Jorge Corrales Quesada
07/06/2016, 09:46
UN GOBIERNO CONSISTENTE
Por Jorge Corrales Quesada
He llegado a la conclusión de que en este gobierno lo que hay son distintos niveles de consistencia. Para algunas cosas es sumamente consistente, en tanto que, para otras, todo lo contrario. Es mejor hablar de grados de consistencia en esta administración, que van de totalmente consistente a claramente inconsistente.
Empiezo con un ejemplo de inconsistencia. Ya nos tiene hasta la coronilla escucharlo decir que está de acuerdo en reducir sustancialmente el gasto gubernamental, antes de ponernos nuevos y mayores impuestos. Recordarán aquella expresión lapidaria que el entonces candidato, Luis Guillermo Solís, formuló en un debate de aspirantes a la presidencia de la República. Fue una demoledora afirmación de su parte de que, antes de poner cualquier impuesto, reduciría sustancialmente el gasto público.
La inconsistencia no está sólo que continúa proponiéndonos que se le aprueben impuestos, cuando los proyectos relevantes para reducir el gasto que ha presentado a la Asamblea son pocos e incluso de corto alcance fiscal. También es frecuente escucharlo decirnos que si no se aprueban los nuevos impuestos -permaneciendo silencioso en cuanto a reducir el gasto estatal- se podría presentar una “emergencia fiscal”. ¡Para mejor prueba transcribo parte del discurso pronunciado el 11 de abril en los actos cívicos!: “Es mi deber alertarles de que se acaba el tiempo para impedir una gran crisis financiera del Estado si no controlamos el déficit. La diferencia entre sus ingresos y sus gastos podría llegar al indeseable momento de seguir el camino al que otros países han tenido que recurrir, a violentas medidas de ajuste con alto costo para las familias y actividades productivas más vulnerables.”
En cuanto a reducir el gasto previo a aumentar impuestos este gobierno ha sido en inconsistente, pues el gasto gubernamental no se ha reducido, aunque nos digan que han disminuido la tasa de crecimiento en los últimos seis meses. El hecho es que, en los dos primeros años de esta administración, el gasto del gobierno central aumentó en cerca de ₡940.000 millones de colones: casi un billón de aumento en sólo dos años.
No es que no hayan aumentado las recaudaciones de impuestos, que crecieron en ₡643.000 millones en ese mismo lapso, sino que, además, hemos visto aumentos de gravámenes de todo tipo que no son “impuestos” por la forma en que se les clasifica, pero que generan mayores ingresos a diversos entes estatales. Me refiero a incrementos en el agua, electricidad, combustibles, multas, ciertos timbres de ley, entre muchos otros “pequeños” incrementos que sumados hacen “mucho”.
Al escribir esto (25 de mayo del 2016), por otra parte veo a un gobierno que muestra una enorme consistencia en ciertas cosas. No me refiero a un silencio doloroso ante lo que sucede en Venezuela, que, ni más ni menos, es una vergonzosa violación de la autodeterminación de un pueblo, llevada a cabo por el tiránico gobierno de ese país. Lo mío es, tal vez, algo más pedestre: estimular el gasto público quitando restricciones regladas que previamente había impuesto.
Veamos el caso, presentado por el periódico La Nación en su edición del 25 de mayo, titulada “Gobierno abrió portillo para aumentar el gasto público: Modificó directriz que impedía a instituciones gastar más allá de lo presupuestado en el 2016.” Resulta que, en marzo del 2015, este gobierno promulgó una serie de directrices para ordenar en algún grado el gasto público en cuanto a sus presupuestos. El artículo 7 de tal decreto indicaba que “se condicionaba la ampliación de gasto presupuestario máximo en el 2016 a que la entidad que solicitara el crecimiento de su presupuesto probara ‘siempre y cuando’ la obtención de ingresos adicionales a los incorporados en el Presupuesto.” En sencillo, si un ente gubernamental quería mayor presupuesto para sus gastos, tenía que mostrar antes de dónde saldría la plata para financiarlos. Esta regla buscaba impedir el crecimiento del gasto, a menos que se tuvieran los recursos para ello.
Pero, ¿qué pasó? Nueve meses después, en diciembre del 2015, simplemente el Consejo de Gobierno tomó la decisión de quitar aquella limitación previa, a fin de “agilizar la gestión de las entidades” y “colaborar en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.” Sencillamente: se quitó el freno y, por ende, el gobierno podría seguir gastando sin tener que determinar de dónde provendría la plata para financiarlo.
El periódico menciona varios ejemplos -muy claros, por cierto- de lo sucedido después de que la decisión del gobierno se publicó en La Gaceta del 15 de enero de este año, avalada tanto por el presidente Solís como por su ministro de Hacienda, Elio Fallas, eliminando la restricción al gasto público antes mencionada.
Uno es el incremento en el tope del gasto en marzo pasado al “Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en ₡2.237 millones para financiar el proyecto de Prevención de Accidentes de Tránsito Fatales en las Rutas de la Muerte.” Otro fue el aumento en marzo de “₡3.980 millones en el presupuesto del Cuerpo de Bomberos.” El mes previo, “el Teatro Melico Salazar, adscrito al Ministerio de Cultura, pidió acrecentar su presupuesto en ₡36 millones para financiar el denominado Concurso de Puesta en Escena de la Compañía Nacional de Teatro.” Demostraron que, al fin de cuentas, el verdadero propósito del gobierno no era la directriz inicial de controlar el gasto, sino que ahora, para cualquier cosa, se podría aumentar el presupuesto de gastos.
Tal decisión refleja la verdadera consistencia en este gobierno: serlo con el aumento del gasto no importando regla alguna previa para su control, ni la existencia de un déficit aproximado a un 6% del PIB o que se incumpla “la palabra” ladinamente expuesta en un debate previo a las elecciones, de no aumentar el gasto, sino reducirlo, antes de poner impuestos. Es una política de fe ilimitada en el gasto estatal para suplir lo que los políticos consideran necesario que tengan los ciudadanos y no lo que ellos quisieran por sí mismos. Yace en los genes de la agrupación política gobernante: gastar y gastar y gastar, aunque no haya plata para ello. Y si aparece ésta -para eso quieren poner nuevos y mayores gravámenes- pues mejor, porque “coyol quebrado, coyol comido”; cinco que entra al gobierno, cinco que hay que gastarlo. Frenar el déficit, como lo han dicho, es más que una prédica falsa. Lo que quiere es más plata, para gastar más. En esto, el gobierno es totalmente consistente. Su inconsistencia está en las falsas promesas de disciplina fiscal, usadas tan sólo para extraer más recursos de la economía privada para satisfacer sus fundamentos ideológicos.
Publicado el 7 de junio en el sitio de ASOJOD y en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en los sitios de Facebook de jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad.
Por Jorge Corrales Quesada
He llegado a la conclusión de que en este gobierno lo que hay son distintos niveles de consistencia. Para algunas cosas es sumamente consistente, en tanto que, para otras, todo lo contrario. Es mejor hablar de grados de consistencia en esta administración, que van de totalmente consistente a claramente inconsistente.
Empiezo con un ejemplo de inconsistencia. Ya nos tiene hasta la coronilla escucharlo decir que está de acuerdo en reducir sustancialmente el gasto gubernamental, antes de ponernos nuevos y mayores impuestos. Recordarán aquella expresión lapidaria que el entonces candidato, Luis Guillermo Solís, formuló en un debate de aspirantes a la presidencia de la República. Fue una demoledora afirmación de su parte de que, antes de poner cualquier impuesto, reduciría sustancialmente el gasto público.
La inconsistencia no está sólo que continúa proponiéndonos que se le aprueben impuestos, cuando los proyectos relevantes para reducir el gasto que ha presentado a la Asamblea son pocos e incluso de corto alcance fiscal. También es frecuente escucharlo decirnos que si no se aprueban los nuevos impuestos -permaneciendo silencioso en cuanto a reducir el gasto estatal- se podría presentar una “emergencia fiscal”. ¡Para mejor prueba transcribo parte del discurso pronunciado el 11 de abril en los actos cívicos!: “Es mi deber alertarles de que se acaba el tiempo para impedir una gran crisis financiera del Estado si no controlamos el déficit. La diferencia entre sus ingresos y sus gastos podría llegar al indeseable momento de seguir el camino al que otros países han tenido que recurrir, a violentas medidas de ajuste con alto costo para las familias y actividades productivas más vulnerables.”
En cuanto a reducir el gasto previo a aumentar impuestos este gobierno ha sido en inconsistente, pues el gasto gubernamental no se ha reducido, aunque nos digan que han disminuido la tasa de crecimiento en los últimos seis meses. El hecho es que, en los dos primeros años de esta administración, el gasto del gobierno central aumentó en cerca de ₡940.000 millones de colones: casi un billón de aumento en sólo dos años.
No es que no hayan aumentado las recaudaciones de impuestos, que crecieron en ₡643.000 millones en ese mismo lapso, sino que, además, hemos visto aumentos de gravámenes de todo tipo que no son “impuestos” por la forma en que se les clasifica, pero que generan mayores ingresos a diversos entes estatales. Me refiero a incrementos en el agua, electricidad, combustibles, multas, ciertos timbres de ley, entre muchos otros “pequeños” incrementos que sumados hacen “mucho”.
Al escribir esto (25 de mayo del 2016), por otra parte veo a un gobierno que muestra una enorme consistencia en ciertas cosas. No me refiero a un silencio doloroso ante lo que sucede en Venezuela, que, ni más ni menos, es una vergonzosa violación de la autodeterminación de un pueblo, llevada a cabo por el tiránico gobierno de ese país. Lo mío es, tal vez, algo más pedestre: estimular el gasto público quitando restricciones regladas que previamente había impuesto.
Veamos el caso, presentado por el periódico La Nación en su edición del 25 de mayo, titulada “Gobierno abrió portillo para aumentar el gasto público: Modificó directriz que impedía a instituciones gastar más allá de lo presupuestado en el 2016.” Resulta que, en marzo del 2015, este gobierno promulgó una serie de directrices para ordenar en algún grado el gasto público en cuanto a sus presupuestos. El artículo 7 de tal decreto indicaba que “se condicionaba la ampliación de gasto presupuestario máximo en el 2016 a que la entidad que solicitara el crecimiento de su presupuesto probara ‘siempre y cuando’ la obtención de ingresos adicionales a los incorporados en el Presupuesto.” En sencillo, si un ente gubernamental quería mayor presupuesto para sus gastos, tenía que mostrar antes de dónde saldría la plata para financiarlos. Esta regla buscaba impedir el crecimiento del gasto, a menos que se tuvieran los recursos para ello.
Pero, ¿qué pasó? Nueve meses después, en diciembre del 2015, simplemente el Consejo de Gobierno tomó la decisión de quitar aquella limitación previa, a fin de “agilizar la gestión de las entidades” y “colaborar en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.” Sencillamente: se quitó el freno y, por ende, el gobierno podría seguir gastando sin tener que determinar de dónde provendría la plata para financiarlo.
El periódico menciona varios ejemplos -muy claros, por cierto- de lo sucedido después de que la decisión del gobierno se publicó en La Gaceta del 15 de enero de este año, avalada tanto por el presidente Solís como por su ministro de Hacienda, Elio Fallas, eliminando la restricción al gasto público antes mencionada.
Uno es el incremento en el tope del gasto en marzo pasado al “Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en ₡2.237 millones para financiar el proyecto de Prevención de Accidentes de Tránsito Fatales en las Rutas de la Muerte.” Otro fue el aumento en marzo de “₡3.980 millones en el presupuesto del Cuerpo de Bomberos.” El mes previo, “el Teatro Melico Salazar, adscrito al Ministerio de Cultura, pidió acrecentar su presupuesto en ₡36 millones para financiar el denominado Concurso de Puesta en Escena de la Compañía Nacional de Teatro.” Demostraron que, al fin de cuentas, el verdadero propósito del gobierno no era la directriz inicial de controlar el gasto, sino que ahora, para cualquier cosa, se podría aumentar el presupuesto de gastos.
Tal decisión refleja la verdadera consistencia en este gobierno: serlo con el aumento del gasto no importando regla alguna previa para su control, ni la existencia de un déficit aproximado a un 6% del PIB o que se incumpla “la palabra” ladinamente expuesta en un debate previo a las elecciones, de no aumentar el gasto, sino reducirlo, antes de poner impuestos. Es una política de fe ilimitada en el gasto estatal para suplir lo que los políticos consideran necesario que tengan los ciudadanos y no lo que ellos quisieran por sí mismos. Yace en los genes de la agrupación política gobernante: gastar y gastar y gastar, aunque no haya plata para ello. Y si aparece ésta -para eso quieren poner nuevos y mayores gravámenes- pues mejor, porque “coyol quebrado, coyol comido”; cinco que entra al gobierno, cinco que hay que gastarlo. Frenar el déficit, como lo han dicho, es más que una prédica falsa. Lo que quiere es más plata, para gastar más. En esto, el gobierno es totalmente consistente. Su inconsistencia está en las falsas promesas de disciplina fiscal, usadas tan sólo para extraer más recursos de la economía privada para satisfacer sus fundamentos ideológicos.
Publicado el 7 de junio en el sitio de ASOJOD y en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en los sitios de Facebook de jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad.