Jorge Corrales Quesada
26/08/2017, 17:50
Por Jorge Corrales Quesada
Cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa, se tiene un déficit. Para disminuir ese exceso de gasto, lo obvio es reducir esa exageración de pagos. Sin embargo, lo que los políticos suelen hacer antes de reducir el gasto, es acudir a tres opciones: prefieren, como lo vemos en la actualidad, aumentar los impuestos que pagan los ciudadanos. La otra opción es emitir dinero por medio del Banco Central, lo cual aumenta la inflación. Así se reducen los pagos reales que el gobierno tienen que hacer; esto es, si bien debe sufragar los mismos gastos nominales, el valor real de estos -o sea ajustados por una inflación mayor- disminuye o, lo que es casi lo mismo, el Banco Central nos entrega billetes, que puede imprimir casi sin costo, a cambio de servicios reales que recibe o que debe pagar, en particular, los del gobierno en el caso hipotético. La tercera alternativa para enfrentar aquel derroche que ocasiona el déficit citado, es pedir prestado, ya sea a nacionales o extranjeros, que en cierto momento deberá cancelar (incluyendo intereses), para lo cual deberá obtener nuevos recursos tributarios que le permitan hacer frente al gasto en el futuro.
En nuestro medio mucho se ha hablado, recientemente, acerca de la desgracia de los impuestos, así como en el pasado hubo mucha referencia a otro infortunio, la inflación, de formas tales que los ciudadanos miran su prospecto con angustia. Pero es relativamente poco lo que se ha dicho acerca del endeudamiento del gobierno para sufragar un exceso de gastos.
Por ello, considero muy importante el esfuerzo que hace La Nación en un artículo reciente, para introducir el análisis del tema del endeudamiento gubernamental, como lo hace en “Últimos tres presidentes triplicaron deuda del Gobierno: Endeudamiento total pasó de ₡3,9 billones a ₡13,4 billones entre 2006 y 2016,” en su edición del 12 de setiembre de este año.
El primer punto esencial que debe citarse es que se trata únicamente -reitero, tan sólo- del endeudamiento del gobierno central, lo cual deja de lado el endeudamiento del resto de las instituciones estatales. Ello se puede deber a la creencia en que los préstamos obtenidos en estos últimos casos se usarán para inversiones, las que generarán un rendimiento que permitirá pagar las obligaciones más las cargas de intereses. Pero nada nos dice que, en este último caso, parcialmente y en un monto relativamente pequeño, los fondos podrían ser usados en gastos de inversión, contrario a como suele suceder en el gobierno central que es todo lo contrario.
En todo caso, al menos en el 2015, en tanto que el endeudamiento total del Sector Público (que incluye al Gobierno Central, Banco Central y algunas instituciones públicas) con respecto del PIB (el valor de la producción de la economía en ese año) fue de un 63.2%, el correspondiente de la deuda del Gobierno Central respecto al PIB fue de un 44%. En datos absolutos, una estimación burda nos diría que, para el 2016, el endeudamiento del Gobierno Central será de un poco menos de 14 billones y el correspondiente al sector público no financiero, será de algo menos de 18 billones; esto es, en número absolutos cerca de un 30% más que el Gobierno Central.
Como un segundo aspecto interesante del comentario periodístico, aparece el comportamiento de la deuda del Gobierno Central durante la última década. Se destacan varias cosas:
(1) Mientras que en diciembre del 2005 la deuda del Gobierno Central fue de ₡3.6 billones, en diciembre del 2015 había ascendido a ₡12 billones y se estima, de manera burda, que en diciembre del 2016 ascienda a ₡14 billones. O sea, en el lapso de 11 años, la deuda del gobierno central habría crecido en un 288%; esto es, un crecimiento promedio anual de alrededor de un 26.3%.
(2) Una comparación de la deuda del gobierno central como porcentaje del PIB, nos aísla los efectos del crecimiento de los precios, al ser el cociente de dos magnitudes monetarias (la deuda del gobierno central y el PIB). De acuerdo con eso, el porcentaje de la deuda del gobierno central con respecto al PIB pasó de un 33.6% en el 2006 a un 43.2% en julio del 2016 (un período de 126 meses), por lo cual se puede expresar que el crecimiento anual promedio es de aproximadamente un 3,8%.
El informe de La Nación concentra su esfuerzo en lo más notable sucedido en las últimas tres administraciones, en torno al endeudamiento del gobierno central y concluye lo siguiente:
(1) Las variaciones anuales más importantes (tres picos de crecimiento) que se dieron en el porcentaje de crecimiento de la deuda en esas tres administraciones fueron,
(a) en el año 2010, en la segunda administración Arias, se aumentó un 21,7% con respecto al año anterior;
(b) en el año 2012, en la administración Chinchilla, se incrementó un 25% en relación con el año previo, y
(c) en el año 2014, en la administración Solís se elevó en un 18% comparado con el año que le precedió.
(2) Resulta interesante ligar tales aumentos de impuestos, con ciertos hechos económicos importantes que sucedieron en esos momentos y los que podrían explicar tales crecimientos. Así,
(a) en el caso del fuerte aumento durante la administración Arias en el 2010, la posible explicación radica en que se desencadenó “una serie de ajustes salariales para los empleados del Gobierno y se pusieron en práctica el Plan Escudo y el Plan Nacional de Alimentos, que implicaron un aumento del gasto público para reducir los efectos de la crisis económica mundial.” El problema con estos gastos -inspirados en una burda filosofía Keynesiana- radica en que, siendo “la crisis económica mundial” referida un fenómeno naturalmente temporal, esas medidas tuvieron un impacto permanente en la economía, lo cual, sin duda, continuó impactando el nivel de gasto gubernamental durante los años subsecuentes;
(b) en cuanto al incremento mayor en la administración Chinchilla en el 2012, se puede explicar por el uso del endeudamiento de ese gobierno de una primera emisión de cuatro emisiones de $1.000 millones cada una, “de títulos valores conocidos como ‘eurobonos’ instrumento que (el Ministerio de) Hacienda utilizó para financiar el pago de deuda externa,” así como que el resto del gasto gubernamental no se redujo y se dejó que creciera vegetativamente; y
(c) en lo que se refiere al aumento porcentual relativamente más alto sucedido en el 2014, en opinión del articulista del medio citado, “coincidió, entre otros factores, con una nueva colocación de $1.000 millones en ‘eurobonos’ y con el incremento salarial que el gobierno del presidente Solís decretó en el segundo semestre y que elevó el gasto en ₡62.000 millones,” a lo cual, pienso, podría adicionarse el no pequeño aumento de ₡38.000 millones para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que elevó el monto total de esa transferencia esperada para dicho año, a casi ₡360.000 millones.
Otras informaciones importantes consignadas en el comentario de La Nación, son las siguientes:
(1) Que, dado el gasto real devengado del gobierno central en el 2015 de ₡5,8 billones (de un presupuesto total de ₡7,9 billones), respecto a la deuda total acumulada a finales de ese año, de ₡12 billones, dicha deuda superó al gasto devengado (aquellos que surgen de obligaciones de pago debidamente reconocidas por bienes o servicios previamente contratados) en un 207%; esto es, que es la deuda es más del doble del gasto devengado.
(2) Por su parte, para el presupuesto del gobierno central del 2017, el servicio de la deuda del gobierno se estima que será de alrededor de una tercera parte (un 33%) del plan de gastos del presupuesto de la República, que se considera que ascenderá a ₡8,9 billones. Sin duda que un monto significativo de los gastos presupuestados se va en el pago de la deuda gubernamental.
El gobierno central, en su petición porque se aprueben nuevos y mayores impuestos, señala el elevado costo de una significativa deuda de ese gobierno, que, en sencillo, lo que quiere decir es que los ciudadanos tendremos apechugar con el costo de ese endeudamiento incurrido de manera creciente por el estado a lo largo de estos años. O sea, llega la hora en que se nos pasa la factura por las cuentas de ese mismo gobierno. Lo triste es que el esfuerzo indispensable para reducir el gasto gubernamental de manera significativa, ha sido relativamente muy débil, lo que parece augurar que el gobierno acudirá a un mayor endeudamiento para llenar su elevado déficit –el exceso de gastos por encima de sus ingresos: la jarana siempre sale a la cara.
Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 18 de octubre del 2016.
Cuando un gobierno gasta más de lo que ingresa, se tiene un déficit. Para disminuir ese exceso de gasto, lo obvio es reducir esa exageración de pagos. Sin embargo, lo que los políticos suelen hacer antes de reducir el gasto, es acudir a tres opciones: prefieren, como lo vemos en la actualidad, aumentar los impuestos que pagan los ciudadanos. La otra opción es emitir dinero por medio del Banco Central, lo cual aumenta la inflación. Así se reducen los pagos reales que el gobierno tienen que hacer; esto es, si bien debe sufragar los mismos gastos nominales, el valor real de estos -o sea ajustados por una inflación mayor- disminuye o, lo que es casi lo mismo, el Banco Central nos entrega billetes, que puede imprimir casi sin costo, a cambio de servicios reales que recibe o que debe pagar, en particular, los del gobierno en el caso hipotético. La tercera alternativa para enfrentar aquel derroche que ocasiona el déficit citado, es pedir prestado, ya sea a nacionales o extranjeros, que en cierto momento deberá cancelar (incluyendo intereses), para lo cual deberá obtener nuevos recursos tributarios que le permitan hacer frente al gasto en el futuro.
En nuestro medio mucho se ha hablado, recientemente, acerca de la desgracia de los impuestos, así como en el pasado hubo mucha referencia a otro infortunio, la inflación, de formas tales que los ciudadanos miran su prospecto con angustia. Pero es relativamente poco lo que se ha dicho acerca del endeudamiento del gobierno para sufragar un exceso de gastos.
Por ello, considero muy importante el esfuerzo que hace La Nación en un artículo reciente, para introducir el análisis del tema del endeudamiento gubernamental, como lo hace en “Últimos tres presidentes triplicaron deuda del Gobierno: Endeudamiento total pasó de ₡3,9 billones a ₡13,4 billones entre 2006 y 2016,” en su edición del 12 de setiembre de este año.
El primer punto esencial que debe citarse es que se trata únicamente -reitero, tan sólo- del endeudamiento del gobierno central, lo cual deja de lado el endeudamiento del resto de las instituciones estatales. Ello se puede deber a la creencia en que los préstamos obtenidos en estos últimos casos se usarán para inversiones, las que generarán un rendimiento que permitirá pagar las obligaciones más las cargas de intereses. Pero nada nos dice que, en este último caso, parcialmente y en un monto relativamente pequeño, los fondos podrían ser usados en gastos de inversión, contrario a como suele suceder en el gobierno central que es todo lo contrario.
En todo caso, al menos en el 2015, en tanto que el endeudamiento total del Sector Público (que incluye al Gobierno Central, Banco Central y algunas instituciones públicas) con respecto del PIB (el valor de la producción de la economía en ese año) fue de un 63.2%, el correspondiente de la deuda del Gobierno Central respecto al PIB fue de un 44%. En datos absolutos, una estimación burda nos diría que, para el 2016, el endeudamiento del Gobierno Central será de un poco menos de 14 billones y el correspondiente al sector público no financiero, será de algo menos de 18 billones; esto es, en número absolutos cerca de un 30% más que el Gobierno Central.
Como un segundo aspecto interesante del comentario periodístico, aparece el comportamiento de la deuda del Gobierno Central durante la última década. Se destacan varias cosas:
(1) Mientras que en diciembre del 2005 la deuda del Gobierno Central fue de ₡3.6 billones, en diciembre del 2015 había ascendido a ₡12 billones y se estima, de manera burda, que en diciembre del 2016 ascienda a ₡14 billones. O sea, en el lapso de 11 años, la deuda del gobierno central habría crecido en un 288%; esto es, un crecimiento promedio anual de alrededor de un 26.3%.
(2) Una comparación de la deuda del gobierno central como porcentaje del PIB, nos aísla los efectos del crecimiento de los precios, al ser el cociente de dos magnitudes monetarias (la deuda del gobierno central y el PIB). De acuerdo con eso, el porcentaje de la deuda del gobierno central con respecto al PIB pasó de un 33.6% en el 2006 a un 43.2% en julio del 2016 (un período de 126 meses), por lo cual se puede expresar que el crecimiento anual promedio es de aproximadamente un 3,8%.
El informe de La Nación concentra su esfuerzo en lo más notable sucedido en las últimas tres administraciones, en torno al endeudamiento del gobierno central y concluye lo siguiente:
(1) Las variaciones anuales más importantes (tres picos de crecimiento) que se dieron en el porcentaje de crecimiento de la deuda en esas tres administraciones fueron,
(a) en el año 2010, en la segunda administración Arias, se aumentó un 21,7% con respecto al año anterior;
(b) en el año 2012, en la administración Chinchilla, se incrementó un 25% en relación con el año previo, y
(c) en el año 2014, en la administración Solís se elevó en un 18% comparado con el año que le precedió.
(2) Resulta interesante ligar tales aumentos de impuestos, con ciertos hechos económicos importantes que sucedieron en esos momentos y los que podrían explicar tales crecimientos. Así,
(a) en el caso del fuerte aumento durante la administración Arias en el 2010, la posible explicación radica en que se desencadenó “una serie de ajustes salariales para los empleados del Gobierno y se pusieron en práctica el Plan Escudo y el Plan Nacional de Alimentos, que implicaron un aumento del gasto público para reducir los efectos de la crisis económica mundial.” El problema con estos gastos -inspirados en una burda filosofía Keynesiana- radica en que, siendo “la crisis económica mundial” referida un fenómeno naturalmente temporal, esas medidas tuvieron un impacto permanente en la economía, lo cual, sin duda, continuó impactando el nivel de gasto gubernamental durante los años subsecuentes;
(b) en cuanto al incremento mayor en la administración Chinchilla en el 2012, se puede explicar por el uso del endeudamiento de ese gobierno de una primera emisión de cuatro emisiones de $1.000 millones cada una, “de títulos valores conocidos como ‘eurobonos’ instrumento que (el Ministerio de) Hacienda utilizó para financiar el pago de deuda externa,” así como que el resto del gasto gubernamental no se redujo y se dejó que creciera vegetativamente; y
(c) en lo que se refiere al aumento porcentual relativamente más alto sucedido en el 2014, en opinión del articulista del medio citado, “coincidió, entre otros factores, con una nueva colocación de $1.000 millones en ‘eurobonos’ y con el incremento salarial que el gobierno del presidente Solís decretó en el segundo semestre y que elevó el gasto en ₡62.000 millones,” a lo cual, pienso, podría adicionarse el no pequeño aumento de ₡38.000 millones para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que elevó el monto total de esa transferencia esperada para dicho año, a casi ₡360.000 millones.
Otras informaciones importantes consignadas en el comentario de La Nación, son las siguientes:
(1) Que, dado el gasto real devengado del gobierno central en el 2015 de ₡5,8 billones (de un presupuesto total de ₡7,9 billones), respecto a la deuda total acumulada a finales de ese año, de ₡12 billones, dicha deuda superó al gasto devengado (aquellos que surgen de obligaciones de pago debidamente reconocidas por bienes o servicios previamente contratados) en un 207%; esto es, que es la deuda es más del doble del gasto devengado.
(2) Por su parte, para el presupuesto del gobierno central del 2017, el servicio de la deuda del gobierno se estima que será de alrededor de una tercera parte (un 33%) del plan de gastos del presupuesto de la República, que se considera que ascenderá a ₡8,9 billones. Sin duda que un monto significativo de los gastos presupuestados se va en el pago de la deuda gubernamental.
El gobierno central, en su petición porque se aprueben nuevos y mayores impuestos, señala el elevado costo de una significativa deuda de ese gobierno, que, en sencillo, lo que quiere decir es que los ciudadanos tendremos apechugar con el costo de ese endeudamiento incurrido de manera creciente por el estado a lo largo de estos años. O sea, llega la hora en que se nos pasa la factura por las cuentas de ese mismo gobierno. Lo triste es que el esfuerzo indispensable para reducir el gasto gubernamental de manera significativa, ha sido relativamente muy débil, lo que parece augurar que el gobierno acudirá a un mayor endeudamiento para llenar su elevado déficit –el exceso de gastos por encima de sus ingresos: la jarana siempre sale a la cara.
Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 18 de octubre del 2016.