Jorge Corrales Quesada
27/08/2017, 09:46
Por Jorge Corrales Quesada
De acuerdo con un informe emitido el 12 de setiembre por la Contraloría General de la República, acerca del manejo de las pensiones que están a cargo del Presupuesto de la República (se excluye el Régimen de Reparto del Magisterio Nacional), deseo señalar de entrada, que tan sólo lo es en torno a la manera en que se están administrando tales regímenes, acerca del cual se exponen algunos problemas, y de ninguna manera acerca de otras facetas propias de algunos de esos regímenes, en los que las pensiones no son plenamente el producto del ahorro y el rendimiento de las inversiones correspondientes de los beneficiados , sino del aporte que hacen todos los contribuyentes y que se transfiere por medio del Presupuesto de la República.
El primero hallazgo es que “la información del monto de pensiones del 70% de los 20.000 jubilados presenta errores.” Así aparece en el comentario de La Nación del 21 de setiembre, en su artículo “Contraloría critica manejo de las pensiones pagadas por el Gobierno: Entidad halló errores de información en 70% de los 20.000 jubilados de regímenes especiales.” El medio no informa –y no sé si lo hace el propio informe de la Contraloría- acerca de la profundidad y naturaleza de esos “errores” en la información, de manera que no puedo comentar acerca del impacto posible de ellos. Pero el descubrimiento podría incidir en la posibilidad de que se estén dando pagos de manera irregular, aun cuando el viceministro de Trabajo, don Alfredo Hasbum, expuso que “en otro informe reciente de la Contraloría no encontró fallas en los pagos.”
El segundo descubrimiento es que en los entes administradores de los regímenes especiales de pensiones a cargo del presupuesto nacional, “se desconoce el parentesco de 3.752 personas que heredaron pensiones”. Si uno considera que los pensionados de los regímenes analizados son de alrededor de 20.000, esas 3.752 personas, cuyo parentesco se desconoce, es un porcentaje relativamente elevado (casi una quinta parte). Aunque no se puede determinar el impacto que podría tener en la actualidad la ausencia de esta información, sin duda que abre una puerta para todo tipo de abusos con esos fondos.
En tercer término, el informe inicialmente mencionado, indica que hay una inconsistencia en cuanto al número de pensionados, pues, en tanto que “la base de datos de la Dirección Nacional de Pensiones reporta 20.762 retirados… en la Memoria anual de Trabajo se detalla que son 19.701 personas.” Esta diferencia de 1.061 personas por supuesto que lo pone a una a pensar, si no es que hay abusos en el cobro de pensiones de más. Mientras esas cifras no se compatibilicen, la duda tiene su justificación de existir, en especial porque en el sector público se suelen observar muchos problemas de un control adecuado y, si no me creen, pues crean en aquello de que “en arca abierta, hasta el justo peca” o que “en donde hay orden, allí está Dios.”
Aunque parcial el análisis de referencia, pues excluye el régimen de pensiones del magisterio, las sumas de gasto del gobierno por esas pensiones son muy elevadas, dado que, tan sólo para el 2015, ascendieron a ₡325.000 millones y se estima que para el 2016 lleguen a ₡330. 000 millones. Esto, como consigna el periódico, tan sólo “para el pago anual de las jubilaciones de 20.000 personas.”
De ese total, al excluirse las pensiones del magisterio, resulta que un 35% son del Régimen de Hacienda, un 16% para pensionados de la guerra de 1948, un 13% para lo que se denomina “Régimen General” e igual porcentaje para pensiones de Obras Públicas. (Incluye, además, los regímenes de Gracia, Comunicaciones, Registro Nacional, Diputados y otros menores).
La Contraloría dio un plazo máximo de un año para que esos problemas de información sean resueltos, pero la verdad es que ya tales críticas de la Contraloría vienen de años atrás, lo cual saca a la luz que, de alguna manera, hay incumplimientos ante las peticiones y recomendaciones de la Contraloría que pasan sin sanción alguna. Es decir, no hay incentivos sancionatorios eficaces para que se ponga orden, en especial cuando, presto, el señor Hasbum señala que “corregir los datos de los jubilados es un proceso arduo, pues deben verificar la información de cada persona.” Y aprovecha la ocasión para indicar que se tiene pendiente una actualización “del monto de la jubilación de miles de personas retiradas” por esos regímenes especiales. Cifra el monto requerido adicional en ₡45.000 millones.
Uno se pone a pensar que, si no se conoce bien lo que se tiene bajo control, ahora se busque aumentar más el aporte de la sociedad a las pensiones que dependen del presupuesto nacional (no dudo que algunas muy jugosas).
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 19 de noviembre del 2016
De acuerdo con un informe emitido el 12 de setiembre por la Contraloría General de la República, acerca del manejo de las pensiones que están a cargo del Presupuesto de la República (se excluye el Régimen de Reparto del Magisterio Nacional), deseo señalar de entrada, que tan sólo lo es en torno a la manera en que se están administrando tales regímenes, acerca del cual se exponen algunos problemas, y de ninguna manera acerca de otras facetas propias de algunos de esos regímenes, en los que las pensiones no son plenamente el producto del ahorro y el rendimiento de las inversiones correspondientes de los beneficiados , sino del aporte que hacen todos los contribuyentes y que se transfiere por medio del Presupuesto de la República.
El primero hallazgo es que “la información del monto de pensiones del 70% de los 20.000 jubilados presenta errores.” Así aparece en el comentario de La Nación del 21 de setiembre, en su artículo “Contraloría critica manejo de las pensiones pagadas por el Gobierno: Entidad halló errores de información en 70% de los 20.000 jubilados de regímenes especiales.” El medio no informa –y no sé si lo hace el propio informe de la Contraloría- acerca de la profundidad y naturaleza de esos “errores” en la información, de manera que no puedo comentar acerca del impacto posible de ellos. Pero el descubrimiento podría incidir en la posibilidad de que se estén dando pagos de manera irregular, aun cuando el viceministro de Trabajo, don Alfredo Hasbum, expuso que “en otro informe reciente de la Contraloría no encontró fallas en los pagos.”
El segundo descubrimiento es que en los entes administradores de los regímenes especiales de pensiones a cargo del presupuesto nacional, “se desconoce el parentesco de 3.752 personas que heredaron pensiones”. Si uno considera que los pensionados de los regímenes analizados son de alrededor de 20.000, esas 3.752 personas, cuyo parentesco se desconoce, es un porcentaje relativamente elevado (casi una quinta parte). Aunque no se puede determinar el impacto que podría tener en la actualidad la ausencia de esta información, sin duda que abre una puerta para todo tipo de abusos con esos fondos.
En tercer término, el informe inicialmente mencionado, indica que hay una inconsistencia en cuanto al número de pensionados, pues, en tanto que “la base de datos de la Dirección Nacional de Pensiones reporta 20.762 retirados… en la Memoria anual de Trabajo se detalla que son 19.701 personas.” Esta diferencia de 1.061 personas por supuesto que lo pone a una a pensar, si no es que hay abusos en el cobro de pensiones de más. Mientras esas cifras no se compatibilicen, la duda tiene su justificación de existir, en especial porque en el sector público se suelen observar muchos problemas de un control adecuado y, si no me creen, pues crean en aquello de que “en arca abierta, hasta el justo peca” o que “en donde hay orden, allí está Dios.”
Aunque parcial el análisis de referencia, pues excluye el régimen de pensiones del magisterio, las sumas de gasto del gobierno por esas pensiones son muy elevadas, dado que, tan sólo para el 2015, ascendieron a ₡325.000 millones y se estima que para el 2016 lleguen a ₡330. 000 millones. Esto, como consigna el periódico, tan sólo “para el pago anual de las jubilaciones de 20.000 personas.”
De ese total, al excluirse las pensiones del magisterio, resulta que un 35% son del Régimen de Hacienda, un 16% para pensionados de la guerra de 1948, un 13% para lo que se denomina “Régimen General” e igual porcentaje para pensiones de Obras Públicas. (Incluye, además, los regímenes de Gracia, Comunicaciones, Registro Nacional, Diputados y otros menores).
La Contraloría dio un plazo máximo de un año para que esos problemas de información sean resueltos, pero la verdad es que ya tales críticas de la Contraloría vienen de años atrás, lo cual saca a la luz que, de alguna manera, hay incumplimientos ante las peticiones y recomendaciones de la Contraloría que pasan sin sanción alguna. Es decir, no hay incentivos sancionatorios eficaces para que se ponga orden, en especial cuando, presto, el señor Hasbum señala que “corregir los datos de los jubilados es un proceso arduo, pues deben verificar la información de cada persona.” Y aprovecha la ocasión para indicar que se tiene pendiente una actualización “del monto de la jubilación de miles de personas retiradas” por esos regímenes especiales. Cifra el monto requerido adicional en ₡45.000 millones.
Uno se pone a pensar que, si no se conoce bien lo que se tiene bajo control, ahora se busque aumentar más el aporte de la sociedad a las pensiones que dependen del presupuesto nacional (no dudo que algunas muy jugosas).
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 19 de noviembre del 2016