Jorge Corrales Quesada
20/02/2016, 12:54
EL ESTADO INEFICIENTE-ENCARECIENDO LA VIVIENDA
PARA LOS POBRES
Por Jorge Corrales Quesada
Pónganle mucha atención a la denuncia que ha presentado el informe “Situación de la vivienda y desarrollo urbano 2014”, preparado por la Fundación Promotora de la Vivienda (FUPROVI), entidad privada conformada por distintos organismos nacionales e internacionales, interesados en la promoción de una vivienda adecuada principalmente para grupos de ingresos relativamente menores. Dicho informe se analiza en La Nación del 23 de setiembre del 2015, en el comentario que lleva por título “Trámites encarecen casas de bien social hasta en ₡3 millones: Estudio de FUPROVI denuncia que precio sube entre 7.5% y 15% del valor de la vivienda.” De ser cierto lo que nos dice FUPROVI -y tengo razones para creer que lo es- una vez más se demuestra la injusticia que se suele promover bajo el pretexto de ayudar a los pobres, creyendo que, con bautizando algo como “social”, el estado ya puede poner trabas que constituyen en última instancia un castigo oneroso para los grupos que dicen ayudar.
Vean algunos de los hallazgos que reporta la señora Eloísa Ulibarri, directora ejecutiva de FUPROVI, los cuales fueron expuestos en el informe arriba mencionado. Uno es que “el exceso de trámites encarece hasta en ₡3 millones los costos de las casas de interés social, sujetas al financiamiento del bono que entrega el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)”. Simplemente, la tramitología burocrática de ese banco significa que una casa para los pobres (llamadas viviendas de interés social), termine costando ₡3 millones más de lo que podría ser. Lo peor es que, en un artículo adjunto al arriba citado, y titulado “BANHVI alega que proceso busca calidad de viviendas”, el gerente general de esa entidad, Luis Montoya, dice que “el costo de los controles y la fiscalización son asumidos por el Estado”, como si el papeleo expuesto como requisitos, que deben ser presentados como parte de su propuesta para ser financiados por el Banco, no implicara un costo de trámites en que incurre el desarrollador de los proyectos de vivienda “social”. Por supuesto que es un costo para el productor, porque tanto el costo del papeleo y similares, así como el retraso en la resolución de Banco, implican costos para el que ejecuta el proyecto: el dinero empleado en la inversión no es gratuito, por si eso no lo sabe el gerente del BAHNVI. Los costos de oportunidad son reales y será el consumidor final el que tendrá que terminar sufragándolos, a fin de poder tener su casa “social”.
Pero hay más en el informe susodicho: “el estudio detectó proyectos que tardaron hasta cuatro años en concretarse a causa de la cantidad de permisos exigidos” y que “el BANHVI se demora hasta un año en resolver si financia o no proyectos que recibe para su estudio, pese a que llegan con el visto bueno de entidades autorizadas,” que me imagino son organismos que conforman parte integral de ese estado atrofiado y burocrático. Señaló la señora Ulibarri, que “una entidad autorizada dura dos meses para aprobar un proyecto, pero, al enviarlo al BANHVI, este tarda entre ocho meses y un año para tramitar el subsidio, porque empieza la revisión desde cero. Hay una confusión de roles.” No sólo hay confusión de roles, sino que es evidente que hay también una flagrante descoordinación, una repetición innecesaria de procesos y un doble papeleo que debe ser entregado a distintos entes del mismo estado. No entiende uno cómo es posible que no se acepte en el BANHVI, como correcto o apropiado, lo que ya se ha hecho y aprobado en esos otros entes “autorizados”. Imaginen el papeleo innecesario que se podría evitar, excepto si la causa de ese trámite innecesariamente repetido que ejerce Banco, sirve para que esa entidad sienta sirve para hacer algo. Es el estorbo, como razón de ser: como identidad de trabajo.
Si creyeron que ese estado pedestre nos sale barato a los costarricenses, vean algunos datos que emanan del informe que reporta la directora de FUPROVI: “el precio de la vivienda social es, en promedio, de ₡20 millones”… “de ese total, ₡1.5 millones corresponde a costo de los trámites (tiempo laborado, kilometraje y precio de los estudios que debe pagar el desarrollador) si se trata de una casa que va a construirse mediante el ‘adelanto del subsidio’”… En caso de que sea de la modalidad ‘llave en mano,’ “el peso del costo directo de los trámites en el precio final es de ₡3 millones.” “El impacto es altísimo, de entre un 7.5% y un 15% del precio, dependiendo de la modalidad. Esto significa que la vivienda social se está encareciendo por trámites.” ¡Lo duda! La mano visible del estado, una vez, más muestra que sus acciones tienen un costo para la sociedad y, en este caso específico, para los grupos de ingresos más bajos, los cuales así tienen que pagar más caro por sus casas “sociales.” Todo esto es tan absurdo, que esos gastos de tramitología suelen ser “duplicaciones de funciones y procesos en el BANHVI,” como lo indica el informe. Casi que uno podría considerarlo como algo criminal. Son los que después nos hablan de insensibilidad ante los pobres: pero en verdad son los burócratas los que, para justificar sus presupuestos y su planilla, ponen cuanto obstáculo se les ocurra para encarecer la vivienda a los más pobres. Es parte del ejercicio del poder, al que tan afectos son los políticos.
Claro, de inmediato el ministro del ramo calificó de exagerado el estudio, en cuanto a la duración que indicó de hasta cuatro años en permisos y estudios y hasta cuestionó los cálculos de FUPROVI. Pero, ese suele ser el comportamiento de los burócratas, incapaces de reconocer el costo que para la sociedad tiene esa serie de engorros en que sumen a los ciudadanos. Por supuesto, esos costos que siempre los terminan pagando los consumidores de vivienda “social”, son usualmente justificados por los burócratas, quienes dicen que ponen todos esos entrabes innecesarios y estorbosos, en nombre de “la obligación del Estado de velar por la buena calidad de la vivienda de interés social que entrega a familias pobres.” Con aquello creen tranquilizar sus conciencias gravosas, quienes viven del dinero que todos los ciudadanos producen.
Publicado en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 20 de febrero del 2016.
PARA LOS POBRES
Por Jorge Corrales Quesada
Pónganle mucha atención a la denuncia que ha presentado el informe “Situación de la vivienda y desarrollo urbano 2014”, preparado por la Fundación Promotora de la Vivienda (FUPROVI), entidad privada conformada por distintos organismos nacionales e internacionales, interesados en la promoción de una vivienda adecuada principalmente para grupos de ingresos relativamente menores. Dicho informe se analiza en La Nación del 23 de setiembre del 2015, en el comentario que lleva por título “Trámites encarecen casas de bien social hasta en ₡3 millones: Estudio de FUPROVI denuncia que precio sube entre 7.5% y 15% del valor de la vivienda.” De ser cierto lo que nos dice FUPROVI -y tengo razones para creer que lo es- una vez más se demuestra la injusticia que se suele promover bajo el pretexto de ayudar a los pobres, creyendo que, con bautizando algo como “social”, el estado ya puede poner trabas que constituyen en última instancia un castigo oneroso para los grupos que dicen ayudar.
Vean algunos de los hallazgos que reporta la señora Eloísa Ulibarri, directora ejecutiva de FUPROVI, los cuales fueron expuestos en el informe arriba mencionado. Uno es que “el exceso de trámites encarece hasta en ₡3 millones los costos de las casas de interés social, sujetas al financiamiento del bono que entrega el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)”. Simplemente, la tramitología burocrática de ese banco significa que una casa para los pobres (llamadas viviendas de interés social), termine costando ₡3 millones más de lo que podría ser. Lo peor es que, en un artículo adjunto al arriba citado, y titulado “BANHVI alega que proceso busca calidad de viviendas”, el gerente general de esa entidad, Luis Montoya, dice que “el costo de los controles y la fiscalización son asumidos por el Estado”, como si el papeleo expuesto como requisitos, que deben ser presentados como parte de su propuesta para ser financiados por el Banco, no implicara un costo de trámites en que incurre el desarrollador de los proyectos de vivienda “social”. Por supuesto que es un costo para el productor, porque tanto el costo del papeleo y similares, así como el retraso en la resolución de Banco, implican costos para el que ejecuta el proyecto: el dinero empleado en la inversión no es gratuito, por si eso no lo sabe el gerente del BAHNVI. Los costos de oportunidad son reales y será el consumidor final el que tendrá que terminar sufragándolos, a fin de poder tener su casa “social”.
Pero hay más en el informe susodicho: “el estudio detectó proyectos que tardaron hasta cuatro años en concretarse a causa de la cantidad de permisos exigidos” y que “el BANHVI se demora hasta un año en resolver si financia o no proyectos que recibe para su estudio, pese a que llegan con el visto bueno de entidades autorizadas,” que me imagino son organismos que conforman parte integral de ese estado atrofiado y burocrático. Señaló la señora Ulibarri, que “una entidad autorizada dura dos meses para aprobar un proyecto, pero, al enviarlo al BANHVI, este tarda entre ocho meses y un año para tramitar el subsidio, porque empieza la revisión desde cero. Hay una confusión de roles.” No sólo hay confusión de roles, sino que es evidente que hay también una flagrante descoordinación, una repetición innecesaria de procesos y un doble papeleo que debe ser entregado a distintos entes del mismo estado. No entiende uno cómo es posible que no se acepte en el BANHVI, como correcto o apropiado, lo que ya se ha hecho y aprobado en esos otros entes “autorizados”. Imaginen el papeleo innecesario que se podría evitar, excepto si la causa de ese trámite innecesariamente repetido que ejerce Banco, sirve para que esa entidad sienta sirve para hacer algo. Es el estorbo, como razón de ser: como identidad de trabajo.
Si creyeron que ese estado pedestre nos sale barato a los costarricenses, vean algunos datos que emanan del informe que reporta la directora de FUPROVI: “el precio de la vivienda social es, en promedio, de ₡20 millones”… “de ese total, ₡1.5 millones corresponde a costo de los trámites (tiempo laborado, kilometraje y precio de los estudios que debe pagar el desarrollador) si se trata de una casa que va a construirse mediante el ‘adelanto del subsidio’”… En caso de que sea de la modalidad ‘llave en mano,’ “el peso del costo directo de los trámites en el precio final es de ₡3 millones.” “El impacto es altísimo, de entre un 7.5% y un 15% del precio, dependiendo de la modalidad. Esto significa que la vivienda social se está encareciendo por trámites.” ¡Lo duda! La mano visible del estado, una vez, más muestra que sus acciones tienen un costo para la sociedad y, en este caso específico, para los grupos de ingresos más bajos, los cuales así tienen que pagar más caro por sus casas “sociales.” Todo esto es tan absurdo, que esos gastos de tramitología suelen ser “duplicaciones de funciones y procesos en el BANHVI,” como lo indica el informe. Casi que uno podría considerarlo como algo criminal. Son los que después nos hablan de insensibilidad ante los pobres: pero en verdad son los burócratas los que, para justificar sus presupuestos y su planilla, ponen cuanto obstáculo se les ocurra para encarecer la vivienda a los más pobres. Es parte del ejercicio del poder, al que tan afectos son los políticos.
Claro, de inmediato el ministro del ramo calificó de exagerado el estudio, en cuanto a la duración que indicó de hasta cuatro años en permisos y estudios y hasta cuestionó los cálculos de FUPROVI. Pero, ese suele ser el comportamiento de los burócratas, incapaces de reconocer el costo que para la sociedad tiene esa serie de engorros en que sumen a los ciudadanos. Por supuesto, esos costos que siempre los terminan pagando los consumidores de vivienda “social”, son usualmente justificados por los burócratas, quienes dicen que ponen todos esos entrabes innecesarios y estorbosos, en nombre de “la obligación del Estado de velar por la buena calidad de la vivienda de interés social que entrega a familias pobres.” Con aquello creen tranquilizar sus conciencias gravosas, quienes viven del dinero que todos los ciudadanos producen.
Publicado en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 20 de febrero del 2016.