Jorge Corrales Quesada
26/08/2017, 13:24
Sé que esto ya no es noticia; no se trata de algo nuevo; es simplemente un caso más de un problema que surge, una y otra vez, en la planificación de obras de parte del ineficiente estado costarricense. Me refiero a que el país adquiere préstamos de organismos externos para hacer obra, pero, una vez obtenida su aprobación, las edificaciones duermen el sueño de los justos, pues las obras que se financiaron ni siquiera se inician en un tiempo prudente. Podría pensarse que el único costo en que incurrimos los nacionales, es el de haber usado más eficientemente en el tiempo a dichos fondos, pues, obviamente, es mejor tener una obra terminada antes que después, pero también hay otros costos importantes que terminarán todos siendo pagados por los ciudadanos.
Un comentario de La Nación del 22 de junio titulado “0% de avance en nueve obras financiadas con préstamo: Gobierno no ha ejecutado $450 millones del BID aprobados desde finales del 2014,” nos expone cómo, por casi un año y medio, los fondos fueron obtenidos y no se han empezado a utilizar para lo que fueron pedidos en préstamo.
Resulta que en noviembre del 2014 la Asamblea Legislativa aprobó un empréstito del BID al gobierno de Costa Rica, en un monto de $450 millones que serían utilizados para construir las siguientes obras:
1.- Ruta Limonal-Barranca: ampliación de 2 a 4 carriles ($199 millones).
2.- Ruta Palmar Norte-Paso Canoas: reconstrucción y ensanchamiento de carriles y señalización ($78,5 millones).
3.- Ruta Birmania-Santa Cecilia-La Cruz: reconstruir vía y reconstruir 8 puentes ($18 millones).
4.- Ruta Playa Naranjo-Paquera: reconstrucción de vía ($15 millones).
5.- Ruta Cañas-Limonal: reconstrucción de carretera ($85 millones).
6.- Ruta Abundancia-Florencia-Ciudad Quesada: construcción de carretera ($8,5 millones).
7.- La Lima y Taras de Cartago: construcción de 2 pasos a desnivel ($21 millones).
8.- Rompeolas de Puerto Caldera: reforzar rompeolas y desarrollo de plan maestro ($14,5 millones).
9.- Muelle de Ferris, Golfo de Nicoya: reconstruir terminales y muelles de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo ($10 millones).
Además de lo anterior, $22 millones para administración, auditoría y evaluación de los proyectos y $17,1 para supervisión de las obras.
Ahora bien, un año y medio después de obtenida la aprobación de recursos, nada de esas obras se ha realizado, de acuerdo con un reporte que en su momento emitió la Contralora General de la República, doña Marta Acosta, quien indicó que el no inicio se debía a la “lentitud del MOPT” por el “incumplimiento de… la creación de una unidad ejecutora (la cual se concretó en marzo del 2016) y el establecimiento de un fideicomiso de administración que aún está en proceso.”
El MOPT se sacude y dice que no es por ser ellos lentos, sino por ser prerrequisitos que exige el prestamista, pero la Contraloría señala que “el Gobierno debe tener más cuidado al definir la viabilidad del cumplimiento de las condiciones previas a la hora de pactar plazos de ejecución.” Indica que “hay un atraso de cuatro meses en el inicio de la ejecución que si bien se podría recuperar en el transcurso de la obra, también podría implicar atrasos al final de cuentas.”
Aparentemente, aun cuando no se ha ejecutado nada, “el Gobierno pagó $1.5 millones por comisiones de compromiso, establecidos en el contrato del crédito,” pero ello lo niega el ministro, quien dice que “hay un período de gracia.” ¿Quién dice lo cierto? No lo sé, pero sí es cierto que muchas veces se contratan préstamos por los cuales hay que pagar comisiones llamadas de compromiso, y que los préstamos no se ejecutan de inmediato. La contralora indica que “el monto de créditos aprobados es de $3.375 millones, de lo cual se ha desembolsado $1.147 millones; o sea, un 30%. Los datos al 31 de diciembre del 2015 nos dicen que había $2.628 millones pendientes de desembolsar” y por los cuales sin duda que se han de estar pagando intereses a los prestatarios. Por supuesto que ello será cargado a los contribuyentes.
Publicado en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 16 de setiembre del 2016.
Un comentario de La Nación del 22 de junio titulado “0% de avance en nueve obras financiadas con préstamo: Gobierno no ha ejecutado $450 millones del BID aprobados desde finales del 2014,” nos expone cómo, por casi un año y medio, los fondos fueron obtenidos y no se han empezado a utilizar para lo que fueron pedidos en préstamo.
Resulta que en noviembre del 2014 la Asamblea Legislativa aprobó un empréstito del BID al gobierno de Costa Rica, en un monto de $450 millones que serían utilizados para construir las siguientes obras:
1.- Ruta Limonal-Barranca: ampliación de 2 a 4 carriles ($199 millones).
2.- Ruta Palmar Norte-Paso Canoas: reconstrucción y ensanchamiento de carriles y señalización ($78,5 millones).
3.- Ruta Birmania-Santa Cecilia-La Cruz: reconstruir vía y reconstruir 8 puentes ($18 millones).
4.- Ruta Playa Naranjo-Paquera: reconstrucción de vía ($15 millones).
5.- Ruta Cañas-Limonal: reconstrucción de carretera ($85 millones).
6.- Ruta Abundancia-Florencia-Ciudad Quesada: construcción de carretera ($8,5 millones).
7.- La Lima y Taras de Cartago: construcción de 2 pasos a desnivel ($21 millones).
8.- Rompeolas de Puerto Caldera: reforzar rompeolas y desarrollo de plan maestro ($14,5 millones).
9.- Muelle de Ferris, Golfo de Nicoya: reconstruir terminales y muelles de Puntarenas, Paquera y Playa Naranjo ($10 millones).
Además de lo anterior, $22 millones para administración, auditoría y evaluación de los proyectos y $17,1 para supervisión de las obras.
Ahora bien, un año y medio después de obtenida la aprobación de recursos, nada de esas obras se ha realizado, de acuerdo con un reporte que en su momento emitió la Contralora General de la República, doña Marta Acosta, quien indicó que el no inicio se debía a la “lentitud del MOPT” por el “incumplimiento de… la creación de una unidad ejecutora (la cual se concretó en marzo del 2016) y el establecimiento de un fideicomiso de administración que aún está en proceso.”
El MOPT se sacude y dice que no es por ser ellos lentos, sino por ser prerrequisitos que exige el prestamista, pero la Contraloría señala que “el Gobierno debe tener más cuidado al definir la viabilidad del cumplimiento de las condiciones previas a la hora de pactar plazos de ejecución.” Indica que “hay un atraso de cuatro meses en el inicio de la ejecución que si bien se podría recuperar en el transcurso de la obra, también podría implicar atrasos al final de cuentas.”
Aparentemente, aun cuando no se ha ejecutado nada, “el Gobierno pagó $1.5 millones por comisiones de compromiso, establecidos en el contrato del crédito,” pero ello lo niega el ministro, quien dice que “hay un período de gracia.” ¿Quién dice lo cierto? No lo sé, pero sí es cierto que muchas veces se contratan préstamos por los cuales hay que pagar comisiones llamadas de compromiso, y que los préstamos no se ejecutan de inmediato. La contralora indica que “el monto de créditos aprobados es de $3.375 millones, de lo cual se ha desembolsado $1.147 millones; o sea, un 30%. Los datos al 31 de diciembre del 2015 nos dicen que había $2.628 millones pendientes de desembolsar” y por los cuales sin duda que se han de estar pagando intereses a los prestatarios. Por supuesto que ello será cargado a los contribuyentes.
Publicado en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 16 de setiembre del 2016.