Jorge Corrales Quesada
27/08/2017, 17:33
Por Jorge Corrales Quesada
Una información del periódico La Nación del 12 de noviembre, titulada “Contratos con agencia de ONU a investigación: Diputados aprobaron moción”, saca a la luz a un problema que en el país debe ser encarado.
Ciertamente que no fue sino hasta mayo del 2014, cuando el gobierno contrató a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), “para agilizar la construcción de tres pasos a desnivel en la ruta de Circunvalación.” Ello es interesante, porque simplemente refleja un problema: un estado que no es eficiente para llevar a cabo proyectos de obra pública con la rapidez deseable, bajo los mecanismos tradicionales de contratación que tiene el país.
Esto es, existe una legislación muy amplia y profunda en nuestra nación, en cuanto a reglas para la contratación de obras públicas, tales como esas. Es la Ley de Contratación Administrativa, la cual se encuentra íntimamente ligada con la función de la Contraloría General de la República, para asegurar, de alguna manera, que las contrataciones que realiza el gobierno con partes privadas, sean esencialmente llevadas a cabo de la forma más económica posible -asegurando mecanismos de competencia- así como de manera correcta, desde todo punto de vista. En el país hay un amplio conocimiento acerca del alcance de esa ley (excepto, tal vez, en gobiernos locales muy pequeños), pero uno puede asegurar que, en general, la ley se aplica rigurosamente, con las excepciones regladas del caso.
Bien puede ser que un aparato estatal tan ineficiente y que está sujeto a regulaciones de toda índole, no actúa con la presteza necesaria. Una observación usual es la lentitud con la que se pueden realizar obras de construcción de carreteras, debida a la duración de los procesos de expropiación, sin los cuales no es posible llevar a cabo la obra. Pero, hay muchas otras muestras de que hay problemas de “lentitud” en la acción gubernamental, o bien de exigencias de conductas inapropiadas para la contratación, las cuales tienden a impedir que las acciones públicas de contratación se hagan con la eficiencia y rectitud exigidas.
Por tal razón es que las propias autoridades del gobierno de turno, para contratar servicios y obras de los sectores privados para uso o servicio del gobierno, han buscado deshacerse de las “ataduras” de la Contraloría y de la Ley de Contratación Administrativa. Tanto esta presunta “limitación,” así como otras leyes, bien podrían estar incidiendo en esa ineficiencia gubernamental, por lo cual ciertos entes gubernamentales han optado por el camino fácil de soslayar las regulaciones de la Contraloría, contratando a entes externos a ella, que brinden algún grado de credibilidad en cuanto a la corrección y eficiencia del proceso tendiente al logro de obras o servicios públicos.
Lo de la UNOPS no es nuevo. En el pasado, en otras ocasiones, se pretendió la aprobación de la Contraloría para que ciertas contrataciones de bienes o servicios del estado se hicieran bajo el control regulatorio de entes internacionales, tales como, por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y diversas entidades de las Naciones Unidas, como es el caso de la UNOPS, y recuerdo, si no me equivoco, que en algún momento se buscó hacer algo similar con la UNESCO.
No sólo es interesante que, en el caso de la contratación por medio de UNOPS (no únicamente para la Circunvalación, sino también para la ampliación del puente sobre el río Virilla en Lindora y en la ruta 32 al puente del Saprissa), las cosas no hayan evolucionado con la eficiencia y rapidez que se buscaba, evitando los “contratiempos” que ocasionaba la Ley de Contratación Administrativa, mediante el uso mecanismos como fideicomisos, convenios entre entidades públicas y la de UNOPS ya mencionada, entre otras que se hicieron en el pasado y algunas que no prosperaron.
La magnitud del problema de la falta de avance la indica el mismo gerente de la UNOPS en Costa Rica, quien “afirmó en julio [del 2016] que los aplazamientos se debían a la lentitud en los procesos de expropiación que lleva a cabo (el MOPT) y aseguró que los trabajos se iniciarían en octubre, lo cual tampoco ocurrió,” y se prevé que las obras serán adjudicadas entre diciembre y enero del 2017,” además de que, señala el medio, “la fecha en que comenzarán las construcciones es incierta.”
Creo que es muy importante revisar la Ley de Contratación Administrativa, para ver si es cierto que da lugar a “contratiempos” o problemas indeseables e innecesarios, así como si hay otras leyes que entran en juego, impidiendo la flexibilidad deseable. Eso sí, como no hay nada que garantice la rapidez ni la corrección buscadas, presuntamente al fallar el sistema supervisor de contrataciones del estado costarricenses, debe impedirse, asimismo, que se tenga que pasar por encima de lo que debería ser una legislación nacional apropiada, que ojalá subsanara tales posibles deficiencias. Esa tendencia a “huir” del derecho administrativo y, en particular, de la Ley de Contratación Administrativa y de la función de control de esas acciones públicas que realiza la Contraloría General de la República, no es aceptable y, por tanto, si hay problemas con el marco institucional y legal actual, en sus diferentes ángulos, debe buscarse corregirlos, para buen uso -en el sentido más amplio de la palabra- de los recursos de los ciudadanos. En mucho, eso debe hacerlo la Asamblea Legislativa y, que tal, con un poco de ayuda conceptual y diálogo de parte del resto del estado costarricense.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 12 de diciembre del 2016.
Una información del periódico La Nación del 12 de noviembre, titulada “Contratos con agencia de ONU a investigación: Diputados aprobaron moción”, saca a la luz a un problema que en el país debe ser encarado.
Ciertamente que no fue sino hasta mayo del 2014, cuando el gobierno contrató a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), “para agilizar la construcción de tres pasos a desnivel en la ruta de Circunvalación.” Ello es interesante, porque simplemente refleja un problema: un estado que no es eficiente para llevar a cabo proyectos de obra pública con la rapidez deseable, bajo los mecanismos tradicionales de contratación que tiene el país.
Esto es, existe una legislación muy amplia y profunda en nuestra nación, en cuanto a reglas para la contratación de obras públicas, tales como esas. Es la Ley de Contratación Administrativa, la cual se encuentra íntimamente ligada con la función de la Contraloría General de la República, para asegurar, de alguna manera, que las contrataciones que realiza el gobierno con partes privadas, sean esencialmente llevadas a cabo de la forma más económica posible -asegurando mecanismos de competencia- así como de manera correcta, desde todo punto de vista. En el país hay un amplio conocimiento acerca del alcance de esa ley (excepto, tal vez, en gobiernos locales muy pequeños), pero uno puede asegurar que, en general, la ley se aplica rigurosamente, con las excepciones regladas del caso.
Bien puede ser que un aparato estatal tan ineficiente y que está sujeto a regulaciones de toda índole, no actúa con la presteza necesaria. Una observación usual es la lentitud con la que se pueden realizar obras de construcción de carreteras, debida a la duración de los procesos de expropiación, sin los cuales no es posible llevar a cabo la obra. Pero, hay muchas otras muestras de que hay problemas de “lentitud” en la acción gubernamental, o bien de exigencias de conductas inapropiadas para la contratación, las cuales tienden a impedir que las acciones públicas de contratación se hagan con la eficiencia y rectitud exigidas.
Por tal razón es que las propias autoridades del gobierno de turno, para contratar servicios y obras de los sectores privados para uso o servicio del gobierno, han buscado deshacerse de las “ataduras” de la Contraloría y de la Ley de Contratación Administrativa. Tanto esta presunta “limitación,” así como otras leyes, bien podrían estar incidiendo en esa ineficiencia gubernamental, por lo cual ciertos entes gubernamentales han optado por el camino fácil de soslayar las regulaciones de la Contraloría, contratando a entes externos a ella, que brinden algún grado de credibilidad en cuanto a la corrección y eficiencia del proceso tendiente al logro de obras o servicios públicos.
Lo de la UNOPS no es nuevo. En el pasado, en otras ocasiones, se pretendió la aprobación de la Contraloría para que ciertas contrataciones de bienes o servicios del estado se hicieran bajo el control regulatorio de entes internacionales, tales como, por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y diversas entidades de las Naciones Unidas, como es el caso de la UNOPS, y recuerdo, si no me equivoco, que en algún momento se buscó hacer algo similar con la UNESCO.
No sólo es interesante que, en el caso de la contratación por medio de UNOPS (no únicamente para la Circunvalación, sino también para la ampliación del puente sobre el río Virilla en Lindora y en la ruta 32 al puente del Saprissa), las cosas no hayan evolucionado con la eficiencia y rapidez que se buscaba, evitando los “contratiempos” que ocasionaba la Ley de Contratación Administrativa, mediante el uso mecanismos como fideicomisos, convenios entre entidades públicas y la de UNOPS ya mencionada, entre otras que se hicieron en el pasado y algunas que no prosperaron.
La magnitud del problema de la falta de avance la indica el mismo gerente de la UNOPS en Costa Rica, quien “afirmó en julio [del 2016] que los aplazamientos se debían a la lentitud en los procesos de expropiación que lleva a cabo (el MOPT) y aseguró que los trabajos se iniciarían en octubre, lo cual tampoco ocurrió,” y se prevé que las obras serán adjudicadas entre diciembre y enero del 2017,” además de que, señala el medio, “la fecha en que comenzarán las construcciones es incierta.”
Creo que es muy importante revisar la Ley de Contratación Administrativa, para ver si es cierto que da lugar a “contratiempos” o problemas indeseables e innecesarios, así como si hay otras leyes que entran en juego, impidiendo la flexibilidad deseable. Eso sí, como no hay nada que garantice la rapidez ni la corrección buscadas, presuntamente al fallar el sistema supervisor de contrataciones del estado costarricenses, debe impedirse, asimismo, que se tenga que pasar por encima de lo que debería ser una legislación nacional apropiada, que ojalá subsanara tales posibles deficiencias. Esa tendencia a “huir” del derecho administrativo y, en particular, de la Ley de Contratación Administrativa y de la función de control de esas acciones públicas que realiza la Contraloría General de la República, no es aceptable y, por tanto, si hay problemas con el marco institucional y legal actual, en sus diferentes ángulos, debe buscarse corregirlos, para buen uso -en el sentido más amplio de la palabra- de los recursos de los ciudadanos. En mucho, eso debe hacerlo la Asamblea Legislativa y, que tal, con un poco de ayuda conceptual y diálogo de parte del resto del estado costarricense.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 12 de diciembre del 2016.