Jorge Corrales Quesada
26/08/2017, 17:47
Por Jorge Corrales Quesada
Se ha discutido bastante acerca de la propuesta de tres diputados del PUSC, doña Rosibel Ramos, don Luis Vásquez y don Johnny Leiva, para que se “perdonen las deudas a las sociedades anónimas” que no pagaron ese impuesto “entre el 2012 y el 2015”, período que, en opinión de algunos, lo incluía la propuesta de esos diputados.
La reacción -muy esperable- en contra de la proposición no sólo se hizo de parte del ministro de seguridad, señor Gustavo Mata, pues los ₡180.000 millones que el estado dejaría de percibir se dedicarían a la seguridad del país. Eso no es tan así, porque no sólo me parece que hay otros beneficiarios, definidos por ley, de tales impuestos, además del ministerio de seguridad, sino que el gobierno de todas maneras dedicaría recursos -ciertamente tal vez menos- para la seguridad, con lo que, si le entran esos ₡180.000 millones podría dedicarlos a financiar otras cosas: el dinero es fungible solemos decir los economistas. Al ser indistinguible un colón de otro colón, la entrada de esos nuevos recursos podría usarse para cualquier cosa, liberando al gobierno del aporte que actualmente hace -sin esos recursos- a la seguridad.
Parece existir un problema de interpretación de la propuesta, que puede resolverse en el seno legislativo, pues, en palabras de la diputada, doña Rosibel Ramos, la propuesta de “perdón sería sólo para los contribuyentes que dejaron de pagar luego de que la Sala IV declarara inconstitucional este tributo por errores de procedimiento, por lo que a partir del 2016 no se debía cancelar.” El portillo que se habría abierto, si es que así lo fue, fácilmente se puede volver a cerrar.
Creo que, por principio, un impuesto inconstitucional no debe ser pagado por nadie y a quienes de buena fe lo hicieron, se les debe devolver lo hecho. Es más, ya se ha dictaminado un proyecto de ley, el cual es más moderado que el previo declarado inconstitucional, si bien me parece que continuará promoviendo la informalidad ya alarmante en nuestra economía y que será particularmente perjudicial para las pequeñas empresas que apenas empiezan a tratar de hacer negocios.
Así lo consigna una información de La Nación del 11 de julio, titulada “Gobierno perdería ₡180.000 millones si perdonan impuesto: Tributo a las sociedades anónimas que no se pagó entre 2012 y 2015.” En él expresa que el impuesto anulado era de ₡212.000 al año para las sociedades anónimas activas y de ₡106.000 para las inactivas, en tanto que ahora, en el nuevo proyecto de ley, las inactivas pagarían ₡64.000 y las activas ₡106.000 si tienen hasta ₡51 millones de ingresos, de ₡127.000 para las que perciban entre ₡51 y ₡119 millones y ₡212.000 para las que tengan ingresos superiores a ₡110 millones.
Considero que el impuesto a las sociedades anónimas con bajos ingresos y posiblemente bajas utilidades, pues obviamente hay costos que son usualmente altos y pérdidas al iniciar operaciones, será un factor que estimulará aún más que muchos negocios operen en la informalidad. Esto es, que no se formalice la empresa como sociedad anónima, sin llevar libros contables y legales, tal vez sin pagar los salarios de ley, así como patentes y similares. Lo conveniente, para este caso de empresas pequeñas y que inician operaciones, es que se les excluya del gravamen por un cierto tiempo (3 o 5 años), de manera que no les sea preferible sumirse en la informalidad.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 13 de octubre del 2016.
Se ha discutido bastante acerca de la propuesta de tres diputados del PUSC, doña Rosibel Ramos, don Luis Vásquez y don Johnny Leiva, para que se “perdonen las deudas a las sociedades anónimas” que no pagaron ese impuesto “entre el 2012 y el 2015”, período que, en opinión de algunos, lo incluía la propuesta de esos diputados.
La reacción -muy esperable- en contra de la proposición no sólo se hizo de parte del ministro de seguridad, señor Gustavo Mata, pues los ₡180.000 millones que el estado dejaría de percibir se dedicarían a la seguridad del país. Eso no es tan así, porque no sólo me parece que hay otros beneficiarios, definidos por ley, de tales impuestos, además del ministerio de seguridad, sino que el gobierno de todas maneras dedicaría recursos -ciertamente tal vez menos- para la seguridad, con lo que, si le entran esos ₡180.000 millones podría dedicarlos a financiar otras cosas: el dinero es fungible solemos decir los economistas. Al ser indistinguible un colón de otro colón, la entrada de esos nuevos recursos podría usarse para cualquier cosa, liberando al gobierno del aporte que actualmente hace -sin esos recursos- a la seguridad.
Parece existir un problema de interpretación de la propuesta, que puede resolverse en el seno legislativo, pues, en palabras de la diputada, doña Rosibel Ramos, la propuesta de “perdón sería sólo para los contribuyentes que dejaron de pagar luego de que la Sala IV declarara inconstitucional este tributo por errores de procedimiento, por lo que a partir del 2016 no se debía cancelar.” El portillo que se habría abierto, si es que así lo fue, fácilmente se puede volver a cerrar.
Creo que, por principio, un impuesto inconstitucional no debe ser pagado por nadie y a quienes de buena fe lo hicieron, se les debe devolver lo hecho. Es más, ya se ha dictaminado un proyecto de ley, el cual es más moderado que el previo declarado inconstitucional, si bien me parece que continuará promoviendo la informalidad ya alarmante en nuestra economía y que será particularmente perjudicial para las pequeñas empresas que apenas empiezan a tratar de hacer negocios.
Así lo consigna una información de La Nación del 11 de julio, titulada “Gobierno perdería ₡180.000 millones si perdonan impuesto: Tributo a las sociedades anónimas que no se pagó entre 2012 y 2015.” En él expresa que el impuesto anulado era de ₡212.000 al año para las sociedades anónimas activas y de ₡106.000 para las inactivas, en tanto que ahora, en el nuevo proyecto de ley, las inactivas pagarían ₡64.000 y las activas ₡106.000 si tienen hasta ₡51 millones de ingresos, de ₡127.000 para las que perciban entre ₡51 y ₡119 millones y ₡212.000 para las que tengan ingresos superiores a ₡110 millones.
Considero que el impuesto a las sociedades anónimas con bajos ingresos y posiblemente bajas utilidades, pues obviamente hay costos que son usualmente altos y pérdidas al iniciar operaciones, será un factor que estimulará aún más que muchos negocios operen en la informalidad. Esto es, que no se formalice la empresa como sociedad anónima, sin llevar libros contables y legales, tal vez sin pagar los salarios de ley, así como patentes y similares. Lo conveniente, para este caso de empresas pequeñas y que inician operaciones, es que se les excluya del gravamen por un cierto tiempo (3 o 5 años), de manera que no les sea preferible sumirse en la informalidad.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 13 de octubre del 2016.