Jorge Corrales Quesada
24/08/2017, 20:58
Por Jorge Corrales Quesada
Cuando éramos jóvenes algunos economistas admirábamos la forma ordenada en que los ingenieros programaban sus obras. Se guiaban por dichas programaciones y se obtenía algún sentido para que la obra constructiva se hiciera en un lapso estimado, siempre sujeto a variaciones inesperadas, pero, cuando tal cosa sucedía, se ajustaba de nuevo el cronograma.
Creo que eso se dejó de hacer, o no se efectúa con el cuidado con que antes se hacía. Me refiero al caso concreto del Ministerio de Obras Públicas con la obra específica de la ampliación a cuatro carriles que va desde el cruce de Río Frío al centro de Limón.
Entendamos bien las cosas: el contrato que brindaba el crédito por $395 millones para dicha obra se firmó en junio del 2013, con una empresa china (CHEC) propiedad del gobierno de ese país. De ahí en adelante, las cosas han avanzado con lentitud sorprendente. Uno espera que, cuando se firma un compromiso como el citado, la iniciación de la obra es segura, definida, en cierto grado. No es éste el caso. Por ejemplo, dado que es necesario, por tratarse de un acuerdo de financiamiento que deba ser aprobado por la Asamblea Legislativa, que en su seno surgieran muchas dudas razonables al respecto; pero, no fue sino hasta dos años después, cuando en febrero del 2015 se dio la aprobación legislativa. Se desperdiciaron muchos meses discutiendo acerca del tema, porque muchas cosas no estaban lo suficientemente claras como para que se aprobara expeditamente.
El contrato también requería la aprobación (refrendo) de la Contraloría General de la República y ello no se dio sino luego de más de un año, en abril de 2016, en mucho porque incluso un año después de la aprobación legislativa –hasta en enero del 2016- la Contraloría solicitó información adicional al MOPT, lo cual quiere decir que los datos presentados por ese ministerio habían sido insuficientes, poco esperable de una entidad que se supone tiene una enorme experiencia en presentar solicitudes para el refrendo contralor.
Pues bien, podíamos pensar que, tal vez, al fin, se iniciaría la obra poco tiempo después. Pero, terca mi mente, subestimé la ineficiencia del estado -del MOPT específicamente- para hacer las cosas en el orden con que aquellos ingenieros, de cuando joven, causaban mi admiración: ordenar las diferentes fases y requisitos de construcción que evitaban el derroche del tiempo, sinónimo de desperdicio de dinero.
Resulta que, según informa La Nación del 11 de junio, en su artículo titulado “MOPT frena plan de ruta 32 por falta de aval ambiental: Trámite ante SETENA no se ha iniciado pese a que préstamo con China se firmó desde el 2013,” el MOPT a la fecha no había obtenido el permiso de viabilidad ambiental para realizar la obra, cosa sin la cual, informó el ministro del ramo, Carlos Villalta, no era posible dar la orden de inicio, porque “es uno de los requisitos del Eximbank, entidad que financia la construcción.”
Me imagino que el papel del Eximbank es financiar alguna contrapartida del estado costarricense, pues los fondos chinos negociados por $395 millones serían provistos por programas de dicho gobierno. Independientemente de ello, sí se sabía que la exigencia del Eximbank para dar los fondos para el proyecto, estaba en función de la aprobación que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) hiciera de un estudio de impacto ambiental aprobado por el MOPT.
Ante la obvia pregunta del periodista de ¿por qué no se ha solicitado la viabilidad ambiental aún?, nos sorprende la respuesta del ministro Villalta, quien dice “no podría ser yo (recién entrado a ese puesto), ni ser el responsable ni decir las razones por las cuales no se tramitó antes el instrumento (viabilidad ambiental); habría que acudir a los responsables que, en su momento, tenía el Gobierno manejando el tema.” El responsable es el gobierno, independientemente de quién sea el jerarca de turno y si, en opinión del nuevo ministro Villalta, el retraso es responsabilidad del previo, pues que al menos así lo diga, tal vez como forma de sanción política, pues difícilmente la sociedad será resarcida por la ineficiencia de los responsables previos. Pero, bueno, se trata de dejar que las cosas pasen y que luego las cobije el olvido.
El daño es que, lo que se debería de haberse hecho mucho tiempo antes (enviar la solicitud a SETENA), no se hará sino en el mes de junio, en palabras del nuevo jerarca, pero no es de esperar una aprobación rápida del proyecto que enviará el MOPT, pues como lo señala el señor Igor Zúñiga, consultor ambiental de la empresa Ingefor, el atraso podría ser de hasta un par de años, pues, “por lo general, en este tipo de proyectos hay objeciones de grupos de medioambientalistas, asociaciones de vecinos o de alguna persona que no esté de acuerdo; eso siempre atrasa la gestión.”
Al tiempo perdido desde que se firmó el proyecto en junio del 2013, agregaremos ahora tal vez dos años más, por la incapacidad del estado de hacer eficientemente las cosas. Por supuesto que ese atraso lo pagaremos todos los costarricenses; es más, ya en abril del 2015 la vocera de la empresa china había dicho que el costo de la obra podría subir. Para la burocracia nada de eso parece importarle: después de todo, seremos los contribuyentes quienes terminaremos pagando toda esta ineficiencia.
Post data: La compañía china, para evitar más atrasos, decidió asumir el pago del estudio ambiental necesario para obtener la aprobación de la SETENA. Obviamente se han dado cuenta que la ineficiencia usual del MOPT les hará perder mucho tiempo más para poder iniciar las obras. Pero, no confíen en la eficiencia de SETENA…
Publicado en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 10 de setiembre del 2016.
Cuando éramos jóvenes algunos economistas admirábamos la forma ordenada en que los ingenieros programaban sus obras. Se guiaban por dichas programaciones y se obtenía algún sentido para que la obra constructiva se hiciera en un lapso estimado, siempre sujeto a variaciones inesperadas, pero, cuando tal cosa sucedía, se ajustaba de nuevo el cronograma.
Creo que eso se dejó de hacer, o no se efectúa con el cuidado con que antes se hacía. Me refiero al caso concreto del Ministerio de Obras Públicas con la obra específica de la ampliación a cuatro carriles que va desde el cruce de Río Frío al centro de Limón.
Entendamos bien las cosas: el contrato que brindaba el crédito por $395 millones para dicha obra se firmó en junio del 2013, con una empresa china (CHEC) propiedad del gobierno de ese país. De ahí en adelante, las cosas han avanzado con lentitud sorprendente. Uno espera que, cuando se firma un compromiso como el citado, la iniciación de la obra es segura, definida, en cierto grado. No es éste el caso. Por ejemplo, dado que es necesario, por tratarse de un acuerdo de financiamiento que deba ser aprobado por la Asamblea Legislativa, que en su seno surgieran muchas dudas razonables al respecto; pero, no fue sino hasta dos años después, cuando en febrero del 2015 se dio la aprobación legislativa. Se desperdiciaron muchos meses discutiendo acerca del tema, porque muchas cosas no estaban lo suficientemente claras como para que se aprobara expeditamente.
El contrato también requería la aprobación (refrendo) de la Contraloría General de la República y ello no se dio sino luego de más de un año, en abril de 2016, en mucho porque incluso un año después de la aprobación legislativa –hasta en enero del 2016- la Contraloría solicitó información adicional al MOPT, lo cual quiere decir que los datos presentados por ese ministerio habían sido insuficientes, poco esperable de una entidad que se supone tiene una enorme experiencia en presentar solicitudes para el refrendo contralor.
Pues bien, podíamos pensar que, tal vez, al fin, se iniciaría la obra poco tiempo después. Pero, terca mi mente, subestimé la ineficiencia del estado -del MOPT específicamente- para hacer las cosas en el orden con que aquellos ingenieros, de cuando joven, causaban mi admiración: ordenar las diferentes fases y requisitos de construcción que evitaban el derroche del tiempo, sinónimo de desperdicio de dinero.
Resulta que, según informa La Nación del 11 de junio, en su artículo titulado “MOPT frena plan de ruta 32 por falta de aval ambiental: Trámite ante SETENA no se ha iniciado pese a que préstamo con China se firmó desde el 2013,” el MOPT a la fecha no había obtenido el permiso de viabilidad ambiental para realizar la obra, cosa sin la cual, informó el ministro del ramo, Carlos Villalta, no era posible dar la orden de inicio, porque “es uno de los requisitos del Eximbank, entidad que financia la construcción.”
Me imagino que el papel del Eximbank es financiar alguna contrapartida del estado costarricense, pues los fondos chinos negociados por $395 millones serían provistos por programas de dicho gobierno. Independientemente de ello, sí se sabía que la exigencia del Eximbank para dar los fondos para el proyecto, estaba en función de la aprobación que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) hiciera de un estudio de impacto ambiental aprobado por el MOPT.
Ante la obvia pregunta del periodista de ¿por qué no se ha solicitado la viabilidad ambiental aún?, nos sorprende la respuesta del ministro Villalta, quien dice “no podría ser yo (recién entrado a ese puesto), ni ser el responsable ni decir las razones por las cuales no se tramitó antes el instrumento (viabilidad ambiental); habría que acudir a los responsables que, en su momento, tenía el Gobierno manejando el tema.” El responsable es el gobierno, independientemente de quién sea el jerarca de turno y si, en opinión del nuevo ministro Villalta, el retraso es responsabilidad del previo, pues que al menos así lo diga, tal vez como forma de sanción política, pues difícilmente la sociedad será resarcida por la ineficiencia de los responsables previos. Pero, bueno, se trata de dejar que las cosas pasen y que luego las cobije el olvido.
El daño es que, lo que se debería de haberse hecho mucho tiempo antes (enviar la solicitud a SETENA), no se hará sino en el mes de junio, en palabras del nuevo jerarca, pero no es de esperar una aprobación rápida del proyecto que enviará el MOPT, pues como lo señala el señor Igor Zúñiga, consultor ambiental de la empresa Ingefor, el atraso podría ser de hasta un par de años, pues, “por lo general, en este tipo de proyectos hay objeciones de grupos de medioambientalistas, asociaciones de vecinos o de alguna persona que no esté de acuerdo; eso siempre atrasa la gestión.”
Al tiempo perdido desde que se firmó el proyecto en junio del 2013, agregaremos ahora tal vez dos años más, por la incapacidad del estado de hacer eficientemente las cosas. Por supuesto que ese atraso lo pagaremos todos los costarricenses; es más, ya en abril del 2015 la vocera de la empresa china había dicho que el costo de la obra podría subir. Para la burocracia nada de eso parece importarle: después de todo, seremos los contribuyentes quienes terminaremos pagando toda esta ineficiencia.
Post data: La compañía china, para evitar más atrasos, decidió asumir el pago del estudio ambiental necesario para obtener la aprobación de la SETENA. Obviamente se han dado cuenta que la ineficiencia usual del MOPT les hará perder mucho tiempo más para poder iniciar las obras. Pero, no confíen en la eficiencia de SETENA…
Publicado en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 10 de setiembre del 2016.