Jorge Corrales Quesada
18/02/2016, 10:22
EL ESTADO INEFICIENTE-LA AUSENCIA DE VÍAS DE ACCESO EN RUTAS NACIONALES
Por Jorge Corrales Quesada
Entre las múltiples dificultades y problemas consustanciales con la construcción de carreteras en el país, está la necesidad de que, cuando dicha edificación deja sin acceso a la nueva ruta a vecinos de ella -lo que a veces se ve cuando se dice que la nueva carretera cortó una propiedad o que la dejó aislada- se logre el acceso debido a las personas que fueron afectadas en su comunicación con el resto de los ciudadanos.
Una de las construcciones que más se ha comentado en este respecto es la de la ruta 27, pero ciertamente ese tipo de problemas suele presentarse casi en todos o muchos de los casos en que se hace una nueva carretera nacional. Lo que suele suceder es que se construye la nueva vía y se deja para después, usualmente, darles el acceso a los vecinos que quedaron sin él. Esto significará que, frecuentemente, se deban expropiar parte de los terrenos que quedaron “aislados” y, luego, construir la vía de acceso requerida.
Por ello, es llamativo el comentario de La Nación del 17 de setiembre, titulado “MOPT deberá construir calles paralelas a 38 vecinos de ruta 27: Propietarios ganaron pleito legal contra estado por falta de acceso a carretera.” Lo interesante de este caso en particular, no es el monto que se deberá desembolsar para hacer las expropiaciones -unos ₡871 millones, que es comparativamente poco comparado con las cifras que se suelen mencionar en torno a cosas del estado- sino a que, por una parte, está el asunto de lo que se dura en dichas expropiaciones y construcción de vía de acceso y, por la otra, a la falta de previsión del estado para lograr los recursos compensatorios necesarios y lograr que el acceso prometido no signifique un calvario para los afectados.
Para empezar con lo último, en actualidad se dispone de ₡500 millones tan sólo para cubrir esos ₡871 millones, lo que va a significar problemas luego, en especial porque además de las 20 propiedades cuyo acceso sería resuelto dados los fondos disponibles, para lo cual se requiere de una aprobación legislativa del presupuesto necesario, hay muchos otros propietarios adicionales quienes alegan que se les ha dejado sin acceso y que, por tanto, se preparan para actuar legalmente en contra del estado representado por el MOPT.
Y es que el tema es incluso sorprendente, pues el Consejo Nacional de Concesiones tuvo que pagar ₡8 millones por una cosecha de jocotes que se perdió, pues no pudo ser sacada a los mercados por falta de acceso a la carretera. Ello en un marco de discusión por conflictos en torno a la resolución judicial que se supone obliga al estado a dicho pago.
Antes de que alguien salga mencionando que el problema que estamos comentando del incumplimiento en la construcción de calles paralelas a la ruta 27, se debe a la concesionaria Globalvía, tal vez vale la pena repetir lo señalado por Sylvia Jiménez, quien es secretaría técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), en cuanto a que “los costos de las mejoras son responsabilidad del MOPT y no se podrán achacar a Globalvía, concesionaria de la ruta 27, porque no son obras incluidas en el contrato de concesión.” Además, la funcionaria Jiménez, arguye que “muchos de los casos que estamos viendo son de gente que tenía una propiedad, y al estar la carretera, le dieron un uso distinto, como un taller o una frutería, y esas son cosas que no existían, entonces, no puede ser falta de planificación.” Yo me imagino que, si alguien trata de pasarse de vivo, hizo esas obras y ahora demanda al estado por falta de acceso, ello debe ser tomado en cuenta por el juez, pues incluso tendría que verse si esas construcciones se hicieron con los debidos permisos.
Pero los alegatos son costosos, tanto para quienes los plantean ante el sistema judicial, así como para los que son imputados del daño (y que, de perderse el juicio, todos los costos deberán ser cubiertos por todos nosotros, los ciudadanos). Tal vez sirva de experiencia para que en futuras situaciones como esta, se expropien debidamente todas las propiedades antes de iniciar las obras, de manera que incluso no haya permisos para construcciones en dichas fincas, una vez que se ha construido la vía principal y cuando aún está pendiente la debida construcción de accesos.
Con ello los reclamos por daños de incumplimiento podrían ser mejor dimensionados, impidiendo el abuso, al tiempo que el MOPT, en este caso, haga las expropiaciones y las obras en un plazo casi simultáneo a la construcción de la carretera.
Publicado en mis sitios en Facebook el 13 de febrero del 2016.
Por Jorge Corrales Quesada
Entre las múltiples dificultades y problemas consustanciales con la construcción de carreteras en el país, está la necesidad de que, cuando dicha edificación deja sin acceso a la nueva ruta a vecinos de ella -lo que a veces se ve cuando se dice que la nueva carretera cortó una propiedad o que la dejó aislada- se logre el acceso debido a las personas que fueron afectadas en su comunicación con el resto de los ciudadanos.
Una de las construcciones que más se ha comentado en este respecto es la de la ruta 27, pero ciertamente ese tipo de problemas suele presentarse casi en todos o muchos de los casos en que se hace una nueva carretera nacional. Lo que suele suceder es que se construye la nueva vía y se deja para después, usualmente, darles el acceso a los vecinos que quedaron sin él. Esto significará que, frecuentemente, se deban expropiar parte de los terrenos que quedaron “aislados” y, luego, construir la vía de acceso requerida.
Por ello, es llamativo el comentario de La Nación del 17 de setiembre, titulado “MOPT deberá construir calles paralelas a 38 vecinos de ruta 27: Propietarios ganaron pleito legal contra estado por falta de acceso a carretera.” Lo interesante de este caso en particular, no es el monto que se deberá desembolsar para hacer las expropiaciones -unos ₡871 millones, que es comparativamente poco comparado con las cifras que se suelen mencionar en torno a cosas del estado- sino a que, por una parte, está el asunto de lo que se dura en dichas expropiaciones y construcción de vía de acceso y, por la otra, a la falta de previsión del estado para lograr los recursos compensatorios necesarios y lograr que el acceso prometido no signifique un calvario para los afectados.
Para empezar con lo último, en actualidad se dispone de ₡500 millones tan sólo para cubrir esos ₡871 millones, lo que va a significar problemas luego, en especial porque además de las 20 propiedades cuyo acceso sería resuelto dados los fondos disponibles, para lo cual se requiere de una aprobación legislativa del presupuesto necesario, hay muchos otros propietarios adicionales quienes alegan que se les ha dejado sin acceso y que, por tanto, se preparan para actuar legalmente en contra del estado representado por el MOPT.
Y es que el tema es incluso sorprendente, pues el Consejo Nacional de Concesiones tuvo que pagar ₡8 millones por una cosecha de jocotes que se perdió, pues no pudo ser sacada a los mercados por falta de acceso a la carretera. Ello en un marco de discusión por conflictos en torno a la resolución judicial que se supone obliga al estado a dicho pago.
Antes de que alguien salga mencionando que el problema que estamos comentando del incumplimiento en la construcción de calles paralelas a la ruta 27, se debe a la concesionaria Globalvía, tal vez vale la pena repetir lo señalado por Sylvia Jiménez, quien es secretaría técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), en cuanto a que “los costos de las mejoras son responsabilidad del MOPT y no se podrán achacar a Globalvía, concesionaria de la ruta 27, porque no son obras incluidas en el contrato de concesión.” Además, la funcionaria Jiménez, arguye que “muchos de los casos que estamos viendo son de gente que tenía una propiedad, y al estar la carretera, le dieron un uso distinto, como un taller o una frutería, y esas son cosas que no existían, entonces, no puede ser falta de planificación.” Yo me imagino que, si alguien trata de pasarse de vivo, hizo esas obras y ahora demanda al estado por falta de acceso, ello debe ser tomado en cuenta por el juez, pues incluso tendría que verse si esas construcciones se hicieron con los debidos permisos.
Pero los alegatos son costosos, tanto para quienes los plantean ante el sistema judicial, así como para los que son imputados del daño (y que, de perderse el juicio, todos los costos deberán ser cubiertos por todos nosotros, los ciudadanos). Tal vez sirva de experiencia para que en futuras situaciones como esta, se expropien debidamente todas las propiedades antes de iniciar las obras, de manera que incluso no haya permisos para construcciones en dichas fincas, una vez que se ha construido la vía principal y cuando aún está pendiente la debida construcción de accesos.
Con ello los reclamos por daños de incumplimiento podrían ser mejor dimensionados, impidiendo el abuso, al tiempo que el MOPT, en este caso, haga las expropiaciones y las obras en un plazo casi simultáneo a la construcción de la carretera.
Publicado en mis sitios en Facebook el 13 de febrero del 2016.