Jorge Corrales Quesada
23/05/2016, 10:25
EL ESTADO INEFICIENTE-SUELDOS MÁS ALTOS AUNQUE SEA MENOR EL TRABAJO
Por Jorge Corrales Quesada
Esto debe ser explicado con suma delicadeza, no tanto por tratarse de temas administrativo-legales propios de una institución, el ICE, sino porque reviste de complejidad que de una manera u otra requiere de una resolución.
El caso lo expone La Nación del 14 de diciembre bajo el encabezado “ICE paga sueldos de jefe a trabajadores sin ese cargo: Al menos 273 funcionarios resultan beneficiados.” ¿Cómo es esto? Intentaré una explicación: en cierto momento el ICE, a principios de esta década o antes, llevó a cabo restructuraciones o algo similar de su administración. Cuando se llevaron a cabo, por las razones que sean, significó que personas que tenían remuneraciones acorde con cargos altos (jefaturas) fueron trasladadas a otras funciones distintas de esas jefaturas, en donde las tareas a realizar eran menos complejas que las previas. Pero, al hacerlo, estos “movilizados” conservaron el cargo previo más alto que tenían, así como el sueldo que percibían anteriormente (supuestamente más altos que los que corresponderían a las funciones nuevas con posiblemente menores responsabilidades y complejidad).
Imagino que el asunto llega a la palestra en la actualidad, si uno interpreta que hay un deseo de la institución de restringir gastos innecesarios y posiblemente irregulares, pues como bien lo indica el intendente de energía del ente regulatorio, ARESEP, don Juan Manuel Quesada, “preocupa la situación denunciada: esperamos que la administración del ICE atienda con responsabilidad esto. A ella le corresponde fijar las responsabilidades del caso y garantizar que los recursos se utilicen eficientemente.”
Aparentemente el criterio que ha primado en la dirección del ICE para mantener tal pago impropio de salarios de jefatura a funcionarios que ya no las desempeñan, fue por “razones de conveniencia institucional,” mantener la “paz laboral” y “evitar posibles procesos ilegales,” que sin duda puede significar un uso mayor de recursos de tiempo y dinero de parte del ICE. Lo interesante es que a lo interno de la institución han existido dos posiciones, una de ellas que indica que es necesario que se corrija la irregularidad señalada (provenientes de sendos informes de la Dirección de Consultoría y Procesos Judiciales del ICE, tanto en febrero del 2014 como reiteradamente en julio del 2015), en tanto que el otro proviene de la dirección jurídica del ICE, que enfatiza que, como resultado de un análisis de costo-beneficio (el beneficio del ahorro para el ICE si se pagaran esos salarios en el monto correcto o apropiado en contraste con posibles costos de litigios en contra del ICE, así como problemas de naturaleza de paz laboral).
Responsabilidades aparte de quienes hayan tomado las decisiones en el ICE, me parece muy conveniente que la Contraloría General de la República intervenga en el asunto, definiendo si el ICE tiene la posibilidad de arreglar tal situación impropia, basado en que están involucrados recursos públicos, que son objeto de su control en cuanto a un uso eficiente y correcto, o bien que la decisión tomada por la administración en la actualidad es discreción de la administración -esto es, que se mantenga la situación de 273 funcionarios que conservan el mayor salarios de los puestos de jefatura que desempeñaron previo a su desplazamiento, así como los mayores salarios que eso conlleva. Eso sí, que por el manejo responsable y correcto de los recursos públicos, la intervención de la Contraloría sea expedita, rápida, pues es necesario poner orden en un asunto que no nos parece adecuado.
Esto ha tenido un corolario interesante, el despido de un funcionario probo en el ICE, don Claudio Dittel, aparentemente por un grave delito: tratar de introducir algún grado de eficiencia mayor en el ICE, lo cual por supuesto que incomodó al establishment de esa institución, que lograron echarlo.
Publicado en Facebook el 21 de abril del 2016.
Por Jorge Corrales Quesada
Esto debe ser explicado con suma delicadeza, no tanto por tratarse de temas administrativo-legales propios de una institución, el ICE, sino porque reviste de complejidad que de una manera u otra requiere de una resolución.
El caso lo expone La Nación del 14 de diciembre bajo el encabezado “ICE paga sueldos de jefe a trabajadores sin ese cargo: Al menos 273 funcionarios resultan beneficiados.” ¿Cómo es esto? Intentaré una explicación: en cierto momento el ICE, a principios de esta década o antes, llevó a cabo restructuraciones o algo similar de su administración. Cuando se llevaron a cabo, por las razones que sean, significó que personas que tenían remuneraciones acorde con cargos altos (jefaturas) fueron trasladadas a otras funciones distintas de esas jefaturas, en donde las tareas a realizar eran menos complejas que las previas. Pero, al hacerlo, estos “movilizados” conservaron el cargo previo más alto que tenían, así como el sueldo que percibían anteriormente (supuestamente más altos que los que corresponderían a las funciones nuevas con posiblemente menores responsabilidades y complejidad).
Imagino que el asunto llega a la palestra en la actualidad, si uno interpreta que hay un deseo de la institución de restringir gastos innecesarios y posiblemente irregulares, pues como bien lo indica el intendente de energía del ente regulatorio, ARESEP, don Juan Manuel Quesada, “preocupa la situación denunciada: esperamos que la administración del ICE atienda con responsabilidad esto. A ella le corresponde fijar las responsabilidades del caso y garantizar que los recursos se utilicen eficientemente.”
Aparentemente el criterio que ha primado en la dirección del ICE para mantener tal pago impropio de salarios de jefatura a funcionarios que ya no las desempeñan, fue por “razones de conveniencia institucional,” mantener la “paz laboral” y “evitar posibles procesos ilegales,” que sin duda puede significar un uso mayor de recursos de tiempo y dinero de parte del ICE. Lo interesante es que a lo interno de la institución han existido dos posiciones, una de ellas que indica que es necesario que se corrija la irregularidad señalada (provenientes de sendos informes de la Dirección de Consultoría y Procesos Judiciales del ICE, tanto en febrero del 2014 como reiteradamente en julio del 2015), en tanto que el otro proviene de la dirección jurídica del ICE, que enfatiza que, como resultado de un análisis de costo-beneficio (el beneficio del ahorro para el ICE si se pagaran esos salarios en el monto correcto o apropiado en contraste con posibles costos de litigios en contra del ICE, así como problemas de naturaleza de paz laboral).
Responsabilidades aparte de quienes hayan tomado las decisiones en el ICE, me parece muy conveniente que la Contraloría General de la República intervenga en el asunto, definiendo si el ICE tiene la posibilidad de arreglar tal situación impropia, basado en que están involucrados recursos públicos, que son objeto de su control en cuanto a un uso eficiente y correcto, o bien que la decisión tomada por la administración en la actualidad es discreción de la administración -esto es, que se mantenga la situación de 273 funcionarios que conservan el mayor salarios de los puestos de jefatura que desempeñaron previo a su desplazamiento, así como los mayores salarios que eso conlleva. Eso sí, que por el manejo responsable y correcto de los recursos públicos, la intervención de la Contraloría sea expedita, rápida, pues es necesario poner orden en un asunto que no nos parece adecuado.
Esto ha tenido un corolario interesante, el despido de un funcionario probo en el ICE, don Claudio Dittel, aparentemente por un grave delito: tratar de introducir algún grado de eficiencia mayor en el ICE, lo cual por supuesto que incomodó al establishment de esa institución, que lograron echarlo.
Publicado en Facebook el 21 de abril del 2016.