requisiciones, a fin de afectar a alguien a quien no se considera merecedor de algo o porque simplemente las acciones de este no van en beneficio particular del proponente de la regulación. Esto último es frecuente cuando, mediante una regulación, se logra impedir que haya una mayor competencia en el mercado.
Cualesquiera que sean las motivaciones para la regulación, ella nos señala que, en algunas circunstancias -usualmente no muchas- se trata de una posibilidad deseable para que el estado intervenga en corregir algo que no funciona tan bien como podría serlo. Un caso de una regulación conveniente puede ser, por ejemplo, fijar la velocidad máxima a que puede transitar un vehículo en ciertas calles o zonas. Pero, el punto al cual quiero llegar en esta ocasión, es que esa intervención, conveniente o no, siempre tiene un costo, y que éste debe ser comparado con los posibles beneficios que traiga dicha regulación. Tal comparación nunca se suele hacer en nuestro medio, pues las regulaciones suelen surgir ya sea porque a algún burócrata estatal o bien a un grupo de diputados, se le puede haber ocurrido que tal regulación era conveniente en sí, sin hacer la comparación debida de su costo con su beneficio. Tan sólo vislumbran a un presunto beneficio para la sociedad -el cual, incluso muchas veces cuesta distinguirlo- resultante de una regulación, pero nunca siquiera toman en cuenta a los costos que trae asociada.
Además, es posible que mucho de ese incremento regulatorio, provenga de un deseo de políticos de introducir regulaciones, bajo la creencia de que con nuevas medidas de ese tipo, van a dejar huella de su enorme capacidad como gobernantes. Pero, lo cierto, es que más bien con sus acciones suelen provocar un daño a consumidores y productores.
Esos costos de la regulación se puede decir que aparecen en dos grandes áreas de análisis. Uno de ellos, que me permito llamar el impacto económico, es esa estimación de los costos y los beneficios de la propuesta regulatoria que tiene sobre la sociedad como un todo, pues usualmente dicha regulación afecta la asignación de los recursos productivos en el mercado, imponiendo costos adicionales a la producción de la actividad que se regula.
La otra área, que llamo impacto financiero o monetario, y que es parte de ese marco general antes referido, suele ser muy evidente, pues es el costo formal de la regulación, usualmente mediante cánones o cobros a los entes regulados, quienes, a su vez, tienen la posibilidad legal de trasladar esos costos directamente hasta los usuarios. Esto es, tales costos terminan siendo pagados por los consumidores, pues van incluidos dentro de los precios de los servicios regulados.
Por ello, es interesante el artículo de La Nación del 17 de noviembre, titulado “Regulación de servicios públicos costará ₡15.000 millones a clientes: Canon de supervisión cargado a tarifas subirá 6.6% en el 2017.” Pero, desde ya, observen y que quede muy claro, que estos datos se refieren únicamente a lo que tiene que ver con la regulación que hace la ARESEP, y no la totalidad de la regulación estatal en la economía, que en mucho trasciende a la que practica la ARESEP, pues aquella se presenta en muy diversas entidades y por muy diferentes leyes. Incluso, no se tiene idea del costo de este último ámbito regulatorio estatal, diferente y en comparación con el de ARESEP, el cual nos lo brinda el artículo periodístico bajo comentario. Este otro costo monetario podría ser mayor o menor que el de la ARESEP, pero posiblemente es significativo.
Veamos algunos datos importantes del costo financiero o monetario del servicio regulatorio de ARESEP. Para el 2017, se estima que se recaudará de los clientes regulados -mediante los llamados cánones- la suma de ₡15.354 millones. Eso significa un aumento de más del 6.6% con respecto a los ₡14.401 del año que recién concluye. Pero, hay más: tan sólo desde el 2014, el ingreso por canon aumentó en ₡5.202 millones; esto es, en tres años ha habido un aumento de más de un 51.2% (o sea, un promedio anual de aumento del 17% aproximadamente). Ciertamente, el personal en la ARESPEP ha aumentado en número -algunos han dicho también en calidad, pero eso no lo puedo comprobar- llegando ya a casi 3.000 empleados.
Por supuesto, los jerarcas de la ARESEP dicen que esos aumentos de recursos, provenientes de los cánones, serán empleados en un mejor control de los servicios de buses y taxis, pero, sépase que esos mayores recursos son pagados por la vía de las tarifas que ARESEP le permite a sus regulados, cobrarlas a los consumidores finales.
Las principales fuentes de ingresos de cánones para el 2017 (los ₡15.354 millones) provienen del transporte en un total de ₡4.565 millones, básicamente de autobuses ₡2.829 millones y de taxis ₡1.714 millones. Luego, de los combustibles ingresarían uno ₡4.006 millones; en esencia, de los combustibles de RECOPE, ₡2.737 millones y ₡1.269 millones de distribuidoras y transportistas de aquellos. Le sigue en importancia el canon del agua por ₡3.291 millones, siendo casi todo proveniente del servicio de AyA (₡3.265 millones). Luego están los costos de la regulación de electricidad, por la suma de ₡2.249, en donde destacan, el ICE con ₡1.368 millones, Fuerza y Luz con ₡450 millones y otros relativamente menores. Otra fuente importante se denomina regulación portuaria, que generará ingresos por el canon de ₡1.110 millones y, finalmente, hay otros ingresos menores de algunas otras actividades reguladas.
Lo cierto es que ese costo será pagado por todos los ciudadanos, sin quite alguno, porque muchos de estos servicios son brindados en condiciones no competitivas o poco competitivas para entes del mismo estado, que no permitirían al consumidor dejar de pagarlo.
La regulación no es gratuita y lo descrito en los últimos párrafos es sólo una parte -la financiera o monetaria- de todo en lo que incurre la sociedad e incluso es lo correspondiente a uno sólo de los reguladores, la ARESEP, faltando lo de otros entes que regulan actividades dentro del estado. Lo que es más inquietante es que por ningún lado se muestran estimaciones del costo económico total de la regulación (ni de su posible beneficio), por el impacto de alterar las decisiones de consumo, producción y distribución en la economía. Como ven, estamos en un hoyo negro de costos regulatorios, que los pagamos, ya sea tanto directamente en los precios de los bienes y servicios regulados, como indirectamente por las distorsiones que introduce en la economía. La jarana de la regulación siempre sale a la cara; sólo que nosotros la pagamos, para que la burocracia pueda seguir imponiendo más y más regulaciones, sin ton ni son.
Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 13 de diciembre del 2016.
Con suma frecuencia uno escucha propuestas de personas para que se regule tal o cual cosa; esto es, que el estado, de alguna manera, restrinja la plena libertad en los mercados para lograr producir los bienes que una sociedad desea, la forma de hacerlo y para quien son esos bienes. Algunas veces tales sugerencias se hacen teniendo en mente una percepción de que algo no es correcto o que causa daño a quienes los usan, daño que no es cubierto por quienes lo provocan, así como cuando hay una práctica monopólica de algún agente económico. Pero, en otras ocasiones, la motivación para pedir una regulación descansa en la falsa impresión de que el estado sabe y tiene un conocimiento mayor que todos y cada uno de los individuos que toman decisiones en un mercado y que, por tanto, está en capacidad de enderezar apropiadamente lo que se considera que no está bien. No debe descartarse, tampoco, que factores tales como la envidia motiven tales requisiciones, a fin de afectar a alguien a quien no se considera merecedor de algo o porque simplemente las acciones de este no van en beneficio particular del proponente de la regulación. Esto último es frecuente cuando, mediante una regulación, se logra impedir que haya una mayor competencia en el mercado.
Cualesquiera que sean las motivaciones para la regulación, ella nos señala que, en algunas circunstancias -usualmente no muchas- se trata de una posibilidad deseable para que el estado intervenga en corregir algo que no funciona tan bien como podría serlo. Un caso de una regulación conveniente puede ser, por ejemplo, fijar la velocidad máxima a que puede transitar un vehículo en ciertas calles o zonas. Pero, el punto al cual quiero llegar en esta ocasión, es que esa intervención, conveniente o no, siempre tiene un costo, y que éste debe ser comparado con los posibles beneficios que traiga dicha regulación. Tal comparación nunca se suele hacer en nuestro medio, pues las regulaciones suelen surgir ya sea porque a algún burócrata estatal o bien a un grupo de diputados, se le puede haber ocurrido que tal regulación era conveniente en sí, sin hacer la comparación debida de su costo con su beneficio. Tan sólo vislumbran a un presunto beneficio para la sociedad -el cual, incluso muchas veces cuesta distinguirlo- resultante de una regulación, pero nunca siquiera toman en cuenta a los costos que trae asociada.
Además, es posible que mucho de ese incremento regulatorio, provenga de un deseo de políticos de introducir regulaciones, bajo la creencia de que con nuevas medidas de ese tipo, van a dejar huella de su enorme capacidad como gobernantes. Pero, lo cierto, es que más bien con sus acciones suelen provocar un daño a consumidores y productores.
Esos costos de la regulación se puede decir que aparecen en dos grandes áreas de análisis. Uno de ellos, que me permito llamar el impacto económico, es esa estimación de los costos y los beneficios de la propuesta regulatoria que tiene sobre la sociedad como un todo, pues usualmente dicha regulación afecta la asignación de los recursos productivos en el mercado, imponiendo costos adicionales a la producción de la actividad que se regula.
La otra área, que llamo impacto financiero o monetario, y que es parte de ese marco general antes referido, suele ser muy evidente, pues es el costo formal de la regulación, usualmente mediante cánones o cobros a los entes regulados, quienes, a su vez, tienen la posibilidad legal de trasladar esos costos directamente hasta los usuarios. Esto es, tales costos terminan siendo pagados por los consumidores, pues van incluidos dentro de los precios de los servicios regulados.
Por ello, es interesante el artículo de La Nación del 17 de noviembre, titulado “Regulación de servicios públicos costará ₡15.000 millones a clientes: Canon de supervisión cargado a tarifas subirá 6.6% en el 2017.” Pero, desde ya, observen y que quede muy claro, que estos datos se refieren únicamente a lo que tiene que ver con la regulación que hace la ARESEP, y no la totalidad de la regulación estatal en la economía, que en mucho trasciende a la que practica la ARESEP, pues aquella se presenta en muy diversas entidades y por muy diferentes leyes. Incluso, no se tiene idea del costo de este último ámbito regulatorio estatal, diferente y en comparación con el de ARESEP, el cual nos lo brinda el artículo periodístico bajo comentario. Este otro costo monetario podría ser mayor o menor que el de la ARESEP, pero posiblemente es significativo.
Veamos algunos datos importantes del costo financiero o monetario del servicio regulatorio de ARESEP. Para el 2017, se estima que se recaudará de los clientes regulados -mediante los llamados cánones- la suma de ₡15.354 millones. Eso significa un aumento de más del 6.6% con respecto a los ₡14.401 del año que recién concluye. Pero, hay más: tan sólo desde el 2014, el ingreso por canon aumentó en ₡5.202 millones; esto es, en tres años ha habido un aumento de más de un 51.2% (o sea, un promedio anual de aumento del 17% aproximadamente). Ciertamente, el personal en la ARESPEP ha aumentado en número -algunos han dicho también en calidad, pero eso no lo puedo comprobar- llegando ya a casi 3.000 empleados.
Por supuesto, los jerarcas de la ARESEP dicen que esos aumentos de recursos, provenientes de los cánones, serán empleados en un mejor control de los servicios de buses y taxis, pero, sépase que esos mayores recursos son pagados por la vía de las tarifas que ARESEP le permite a sus regulados, cobrarlas a los consumidores finales.
Las principales fuentes de ingresos de cánones para el 2017 (los ₡15.354 millones) provienen del transporte en un total de ₡4.565 millones, básicamente de autobuses ₡2.829 millones y de taxis ₡1.714 millones. Luego, de los combustibles ingresarían uno ₡4.006 millones; en esencia, de los combustibles de RECOPE, ₡2.737 millones y ₡1.269 millones de distribuidoras y transportistas de aquellos. Le sigue en importancia el canon del agua por ₡3.291 millones, siendo casi todo proveniente del servicio de AyA (₡3.265 millones). Luego están los costos de la regulación de electricidad, por la suma de ₡2.249, en donde destacan, el ICE con ₡1.368 millones, Fuerza y Luz con ₡450 millones y otros relativamente menores. Otra fuente importante se denomina regulación portuaria, que generará ingresos por el canon de ₡1.110 millones y, finalmente, hay otros ingresos menores de algunas otras actividades reguladas.
Lo cierto es que ese costo será pagado por todos los ciudadanos, sin quite alguno, porque muchos de estos servicios son brindados en condiciones no competitivas o poco competitivas para entes del mismo estado, que no permitirían al consumidor dejar de pagarlo.
La regulación no es gratuita y lo descrito en los últimos párrafos es sólo una parte -la financiera o monetaria- de todo en lo que incurre la sociedad e incluso es lo correspondiente a uno sólo de los reguladores, la ARESEP, faltando lo de otros entes que regulan actividades dentro del estado. Lo que es más inquietante es que por ningún lado se muestran estimaciones del costo económico total de la regulación (ni de su posible beneficio), por el impacto de alterar las decisiones de consumo, producción y distribución en la economía. Como ven, estamos en un hoyo negro de costos regulatorios, que los pagamos, ya sea tanto directamente en los precios de los bienes y servicios regulados, como indirectamente por las distorsiones que introduce en la economía. La jarana de la regulación siempre sale a la cara; sólo que nosotros la pagamos, para que la burocracia pueda seguir imponiendo más y más regulaciones, sin ton ni son.
Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 13 de diciembre del 2016.