Jorge Corrales Quesada
27/08/2017, 14:56
Por Jorge Corrales Quesada
Cuando uno creía que ya se había terminado la historia de tribulaciones con la planta hidroeléctrica Toro III, surgen nuevas dudas. Anteriormente había comentado en una columna, que dicho proyecto presentó costos superiores a $15.4 millones, que terminaron siendo trasladados a los consumidores, por un aumento en la tarifa que JASEC cobra a sus consumidores y que aprobara la ARESEP.
Ahora surge un nuevo problema, de acuerdo con un informe de setiembre del 2012, hecho por la auditoría interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Recordemos que el Proyecto Hidroeléctrico Toro III, ubicado en Venecia de San Carlos, fue construido conjuntamente por la Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) y el ICE, mediante un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR).
Resulta que el ICE y JASEC acordaron la contratación de la empresa Consultores en Infraestructura GIP durante 16 años (del 2012 al 2028), como unidad ejecutora de dicho proyecto, en un monto total estimado de $6 millones para todo ese período. Los costos de dicha contratación se habían estimado, en el 2007, por parte de GIP, en las sumas de $57.075 mensuales en la etapa pre-operatoria y de $12.500 al mes en la etapa de operación. Cuatro años antes de la contratación del BCR para su labor como fideicomisario (2010), la JASEC fue la primera en contratar a GIP con base en aquellas estimaciones. Sin embargo, de acuerdo con el informe de la auditoría interna del ICE, en el 2011, GIP le manifestó al consorcio JASEC-ICE su interés en ser la unidad ejecutora del proyecto. Así fue como en el 2012 ambos entes ordenaron al BCR que contratara a GIP, “aunque el mismo Banco cuestionara el porqué de la selección a dedo,” según informa el periódico La Nación del 10 de setiembre, en su comentario “Auditoría del ICE objetó costo de contrato a dedo en Toro III: Unidad ejecutora elegida por ICE y JASEC para proyecto hidroeléctrico en Venecia de San Carlos.”
En esta ocasión, los honorarios por los que se contrató a la firma GIP subieron a $60.000 al mes en la primera etapa y, a $30.000, cuando estuviera operando. Ya sé, se dirá que el tiempo pasó y que el costo aumentó (aunque no creo que la inflación en dólares lo hizo tanto), pero el hecho es que, según informa dicha auditoría del ICE, “no hay evidencia de que el Instituto y JASEC velaran por la razonabilidad de los honorarios y de que se cumplieran los principios de contratación administrativa”, contenidos en la Ley de Contratación Administrativa, la cual regula las contrataciones del estado.
El informe de la auditoría del ICE, AFIN/DGF/50-2012, es claro en su señalamiento, al indicar que “dado que en el momento de la aprobación de los honorarios cotizados por la empresa GIP Ltda., no estaba clar(a) la forma cómo se iba a financiar el fideicomiso (el acuerdo entre las partes), es evidente que no fue una decisión de los fideicomitentes (el ICE y JASEC) aprobar pagar honorarios que incluían la realización de trabajos que no se tenía certeza de que la empresa tenga que realizarlos. Es criterio de esta Auditoría que la administración debió negociar diferentes tareas de honorarios las cuales se podían categorizar según el tipo de financiamiento y las labores asociadas a realizar.” El ICE simplemente realizó una contratación directa de tales servicios y, junto con JASEC, luego ordenaron al BCR a contratar a GIP, sin que existieran otros oferentes consultados que podrían participar en la contratación de servicios profesionales.
GIP es una empresa fundada en el 2005 por la actual directora jurídica del ICE, la señora Julieta Bejarano, junto con otros exfuncionarios del ICE, empresa que, en opinión del presidente ejecutivo del ICE, señor Carlos Obregón, “tiene experiencia probada y es idónea para la unidad ejecutora” de Toro III. Además, don Carlos, además, señaló que los honorarios cobrados por GIP para este proyecto son razonables, pues equivalen a un 0.71% del costo de la obra. De paso, dicha razonabilidad del costo no tiene por qué ser determinada así, sino esencialmente mediante los resultados de ofertas competitivas. Al respecto, adicionalmente es útil resaltar el hecho de que otro administrador potencial del fideicomiso, el Banco Nacional, en su momento consideró que la contratación de una unidad ejecutora no era necesaria. No obstante, en un acta de la Junta de Adquisiciones del ICE, se señala, de acuerdo con La Nación, que el ICE y JASEC consideraron que no era conveniente la propuesta del Banco Nacional, pues, desde el 2006, JASEC había contratado “a la firma Gestión Integral de Proyectos (GIP) para el proceso de estructuración.” Yo me pregunto si dicha contratación fue producto de un proceso de ofertas, compitiendo entre sí para brindarlo, pues, inclusive el BCR, contratado como fiduciario en el 2010, según el informe de autoría citado, fue “ordenado” por la alianza ICE-JASEC ´a contratar la compañía (GIP) sin dar oportunidad a otras empresas.”
Simplemente, se trata de fondos públicos, propiedad de los ciudadanos, que, al ser usados en contrataciones que realiza el estado, están sujetos al principio esencial -excepto bajo ciertas excepciones muy calificadas por la ley- de ser objeto de ofertas que compiten para obtener el contrato. Aquí las cosas no parecen haber sido así y, por lo tanto, es imprescindible que la Contraloría General de la República actúe al respecto, si es que aún no lo hace o lo tiene en proceso de investigación, para proceder de inmediato a valorar si el procedimiento seguido cumple con los principios básicos en la contratación de fondos públicos.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 5 de diciembre del 2016.
Cuando uno creía que ya se había terminado la historia de tribulaciones con la planta hidroeléctrica Toro III, surgen nuevas dudas. Anteriormente había comentado en una columna, que dicho proyecto presentó costos superiores a $15.4 millones, que terminaron siendo trasladados a los consumidores, por un aumento en la tarifa que JASEC cobra a sus consumidores y que aprobara la ARESEP.
Ahora surge un nuevo problema, de acuerdo con un informe de setiembre del 2012, hecho por la auditoría interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Recordemos que el Proyecto Hidroeléctrico Toro III, ubicado en Venecia de San Carlos, fue construido conjuntamente por la Junta Administradora del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) y el ICE, mediante un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR).
Resulta que el ICE y JASEC acordaron la contratación de la empresa Consultores en Infraestructura GIP durante 16 años (del 2012 al 2028), como unidad ejecutora de dicho proyecto, en un monto total estimado de $6 millones para todo ese período. Los costos de dicha contratación se habían estimado, en el 2007, por parte de GIP, en las sumas de $57.075 mensuales en la etapa pre-operatoria y de $12.500 al mes en la etapa de operación. Cuatro años antes de la contratación del BCR para su labor como fideicomisario (2010), la JASEC fue la primera en contratar a GIP con base en aquellas estimaciones. Sin embargo, de acuerdo con el informe de la auditoría interna del ICE, en el 2011, GIP le manifestó al consorcio JASEC-ICE su interés en ser la unidad ejecutora del proyecto. Así fue como en el 2012 ambos entes ordenaron al BCR que contratara a GIP, “aunque el mismo Banco cuestionara el porqué de la selección a dedo,” según informa el periódico La Nación del 10 de setiembre, en su comentario “Auditoría del ICE objetó costo de contrato a dedo en Toro III: Unidad ejecutora elegida por ICE y JASEC para proyecto hidroeléctrico en Venecia de San Carlos.”
En esta ocasión, los honorarios por los que se contrató a la firma GIP subieron a $60.000 al mes en la primera etapa y, a $30.000, cuando estuviera operando. Ya sé, se dirá que el tiempo pasó y que el costo aumentó (aunque no creo que la inflación en dólares lo hizo tanto), pero el hecho es que, según informa dicha auditoría del ICE, “no hay evidencia de que el Instituto y JASEC velaran por la razonabilidad de los honorarios y de que se cumplieran los principios de contratación administrativa”, contenidos en la Ley de Contratación Administrativa, la cual regula las contrataciones del estado.
El informe de la auditoría del ICE, AFIN/DGF/50-2012, es claro en su señalamiento, al indicar que “dado que en el momento de la aprobación de los honorarios cotizados por la empresa GIP Ltda., no estaba clar(a) la forma cómo se iba a financiar el fideicomiso (el acuerdo entre las partes), es evidente que no fue una decisión de los fideicomitentes (el ICE y JASEC) aprobar pagar honorarios que incluían la realización de trabajos que no se tenía certeza de que la empresa tenga que realizarlos. Es criterio de esta Auditoría que la administración debió negociar diferentes tareas de honorarios las cuales se podían categorizar según el tipo de financiamiento y las labores asociadas a realizar.” El ICE simplemente realizó una contratación directa de tales servicios y, junto con JASEC, luego ordenaron al BCR a contratar a GIP, sin que existieran otros oferentes consultados que podrían participar en la contratación de servicios profesionales.
GIP es una empresa fundada en el 2005 por la actual directora jurídica del ICE, la señora Julieta Bejarano, junto con otros exfuncionarios del ICE, empresa que, en opinión del presidente ejecutivo del ICE, señor Carlos Obregón, “tiene experiencia probada y es idónea para la unidad ejecutora” de Toro III. Además, don Carlos, además, señaló que los honorarios cobrados por GIP para este proyecto son razonables, pues equivalen a un 0.71% del costo de la obra. De paso, dicha razonabilidad del costo no tiene por qué ser determinada así, sino esencialmente mediante los resultados de ofertas competitivas. Al respecto, adicionalmente es útil resaltar el hecho de que otro administrador potencial del fideicomiso, el Banco Nacional, en su momento consideró que la contratación de una unidad ejecutora no era necesaria. No obstante, en un acta de la Junta de Adquisiciones del ICE, se señala, de acuerdo con La Nación, que el ICE y JASEC consideraron que no era conveniente la propuesta del Banco Nacional, pues, desde el 2006, JASEC había contratado “a la firma Gestión Integral de Proyectos (GIP) para el proceso de estructuración.” Yo me pregunto si dicha contratación fue producto de un proceso de ofertas, compitiendo entre sí para brindarlo, pues, inclusive el BCR, contratado como fiduciario en el 2010, según el informe de autoría citado, fue “ordenado” por la alianza ICE-JASEC ´a contratar la compañía (GIP) sin dar oportunidad a otras empresas.”
Simplemente, se trata de fondos públicos, propiedad de los ciudadanos, que, al ser usados en contrataciones que realiza el estado, están sujetos al principio esencial -excepto bajo ciertas excepciones muy calificadas por la ley- de ser objeto de ofertas que compiten para obtener el contrato. Aquí las cosas no parecen haber sido así y, por lo tanto, es imprescindible que la Contraloría General de la República actúe al respecto, si es que aún no lo hace o lo tiene en proceso de investigación, para proceder de inmediato a valorar si el procedimiento seguido cumple con los principios básicos en la contratación de fondos públicos.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 5 de diciembre del 2016.