Jorge Corrales Quesada
10/02/2016, 15:53
EL ESTADO INEFICIENTE-LENTITUD EN PERMISOS
Por Jorge Corrales Quesada
Es de esperar que “en donde haya ‘permisos’, habrá chorizos”. La plata de por medio permite o acelera las cosas. Pero éste no parece ser un caso que se denuncia por tal razón, según lo expone La Nación del 5 de setiembre bajo el titular “40 construcciones esperan sí de CONAVI para vías de acceso: Aprobación de permisos tarda hasta seis meses,” sino que más bien es un ejemplo más de la lentitud con que la burocracia actúa para resolver permisos, que en buen sentido deben solicitar los ciudadanos.
De acuerdo con la legislación, es una dependencia del CONAVI (Consejo Nacional de Vialidad), la Comisión de Accesos Restringidos, la que debe revisar y aprobar los planes propuestos por las empresas desarrolladoras, para que negocios que se ubiquen en la vecindad inmediata tengan acceso de y para alguna de las 12 rutas nacionales. Se arguye que la razón de dicho permiso necesario es para “disminuir el impacto que tendrá la nueva construcción en el flujo circular por esa carretera, pues implica mayor número de vehículos transitando. Deben incluir accesos y salidas, así como señalización.” Esto parece ser razonable (claro que si un nuevo negocio se ubicara allí, atraería clientes de otras partes, con lo cual en esas otras partes disminuiría el tráfico vehicular), pero el problema está en que el otorgamiento de dichos permisos no es expedito y que en algunos casos para lograrlos se está durando hasta seis meses.
Esto último ha provocado incluso que algunas formas abran sus negocios sin tener el permiso respectivo, claro que unos dirán que lo hacen “ilegalmente”, pero otros dirán que lo harán por “desesperación” por la tardanza en otorgarlo.
Hay un caso de esto que recientemente surgió a la luz pública y es el del City Mall de Alajuela, cuyos dueños dicen haber pedido el permiso correspondiente desde el 2013 y que no se les otorgó sino hasta mediados de este año. Obviamente retrasos como estos ocasionan costos muy elevados para cualquier empresario interesado en desarrollar un negocio en dicho sitio.
En el momento de la publicación del artículo del periódico arriba citado, había 40 negocios que, antes de iniciar sus operaciones, estaban en espera del permiso correspondiente para alguna de las 12 rutas nacionales reguladas por el decreto correspondiente. Lo que uno no entiende de todo esto es en dónde queda la proclama de un estado facilitador de la producción y el intercambio, que eliminaría trabas innecesarias y aceleraría la aprobación de aquellas necesarias, como parece serlo en este caso concreto. A quienes nos ha tocado lidiar con permisos de parte del estado, ya casi que nos parece como algo natural, pero a la vez lacerante, la cantidad enorme de documentos, trámites engorrosos y esperas de todo tipo que sólo ocasionan costos más elevados para los ciudadanos, a quienes bien entiendo incluso por qué hasta están dispuestos a pagar coimas, con tal de que se acelere lo que urge ser resuelto. Ojalá que las autoridades correspondientes revisen la tramitología, dejando sólo lo estrictamente necesario, para que rápidamente resuelvan permisos que permitan empezar a funcionar a esos nuevos negocios. Ah, y también para que no se lamenten después del bajo nivel de empleo productivo que hay en la economía.
Publicado en Facebook el 10 de febrero del 2016.
Por Jorge Corrales Quesada
Es de esperar que “en donde haya ‘permisos’, habrá chorizos”. La plata de por medio permite o acelera las cosas. Pero éste no parece ser un caso que se denuncia por tal razón, según lo expone La Nación del 5 de setiembre bajo el titular “40 construcciones esperan sí de CONAVI para vías de acceso: Aprobación de permisos tarda hasta seis meses,” sino que más bien es un ejemplo más de la lentitud con que la burocracia actúa para resolver permisos, que en buen sentido deben solicitar los ciudadanos.
De acuerdo con la legislación, es una dependencia del CONAVI (Consejo Nacional de Vialidad), la Comisión de Accesos Restringidos, la que debe revisar y aprobar los planes propuestos por las empresas desarrolladoras, para que negocios que se ubiquen en la vecindad inmediata tengan acceso de y para alguna de las 12 rutas nacionales. Se arguye que la razón de dicho permiso necesario es para “disminuir el impacto que tendrá la nueva construcción en el flujo circular por esa carretera, pues implica mayor número de vehículos transitando. Deben incluir accesos y salidas, así como señalización.” Esto parece ser razonable (claro que si un nuevo negocio se ubicara allí, atraería clientes de otras partes, con lo cual en esas otras partes disminuiría el tráfico vehicular), pero el problema está en que el otorgamiento de dichos permisos no es expedito y que en algunos casos para lograrlos se está durando hasta seis meses.
Esto último ha provocado incluso que algunas formas abran sus negocios sin tener el permiso respectivo, claro que unos dirán que lo hacen “ilegalmente”, pero otros dirán que lo harán por “desesperación” por la tardanza en otorgarlo.
Hay un caso de esto que recientemente surgió a la luz pública y es el del City Mall de Alajuela, cuyos dueños dicen haber pedido el permiso correspondiente desde el 2013 y que no se les otorgó sino hasta mediados de este año. Obviamente retrasos como estos ocasionan costos muy elevados para cualquier empresario interesado en desarrollar un negocio en dicho sitio.
En el momento de la publicación del artículo del periódico arriba citado, había 40 negocios que, antes de iniciar sus operaciones, estaban en espera del permiso correspondiente para alguna de las 12 rutas nacionales reguladas por el decreto correspondiente. Lo que uno no entiende de todo esto es en dónde queda la proclama de un estado facilitador de la producción y el intercambio, que eliminaría trabas innecesarias y aceleraría la aprobación de aquellas necesarias, como parece serlo en este caso concreto. A quienes nos ha tocado lidiar con permisos de parte del estado, ya casi que nos parece como algo natural, pero a la vez lacerante, la cantidad enorme de documentos, trámites engorrosos y esperas de todo tipo que sólo ocasionan costos más elevados para los ciudadanos, a quienes bien entiendo incluso por qué hasta están dispuestos a pagar coimas, con tal de que se acelere lo que urge ser resuelto. Ojalá que las autoridades correspondientes revisen la tramitología, dejando sólo lo estrictamente necesario, para que rápidamente resuelvan permisos que permitan empezar a funcionar a esos nuevos negocios. Ah, y también para que no se lamenten después del bajo nivel de empleo productivo que hay en la economía.
Publicado en Facebook el 10 de febrero del 2016.