Jorge Corrales Quesada
24/08/2017, 18:04
Por Jorge Corrales
Ya el gobierno, insaciable como siempre, nos anuncia un nuevo impuesto: gravar las transacciones por Internet que llevan a cabo los ciudadanos del país. Esta información la suministra La Nación en su edición del 9 de junio, bajo el titular “Gobierno cobraría IVA a todas las compras en línea: Proyecto de ley de impuesto al valor agregado abre opción para aplicar tributo.”
No es que las importaciones que a la fecha se hacen por medio de Internet estén exentas de impuestos: uno lo paga cuando retira el producto del servicio dedicado a procesar la traída al país, en donde se le cargan aranceles, que es un impuesto en este caso similar al papel que desempeñaría el nuevo gravamen. La pretensión de Hacienda es la de cobrarnos un mismo impuesto bajo diferente nombre y posiblemente con diferente tasa, pero aplicado sobre el mismo bien y en el mismo acto de importación.
La pretensión gubernamental es usar como medio de control impositivo el uso que se hace de tarjetas de crédito para cancelar la transacción. Esto no es tan fácil, pues incluso en los Estados Unidos no ha sido posible ponerlo en práctica, no sólo porque allá rompe el principio de libertad de comercio entre diferentes estados -hecho que se muestra en la ausencia de impuestos al comercio interestatal- sino que también las tarjetas de crédito se emiten en diversos estados distintos de aquellos de adónde y hacia dónde se dirige la transacción.
Ello abre el camino para que el ser humano, que intenta seguir disfrutando del beneficio derivado de la libertad de comercio y que le permite adquirir lo que prefiera, a un costo menor y posiblemente mejor calidad, pueda seguir haciéndolo. Simplemente se utilizará en la transacción una tarjeta de crédito emitida en un tercer país. Por ejemplo, Nicaragua y Panamá les entregarán tarjetas de esos países a ciudadanos de Costa Rica, para que las usen en pagos internacionales entre Costa Rica y un tercer país.
Me imagino que esta es la razón por la cual el proyecto de gravar con el IVA del 15% que ya pretende imponernos este gobierno, no puede entrar pronto en vigencia (además de que tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa), pues, en palabras del viceministro de Hacienda, señor Fernando Rodríguez, apenas “trabajan con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), para definir el mejor mecanismo para gravar esas operaciones.”
A mí me llama la atención el papel que puede desempeñar la OECD en estas cosas, casi como la de un gobierno supranacional, coadyuvando a poner impuestos no sólo en un país que todavía no es miembro de la OECD, según entiendo, pero bajo un espíritu que me permito de calificar de imperialismo tributario, cual es imponer gravámenes como si fuera un agente tributario en esta nación. Incluso hay países miembros de la OECD que no tienen tales gravámenes incorporados en sus legislaciones internas, a fin de cobrar el IVA a transacciones por medio de Internet y que usan tarjetas de crédito como medio de pago. Ciertamente que nos dirán que lo que la OECD brinda es asistencia “técnica” y que la decisión final la tomara el país correspondiente. Pues, ¡no me ayudes, compadrito de la OECD, a cargarnos de nuevos y mayores impuestos!
Apenas el ser humano tiene un respiro frente al Leviatán, en este caso gracias a ese maravilloso avance tecnológico que es la Internet, el estado mete sus muy visibles manos, para extraernos parte de los beneficios que esa tecnología nos permite. Es la aplicación de la primera parte de la famosa frase de Reagan: “Si se mueve, ponle un impuesto; si se sigue moviendo, regúlalo; si deja de moverse, subsídialo.” Cuando la persona realiza transacciones por Internet, entonces, el estado, al ver que se mueve, corre a grabarlas con impuestos. Luego, ante la incapacidad de detenerlo, si se sigue moviendo, introducirá la regulación, que en este caso podría ser la de asumir el control de la privacidad de Internet. Y tal vez, una vez muerto, y al darse cuenta de que ya no le produce ingresos al fisco, habrá algún genio de turno en el gobierno a quien se le ocurrirá subsidiarlo, a fin de revivirlo y poder así seguir ordeñando la vaca tributaria. Claro, hasta esta última circunstancia la pagaríamos todos los ciudadanos contribuyentes: en conclusión siempre pagamos al todopoderoso estado, hasta el día en que la cosa se extinga, que desaparezca de la tierra, como le sucedió al pobre tiranosaurio o al triceratops o al pliosaurio, a quienes afortunadamente el ser humano, a través del estado, nunca pudo lograrlo por la vía de los impuestos.
Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 23 de agosto del 2016.
Ya el gobierno, insaciable como siempre, nos anuncia un nuevo impuesto: gravar las transacciones por Internet que llevan a cabo los ciudadanos del país. Esta información la suministra La Nación en su edición del 9 de junio, bajo el titular “Gobierno cobraría IVA a todas las compras en línea: Proyecto de ley de impuesto al valor agregado abre opción para aplicar tributo.”
No es que las importaciones que a la fecha se hacen por medio de Internet estén exentas de impuestos: uno lo paga cuando retira el producto del servicio dedicado a procesar la traída al país, en donde se le cargan aranceles, que es un impuesto en este caso similar al papel que desempeñaría el nuevo gravamen. La pretensión de Hacienda es la de cobrarnos un mismo impuesto bajo diferente nombre y posiblemente con diferente tasa, pero aplicado sobre el mismo bien y en el mismo acto de importación.
La pretensión gubernamental es usar como medio de control impositivo el uso que se hace de tarjetas de crédito para cancelar la transacción. Esto no es tan fácil, pues incluso en los Estados Unidos no ha sido posible ponerlo en práctica, no sólo porque allá rompe el principio de libertad de comercio entre diferentes estados -hecho que se muestra en la ausencia de impuestos al comercio interestatal- sino que también las tarjetas de crédito se emiten en diversos estados distintos de aquellos de adónde y hacia dónde se dirige la transacción.
Ello abre el camino para que el ser humano, que intenta seguir disfrutando del beneficio derivado de la libertad de comercio y que le permite adquirir lo que prefiera, a un costo menor y posiblemente mejor calidad, pueda seguir haciéndolo. Simplemente se utilizará en la transacción una tarjeta de crédito emitida en un tercer país. Por ejemplo, Nicaragua y Panamá les entregarán tarjetas de esos países a ciudadanos de Costa Rica, para que las usen en pagos internacionales entre Costa Rica y un tercer país.
Me imagino que esta es la razón por la cual el proyecto de gravar con el IVA del 15% que ya pretende imponernos este gobierno, no puede entrar pronto en vigencia (además de que tendría que ser aprobado por la Asamblea Legislativa), pues, en palabras del viceministro de Hacienda, señor Fernando Rodríguez, apenas “trabajan con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), para definir el mejor mecanismo para gravar esas operaciones.”
A mí me llama la atención el papel que puede desempeñar la OECD en estas cosas, casi como la de un gobierno supranacional, coadyuvando a poner impuestos no sólo en un país que todavía no es miembro de la OECD, según entiendo, pero bajo un espíritu que me permito de calificar de imperialismo tributario, cual es imponer gravámenes como si fuera un agente tributario en esta nación. Incluso hay países miembros de la OECD que no tienen tales gravámenes incorporados en sus legislaciones internas, a fin de cobrar el IVA a transacciones por medio de Internet y que usan tarjetas de crédito como medio de pago. Ciertamente que nos dirán que lo que la OECD brinda es asistencia “técnica” y que la decisión final la tomara el país correspondiente. Pues, ¡no me ayudes, compadrito de la OECD, a cargarnos de nuevos y mayores impuestos!
Apenas el ser humano tiene un respiro frente al Leviatán, en este caso gracias a ese maravilloso avance tecnológico que es la Internet, el estado mete sus muy visibles manos, para extraernos parte de los beneficios que esa tecnología nos permite. Es la aplicación de la primera parte de la famosa frase de Reagan: “Si se mueve, ponle un impuesto; si se sigue moviendo, regúlalo; si deja de moverse, subsídialo.” Cuando la persona realiza transacciones por Internet, entonces, el estado, al ver que se mueve, corre a grabarlas con impuestos. Luego, ante la incapacidad de detenerlo, si se sigue moviendo, introducirá la regulación, que en este caso podría ser la de asumir el control de la privacidad de Internet. Y tal vez, una vez muerto, y al darse cuenta de que ya no le produce ingresos al fisco, habrá algún genio de turno en el gobierno a quien se le ocurrirá subsidiarlo, a fin de revivirlo y poder así seguir ordeñando la vaca tributaria. Claro, hasta esta última circunstancia la pagaríamos todos los ciudadanos contribuyentes: en conclusión siempre pagamos al todopoderoso estado, hasta el día en que la cosa se extinga, que desaparezca de la tierra, como le sucedió al pobre tiranosaurio o al triceratops o al pliosaurio, a quienes afortunadamente el ser humano, a través del estado, nunca pudo lograrlo por la vía de los impuestos.
Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 23 de agosto del 2016.