Jorge Corrales Quesada
15/05/2016, 17:55
EL ESTADO INEFICIENTE-COBRAR EL MONTO DEBIDO
Por Jorge Corrales Quesada
De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República (CGR) de julio del 2015, algo indebido –no digo incorrecto o corrupto, sino inapropiado- está sucediendo con el manejo de los dineros de la Superintendencia de Telecomunicaciones, pues parece que allí prima el desorden en dos aspectos cruciales: Primero, que no hay una forma adecuada para determinar los costos que SUTEL efectúa para cobrar los llamados cánones, que son el recaudo que establece la SUTEL para cada uno de los operadores, a fin de que ese ente practique su función regulatoria. Entre los que pagan dicho canon están los proveedores de telefonía celular y de Internet. Hay un total de 122 operadores y proveedores de servicios de telecomunicación que deben de pagarlo. Por lo tanto, a los ojos de la Contraloría no está claro que lo que se paga como canon es lo que se debería de cobrar, de manera que el servicio regulatorio que da SUTEL lo sea bajo el principio de servicio al costo.
El problema es que no hay claridad en cuanto a que lo que recibe SUTEL por el canon es el monto efectivamente necesario para cumplir con su obligación regulatoria. La Nación, en su comentario del 8 de diciembre, bajo el titular “Contraloría señala caos en SUTEL con manejo de dinero: Superintendencia sobreestima costos de operación que les carga a operadores y usuarios,” pone como ejemplo de ese desorden, que la CGR “analizó el costo inicial de 15 proyectos ejecutados por la SUTEL entre los años 2012 y 2014… Identificó una sobrestimación de 46% entre el costo inicial y final que tuvieron los proyectos analizados. Así, de ₡2.309 millones estimados en la muestra de planes… al final solo se adjudicaron ₡1.249 millones; una diferencia de ₡1.959 millones.”
Estos últimos datos podrían aparentar ser irrelevantes, pero “esta sobreestimación ocasiona que la SUTEL calcule recursos en exceso [la diferencia entre lo que estima es el costo inicial estimado y lo efectivamente adjudicado] el cual es cobrado a los entes regulados como un canon. Señalo algo elemental: luego dicho canon nos es trasladado a las tarifas o a los costos de los servicios que esas entidades reguladas nos proveen.
Pero lo interesante del caso va más allá, porque ya en otra ocasión se indicó la existencia de superávits elevados en los últimos períodos presupuestarios de la SUTEL, lo cual podría reflejar esta situación de cobro en exceso de los cánones, más allá de un servicio al costo, que es la norma legalmente establecida.
En segundo lugar, y esto es también importante, la Contraloría señala que no se rinde cuentas claramente de en qué se usa el dinero del canon, particularmente en qué proyectos. De acuerdo con La Nación, “el informe [de la CGR] explica que aunque la Superintendencia planea diversas acciones y proyectos a partir de los cuales justifica el monto del canon, [y cita el informe de la CGR en cuanto a que la SUTEL] ‘carece de los instrumentos apropiados para rendir cuentas al final del período que determinen el nivel de ejecución de sus metas y proyectos.’”
Ante esto, en esencia la SUTEL responde (a) que respeta el servicio al costo y que los 6 años que tiene de funcionar no es tiempo suficiente para indicar “la realidad evolutiva y la madurez que ha venido adquiriendo la institución” y, (b) que ya SUTEL ha avanzado en un 80% en una metodología que refleje apropiadamente el monto del canon que hoy cobra. Esto quiere decir que, aunque SUTEL dice respetar el servicio al costo, aún no lo tiene apropiadamente definido. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Lo que a los ciudadanos nos interesa, además de un manejo claro y concreto de estos recursos que son públicos -esto es de todos nosotros, los ciudadanos- es que de inmediato se valore adecuada y correctamente cuál es el canon que se debe cobrar a los distintos entes regulados por la SUTEL, a fin de que la sobreestimación de aquel a la fecha observada, se termine, para que no se refleje más en precios o costos mayores que por los diversos servicios hoy regulados debemos pagar y en donde, no se dude, se incorporan los costos de esos cánones en su sobredimensionada magnitud. Los consumidores bien sabemos que el estado no es un ente gratuito y que cualquier regulación que imponga ha de ser financiada mediante pagos al regulador para que actúe, cobro que es usualmente trasladado a los consumidores mediante precios y costos más altos.
Publicado en Facebook el 17 de abril del 2016.
Por Jorge Corrales Quesada
De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República (CGR) de julio del 2015, algo indebido –no digo incorrecto o corrupto, sino inapropiado- está sucediendo con el manejo de los dineros de la Superintendencia de Telecomunicaciones, pues parece que allí prima el desorden en dos aspectos cruciales: Primero, que no hay una forma adecuada para determinar los costos que SUTEL efectúa para cobrar los llamados cánones, que son el recaudo que establece la SUTEL para cada uno de los operadores, a fin de que ese ente practique su función regulatoria. Entre los que pagan dicho canon están los proveedores de telefonía celular y de Internet. Hay un total de 122 operadores y proveedores de servicios de telecomunicación que deben de pagarlo. Por lo tanto, a los ojos de la Contraloría no está claro que lo que se paga como canon es lo que se debería de cobrar, de manera que el servicio regulatorio que da SUTEL lo sea bajo el principio de servicio al costo.
El problema es que no hay claridad en cuanto a que lo que recibe SUTEL por el canon es el monto efectivamente necesario para cumplir con su obligación regulatoria. La Nación, en su comentario del 8 de diciembre, bajo el titular “Contraloría señala caos en SUTEL con manejo de dinero: Superintendencia sobreestima costos de operación que les carga a operadores y usuarios,” pone como ejemplo de ese desorden, que la CGR “analizó el costo inicial de 15 proyectos ejecutados por la SUTEL entre los años 2012 y 2014… Identificó una sobrestimación de 46% entre el costo inicial y final que tuvieron los proyectos analizados. Así, de ₡2.309 millones estimados en la muestra de planes… al final solo se adjudicaron ₡1.249 millones; una diferencia de ₡1.959 millones.”
Estos últimos datos podrían aparentar ser irrelevantes, pero “esta sobreestimación ocasiona que la SUTEL calcule recursos en exceso [la diferencia entre lo que estima es el costo inicial estimado y lo efectivamente adjudicado] el cual es cobrado a los entes regulados como un canon. Señalo algo elemental: luego dicho canon nos es trasladado a las tarifas o a los costos de los servicios que esas entidades reguladas nos proveen.
Pero lo interesante del caso va más allá, porque ya en otra ocasión se indicó la existencia de superávits elevados en los últimos períodos presupuestarios de la SUTEL, lo cual podría reflejar esta situación de cobro en exceso de los cánones, más allá de un servicio al costo, que es la norma legalmente establecida.
En segundo lugar, y esto es también importante, la Contraloría señala que no se rinde cuentas claramente de en qué se usa el dinero del canon, particularmente en qué proyectos. De acuerdo con La Nación, “el informe [de la CGR] explica que aunque la Superintendencia planea diversas acciones y proyectos a partir de los cuales justifica el monto del canon, [y cita el informe de la CGR en cuanto a que la SUTEL] ‘carece de los instrumentos apropiados para rendir cuentas al final del período que determinen el nivel de ejecución de sus metas y proyectos.’”
Ante esto, en esencia la SUTEL responde (a) que respeta el servicio al costo y que los 6 años que tiene de funcionar no es tiempo suficiente para indicar “la realidad evolutiva y la madurez que ha venido adquiriendo la institución” y, (b) que ya SUTEL ha avanzado en un 80% en una metodología que refleje apropiadamente el monto del canon que hoy cobra. Esto quiere decir que, aunque SUTEL dice respetar el servicio al costo, aún no lo tiene apropiadamente definido. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Lo que a los ciudadanos nos interesa, además de un manejo claro y concreto de estos recursos que son públicos -esto es de todos nosotros, los ciudadanos- es que de inmediato se valore adecuada y correctamente cuál es el canon que se debe cobrar a los distintos entes regulados por la SUTEL, a fin de que la sobreestimación de aquel a la fecha observada, se termine, para que no se refleje más en precios o costos mayores que por los diversos servicios hoy regulados debemos pagar y en donde, no se dude, se incorporan los costos de esos cánones en su sobredimensionada magnitud. Los consumidores bien sabemos que el estado no es un ente gratuito y que cualquier regulación que imponga ha de ser financiada mediante pagos al regulador para que actúe, cobro que es usualmente trasladado a los consumidores mediante precios y costos más altos.
Publicado en Facebook el 17 de abril del 2016.