Jorge Corrales Quesada
15/05/2016, 17:51
EL ESTADO INEFICIENTE-EN GUERRA AVISADA…
Por Jorge Corrales Quesada
No hay duda que la conclusión y operación plena de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) favorecerá en mucho nuestro crecimiento económico y social. Es crucial que la obra pueda concluirse en el plazo previsto y que opere a plenitud en el tiempo más corto posible. Por ello me preocupa mucho la información aparecida en La Nación del 28 de noviembre, con el encabezado “Atrasos del MOPT ponen en riesgo apertura de megapuerto: Gobierno sin dinero para construir 2.8 kilómetros de vía para llegar a terminal.”
Resulta que es indispensable, para que la terminal opere eficientemente, que haya una conexión vial entre la ruta 32 y las instalaciones de TCM (conexión denominada como ruta 257). Dicha obra forma parte de las obligaciones incurridas por el estado en el contrato con la empresa APM Terminals suscrito en febrero del 2012. Pero, al momento en que esto se escribe (enero del 2016) el MOPT no ha definido cómo va a financiar la construcción de esos 2.8 kilómetros. Que se sepa desde ya, que si el MOPT no cumple con el contrato los costarricenses terminaremos pagando su ineficiencia al incurrir en una indemnización por un monto sumamente elevado, además de que los exportadores e importadores que usen el puerto en esas condiciones sufrirían un costo adicional de $20 por cada contenedor que se use en el comercio internacional (costo que sufriremos todos los consumidores naciones, así como los exportadores, quienes no podrán fácilmente trasladar dicho costo a sus usuarios en el extranjero).
Es tal la incapacidad estatal para obtener los recursos para construir esos 2.8 kilómetros, que le pidió a APM Terminals que la construyeran ellos, pero, se menciona en el periódico, “la compañía estuvo anuente, pero al plantear condiciones como el costo y el plazo para cancelar el crédito las autoridades locales se echaron para atrás. [La viceministra de infraestructura del MOPT, Giselle Alfaro] confirmó esa información.”
Aparentemente, el MOPT señaló que en enero del 2016 tendría lista la forma de financiar esa obra, a fin de iniciar el proceso de contratación de la firma que se encargaría de la tarea. A fines de este mes, en que se escribe este comentario, no se ha sabido si ya está listo el financiamiento y la contratación para su edificación.
En todo caso, la situación preocupó a funcionarios de la empresa APM Terminals, como lo expresó su gerente, señor Kenneth Waught, al indicar que “de no iniciar los procesos de construcción de la ruta 257 para mayo (del) 2016, sería muy difícil que este proyecto se concluya a tiempo para que coincida con la entrada de operaciones de la TCM”. Asimismo, externó su preocupación por el atraso el presidente de UCCAEP, señor Ronald Jiménez, quien no sólo dijo haber advertido de ello al MOPT y al presidente Solís, sino que “en cuanto a consecuencias (del atraso), no es sólo la multa ($20 por furgón), es el costo de oportunidad de que el país tenga un puerto de primer mundo incomunicado, es sencillamente ridículo.” Mejor exhibición de este ridículo atraso no puede haberla hecho el señor Jiménez, como un nuevo ejemplo de la incapacidad del estado para siquiera hacer obra pública vital como esta y que incluso no debe ser de un monto tan elevado como el de otros proyectos de carreteras hoy totalmente rezagados. Esa tardanza del estado no nos saldrá de a gratis, incluyendo los cargos por multas a los usuarios ni eventuales pagos en litigios: es atrasar injustificadamente el progreso indispensable que traerá para Limón y al país la plena y eficiente operación del megapuerto de Moín.
Por Jorge Corrales Quesada
No hay duda que la conclusión y operación plena de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) favorecerá en mucho nuestro crecimiento económico y social. Es crucial que la obra pueda concluirse en el plazo previsto y que opere a plenitud en el tiempo más corto posible. Por ello me preocupa mucho la información aparecida en La Nación del 28 de noviembre, con el encabezado “Atrasos del MOPT ponen en riesgo apertura de megapuerto: Gobierno sin dinero para construir 2.8 kilómetros de vía para llegar a terminal.”
Resulta que es indispensable, para que la terminal opere eficientemente, que haya una conexión vial entre la ruta 32 y las instalaciones de TCM (conexión denominada como ruta 257). Dicha obra forma parte de las obligaciones incurridas por el estado en el contrato con la empresa APM Terminals suscrito en febrero del 2012. Pero, al momento en que esto se escribe (enero del 2016) el MOPT no ha definido cómo va a financiar la construcción de esos 2.8 kilómetros. Que se sepa desde ya, que si el MOPT no cumple con el contrato los costarricenses terminaremos pagando su ineficiencia al incurrir en una indemnización por un monto sumamente elevado, además de que los exportadores e importadores que usen el puerto en esas condiciones sufrirían un costo adicional de $20 por cada contenedor que se use en el comercio internacional (costo que sufriremos todos los consumidores naciones, así como los exportadores, quienes no podrán fácilmente trasladar dicho costo a sus usuarios en el extranjero).
Es tal la incapacidad estatal para obtener los recursos para construir esos 2.8 kilómetros, que le pidió a APM Terminals que la construyeran ellos, pero, se menciona en el periódico, “la compañía estuvo anuente, pero al plantear condiciones como el costo y el plazo para cancelar el crédito las autoridades locales se echaron para atrás. [La viceministra de infraestructura del MOPT, Giselle Alfaro] confirmó esa información.”
Aparentemente, el MOPT señaló que en enero del 2016 tendría lista la forma de financiar esa obra, a fin de iniciar el proceso de contratación de la firma que se encargaría de la tarea. A fines de este mes, en que se escribe este comentario, no se ha sabido si ya está listo el financiamiento y la contratación para su edificación.
En todo caso, la situación preocupó a funcionarios de la empresa APM Terminals, como lo expresó su gerente, señor Kenneth Waught, al indicar que “de no iniciar los procesos de construcción de la ruta 257 para mayo (del) 2016, sería muy difícil que este proyecto se concluya a tiempo para que coincida con la entrada de operaciones de la TCM”. Asimismo, externó su preocupación por el atraso el presidente de UCCAEP, señor Ronald Jiménez, quien no sólo dijo haber advertido de ello al MOPT y al presidente Solís, sino que “en cuanto a consecuencias (del atraso), no es sólo la multa ($20 por furgón), es el costo de oportunidad de que el país tenga un puerto de primer mundo incomunicado, es sencillamente ridículo.” Mejor exhibición de este ridículo atraso no puede haberla hecho el señor Jiménez, como un nuevo ejemplo de la incapacidad del estado para siquiera hacer obra pública vital como esta y que incluso no debe ser de un monto tan elevado como el de otros proyectos de carreteras hoy totalmente rezagados. Esa tardanza del estado no nos saldrá de a gratis, incluyendo los cargos por multas a los usuarios ni eventuales pagos en litigios: es atrasar injustificadamente el progreso indispensable que traerá para Limón y al país la plena y eficiente operación del megapuerto de Moín.