Jorge Corrales Quesada
26/08/2017, 16:46
Por Jorge Corrales Quesada
No les negaré a mis amigos lectores que, al darme cuenta de los hechos recientemente sucedidos en Limón, la furia me atacó. Era una mezcla de ira y dolor. Con el paso de los días, el dolor permanece, pero la ira ha sido superada, por lo cual considero que es el momento apropiado para referirme a algunos aspectos, especialmente financieros, relacionados con dicha tragedia.
De entrada, debo decir que creo haber entendido bien el ex abrupto del ministro de seguridad, don Gustavo Mata, de quien no tengo un mal concepto, aunque ello tampoco sea mucho que decir en un gobierno tan malo como éste. Me parece que lo que lo motivó a amenazar con renunciar, fue que le daba oportunidad a la Asamblea Legislativa para que, antes de treinta días, aprobara el impuesto a las sociedades anónimas, lo que le daría recursos a su ministerio. Pero, afortunadamente, dicho proyecto está en el debido proceso de discusión y aprobación, si acaso, por el Congreso, y el ejercicio de ese derecho constitucional, de parte de la Asamblea, le ha de haber importunado mucho. Por ello, me imagino que su impropia salida la hizo como muestra de un alto grado de impotencia, a la luz de los ataques sucedidos en Limón, que los atribuye a la falta de recursos necesarios para eliminar dicho problema.
Lo digo así, porque tenemos que entender algo que es muy peculiar, en cuanto a la amenaza de la droga en nuestro medio y la cual que es nada diferente a lo sucedido en otros países que ya conocemos: el enorme resultado económico positivo para quienes se dedican al tráfico y venta de la droga, a pesar del elevado costo y riesgo que se tiene para producirla y trasegarla. Tales costos son muy poca cosa, en comparación con los cuantiosos ingresos que el negociado produce.
El negocio de la droga no ha podido ser eliminado exitosamente por nación alguna, mediante el uso del mecanismo coercitivo de la fuerza armada, pues incluso muchos gobernantes, que se supone pondrían de primero al interés de sus ciudadanos, que el personal, caen seducidos por las fortunas deparadas por aquel negociado. Y, cuando digo gobernantes, generalizo por ello a altos, medianos y bajos cargos de los órganos represivos de toda índole, ya sea militar o judicial, e incluso internacional. E incluyo allí a muchos profesionales muy preparados en diversas ramas, que venden sus servicios a aquellos “negociantes” a cambio de jugosos pagos. Eso sí, considero que, tarde o temprano, la solución vendrá, al lograrse alguna forma de legalización de ciertas drogas, que haría que se elimine ese enorme sobreprecio e ingresos fuera de cualquier monto que uno pueda hoy señalar como normal, que hoy es posible apropiarse debido a aquella prohibición.
Por tal razón, considero que, en la situación actual, es muy difícil que, con los recursos limitados de las sociedades, éstas pueden, por medio del estado y su poder y monopolio de la coerción, combatir y eliminar al negociado, incluso después de incurrir en numerosas pérdidas humanas y materiales. De manera que, si nuestro país está en la mira de los narcotraficantes, al considerársele parte esencial como vía rentable para su operación comercial, lo seguirá utilizando, con todos los males consiguientes, como los que hemos observado recientemente en Limón. Pienso que, tal vez, el ministro se imagina que, con un poco más de recursos, podrá eliminar la calamidad, pero creo que difícilmente alcanzará la plata para lograrlo, en tanto exista un mercado en el Norte (Estados Unidos y Europa), que sea tan lucrativo, como lo es hoy para los traficantes.
Dicho esto, considero que, por varias otras razones, no es apropiada la exigencia del ministro a los diputados, implícita en su renuncia, efectiva si, antes de un mes, no se aprueba el nuevo impuesto a las sociedades anónimas. En primer lugar, porque el mismo proyecto de ley que parece estarse definiendo, es claro en cuanto a que los recursos que aportaría (me imagino que ni siquiera de inmediato, sino después de cierto tiempo) no podrán dedicarse a contratar más policías, tal como ha dicho el ministro de seguridad que sería su uso inmediato al aprobarse tal impuesto. El proyecto de ley es claro, según se ha llegado a conocer, en cuanto a que el destino de los recursos no podría ser el pago de salarios y servicios de apoyo de seguridad, sino para infraestructura policial. Por ello es que, si se quiere contratar los 1.000 policías adicionales que ha señalado el ministro (como si fueran suficientes para contener la marea arriba mencionada), habrá que buscar otros recursos en el presupuesto de la República. Por lo tanto, si se desea que la Asamblea haga la voluntad del ministro, deberá empezar por cambiar lo que ya se ha negociado y ello dentro del ultimátum de un mes. Sépase que la redacción que hoy frenaría al ministro en su intención de usar los recursos para contratar más policías, fue una propuesta del propio poder ejecutivo, según el borrador de proyecto que remitió al Congreso.
En segundo lugar, me ha sorprendido que, en el fragor de la discusión política cerca del tema, se haya dado a conocer que hay partidas presupuestarias en el ministerio de seguridad, que no se han erogado, de manera que, si existiera la urgencia de contratar más policías, sería ya factible hacerlo. El Partido Unidad Social Cristiana, que ha sido fuertemente atacado por el presidente de la República, por ser uno de los responsables en la Asamblea de que no se le den esos recursos tributarios, respondió que, del presupuesto del 2015, no se ejecutaron ₡23.629 millones de lo correspondiente al ministerio de seguridad. Ante ello, se brindaron explicaciones oficiales no del todo convincentes, acerca de por qué no se ejecutaron (renuncias, incapacidades, contrataciones de personal en proceso y similares), lo cual debe inducir a la reflexión acerca de si no es posible que se haga un uso más eficiente de tales recursos, que simplemente pasarlos al final del ejercicio presupuestario como gastos no efectuados.
En tercer lugar, seamos honestos intelectualmente y así reconocer que este gobierno, que ahora clama, por medio del presidente y de su ministro de seguridad, por mayores ingresos presupuestarios para contratar más policías, fue el que redujo significativamente este año fiscal los recursos de presupuesto destinados a dicho ministerio. Así, mientras que para el 2014, el presupuesto del ministerio de seguridad fue de un 3.4% del total presupuestado para el gobierno central, en el de 2015 descendió a un 2.5%, que es la participación relativa más baja desde el 2010. Eso sí, al Patronato Nacional de la Infancia en el presupuesto de este año se le aumentó su partida presupuestaria en ₡50.000 millones y el subsidio a la educación superior -FEES- tan sólo el aumento para este año no fue una bicoca, sino un montón de plata adicional, pues el presupuesto que se le entregaría creció un 9%.
O sea, en buena lid, el presupuesto que definió el gobierno actual y que aprobó el Congreso, incorporaba una reducción de recursos para el ministerio de seguridad y, ahora ese mismo gobierno se queja, urbi et orbi, de que no tiene los recursos necesarios, culpando por ello a la no aprobación de los diputados de un nuevo impuesto a las sociedades anónimas.
En cuarto lugar, al aprobarse un impuesto, aunque pueda ser para algo loable, como podría ser aumentar la seguridad en la zona de Limón, es necesario considerar los posibles efectos negativos (e incluso ver si hay opciones mejores) que pueda tener ese gravamen. El impuesto a las sociedades, que inicialmente se aprobó indebidamente y que la Sala Constitucional por ello lo consideró como inconstitucional, debido a varias razones técnicas, también tiene potenciales efectos dañinos importantes sobre ciertos sectores de la economía. A veces parece que la información, que con frecuencia nos brinda la Dirección General de Estadísticas y Censos, acerca del crecimiento del empleo informal y, en general, de lo que se podría considerar como una economía subterránea, es ignorada olímpicamente. Esa economía furtiva, informal, se ve estimulada por los muchos impuestos que hacen más rentable que muchos, usualmente pequeños, empresarios, en lugar de seguir el camino tortuoso y oneroso de la formalidad, escogen la subterraneidad, en donde surgen numerosos costos sociales, que no vale la pena volver a señalar en esta ocasión.
Ese estímulo de mayores impuestos, que incentiva la existencia de la economía subterránea, puede dar lugar a un descenso del total de recaudaciones formales del estado, con lo cual el total de recursos que iría al sector público, más bien, conceptualmente, podría hasta disminuir.
En quinto lugar, dado que el gobierno actual ha tratado, en este caso, de mostrar a los diputados como si fueran timoratos o titubeantes, por la no aprobación expedita y a su gusto del impuesto a las sociedades anónimas, podría ser que, motivados por tal reproche gubernamental, los haya motivado a formular una propuesta que podría brindar los recursos, que ahora se solicitan para el ministerio de seguridad. Antes de referirme a ella, deseo indicar que siempre he considerado como deseable, en las circunstancias actuales de nuestra economía, y, particularmente, ante el exceso de gasto gubernamental, que se dé la mayor reducción posible de esos gastos. Pero, tal vez en esta ocasión, podría ser que la ciudadanía preferiría que el gasto estatal se haga en seguridad, en vez de lo que se ha propuesto reducir. Me refiero a la propuesta del diputado don Mario Redondo, para que, en el presupuesto del 2017, se reduzca el monto que se destinaría a la deuda política, actualmente equivalente a un 0.19% del PIB, a un 0.11%, con lo cual se liberarían recursos por aproximadamente unos ₡25.000 millones, que permitirían, sin duda, aumentar el número de policías.
Esta última posibilidad la considero más apropiada que un simple aumento de un tributo que tiene efectos negativos, aunque soy consciente de que, ante la amenaza del negociado de las drogas, tal vez nunca alcanzará el presupuesto de gastos de la nación, para eliminarlo: los gastos en su represión tendrían un peso desorbitantemente elevado sobre la ciudadanía, en tanto que el tráfico y el consumo sea penalizado, como actualmente se hace en los mercados de destino, y que da lugar al surgimiento de mercados negros profundamente extendidos y poderosos, los cuales permiten el logro de fortunas inimaginables. Ante el riesgo de una mayor represión, los partícipes de dicho mercado, posiblemente continuarán concurriendo, pues los beneficios seguirían excediendo en mucho, pero mucho, a los costos.
Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 11 de octubre del 2016.
No les negaré a mis amigos lectores que, al darme cuenta de los hechos recientemente sucedidos en Limón, la furia me atacó. Era una mezcla de ira y dolor. Con el paso de los días, el dolor permanece, pero la ira ha sido superada, por lo cual considero que es el momento apropiado para referirme a algunos aspectos, especialmente financieros, relacionados con dicha tragedia.
De entrada, debo decir que creo haber entendido bien el ex abrupto del ministro de seguridad, don Gustavo Mata, de quien no tengo un mal concepto, aunque ello tampoco sea mucho que decir en un gobierno tan malo como éste. Me parece que lo que lo motivó a amenazar con renunciar, fue que le daba oportunidad a la Asamblea Legislativa para que, antes de treinta días, aprobara el impuesto a las sociedades anónimas, lo que le daría recursos a su ministerio. Pero, afortunadamente, dicho proyecto está en el debido proceso de discusión y aprobación, si acaso, por el Congreso, y el ejercicio de ese derecho constitucional, de parte de la Asamblea, le ha de haber importunado mucho. Por ello, me imagino que su impropia salida la hizo como muestra de un alto grado de impotencia, a la luz de los ataques sucedidos en Limón, que los atribuye a la falta de recursos necesarios para eliminar dicho problema.
Lo digo así, porque tenemos que entender algo que es muy peculiar, en cuanto a la amenaza de la droga en nuestro medio y la cual que es nada diferente a lo sucedido en otros países que ya conocemos: el enorme resultado económico positivo para quienes se dedican al tráfico y venta de la droga, a pesar del elevado costo y riesgo que se tiene para producirla y trasegarla. Tales costos son muy poca cosa, en comparación con los cuantiosos ingresos que el negociado produce.
El negocio de la droga no ha podido ser eliminado exitosamente por nación alguna, mediante el uso del mecanismo coercitivo de la fuerza armada, pues incluso muchos gobernantes, que se supone pondrían de primero al interés de sus ciudadanos, que el personal, caen seducidos por las fortunas deparadas por aquel negociado. Y, cuando digo gobernantes, generalizo por ello a altos, medianos y bajos cargos de los órganos represivos de toda índole, ya sea militar o judicial, e incluso internacional. E incluyo allí a muchos profesionales muy preparados en diversas ramas, que venden sus servicios a aquellos “negociantes” a cambio de jugosos pagos. Eso sí, considero que, tarde o temprano, la solución vendrá, al lograrse alguna forma de legalización de ciertas drogas, que haría que se elimine ese enorme sobreprecio e ingresos fuera de cualquier monto que uno pueda hoy señalar como normal, que hoy es posible apropiarse debido a aquella prohibición.
Por tal razón, considero que, en la situación actual, es muy difícil que, con los recursos limitados de las sociedades, éstas pueden, por medio del estado y su poder y monopolio de la coerción, combatir y eliminar al negociado, incluso después de incurrir en numerosas pérdidas humanas y materiales. De manera que, si nuestro país está en la mira de los narcotraficantes, al considerársele parte esencial como vía rentable para su operación comercial, lo seguirá utilizando, con todos los males consiguientes, como los que hemos observado recientemente en Limón. Pienso que, tal vez, el ministro se imagina que, con un poco más de recursos, podrá eliminar la calamidad, pero creo que difícilmente alcanzará la plata para lograrlo, en tanto exista un mercado en el Norte (Estados Unidos y Europa), que sea tan lucrativo, como lo es hoy para los traficantes.
Dicho esto, considero que, por varias otras razones, no es apropiada la exigencia del ministro a los diputados, implícita en su renuncia, efectiva si, antes de un mes, no se aprueba el nuevo impuesto a las sociedades anónimas. En primer lugar, porque el mismo proyecto de ley que parece estarse definiendo, es claro en cuanto a que los recursos que aportaría (me imagino que ni siquiera de inmediato, sino después de cierto tiempo) no podrán dedicarse a contratar más policías, tal como ha dicho el ministro de seguridad que sería su uso inmediato al aprobarse tal impuesto. El proyecto de ley es claro, según se ha llegado a conocer, en cuanto a que el destino de los recursos no podría ser el pago de salarios y servicios de apoyo de seguridad, sino para infraestructura policial. Por ello es que, si se quiere contratar los 1.000 policías adicionales que ha señalado el ministro (como si fueran suficientes para contener la marea arriba mencionada), habrá que buscar otros recursos en el presupuesto de la República. Por lo tanto, si se desea que la Asamblea haga la voluntad del ministro, deberá empezar por cambiar lo que ya se ha negociado y ello dentro del ultimátum de un mes. Sépase que la redacción que hoy frenaría al ministro en su intención de usar los recursos para contratar más policías, fue una propuesta del propio poder ejecutivo, según el borrador de proyecto que remitió al Congreso.
En segundo lugar, me ha sorprendido que, en el fragor de la discusión política cerca del tema, se haya dado a conocer que hay partidas presupuestarias en el ministerio de seguridad, que no se han erogado, de manera que, si existiera la urgencia de contratar más policías, sería ya factible hacerlo. El Partido Unidad Social Cristiana, que ha sido fuertemente atacado por el presidente de la República, por ser uno de los responsables en la Asamblea de que no se le den esos recursos tributarios, respondió que, del presupuesto del 2015, no se ejecutaron ₡23.629 millones de lo correspondiente al ministerio de seguridad. Ante ello, se brindaron explicaciones oficiales no del todo convincentes, acerca de por qué no se ejecutaron (renuncias, incapacidades, contrataciones de personal en proceso y similares), lo cual debe inducir a la reflexión acerca de si no es posible que se haga un uso más eficiente de tales recursos, que simplemente pasarlos al final del ejercicio presupuestario como gastos no efectuados.
En tercer lugar, seamos honestos intelectualmente y así reconocer que este gobierno, que ahora clama, por medio del presidente y de su ministro de seguridad, por mayores ingresos presupuestarios para contratar más policías, fue el que redujo significativamente este año fiscal los recursos de presupuesto destinados a dicho ministerio. Así, mientras que para el 2014, el presupuesto del ministerio de seguridad fue de un 3.4% del total presupuestado para el gobierno central, en el de 2015 descendió a un 2.5%, que es la participación relativa más baja desde el 2010. Eso sí, al Patronato Nacional de la Infancia en el presupuesto de este año se le aumentó su partida presupuestaria en ₡50.000 millones y el subsidio a la educación superior -FEES- tan sólo el aumento para este año no fue una bicoca, sino un montón de plata adicional, pues el presupuesto que se le entregaría creció un 9%.
O sea, en buena lid, el presupuesto que definió el gobierno actual y que aprobó el Congreso, incorporaba una reducción de recursos para el ministerio de seguridad y, ahora ese mismo gobierno se queja, urbi et orbi, de que no tiene los recursos necesarios, culpando por ello a la no aprobación de los diputados de un nuevo impuesto a las sociedades anónimas.
En cuarto lugar, al aprobarse un impuesto, aunque pueda ser para algo loable, como podría ser aumentar la seguridad en la zona de Limón, es necesario considerar los posibles efectos negativos (e incluso ver si hay opciones mejores) que pueda tener ese gravamen. El impuesto a las sociedades, que inicialmente se aprobó indebidamente y que la Sala Constitucional por ello lo consideró como inconstitucional, debido a varias razones técnicas, también tiene potenciales efectos dañinos importantes sobre ciertos sectores de la economía. A veces parece que la información, que con frecuencia nos brinda la Dirección General de Estadísticas y Censos, acerca del crecimiento del empleo informal y, en general, de lo que se podría considerar como una economía subterránea, es ignorada olímpicamente. Esa economía furtiva, informal, se ve estimulada por los muchos impuestos que hacen más rentable que muchos, usualmente pequeños, empresarios, en lugar de seguir el camino tortuoso y oneroso de la formalidad, escogen la subterraneidad, en donde surgen numerosos costos sociales, que no vale la pena volver a señalar en esta ocasión.
Ese estímulo de mayores impuestos, que incentiva la existencia de la economía subterránea, puede dar lugar a un descenso del total de recaudaciones formales del estado, con lo cual el total de recursos que iría al sector público, más bien, conceptualmente, podría hasta disminuir.
En quinto lugar, dado que el gobierno actual ha tratado, en este caso, de mostrar a los diputados como si fueran timoratos o titubeantes, por la no aprobación expedita y a su gusto del impuesto a las sociedades anónimas, podría ser que, motivados por tal reproche gubernamental, los haya motivado a formular una propuesta que podría brindar los recursos, que ahora se solicitan para el ministerio de seguridad. Antes de referirme a ella, deseo indicar que siempre he considerado como deseable, en las circunstancias actuales de nuestra economía, y, particularmente, ante el exceso de gasto gubernamental, que se dé la mayor reducción posible de esos gastos. Pero, tal vez en esta ocasión, podría ser que la ciudadanía preferiría que el gasto estatal se haga en seguridad, en vez de lo que se ha propuesto reducir. Me refiero a la propuesta del diputado don Mario Redondo, para que, en el presupuesto del 2017, se reduzca el monto que se destinaría a la deuda política, actualmente equivalente a un 0.19% del PIB, a un 0.11%, con lo cual se liberarían recursos por aproximadamente unos ₡25.000 millones, que permitirían, sin duda, aumentar el número de policías.
Esta última posibilidad la considero más apropiada que un simple aumento de un tributo que tiene efectos negativos, aunque soy consciente de que, ante la amenaza del negociado de las drogas, tal vez nunca alcanzará el presupuesto de gastos de la nación, para eliminarlo: los gastos en su represión tendrían un peso desorbitantemente elevado sobre la ciudadanía, en tanto que el tráfico y el consumo sea penalizado, como actualmente se hace en los mercados de destino, y que da lugar al surgimiento de mercados negros profundamente extendidos y poderosos, los cuales permiten el logro de fortunas inimaginables. Ante el riesgo de una mayor represión, los partícipes de dicho mercado, posiblemente continuarán concurriendo, pues los beneficios seguirían excediendo en mucho, pero mucho, a los costos.
Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 11 de octubre del 2016.