Jorge Corrales Quesada
23/05/2016, 10:32
EL ESTADO INEFICIENTE-LOS COSTOS DE NUESTRA REGULACIÓN
Por Jorge Corrales Quesada
La regulación en nuestro país no se circunscribe a la que la Autoridad Reguladora de Servicios Público (ARESEP) lleva a cabo en torno a la provisión de servicios públicos. El concepto es más amplio. En general la regulación se refiere a la serie de requisitos que el gobierno suele poner sobre las personas y empresas privadas con el propósito de que estos cumplan con los objetivos de los gobernantes. Ejemplos, tal regulación abarca la fijación de precios, la provisión de ciertos servicios de una calidad y precio determinados, así como un ambiente laboral adecuado en cuanto a seguridad. La amplia gama regulatoria la vemos en nuestro país, por ejemplo, en las fijaciones que hace ARESEP en cuanto a los costos de los servicios de agua potable, acueductos, electricidad, autobuses, taxis, combustibles, puertos, aeropuertos, alcantarillados, trenes, revisión del estado mecánico de vehículos, peajes, hidrantes, riego y avenamiento, alumbrado, piscicultura, basura (residuos sólidos), cabotaje, correos, estiba y descarga. Intuitivamente la primera pregunta natural es si esa entidad abarca mucho y tal vez poco aprieta. Pero, no hay duda de que se regula una parte muy significativa de la economía.
La regulación no se limita a lo que hace ARESEP. También las municipalidades tienen otras regulaciones, como permisos de construcción, aceras, patentes, permisos para que los negocios funcionen, entre muchas otras cosas, además de impuestos.
También otros entes públicos o cuasi-públicos ponen regulaciones, como creo que es el caso del Cuerpo de Bomberos, aunque puedo equivocarme, en cuanto a cilindros de gas y estado de la electricidad de ciertas edificaciones. El ministerio de Educación regula mediante permisos para poner instituciones escolares privadas y valora su estado físico, los libros que se deben de utilizar en las escuelas, los alimentos que se pueden vender en ellas, como parte de su supervisión. No olvidemos al ministerio de Salud, que regula espacios en que se puede fumar o las medicinas que se pueden consumir y muchos productos medicinales importados, así como producidos en el país. Hay regulaciones de urbanizaciones, condominios, entre otros. También es notoria la regulación financiera en el país por parte de muchas, sí, muchas, instituciones estatales, al amparo en gran parte del Banco Central. Asimismo, tenemos regulaciones no directamente del estado, pero sí por entidades llamémoslas cuasi-públicas, como son los colegios profesionales, los cuales regulan las tarifas y muchas otras cosas relacionadas con la prestación de servicios de profesionales.
Resalto que hay una notable área de acción de las personas y de la empresa privada que está sujeta a regulaciones estatales de la índole más diversa en cuanto a sus decisiones de producir o de consumir. Algún día alguien publicará el inventario de todas las regulaciones de nuestro país… y será una obra voluminosa.
Los economistas usualmente solemos señalar que hay dos tipos de regulación. Una llamada regulación económica, que se refiere a limitaciones para la entrada a participar en un negocio (por ejemplo, tener una patente o tener un permiso para operar un taxi), así como controles de precios (tarifas de buses, trenes, cobro de aeropuertos, entre muchos otros y tarifas de telefonía y electricidad y también aquí entran muchos casos de regulación de precios de parte de colegios profesionales).
La otra tiene que ver con lo que algunos denominan “regulación social”, que trata de definir la conducta de empresas privadas en casos en que el estado considera que hay un fracaso del mercado. Tal es, por ejemplo, el caso de externalidades negativas, en donde los costos de la empresa que las produce no incorporan dentro de ellos los costos que su actividad impone sobre terceros. (Por ejemplo, son las usuales regulaciones para que una empresa no lance desechos tóxicos a los ríos o al aire y que dañan a vecinos). Aquí el gobierno suele definir estándares, como, por ejemplo, cuando prohíbe ruidos excesivamente fuertes y permanentes de una empresa que se ubica en barrios residenciales o cuando exige cierto tipo de válvulas para cilindros de gas para evitar explosiones. Este segundo tipo de regulación incorpora la necesidad de que las empresas revelen calza toda la información para las personas, por ejemplo, en cuanto a tasas de interés y otros en contratos financieros, pues muchas personas no tienen la información debida que les permita hacer elecciones con base en un buen conocimiento. Lo mismo es el caso de la exigencia de instructivos en las medicinas.
Por lo general, los economistas han estado de acuerdo con la regulación (vean que digo en general; no siempre) en caso de prácticas no competitivas, siendo el caso más claro el de un producto producido por una o dos empresas que se coaligan para imponer un precio superior en el mercado, comparado con aquel que surgiría en caso de competencia. Asimismo, en el marco de la conveniencia de abrir a la competencia ciertas actividades, a veces se considera necesario cuidar la calidad del entrante al mercado. Tal es el caso, por ejemplo, de cuidar que un banco que ingresa al mercado financiero lo haga con un capital suficiente. Ya sé, se podrá preguntar de cuánto y quien lo define, pero lo usual es esa regulación financiera.
Igualmente, con frecuencia los economistas han señalado que la regulación tiene costos. Esto es interesante, especialmente cuando se habla del “fracaso del mercado”, pues hay un paralelo con el “fracaso del estado”. La intervención regulatoria del estado puede ser muy costosa, incluso más que el supuesto daño social del fracaso del mercado.
Asimismo, los economistas han insistido que se debe minimizar el costo al cual se puede lograr el objetivo dado de la regulación. Por ejemplo, a veces hay regulaciones que insisten en que las empresas deberían de usar tal o cual tecnología, pero suele ser más eficiente -que significa un menor costo- cuando la regulación señala el estándar que deben lograr y que sean las empresas las que tomen la decisión acerca de cómo lograrlo.
De igual forma, han impulsado la posibilidad de que las empresas puedan intercambiar las obligaciones de cumplimiento que se les piden, con obligaciones de cumplimiento de parte de otras. Así, en conjunto, podría ser menor el costo total de obtener esa producción buscada por la regulación.
Por otra parte, es muy posible que la regulación sea considerada como una mejor alternativa en vez del gasto directo del estado usado para resolver alguno de los presuntos fracasos del mercado.
No se debe soslayar el hecho de que la regulación puede tener efectos negativos en la economía, pues obliga a las empresas a que utilicen los recursos escasos de manera menos eficiente, lo cual se traduce en una reducción de salarios, aumentos de precios o ambos, lo cual rebaja los estándares de vida de trabajadores y consumidores. No es extraño que la regulación pueda empeorar la situación que pretendió resolver.
El tema regulatorio no concluye aquí. Se ha demostrado (y lo hemos vivido) casos en que los organismos encargados de la regulación son capturados por aquellos quienes se pretende regular. La regulación que supuestamente se introduce con el fin de que no disminuya el bienestar social derivado de una actuación no competitiva, por ejemplo, más bien termina favoreciendo las utilidades de las empresas reguladas. La regulación termina siendo pro-productor y no para beneficio de los consumidores, por ejemplo. Caso: la regulación de las placas de taxi en el país.
La intervención de estado es innata al proceso regulatorio. Por eso, es posible que haya demandas de grupos de interés de productores para hacer máximos sus ingresos con la regulación (ejemplos: regular la entrada a competir en un mercado; poner políticas de control de precios que hagan que la actividad no sea relativamente rentable para un entrante potencial e incluso el caso directo de regulaciones concretas que dan protección al existente pero no al entrante: ¿qué tal la garantía del estado a depósitos en poderosas empresas públicas que ya existen en el sector bancario comercial, mas no a las privadas que también operan en ese mercado?).
Esa demanda lo que busca es que haya una transferencia de riqueza de algún grupo (frecuentemente consumidores) hacia grupos específicos de productores. Los grupos demandan tal producción a cambio de satisfacer el deseo de funcionarios gubernamentales de permanecer en sus puestos y para ello les dan el apoyo político requerido. Hay grupos de interés que compiten ofreciendo apoyo político a cambio de que se presente legislación que les favorezca en sus intereses.
Ante esa situación, los grupos más pequeños y más organizados están en capacidad de invertir más plata en la consecución de la regulación, dado que los principalmente afectados -usualmente los consumidores- suelen estar menos organizados y a que generalmente los montos extra que individualmente deben pagar significan relativamente menos en sus presupuestos, mientras que el beneficio concentrado es muy elevado y va a dar a aquellas pocas manos. Pensemos en nuestra regulación en granos básicos, principalmente arroz, leche y azúcar, como ejemplos: ¿Quién se va a quejar y dedicar de su plata para luchar contra un sobreprecio relativamente pequeño en el producto que compra? Por supuesto que el beneficiario, quien recibe una gran parte del monto total del sobreprecio en la economía, sí dedicará recursos y esfuerzos para que se dé tal regulación.
Por todas estas y otras consideraciones, si se piensa deseable que haya algún tipo de regulación, esta debe lograrse después de una indispensable comparación de los beneficios que se esperan lograr (y que las propuestas regulatorias sean lo menos distorsionantes o que aumenten menos el costo de lograr tal regulación), con los costos que introduce la regulación en sí. Pregúntese el amigo lector ¿cuándo en nuestro país, en donde con suma frecuencia se adoptan regulaciones de la más diversa índole, se formulado tal comparación esencial de sus costos y sus beneficios? Francamente -puedo estar equivocado- no conozco caso alguno de tal comparación y análisis efectuado antes de legislar la regulación propuesta.
Si bien es claro que la distorsión en la asignación de recursos no es el único costo de la regulación, también el estado cobra tarifas o cánones a los regulados, que muy posiblemente serán trasladados a los consumidores de una u otra manera. En nuestro medio, el más notorio regulador y cobrador por dichos servicios es la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). Este aspecto específico será objeto del resto de mi comentario.
La Nación del 13 de enero consigna ese tema importante de analizar, bajo el título “ARESEP aumentó en 32% en dos años cobro por regular tarifas: Control sobre combustibles, luz, agua, buses y taxis sube a ₡14.000 millones”. Concretamente, se refiere a una parte muy importante de los costos en el país de la regulación (obviamente el costo total sería hipotéticamente el presupuesto total de dicha entidad, que es la demanda que efectivamente se hace de recursos de la economía; el mencionado sería un costo que es directamente trasladado a los regulados).
Se señala que, provenientes del cobro de cánones a aproximadamente “70 firmas que brindan servicios de agua, luz, combustibles, taxi y bus,” de acuerdo con “el artículo 59” de la Ley de ARESEP, esta recibirá en el 2015 ₡14.401 millones más que en el 2014. El medio señala que “es el único ingreso que tiene ARESEP para costear sus tareas y gastos en salarios de 287 empleados y el alquiler de su edificio en Escazú.” Eso de único tan sólo se podría comprobar en su presupuesto de gastos para ver dos cosas; si efectivamente no le entran ingresos de otras partes, por ejemplo, transferencias del estado y otros cobros a terceros, así como para ver en qué se gastan efectivamente esos recursos y para ver si no es que tiene ingresos mayores que egresos, de manera que así se justificaría reducir el monto cobrado a quienes pagan los cánones. Acerca de esto último, la Contraloría General de la República ha señalado que, en la ARESEP en el 2014, se tuvo un superávit de ₡7.180 millones; esto es, mayores ingresos que gastos en ese monto multimillonario. El incentivo es muy claro para que la ARESEP gaste más. De hecho ya ha habido quejas de la ciudanía por los altos salarios y los edificios de lujo que tiene la ARESEP.
Lo más interesante es que esos cánones, en esos montos, son trasladados a los usuarios finales de los servicios regulados. Esto es, quien en verdad termina pagando el canon no es el que brinda el servicio (por ejemplo, RECOPE o el ICE, o las empresas de autobuses y taxis o el SNAA), sino todos nosotros los consumidores, pues la tarifa que se les autoriza cobrar a los usuarios de esos servicios, que fija la propia ARESEP, incorpora el costo de los cánones. Así, la ARESEP puede hacer casi lo que le dé la gana en cuanto a financiar sus gastos (incluso posiblemente no al costo, como lo atestiguan los excesos de ingresos sobre egresos), pues quienes podrían objetar ese pago de cánones, simplemente lo trasladan en el precio fijado que se cobra a los usuarios.
En su artículo el periódico da varios ejemplos de esto: “por cada ₡100 que paga un pasajero de autobús, ₡0,8 corresponden al canon; ₡0,5 por cada litro de combustible y de ₡0,45 por kilovatio de electricidad.” Alguien me dirá que “es muy poquitillo” y eso puede ser cierto si se mira el canon para esos montos concretos, pero la suma es mayor si la persona la considera para todo el consumo que hace de los productos anualmente. Aquellos montos “bajos” son obviamente mucho menores que el cobro total de cánones por ₡14.401 millones para la economía como un todo. Vean qué parecido es aquel argumento al que algunos dicen, cuando señalan que “unos cuantos pesos de más por el kilo de arroz o de azúcar” para al consumidor no es nada: puede ser cierto para cada kilo que se compra; pero el total, que usualmente va a dar a relativamente pocos (comparados con los muchos consumidores), es sumamente elevado. Bárbaramente elevado…
Hay un enorme zorro en el gallinero con esto de la regulación y los cánones. A quien nos está matando es a los consumidores que deben pagar supuestamente tarifas reguladas y al costo, pero que en realidad no deberían de serlo tan altas al incorporar dichos cánones. La ineficiencia del estado es clara en este caso y de inmediato la Contraloría debería de intervenir en este asunto. Espero que ahora sí se medite en cuanto a que las regulaciones, antes de ser aprobadas y puestas en práctica, deben someterse a un análisis de si el costo que tienen para la sociedad es menor que los beneficios o aumento del bienestar que supuestamente tiene esa regulación.
Publicado en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad el 06 de mayo del 2016.
Por Jorge Corrales Quesada
La regulación en nuestro país no se circunscribe a la que la Autoridad Reguladora de Servicios Público (ARESEP) lleva a cabo en torno a la provisión de servicios públicos. El concepto es más amplio. En general la regulación se refiere a la serie de requisitos que el gobierno suele poner sobre las personas y empresas privadas con el propósito de que estos cumplan con los objetivos de los gobernantes. Ejemplos, tal regulación abarca la fijación de precios, la provisión de ciertos servicios de una calidad y precio determinados, así como un ambiente laboral adecuado en cuanto a seguridad. La amplia gama regulatoria la vemos en nuestro país, por ejemplo, en las fijaciones que hace ARESEP en cuanto a los costos de los servicios de agua potable, acueductos, electricidad, autobuses, taxis, combustibles, puertos, aeropuertos, alcantarillados, trenes, revisión del estado mecánico de vehículos, peajes, hidrantes, riego y avenamiento, alumbrado, piscicultura, basura (residuos sólidos), cabotaje, correos, estiba y descarga. Intuitivamente la primera pregunta natural es si esa entidad abarca mucho y tal vez poco aprieta. Pero, no hay duda de que se regula una parte muy significativa de la economía.
La regulación no se limita a lo que hace ARESEP. También las municipalidades tienen otras regulaciones, como permisos de construcción, aceras, patentes, permisos para que los negocios funcionen, entre muchas otras cosas, además de impuestos.
También otros entes públicos o cuasi-públicos ponen regulaciones, como creo que es el caso del Cuerpo de Bomberos, aunque puedo equivocarme, en cuanto a cilindros de gas y estado de la electricidad de ciertas edificaciones. El ministerio de Educación regula mediante permisos para poner instituciones escolares privadas y valora su estado físico, los libros que se deben de utilizar en las escuelas, los alimentos que se pueden vender en ellas, como parte de su supervisión. No olvidemos al ministerio de Salud, que regula espacios en que se puede fumar o las medicinas que se pueden consumir y muchos productos medicinales importados, así como producidos en el país. Hay regulaciones de urbanizaciones, condominios, entre otros. También es notoria la regulación financiera en el país por parte de muchas, sí, muchas, instituciones estatales, al amparo en gran parte del Banco Central. Asimismo, tenemos regulaciones no directamente del estado, pero sí por entidades llamémoslas cuasi-públicas, como son los colegios profesionales, los cuales regulan las tarifas y muchas otras cosas relacionadas con la prestación de servicios de profesionales.
Resalto que hay una notable área de acción de las personas y de la empresa privada que está sujeta a regulaciones estatales de la índole más diversa en cuanto a sus decisiones de producir o de consumir. Algún día alguien publicará el inventario de todas las regulaciones de nuestro país… y será una obra voluminosa.
Los economistas usualmente solemos señalar que hay dos tipos de regulación. Una llamada regulación económica, que se refiere a limitaciones para la entrada a participar en un negocio (por ejemplo, tener una patente o tener un permiso para operar un taxi), así como controles de precios (tarifas de buses, trenes, cobro de aeropuertos, entre muchos otros y tarifas de telefonía y electricidad y también aquí entran muchos casos de regulación de precios de parte de colegios profesionales).
La otra tiene que ver con lo que algunos denominan “regulación social”, que trata de definir la conducta de empresas privadas en casos en que el estado considera que hay un fracaso del mercado. Tal es, por ejemplo, el caso de externalidades negativas, en donde los costos de la empresa que las produce no incorporan dentro de ellos los costos que su actividad impone sobre terceros. (Por ejemplo, son las usuales regulaciones para que una empresa no lance desechos tóxicos a los ríos o al aire y que dañan a vecinos). Aquí el gobierno suele definir estándares, como, por ejemplo, cuando prohíbe ruidos excesivamente fuertes y permanentes de una empresa que se ubica en barrios residenciales o cuando exige cierto tipo de válvulas para cilindros de gas para evitar explosiones. Este segundo tipo de regulación incorpora la necesidad de que las empresas revelen calza toda la información para las personas, por ejemplo, en cuanto a tasas de interés y otros en contratos financieros, pues muchas personas no tienen la información debida que les permita hacer elecciones con base en un buen conocimiento. Lo mismo es el caso de la exigencia de instructivos en las medicinas.
Por lo general, los economistas han estado de acuerdo con la regulación (vean que digo en general; no siempre) en caso de prácticas no competitivas, siendo el caso más claro el de un producto producido por una o dos empresas que se coaligan para imponer un precio superior en el mercado, comparado con aquel que surgiría en caso de competencia. Asimismo, en el marco de la conveniencia de abrir a la competencia ciertas actividades, a veces se considera necesario cuidar la calidad del entrante al mercado. Tal es el caso, por ejemplo, de cuidar que un banco que ingresa al mercado financiero lo haga con un capital suficiente. Ya sé, se podrá preguntar de cuánto y quien lo define, pero lo usual es esa regulación financiera.
Igualmente, con frecuencia los economistas han señalado que la regulación tiene costos. Esto es interesante, especialmente cuando se habla del “fracaso del mercado”, pues hay un paralelo con el “fracaso del estado”. La intervención regulatoria del estado puede ser muy costosa, incluso más que el supuesto daño social del fracaso del mercado.
Asimismo, los economistas han insistido que se debe minimizar el costo al cual se puede lograr el objetivo dado de la regulación. Por ejemplo, a veces hay regulaciones que insisten en que las empresas deberían de usar tal o cual tecnología, pero suele ser más eficiente -que significa un menor costo- cuando la regulación señala el estándar que deben lograr y que sean las empresas las que tomen la decisión acerca de cómo lograrlo.
De igual forma, han impulsado la posibilidad de que las empresas puedan intercambiar las obligaciones de cumplimiento que se les piden, con obligaciones de cumplimiento de parte de otras. Así, en conjunto, podría ser menor el costo total de obtener esa producción buscada por la regulación.
Por otra parte, es muy posible que la regulación sea considerada como una mejor alternativa en vez del gasto directo del estado usado para resolver alguno de los presuntos fracasos del mercado.
No se debe soslayar el hecho de que la regulación puede tener efectos negativos en la economía, pues obliga a las empresas a que utilicen los recursos escasos de manera menos eficiente, lo cual se traduce en una reducción de salarios, aumentos de precios o ambos, lo cual rebaja los estándares de vida de trabajadores y consumidores. No es extraño que la regulación pueda empeorar la situación que pretendió resolver.
El tema regulatorio no concluye aquí. Se ha demostrado (y lo hemos vivido) casos en que los organismos encargados de la regulación son capturados por aquellos quienes se pretende regular. La regulación que supuestamente se introduce con el fin de que no disminuya el bienestar social derivado de una actuación no competitiva, por ejemplo, más bien termina favoreciendo las utilidades de las empresas reguladas. La regulación termina siendo pro-productor y no para beneficio de los consumidores, por ejemplo. Caso: la regulación de las placas de taxi en el país.
La intervención de estado es innata al proceso regulatorio. Por eso, es posible que haya demandas de grupos de interés de productores para hacer máximos sus ingresos con la regulación (ejemplos: regular la entrada a competir en un mercado; poner políticas de control de precios que hagan que la actividad no sea relativamente rentable para un entrante potencial e incluso el caso directo de regulaciones concretas que dan protección al existente pero no al entrante: ¿qué tal la garantía del estado a depósitos en poderosas empresas públicas que ya existen en el sector bancario comercial, mas no a las privadas que también operan en ese mercado?).
Esa demanda lo que busca es que haya una transferencia de riqueza de algún grupo (frecuentemente consumidores) hacia grupos específicos de productores. Los grupos demandan tal producción a cambio de satisfacer el deseo de funcionarios gubernamentales de permanecer en sus puestos y para ello les dan el apoyo político requerido. Hay grupos de interés que compiten ofreciendo apoyo político a cambio de que se presente legislación que les favorezca en sus intereses.
Ante esa situación, los grupos más pequeños y más organizados están en capacidad de invertir más plata en la consecución de la regulación, dado que los principalmente afectados -usualmente los consumidores- suelen estar menos organizados y a que generalmente los montos extra que individualmente deben pagar significan relativamente menos en sus presupuestos, mientras que el beneficio concentrado es muy elevado y va a dar a aquellas pocas manos. Pensemos en nuestra regulación en granos básicos, principalmente arroz, leche y azúcar, como ejemplos: ¿Quién se va a quejar y dedicar de su plata para luchar contra un sobreprecio relativamente pequeño en el producto que compra? Por supuesto que el beneficiario, quien recibe una gran parte del monto total del sobreprecio en la economía, sí dedicará recursos y esfuerzos para que se dé tal regulación.
Por todas estas y otras consideraciones, si se piensa deseable que haya algún tipo de regulación, esta debe lograrse después de una indispensable comparación de los beneficios que se esperan lograr (y que las propuestas regulatorias sean lo menos distorsionantes o que aumenten menos el costo de lograr tal regulación), con los costos que introduce la regulación en sí. Pregúntese el amigo lector ¿cuándo en nuestro país, en donde con suma frecuencia se adoptan regulaciones de la más diversa índole, se formulado tal comparación esencial de sus costos y sus beneficios? Francamente -puedo estar equivocado- no conozco caso alguno de tal comparación y análisis efectuado antes de legislar la regulación propuesta.
Si bien es claro que la distorsión en la asignación de recursos no es el único costo de la regulación, también el estado cobra tarifas o cánones a los regulados, que muy posiblemente serán trasladados a los consumidores de una u otra manera. En nuestro medio, el más notorio regulador y cobrador por dichos servicios es la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). Este aspecto específico será objeto del resto de mi comentario.
La Nación del 13 de enero consigna ese tema importante de analizar, bajo el título “ARESEP aumentó en 32% en dos años cobro por regular tarifas: Control sobre combustibles, luz, agua, buses y taxis sube a ₡14.000 millones”. Concretamente, se refiere a una parte muy importante de los costos en el país de la regulación (obviamente el costo total sería hipotéticamente el presupuesto total de dicha entidad, que es la demanda que efectivamente se hace de recursos de la economía; el mencionado sería un costo que es directamente trasladado a los regulados).
Se señala que, provenientes del cobro de cánones a aproximadamente “70 firmas que brindan servicios de agua, luz, combustibles, taxi y bus,” de acuerdo con “el artículo 59” de la Ley de ARESEP, esta recibirá en el 2015 ₡14.401 millones más que en el 2014. El medio señala que “es el único ingreso que tiene ARESEP para costear sus tareas y gastos en salarios de 287 empleados y el alquiler de su edificio en Escazú.” Eso de único tan sólo se podría comprobar en su presupuesto de gastos para ver dos cosas; si efectivamente no le entran ingresos de otras partes, por ejemplo, transferencias del estado y otros cobros a terceros, así como para ver en qué se gastan efectivamente esos recursos y para ver si no es que tiene ingresos mayores que egresos, de manera que así se justificaría reducir el monto cobrado a quienes pagan los cánones. Acerca de esto último, la Contraloría General de la República ha señalado que, en la ARESEP en el 2014, se tuvo un superávit de ₡7.180 millones; esto es, mayores ingresos que gastos en ese monto multimillonario. El incentivo es muy claro para que la ARESEP gaste más. De hecho ya ha habido quejas de la ciudanía por los altos salarios y los edificios de lujo que tiene la ARESEP.
Lo más interesante es que esos cánones, en esos montos, son trasladados a los usuarios finales de los servicios regulados. Esto es, quien en verdad termina pagando el canon no es el que brinda el servicio (por ejemplo, RECOPE o el ICE, o las empresas de autobuses y taxis o el SNAA), sino todos nosotros los consumidores, pues la tarifa que se les autoriza cobrar a los usuarios de esos servicios, que fija la propia ARESEP, incorpora el costo de los cánones. Así, la ARESEP puede hacer casi lo que le dé la gana en cuanto a financiar sus gastos (incluso posiblemente no al costo, como lo atestiguan los excesos de ingresos sobre egresos), pues quienes podrían objetar ese pago de cánones, simplemente lo trasladan en el precio fijado que se cobra a los usuarios.
En su artículo el periódico da varios ejemplos de esto: “por cada ₡100 que paga un pasajero de autobús, ₡0,8 corresponden al canon; ₡0,5 por cada litro de combustible y de ₡0,45 por kilovatio de electricidad.” Alguien me dirá que “es muy poquitillo” y eso puede ser cierto si se mira el canon para esos montos concretos, pero la suma es mayor si la persona la considera para todo el consumo que hace de los productos anualmente. Aquellos montos “bajos” son obviamente mucho menores que el cobro total de cánones por ₡14.401 millones para la economía como un todo. Vean qué parecido es aquel argumento al que algunos dicen, cuando señalan que “unos cuantos pesos de más por el kilo de arroz o de azúcar” para al consumidor no es nada: puede ser cierto para cada kilo que se compra; pero el total, que usualmente va a dar a relativamente pocos (comparados con los muchos consumidores), es sumamente elevado. Bárbaramente elevado…
Hay un enorme zorro en el gallinero con esto de la regulación y los cánones. A quien nos está matando es a los consumidores que deben pagar supuestamente tarifas reguladas y al costo, pero que en realidad no deberían de serlo tan altas al incorporar dichos cánones. La ineficiencia del estado es clara en este caso y de inmediato la Contraloría debería de intervenir en este asunto. Espero que ahora sí se medite en cuanto a que las regulaciones, antes de ser aprobadas y puestas en práctica, deben someterse a un análisis de si el costo que tienen para la sociedad es menor que los beneficios o aumento del bienestar que supuestamente tiene esa regulación.
Publicado en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad el 06 de mayo del 2016.