Jorge Corrales Quesada
24/05/2016, 09:11
LA CONFUSA IMAGINACIÓN TRIBUTARIA
Por Jorge Corrales Quesada
La propuesta reciente de la ministra de planificación de crear un impuesto es bien clara en su alcance tributario: está contenido en el proyecto de ley “Desarrollo Regional de Costa Rica”, que fue presentado a la Asamblea Legislativa como un gravamen a las movilizaciones (eufemismo por transacciones) financieras por medio del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos. Ridículamente en MIDEPLAN escriben las siglas de dicho sistema como SIMPE; con la requerida buena ortografía que exige que “antes de b y p, m pondrás”, pero, en este caso, se trata de siglas, en donde la M no es la primera letra de la palabra Nacional. Si es que este proyecto podría servir de algo, lo es si promueve una discusión razonada de lingüistas y filólogos acerca de si se escribe SINPE, como aparece en los documentos del Banco Central para definir el Sistema Nacional de Pagos, o bien SIMPE como lo escribe el culto redactor de MIDEPLAN. Por lo demás, dicho proyecto asombra por su vaciedad.
La esencia tributaria de la propuesta es la creación de un nuevo impuesto de un 0,02% sobre el monto de cada transacción financiera que se lleva a cabo mediante el SINPE, que es una plataforma tecnológica creada por el Banco Central “para facilitar la transferencia y circulación de dineros entre agentes (personas e instituciones públicas y privadas) en la economía.” Esos agentes la utilizan no sólo porque permite transferir eficientemente dineros entre las partes, sino porque lo hacen de forma segura y por eso su costo ha sido aceptado por quienes la usan ante los beneficios que les suministra.
Ese 0,02% -porcentaje que aparece inocentemente como algo chiquito- se aplica a cada transacción financiera mayor a ₡100.000, en el momento en que se hace la transacción por medio de SINPE. De allí provendrán los recursos para crear lo que considero constituye una multitud de JAPDEVAS que se crearían alrededor de todo el país y que la burocracia gubernamental denomina, en su proyecto de ley No. 19959, como “sistema de desarrollo regional de Costa Rica”.
Veamos algunos ejemplos sencillos de casos en que operaría dicho impuesto. Suponga que usted recibe un salario de un millón de colones al mes. Si es un empleado del estado o de una empresa privada o de un patrono, que depositan esos fondos por medio del hoy muy utilizado sistema de pagos SINPE, de entrada a ese patrón se le cobrará un 0,02%; esto es, ₡200.
Similarmente si luego usted paga, digamos ₡400.000, por su tarjeta de crédito utilizando al sistema SINPE (pues así no tendría que ir con un montón de plata a la oficina de la empresa de tarjetas), pagaría ₡80 por ese nuevo impuesto.
También, si usted recibe una pensión de la Caja, de, digamos, ₡800.000 al mes, en cada depósito que se le haga en su cuenta corriente por dicho motivo, la CCSS tendría que desembolsar ₡160 para enriquecer el fondo de desarrollo regional que el gobierno piensa realizar. Igual sería con cualquier pensión diferente de la de la Caja.
Si usted paga a una universidad privada por medio de SINPE, digamos ₡200.000, pues le quitarían ₡40 de entrada. De la misma forma, si usted es un empresario y paga en impuestos usando SINPE, digamos por un monto de 10 millones de colones, le capan ₡2000 de entrada.
Igualmente, si usted tiene que pagar a los bancos mensualmente por el préstamo que le dio en el pasado para que pudiera adquirir una casa o un carro, que digamos asciende a ₡500.000 de principal e intereses, pues le quitarán de entrada ₡100 cada mes.
¿Estamos ya claritos de cómo es que funciona el asalto que se nos pretende infligir?
De acuerdo con una estimación de la recaudación que hizo el ministerio de Hacienda por este impuesto -así consignada en el artículo de El Financiero del 26 de abril titulado “Impuesto a transacciones financieras generaría efectos mixtos,”- que dice que, en cuanto a dicho impuesto, “podría generarle al erario público ingresos frescos equivalentes a un 0,31% del Producto Interno Bruto (PIB)”, si el Banco Central estima que en el 2016 nuestro PIB llegaría ser de ₡27.437.498,3 millones, ese “pequeño (e inocente) gravamen” con la “bajita tasa del 0,02%”, podría ascender a la suma de ₡5.487,5 millones. Como ven, aquel pellizquito se convierte en un pellizcote.
No dudo que ese monto obtenido dará lugar a un olio grandioso: todo en nombre de un presunto desarrollo regional, que más bien huele a desarrollo de políticos y de agrupaciones sindicales que sin duda surgirán alimentadas por esas platas “frescas”.
En esencia, este no es un impuesto que vendría a reducir el déficit actual tan elevado del gobierno y que está pretendiendo cubrir con nuevos y mayores impuestos: todo eso se iría en financiar un nuevo sueño de opio de la burocracia dispendiosa; simplemente se usará para financiar un nuevo gasto gubernamental; nunca para reducir un déficit, lo cual sucedería si no se gastara y más bien se utilizara en compensar el desbalance fiscal, que se estima que el año entrante podría ascender a un 6% del PIB.
Adicionalmente, es claro que este impuesto significará una doble imposición: por una parte, a usted se le grava por los ingresos que recibe a cambio de su trabajo (por ejemplo, en un salario pagado por medio de SINPE). Pero, luego, si para sus gastos a partir de dicho ingreso, usted utiliza una tarjeta para pagar tales compras, al cancelar la obligación con la empresa de la tarjeta si lo hace por medio de SINPE, se le pone un impuesto por esa transferencia.
Por supuesto que el burócrata proponente de impuestos, le dirá que al “ser pagado por el patrono (ya sea el estado o una empresa), usted no lo está pagando.” Pero eso no es cierto y se le debe responder de inmediato al burócrata, que si no cree que el encarecimiento del salario que paga el patrono no se va a reflejar en una disminución de su demanda de mano de obra. Esto es, de todas maneras usted termina sufriendo el costo cuando disminuye el empleo.
En el análisis económico usual de las alternativas de diferentes impuestos indirectos, siempre se critica a un impuesto que opera “en cascada”. Esto es, que dado que el impuesto se aplica a las diversas fases, tales como productor, minorista y mayorista entre otras, que existen en un proceso productivo, en tanto que para los diversos pagos se utiliza el mecanismo de SINPE, el precio irá incorporando el mayor costo por este nuevo impuesto, conforme se avanza en cada etapa del proceso productivo. Finalmente, todo ello se refleja en el precio del producto final. El impuesto se aplica conforme se avanza en cada etapa del proceso productivo, pues en cada una de ellas se incorpora el costo previo mayor ocasionado por ese impuesto, por lo cual la base imponible crece conforme las etapas de producción se van dando una tras otra.
El problema no es tan sólo que se da un aumento mayor del precio final, sino que estimula una concentración de etapas en un proceso productivo, ocasionado por el impuesto, en vez de la estructura productiva por etapas previa, que resultaba de la eficiencia productiva de la especialización. Por tal razón es que los técnicos tributarios preferimos impuestos como el de ventas aplicado sólo en la etapa final o, bien, el llamado impuesto al valor agregado o IVA, el cual se aplica tan sólo al valor que se agrega en cada una de las etapas y no sobre el valor final de cada una de ellas.
Sin duda que un grave problema con este estulto impuesto que propone el ministerio de planificación, es que estimula, en el margen, a que haya una expansión del sector informal de la economía. Bien sabemos de la extensión amplia y creciente de nuestra economía subterránea, en donde por diversos costos regulatorios y tributarios impuestos por el estado, ocasiona que el empresario calcule el costo de la informalidad con los beneficios que obtiene de tal situación. Al aumentar dichos impuestos, aumenta la desventaja de la formalidad y, por tanto, más empresarios buscarán operar en la informalidad.
En adición, la idea tonta de un impuesto como éste, se demuestra cuando se tiene presente que una razón primordial para usar el mecanismo del SINPE es que disminuye el riesgo de las personas y las empresas y hasta del mismo estado, de ser objetos de robo cuando los pagos que hacen usando efectivo, que lo trasladamos en los bolsillos o en bolsos o paquetes y similares, en vez de poder hacerlo en la privacidad por medio de una computadora, como es mediante SINPE. Somos conscientes del avance de la delincuencia en nuestro país, la cual, no dudo, celebrará si es que se pone ese impuesto absurdo, pues ahora los ciudadanos andarán en las calles con bolsillos llenos de plata para poder realizar transacciones que hoy hacen con toda la seguridad requerida, por medio de una transferencia bancaria. El incentivo es claro para que, con ese impuesto, se use el efectivo para realizar todo tipo de transacciones, lo cual sin duda que es parte del corazón económico del lavado de dinero.
Este nuevo impuesto nos permite pensar que estamos viviendo en un período en el cual el gobierno está pensando en cargarnos de impuestos por respirar, por dar del cuerpo, por toser, por estornudar, por hacer el amor, entre otros. Ante esa “tagaroteada” impositiva de este gobierno, que anda desesperado por agarrar plata de los ciudadanos a cómo sea y de dónde sea -y que lo ejemplifica el absurdo proyecto de ley propuesto por MIDEPLAN- hasta el propio viceministro de ingresos del ministerio de Hacienda, señor don Fernando Rodríguez, con buen tino técnico y mayor político, manifestó que una de las razones para oponerse a ese gravamen es que “se produce un efecto de desbancarización (esto es, dejar de usar esquemas de pagos por medio de los bancos comerciales), en lugar de contribuir con la lucha contra la evasión en IVA (impuesto al valor agregado) y renta, estaríamos incentivándolo.” Bien dicho y mejor señalados los efectos esperados de ese mamotreto tributario. Dicha declaración aparece en La Nación del 17 de mayo (y una corrección vía fe de errores el 18 de mayo en dicho medio), en el artículo titulado “Viceministro contra tributo a transferencias electrónicas: Fernando Rodríguez, de Ingresos, objeta impuesto de ₡20 por giro interbancario de ₡100.000.”
Finalmente, enfatizo y reitero el grado de cinismo al cual se está llegando en nuestro país, cuando el gobierno propone como algo vital aumentar los impuestos para reducir el déficit, pero, por otro lado, nos propone nuevos impuestos como el descrito, lo cual no se usará para reducir el déficit, sino para financiar un nuevo gasto, que incluso es altamente cuestionable. No habrá con dicho gravamen, ninguna reducción del déficit; lo que le interesa al gobierno es gastar más y más y por ello es que propone mayores impuestos como ese.
Publicado en los sitios de ASOJOD, de los blogs del Instituto Libertad y de TodoPeriodismo, así como en los míos de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 24 de mayo del 2016.
Por Jorge Corrales Quesada
La propuesta reciente de la ministra de planificación de crear un impuesto es bien clara en su alcance tributario: está contenido en el proyecto de ley “Desarrollo Regional de Costa Rica”, que fue presentado a la Asamblea Legislativa como un gravamen a las movilizaciones (eufemismo por transacciones) financieras por medio del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos. Ridículamente en MIDEPLAN escriben las siglas de dicho sistema como SIMPE; con la requerida buena ortografía que exige que “antes de b y p, m pondrás”, pero, en este caso, se trata de siglas, en donde la M no es la primera letra de la palabra Nacional. Si es que este proyecto podría servir de algo, lo es si promueve una discusión razonada de lingüistas y filólogos acerca de si se escribe SINPE, como aparece en los documentos del Banco Central para definir el Sistema Nacional de Pagos, o bien SIMPE como lo escribe el culto redactor de MIDEPLAN. Por lo demás, dicho proyecto asombra por su vaciedad.
La esencia tributaria de la propuesta es la creación de un nuevo impuesto de un 0,02% sobre el monto de cada transacción financiera que se lleva a cabo mediante el SINPE, que es una plataforma tecnológica creada por el Banco Central “para facilitar la transferencia y circulación de dineros entre agentes (personas e instituciones públicas y privadas) en la economía.” Esos agentes la utilizan no sólo porque permite transferir eficientemente dineros entre las partes, sino porque lo hacen de forma segura y por eso su costo ha sido aceptado por quienes la usan ante los beneficios que les suministra.
Ese 0,02% -porcentaje que aparece inocentemente como algo chiquito- se aplica a cada transacción financiera mayor a ₡100.000, en el momento en que se hace la transacción por medio de SINPE. De allí provendrán los recursos para crear lo que considero constituye una multitud de JAPDEVAS que se crearían alrededor de todo el país y que la burocracia gubernamental denomina, en su proyecto de ley No. 19959, como “sistema de desarrollo regional de Costa Rica”.
Veamos algunos ejemplos sencillos de casos en que operaría dicho impuesto. Suponga que usted recibe un salario de un millón de colones al mes. Si es un empleado del estado o de una empresa privada o de un patrono, que depositan esos fondos por medio del hoy muy utilizado sistema de pagos SINPE, de entrada a ese patrón se le cobrará un 0,02%; esto es, ₡200.
Similarmente si luego usted paga, digamos ₡400.000, por su tarjeta de crédito utilizando al sistema SINPE (pues así no tendría que ir con un montón de plata a la oficina de la empresa de tarjetas), pagaría ₡80 por ese nuevo impuesto.
También, si usted recibe una pensión de la Caja, de, digamos, ₡800.000 al mes, en cada depósito que se le haga en su cuenta corriente por dicho motivo, la CCSS tendría que desembolsar ₡160 para enriquecer el fondo de desarrollo regional que el gobierno piensa realizar. Igual sería con cualquier pensión diferente de la de la Caja.
Si usted paga a una universidad privada por medio de SINPE, digamos ₡200.000, pues le quitarían ₡40 de entrada. De la misma forma, si usted es un empresario y paga en impuestos usando SINPE, digamos por un monto de 10 millones de colones, le capan ₡2000 de entrada.
Igualmente, si usted tiene que pagar a los bancos mensualmente por el préstamo que le dio en el pasado para que pudiera adquirir una casa o un carro, que digamos asciende a ₡500.000 de principal e intereses, pues le quitarán de entrada ₡100 cada mes.
¿Estamos ya claritos de cómo es que funciona el asalto que se nos pretende infligir?
De acuerdo con una estimación de la recaudación que hizo el ministerio de Hacienda por este impuesto -así consignada en el artículo de El Financiero del 26 de abril titulado “Impuesto a transacciones financieras generaría efectos mixtos,”- que dice que, en cuanto a dicho impuesto, “podría generarle al erario público ingresos frescos equivalentes a un 0,31% del Producto Interno Bruto (PIB)”, si el Banco Central estima que en el 2016 nuestro PIB llegaría ser de ₡27.437.498,3 millones, ese “pequeño (e inocente) gravamen” con la “bajita tasa del 0,02%”, podría ascender a la suma de ₡5.487,5 millones. Como ven, aquel pellizquito se convierte en un pellizcote.
No dudo que ese monto obtenido dará lugar a un olio grandioso: todo en nombre de un presunto desarrollo regional, que más bien huele a desarrollo de políticos y de agrupaciones sindicales que sin duda surgirán alimentadas por esas platas “frescas”.
En esencia, este no es un impuesto que vendría a reducir el déficit actual tan elevado del gobierno y que está pretendiendo cubrir con nuevos y mayores impuestos: todo eso se iría en financiar un nuevo sueño de opio de la burocracia dispendiosa; simplemente se usará para financiar un nuevo gasto gubernamental; nunca para reducir un déficit, lo cual sucedería si no se gastara y más bien se utilizara en compensar el desbalance fiscal, que se estima que el año entrante podría ascender a un 6% del PIB.
Adicionalmente, es claro que este impuesto significará una doble imposición: por una parte, a usted se le grava por los ingresos que recibe a cambio de su trabajo (por ejemplo, en un salario pagado por medio de SINPE). Pero, luego, si para sus gastos a partir de dicho ingreso, usted utiliza una tarjeta para pagar tales compras, al cancelar la obligación con la empresa de la tarjeta si lo hace por medio de SINPE, se le pone un impuesto por esa transferencia.
Por supuesto que el burócrata proponente de impuestos, le dirá que al “ser pagado por el patrono (ya sea el estado o una empresa), usted no lo está pagando.” Pero eso no es cierto y se le debe responder de inmediato al burócrata, que si no cree que el encarecimiento del salario que paga el patrono no se va a reflejar en una disminución de su demanda de mano de obra. Esto es, de todas maneras usted termina sufriendo el costo cuando disminuye el empleo.
En el análisis económico usual de las alternativas de diferentes impuestos indirectos, siempre se critica a un impuesto que opera “en cascada”. Esto es, que dado que el impuesto se aplica a las diversas fases, tales como productor, minorista y mayorista entre otras, que existen en un proceso productivo, en tanto que para los diversos pagos se utiliza el mecanismo de SINPE, el precio irá incorporando el mayor costo por este nuevo impuesto, conforme se avanza en cada etapa del proceso productivo. Finalmente, todo ello se refleja en el precio del producto final. El impuesto se aplica conforme se avanza en cada etapa del proceso productivo, pues en cada una de ellas se incorpora el costo previo mayor ocasionado por ese impuesto, por lo cual la base imponible crece conforme las etapas de producción se van dando una tras otra.
El problema no es tan sólo que se da un aumento mayor del precio final, sino que estimula una concentración de etapas en un proceso productivo, ocasionado por el impuesto, en vez de la estructura productiva por etapas previa, que resultaba de la eficiencia productiva de la especialización. Por tal razón es que los técnicos tributarios preferimos impuestos como el de ventas aplicado sólo en la etapa final o, bien, el llamado impuesto al valor agregado o IVA, el cual se aplica tan sólo al valor que se agrega en cada una de las etapas y no sobre el valor final de cada una de ellas.
Sin duda que un grave problema con este estulto impuesto que propone el ministerio de planificación, es que estimula, en el margen, a que haya una expansión del sector informal de la economía. Bien sabemos de la extensión amplia y creciente de nuestra economía subterránea, en donde por diversos costos regulatorios y tributarios impuestos por el estado, ocasiona que el empresario calcule el costo de la informalidad con los beneficios que obtiene de tal situación. Al aumentar dichos impuestos, aumenta la desventaja de la formalidad y, por tanto, más empresarios buscarán operar en la informalidad.
En adición, la idea tonta de un impuesto como éste, se demuestra cuando se tiene presente que una razón primordial para usar el mecanismo del SINPE es que disminuye el riesgo de las personas y las empresas y hasta del mismo estado, de ser objetos de robo cuando los pagos que hacen usando efectivo, que lo trasladamos en los bolsillos o en bolsos o paquetes y similares, en vez de poder hacerlo en la privacidad por medio de una computadora, como es mediante SINPE. Somos conscientes del avance de la delincuencia en nuestro país, la cual, no dudo, celebrará si es que se pone ese impuesto absurdo, pues ahora los ciudadanos andarán en las calles con bolsillos llenos de plata para poder realizar transacciones que hoy hacen con toda la seguridad requerida, por medio de una transferencia bancaria. El incentivo es claro para que, con ese impuesto, se use el efectivo para realizar todo tipo de transacciones, lo cual sin duda que es parte del corazón económico del lavado de dinero.
Este nuevo impuesto nos permite pensar que estamos viviendo en un período en el cual el gobierno está pensando en cargarnos de impuestos por respirar, por dar del cuerpo, por toser, por estornudar, por hacer el amor, entre otros. Ante esa “tagaroteada” impositiva de este gobierno, que anda desesperado por agarrar plata de los ciudadanos a cómo sea y de dónde sea -y que lo ejemplifica el absurdo proyecto de ley propuesto por MIDEPLAN- hasta el propio viceministro de ingresos del ministerio de Hacienda, señor don Fernando Rodríguez, con buen tino técnico y mayor político, manifestó que una de las razones para oponerse a ese gravamen es que “se produce un efecto de desbancarización (esto es, dejar de usar esquemas de pagos por medio de los bancos comerciales), en lugar de contribuir con la lucha contra la evasión en IVA (impuesto al valor agregado) y renta, estaríamos incentivándolo.” Bien dicho y mejor señalados los efectos esperados de ese mamotreto tributario. Dicha declaración aparece en La Nación del 17 de mayo (y una corrección vía fe de errores el 18 de mayo en dicho medio), en el artículo titulado “Viceministro contra tributo a transferencias electrónicas: Fernando Rodríguez, de Ingresos, objeta impuesto de ₡20 por giro interbancario de ₡100.000.”
Finalmente, enfatizo y reitero el grado de cinismo al cual se está llegando en nuestro país, cuando el gobierno propone como algo vital aumentar los impuestos para reducir el déficit, pero, por otro lado, nos propone nuevos impuestos como el descrito, lo cual no se usará para reducir el déficit, sino para financiar un nuevo gasto, que incluso es altamente cuestionable. No habrá con dicho gravamen, ninguna reducción del déficit; lo que le interesa al gobierno es gastar más y más y por ello es que propone mayores impuestos como ese.
Publicado en los sitios de ASOJOD, de los blogs del Instituto Libertad y de TodoPeriodismo, así como en los míos de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 24 de mayo del 2016.