Jorge Corrales Quesada
15/05/2016, 14:09
EL ESTADO INEFICIENTE-SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES BUROCRÁTICOS
Por Jorge Corrales Quesada
Si bien en un comentario anterior me referí con algún grado de extensión a los alcances que tiene para Costa Rica el último Reporte de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, dejé algo de lado el tema de la tramitología en Costa Rica, tema acerca del cual aquí se ha venido hablando desde hace ya bastante tiempo. De hecho, durante la administración de don Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) se puso en marcha un programa gubernamental para reducir la tramitología en el país. Incluso recuerdo cuando, en cierto momento previo, con el apoyo de la AID y del Ministerio de Comercio Exterior, efectué un análisis de los obstáculos al comercio internacional en ciertos ministerios del gobierno de entonces y con base en su marco legal vigente. Asimismo, en el 2012 se aprobó la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. No creo faltar a la verdad, cuando digo que casi todos los gobiernos, desde mediados de los noventas, le han aseverado a los costarricenses que, en su administración, se lucharía por eliminar la tramitología y regulaciones innecesarias. Sin embargo, termina la administración del momento, viene la nueva y nos sale con el mismo propósito, pero siempre con resultados que no satisfacen.
En mucho son corresponsables de esta situación organismos privados institucionales, los cuales, al menos en apariencia teniendo la oportunidad, no presentan los recursos al amparo de esa Ley de Protección al Ciudadano, para eliminar trabas al esfuerzo productivo. Es cierto que básicamente esa legislación casi que se refiere al gobierno central, pero tampoco al sector privado lo observa uno exigiendo reformas en tal sentido a instituciones autónomas que señorean en sus regulaciones, ni tampoco a los sacrosantos gobiernos locales, que han continuado con las viejas mañas y “entrabamientos” de siempre. Con todo respeto creo que el sector privado debe de tomar en serio sus propias quejas ante la tramitología excesiva en el país. ¿Qué tal, por ejemplo, si dejan de pagar, como protesta, tal vez depositando lo correspondiente en tribunales de ley, los impuestos a los municipios y los pagos de patentes? Estoy casi seguro que, si le cortan los ingresos a los entes estatales, esas entidades entonces sí se moverán para reducir trámites innecesarios y procesos engorrosos y hasta molestos y, como resultado, esperaríamos una mejora y mayor crecimiento de la economía.
Lo cierto es que el país, de acuerdo con los datos del Reporte de Competitividad arriba citado, sigue lerdo y atrasado en estos aspectos, tal como lo indica La Nación del 17 de octubre, en su artículo titulado “País arrastra baja nota en simplificación de trámites: Desde hace 8 años no mejora en varias áreas, según Índice de Competitividad Global.”
Por ejemplo, en cuanto al indicador “facilidad para obtener crédito,” el país aparece en el lugar 117 de 140 países valorados (ésta es una mala posición), pero más lamentable es que, por ejemplo, en el 2008 no estábamos tan mal (posición 63); o sea, hemos empeorado. Algo similar sucede con el indicador “fortaleza de la protección del inversionista”, en donde en la actualidad el país aparece con un pobre lugar número 138, descendiendo de una posición 127 en el 2010.
Interesante y oportuno es lo que sobre el tema presenta el informe denominado Doing Business 2016 del Banco Mundial (salió publicado en momentos en que redactaba este comentario mío a finales de octubre) mediante un concepto que el estudio desarrolla y llama “distancia a la frontera”, el cual permite una comparación de 189 distintas naciones. La idea de esa medida es definir la distancia actual que una economía debe superar para llegar a una frontera denominada como “la mejor actuación.” Este indicador permite comparar entre naciones qué tan lejos se pueden encontrar de la posición considerada “la mejor”, así como la evolución de cada economía en sí hacia esa mejor posición. Obviamente la distancia va del totalmente malo 0 a 100, siendo este último valor el máximo posible (obviamente para un momento dado).
Es importante indicar que Costa Rica aparece en este último informe con una clasificación general en el lugar 58 de 190 países, que muestra una mejoría significativa del mismo indicador pero del año pasado (que fue un “mediocre” 83), pero señala que el país tiene espacio para mejorar y llegar a la “frontera de mejor actuación”, al tener un nivel de 68.55 de 100 (cien es el objetivo); o sea, estamos a poco menos de un tercio de la distancia para llegar a esa frontera. Si una contrasta dicha medición con, por ejemplo, América Latina como un todo, en donde la distancia para mejorar en promedio es de aproximadamente 59 de 100, nos dice que estamos un mejor en ese objetivo que el promedio latinoamericano, pero eso sí, aún detrás del mejor país del área, con una puntuación de 70.43 ante el objetivo máximo de 100). Ese país es Colombia.
Veamos las distancias de las metas para algunos de los indicadores de Costa Rica a fin de llegar a su “frontera de mejor” (que obviamente es 100). Empecemos por los que muestran ser aquellos en los cuales el país posee los mayores avances: “Obtener electricidad”: 85.01; obtener crédito”: 85.00; “empezar un negocio”: 80.95; “comercio transfronterizo”: 79.86; “obtener permisos de construcción”: 78.14. Entre los indicadores en que el retraso es mayor se encuentran: “protección de accionistas minoritarios”: 35.00; “resolución de casos de insolvencia”: 44.06; y “puesta en vigor de los contratos”: 52.41.
Mucho de lo que nos demuestra esta información es que el país está en capacidad hacer aún mayores esfuerzos, no sólo para evitar el deterioro de algunos indicadores, sino para llegar a lo que se considera la “frontera de lo mejor”. De tener éxito en lo pendiente, habrá un mejor ambiente para hacer negocios y atraer inversiones y nuevas empresas al país. La simplificación de trámites es indispensable, según lo señalan los estudios mencionados, a los diferentes niveles que componen el estado (gobierno central, instituciones autónomas y municipalidades). Pero también debe continuar la insistencia de los sectores productivos del país en demanda de que se mejore pronto y profundamente este tema regulatorio. Pero debe complacernos los logros de los últimos años; aunque no darnos ya por satisfechos plenamente.
Publicado en mi sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 17 de marzo del 2016.
Por Jorge Corrales Quesada
Si bien en un comentario anterior me referí con algún grado de extensión a los alcances que tiene para Costa Rica el último Reporte de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, dejé algo de lado el tema de la tramitología en Costa Rica, tema acerca del cual aquí se ha venido hablando desde hace ya bastante tiempo. De hecho, durante la administración de don Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) se puso en marcha un programa gubernamental para reducir la tramitología en el país. Incluso recuerdo cuando, en cierto momento previo, con el apoyo de la AID y del Ministerio de Comercio Exterior, efectué un análisis de los obstáculos al comercio internacional en ciertos ministerios del gobierno de entonces y con base en su marco legal vigente. Asimismo, en el 2012 se aprobó la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. No creo faltar a la verdad, cuando digo que casi todos los gobiernos, desde mediados de los noventas, le han aseverado a los costarricenses que, en su administración, se lucharía por eliminar la tramitología y regulaciones innecesarias. Sin embargo, termina la administración del momento, viene la nueva y nos sale con el mismo propósito, pero siempre con resultados que no satisfacen.
En mucho son corresponsables de esta situación organismos privados institucionales, los cuales, al menos en apariencia teniendo la oportunidad, no presentan los recursos al amparo de esa Ley de Protección al Ciudadano, para eliminar trabas al esfuerzo productivo. Es cierto que básicamente esa legislación casi que se refiere al gobierno central, pero tampoco al sector privado lo observa uno exigiendo reformas en tal sentido a instituciones autónomas que señorean en sus regulaciones, ni tampoco a los sacrosantos gobiernos locales, que han continuado con las viejas mañas y “entrabamientos” de siempre. Con todo respeto creo que el sector privado debe de tomar en serio sus propias quejas ante la tramitología excesiva en el país. ¿Qué tal, por ejemplo, si dejan de pagar, como protesta, tal vez depositando lo correspondiente en tribunales de ley, los impuestos a los municipios y los pagos de patentes? Estoy casi seguro que, si le cortan los ingresos a los entes estatales, esas entidades entonces sí se moverán para reducir trámites innecesarios y procesos engorrosos y hasta molestos y, como resultado, esperaríamos una mejora y mayor crecimiento de la economía.
Lo cierto es que el país, de acuerdo con los datos del Reporte de Competitividad arriba citado, sigue lerdo y atrasado en estos aspectos, tal como lo indica La Nación del 17 de octubre, en su artículo titulado “País arrastra baja nota en simplificación de trámites: Desde hace 8 años no mejora en varias áreas, según Índice de Competitividad Global.”
Por ejemplo, en cuanto al indicador “facilidad para obtener crédito,” el país aparece en el lugar 117 de 140 países valorados (ésta es una mala posición), pero más lamentable es que, por ejemplo, en el 2008 no estábamos tan mal (posición 63); o sea, hemos empeorado. Algo similar sucede con el indicador “fortaleza de la protección del inversionista”, en donde en la actualidad el país aparece con un pobre lugar número 138, descendiendo de una posición 127 en el 2010.
Interesante y oportuno es lo que sobre el tema presenta el informe denominado Doing Business 2016 del Banco Mundial (salió publicado en momentos en que redactaba este comentario mío a finales de octubre) mediante un concepto que el estudio desarrolla y llama “distancia a la frontera”, el cual permite una comparación de 189 distintas naciones. La idea de esa medida es definir la distancia actual que una economía debe superar para llegar a una frontera denominada como “la mejor actuación.” Este indicador permite comparar entre naciones qué tan lejos se pueden encontrar de la posición considerada “la mejor”, así como la evolución de cada economía en sí hacia esa mejor posición. Obviamente la distancia va del totalmente malo 0 a 100, siendo este último valor el máximo posible (obviamente para un momento dado).
Es importante indicar que Costa Rica aparece en este último informe con una clasificación general en el lugar 58 de 190 países, que muestra una mejoría significativa del mismo indicador pero del año pasado (que fue un “mediocre” 83), pero señala que el país tiene espacio para mejorar y llegar a la “frontera de mejor actuación”, al tener un nivel de 68.55 de 100 (cien es el objetivo); o sea, estamos a poco menos de un tercio de la distancia para llegar a esa frontera. Si una contrasta dicha medición con, por ejemplo, América Latina como un todo, en donde la distancia para mejorar en promedio es de aproximadamente 59 de 100, nos dice que estamos un mejor en ese objetivo que el promedio latinoamericano, pero eso sí, aún detrás del mejor país del área, con una puntuación de 70.43 ante el objetivo máximo de 100). Ese país es Colombia.
Veamos las distancias de las metas para algunos de los indicadores de Costa Rica a fin de llegar a su “frontera de mejor” (que obviamente es 100). Empecemos por los que muestran ser aquellos en los cuales el país posee los mayores avances: “Obtener electricidad”: 85.01; obtener crédito”: 85.00; “empezar un negocio”: 80.95; “comercio transfronterizo”: 79.86; “obtener permisos de construcción”: 78.14. Entre los indicadores en que el retraso es mayor se encuentran: “protección de accionistas minoritarios”: 35.00; “resolución de casos de insolvencia”: 44.06; y “puesta en vigor de los contratos”: 52.41.
Mucho de lo que nos demuestra esta información es que el país está en capacidad hacer aún mayores esfuerzos, no sólo para evitar el deterioro de algunos indicadores, sino para llegar a lo que se considera la “frontera de lo mejor”. De tener éxito en lo pendiente, habrá un mejor ambiente para hacer negocios y atraer inversiones y nuevas empresas al país. La simplificación de trámites es indispensable, según lo señalan los estudios mencionados, a los diferentes niveles que componen el estado (gobierno central, instituciones autónomas y municipalidades). Pero también debe continuar la insistencia de los sectores productivos del país en demanda de que se mejore pronto y profundamente este tema regulatorio. Pero debe complacernos los logros de los últimos años; aunque no darnos ya por satisfechos plenamente.
Publicado en mi sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 17 de marzo del 2016.