Jorge Corrales Quesada
27/08/2017, 09:48
Por Jorge Corrales Quesada
Ciertamente gran parte del actual edificio que ocupa nuestra Asamblea Legislativa es un cucarachero. Por más que alguno pueda malquerer a los diputados por su comportamiento, no debería decir que es un cucarachero, porque allí moran tales bichos. En consciencia, algo se debe hacer para que dicha edificación sea más adecuada, de forma que, preservando cosas históricamente valiosas de dichas instalaciones, económicamente valga la pena hacerlo.
Parece haber una especie de maldición con todo lo que pasa por las manos públicas: ni siquiera algo tan notorio, como esa posible edificación de tan importante estructura, se lleva a cabo de forma que el ciudadano sienta que las cosas se hacen debida y correctamente. Esas manos, que todo lo que tocan, lo terminan pudriendo. ¿Cómo es posible que sean cuestionados los procedimientos contractuales para la nueva obra, si en ellos están puestos los ojos de casi 5 millones de ciudadanos? Ni siquiera en el uso de esos recursos se cuidan debidamente, a fin de que esos mismos ciudadanos sientan que las costas se hacen bien, correctamente, todo a la luz del día.
La contralora general de la República, doña Marta Acosta, acudió a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea, y denunció que “tres diputados ordenaron pagar, de manera indebida, $690.000 (₡385 millones) en el proyecto para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa.” Esto aparece en el comentario de La Nación del 7 de octubre, bajo el encabezado “Contralora denuncia apago indebido en edificio legislativo: Planos del proyecto para construir nueva sede del Congreso.” Los nombres de esos tres miembros del Directorio de la Asamblea que laboró en el año legislativo 2014-2015, los cita el medio: “Henry Mora (del PAC), Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (del PUSC).”
Resulta que, señaló la contralora, al puro final de su mandato ese Directorio le ordenó al Banco de Costa Rica (BCR), fideicomisario del proyecto, girar al arquitecto a cargo del proyecto, “el 60% del monto pactado para la elaboración de los planos de la construcción, pese a que él no había obtenido los permisos respectivos.” El problema en el cual se cae es que el contrato con el BCR señala que, para pagar ese porcentaje, se tenía que contar con los permisos debidos, de los que no se disponían, dado que el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, entidad del ministerio de Cultura, se negó a otorgarlo por razones públicamente señaladas. Reitero: ese era un requisito que se debía de cumplir para que fuera recibido y se pagara el trabajo.
Ante lo sucedido, aquellos tres parlamentarios explicaron, ante la petitoria de la Contraloría -y que fue recibida con beneplácito- para crear en la Asamblea un órgano director, por el posible daño al erario público, y para que definiera las responsabilidades legales y políticas del caso, que se basaronn en que “el cobro efectuado por el contratista se acercaba a casi $1.5 millones, pero la negociación realizada por parte del personal técnico y el fideicomiso permitió reducirlo a $825.000.” Uno esperaría que esa “era” una función obligada en cuanto al manejo de recursos públicos y no es, por tanto, una excusa válida como para autorizar indebidamente ese pago al arquitecto.
Asimismo, en tanto que la Contraloría ordena recuperar ₡385 millones, además de indagar a ese Directorio, a partir de la información suministrada por el medio no es fácil deducir de dónde procede ese monto, porque, por una parte, se habla de que el 40% era por los planos, que fueron hechos, y que el 60% restante sería ante la recepción a conformidad con lo contratado, que no se satisfizo por la falta del permiso mencionado. Pero, los tres diputados en su comunicado señalan haber reducido el costo de la negociación a $825 mil, por lo que el 60% pagado impropiamente sería de $495.000, que equivalen a ₡276 millones y la Contralora habla de recuperar ₡385 millones. Así que, para tener ese chocolate espeso, necesitamos cuentas claras acerca de cuánto es lo que se debe recuperar.
También, llama la atención que el proyecto inicialmente se estimó que costaría $60 millones, pero ahora se calcula que ascenderá a un poco más de $100 millones; esto es, un 67% de incremento, según un documento de la Unidad Administradora de este edificio. Lo interesante es que, para este nuevo diseño, no se realizó un concurso para contratar a quien lo pudiera hacer, sino que se escogió al mismo arquitecto Salinas que había hecho el original, con base en razones “de conveniencia.” Eso podría ser explicable si fuera que el cobro por dicho servicio no variara (aun así no se sabe, por definición, si algún otro oferente habría salido menos caro), pero este detalle no lo informa el medio.
Igualmente, la contralora señaló en dicha comparecencia ante la comisión legislativa citada, que había otros problemas en el negociado, como son 4 contrataciones directas en donde no aparece la documentación que las autorice debidamente; 13 contrataciones sin que aparezca la solicitud de materiales, bienes o servicios que se deben hacer; 4 contrataciones sin términos de referencia, exigido por el reglamento de contratación administrativa y otras 3 contrataciones sin evidencia del contrato correspondiente. ¡Como que las cosas han sido manejadas con las extremidades inferiores!
Una vez más, hay decisiones del estado que se traducen en mayores gastos y, en este caso, aparentemente sin que se haya seguido el debido proceso licitatorio, en especial en cuanto a pagos plenos al arquitecto Salinas, quien fue contratado para cumplir un servicio que no obtuvo el requerimiento de tener los permisos indispensables. El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, consideró que el diseño actual “era lesivo para los recintos patrimoniales da su alrededor” y, por tanto, no concedió el permiso debido. Estos costos cuestionados por indebidos por la Contraloría, no duden que serán cargados a los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes. Al menos se pretende construir un sarcófago para enterrar a todos los ciudadanos con cuyos dineros es que se hará.
Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 22 de noviembre del 2016.
Ciertamente gran parte del actual edificio que ocupa nuestra Asamblea Legislativa es un cucarachero. Por más que alguno pueda malquerer a los diputados por su comportamiento, no debería decir que es un cucarachero, porque allí moran tales bichos. En consciencia, algo se debe hacer para que dicha edificación sea más adecuada, de forma que, preservando cosas históricamente valiosas de dichas instalaciones, económicamente valga la pena hacerlo.
Parece haber una especie de maldición con todo lo que pasa por las manos públicas: ni siquiera algo tan notorio, como esa posible edificación de tan importante estructura, se lleva a cabo de forma que el ciudadano sienta que las cosas se hacen debida y correctamente. Esas manos, que todo lo que tocan, lo terminan pudriendo. ¿Cómo es posible que sean cuestionados los procedimientos contractuales para la nueva obra, si en ellos están puestos los ojos de casi 5 millones de ciudadanos? Ni siquiera en el uso de esos recursos se cuidan debidamente, a fin de que esos mismos ciudadanos sientan que las costas se hacen bien, correctamente, todo a la luz del día.
La contralora general de la República, doña Marta Acosta, acudió a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea, y denunció que “tres diputados ordenaron pagar, de manera indebida, $690.000 (₡385 millones) en el proyecto para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa.” Esto aparece en el comentario de La Nación del 7 de octubre, bajo el encabezado “Contralora denuncia apago indebido en edificio legislativo: Planos del proyecto para construir nueva sede del Congreso.” Los nombres de esos tres miembros del Directorio de la Asamblea que laboró en el año legislativo 2014-2015, los cita el medio: “Henry Mora (del PAC), Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (del PUSC).”
Resulta que, señaló la contralora, al puro final de su mandato ese Directorio le ordenó al Banco de Costa Rica (BCR), fideicomisario del proyecto, girar al arquitecto a cargo del proyecto, “el 60% del monto pactado para la elaboración de los planos de la construcción, pese a que él no había obtenido los permisos respectivos.” El problema en el cual se cae es que el contrato con el BCR señala que, para pagar ese porcentaje, se tenía que contar con los permisos debidos, de los que no se disponían, dado que el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, entidad del ministerio de Cultura, se negó a otorgarlo por razones públicamente señaladas. Reitero: ese era un requisito que se debía de cumplir para que fuera recibido y se pagara el trabajo.
Ante lo sucedido, aquellos tres parlamentarios explicaron, ante la petitoria de la Contraloría -y que fue recibida con beneplácito- para crear en la Asamblea un órgano director, por el posible daño al erario público, y para que definiera las responsabilidades legales y políticas del caso, que se basaronn en que “el cobro efectuado por el contratista se acercaba a casi $1.5 millones, pero la negociación realizada por parte del personal técnico y el fideicomiso permitió reducirlo a $825.000.” Uno esperaría que esa “era” una función obligada en cuanto al manejo de recursos públicos y no es, por tanto, una excusa válida como para autorizar indebidamente ese pago al arquitecto.
Asimismo, en tanto que la Contraloría ordena recuperar ₡385 millones, además de indagar a ese Directorio, a partir de la información suministrada por el medio no es fácil deducir de dónde procede ese monto, porque, por una parte, se habla de que el 40% era por los planos, que fueron hechos, y que el 60% restante sería ante la recepción a conformidad con lo contratado, que no se satisfizo por la falta del permiso mencionado. Pero, los tres diputados en su comunicado señalan haber reducido el costo de la negociación a $825 mil, por lo que el 60% pagado impropiamente sería de $495.000, que equivalen a ₡276 millones y la Contralora habla de recuperar ₡385 millones. Así que, para tener ese chocolate espeso, necesitamos cuentas claras acerca de cuánto es lo que se debe recuperar.
También, llama la atención que el proyecto inicialmente se estimó que costaría $60 millones, pero ahora se calcula que ascenderá a un poco más de $100 millones; esto es, un 67% de incremento, según un documento de la Unidad Administradora de este edificio. Lo interesante es que, para este nuevo diseño, no se realizó un concurso para contratar a quien lo pudiera hacer, sino que se escogió al mismo arquitecto Salinas que había hecho el original, con base en razones “de conveniencia.” Eso podría ser explicable si fuera que el cobro por dicho servicio no variara (aun así no se sabe, por definición, si algún otro oferente habría salido menos caro), pero este detalle no lo informa el medio.
Igualmente, la contralora señaló en dicha comparecencia ante la comisión legislativa citada, que había otros problemas en el negociado, como son 4 contrataciones directas en donde no aparece la documentación que las autorice debidamente; 13 contrataciones sin que aparezca la solicitud de materiales, bienes o servicios que se deben hacer; 4 contrataciones sin términos de referencia, exigido por el reglamento de contratación administrativa y otras 3 contrataciones sin evidencia del contrato correspondiente. ¡Como que las cosas han sido manejadas con las extremidades inferiores!
Una vez más, hay decisiones del estado que se traducen en mayores gastos y, en este caso, aparentemente sin que se haya seguido el debido proceso licitatorio, en especial en cuanto a pagos plenos al arquitecto Salinas, quien fue contratado para cumplir un servicio que no obtuvo el requerimiento de tener los permisos indispensables. El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, consideró que el diseño actual “era lesivo para los recintos patrimoniales da su alrededor” y, por tanto, no concedió el permiso debido. Estos costos cuestionados por indebidos por la Contraloría, no duden que serán cargados a los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes. Al menos se pretende construir un sarcófago para enterrar a todos los ciudadanos con cuyos dineros es que se hará.
Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 22 de noviembre del 2016.