Jorge Corrales Quesada
26/01/2016, 11:20
UN CONFLICTO IRRESOLUTO QUE NOS DAÑA MUCHO
Por Jorge Corrales Quesada
Desde hace ya buen rato que no hay solución a un conflicto que es particularmente relevante para las próximas elecciones de alcaldes en los primeros días de febrero. Me refiero a que la Contraloría considera necesario castigar a alcaldes por supuestas anomalías, tal como lo ha señalado mediante diversas recomendaciones vinculantes, pero que, como quien los nombra es el Tribunal Supremo de Elecciones -ente que les entregó las credenciales a los alcaldes cuestionados- es el cuerpo facultado para ejecutar las decisiones de la Contraloría al respecto.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) considera que es la Contraloría la que tiene los poderes del caso para ejecutar esas sanciones.
Ante el impasse obvio y por la trascendencia que tiene desde el punto de vista de la rendición de cuentas y de la asunción de responsabilidades de los cuestionados, es que la Contraloría ha sometido la decisión al Tribunal Contencioso Administrativo, en torno a quién corresponde aplicar tales sanciones. Sin embargo, su resolución parece no haberse dado -pocas semanas antes de las elecciones municipales- siendo ello crucial en la lucha ciudadana contra la impunidad.
Esto lo presenta La Nación del 03 de noviembre del año pasado, en un artículo titulado “Irregularidades de Alcaldes se Quedan sin Castigo: Contraloría y TSE en pugna por quién tiene potestad para suspenderlos.” La pugna la resolverá, supuestamente, el Tribunal Contencioso Administrativo, pero, mientras tanto, ni la Contraloría ni el TSE nos dan aliento a los ciudadanos que tenemos las esperanzas puestas en un adecentamiento de la función pública.
Este tiempo perdido por falta de una resolución final del Contencioso Administrativo puede ser crucial, pues ya se avecina la elección de nuevas autoridades municipales y algunos de los alcaldes sancionados por la Contraloría buscan su reelección, aunque ciertamente algunos han apelado la decisión contralora ante otros tribunales.
La Nación cita los siguientes casos: Gerardo Oviedo, alcalde de Santa Ana y sancionado con una suspensión por 8 días, del partido Liberación Nacional; Bernal Vargas, alcalde de Palmares y sancionado con una suspensión por 8 días, del partido Liberación Nacional; Néstor Mattis, alcalde de Limón y suspendido por 20 días, del partido Auténtico Limonense; Leonardo Quesada, alcalde de León Cortés y sancionado con una suspensión de 20 días, del partido Liberación Nacional y Jairo Guzmán, alcalde de San Mateo y sancionado con una suspensión de 30 días y del partido Liberación Nacional.
Asimismo, fueron suspendidos, pero no buscan su reelección, el alcalde de Valverde Vega, Luis Antonio Barrantes, suspendido por 15 días y del partido Movimiento Libertario y la alcaldesa de Atenas, Querima Bermúdez, suspendida por 15 días y del partido Unidad Social Cristiana. Asimismo, informa el periódico que, a esa fecha, “está en el limbo una sanción contra nueve regidores de San Mateo, Guatuso, Nicoya y Cartago y una vicealcaldesa de Osa.”
Por su parte, es bien sabido que Johnny Araya, quien fuera suspendido como alcalde de San José en febrero del año pasado, cuando “la Sala IV le dio el visto bueno (a la Contraloría) para emitir castigos,” aspira de nuevo a ser alcalde de San José (no conozco de otros casos, pues los citaría igualmente).
Por el mayor bienestar de la ciudadanía y los electores, es mi opinión que ya los jueces deberían de haber resuelto el impasse entre la Contraloría y el TSE. Los ciudadanos queremos justicia, transparencia y que se evite la impunidad. Como no hay nada resuelto aún, creo que los ciudadanos ya saben qué hacer en cuanto a la reelección pretendida por los señores citados, mediante su voto en las elecciones municipales de febrero. Pero estamos ante otro ejemplo de ineficiencia -por lerdas- en lo referente a resoluciones de ciertos tribunales del estado.
Publicado en mis sitios en Facebook el 26 de enero del 2016.
Por Jorge Corrales Quesada
Desde hace ya buen rato que no hay solución a un conflicto que es particularmente relevante para las próximas elecciones de alcaldes en los primeros días de febrero. Me refiero a que la Contraloría considera necesario castigar a alcaldes por supuestas anomalías, tal como lo ha señalado mediante diversas recomendaciones vinculantes, pero que, como quien los nombra es el Tribunal Supremo de Elecciones -ente que les entregó las credenciales a los alcaldes cuestionados- es el cuerpo facultado para ejecutar las decisiones de la Contraloría al respecto.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) considera que es la Contraloría la que tiene los poderes del caso para ejecutar esas sanciones.
Ante el impasse obvio y por la trascendencia que tiene desde el punto de vista de la rendición de cuentas y de la asunción de responsabilidades de los cuestionados, es que la Contraloría ha sometido la decisión al Tribunal Contencioso Administrativo, en torno a quién corresponde aplicar tales sanciones. Sin embargo, su resolución parece no haberse dado -pocas semanas antes de las elecciones municipales- siendo ello crucial en la lucha ciudadana contra la impunidad.
Esto lo presenta La Nación del 03 de noviembre del año pasado, en un artículo titulado “Irregularidades de Alcaldes se Quedan sin Castigo: Contraloría y TSE en pugna por quién tiene potestad para suspenderlos.” La pugna la resolverá, supuestamente, el Tribunal Contencioso Administrativo, pero, mientras tanto, ni la Contraloría ni el TSE nos dan aliento a los ciudadanos que tenemos las esperanzas puestas en un adecentamiento de la función pública.
Este tiempo perdido por falta de una resolución final del Contencioso Administrativo puede ser crucial, pues ya se avecina la elección de nuevas autoridades municipales y algunos de los alcaldes sancionados por la Contraloría buscan su reelección, aunque ciertamente algunos han apelado la decisión contralora ante otros tribunales.
La Nación cita los siguientes casos: Gerardo Oviedo, alcalde de Santa Ana y sancionado con una suspensión por 8 días, del partido Liberación Nacional; Bernal Vargas, alcalde de Palmares y sancionado con una suspensión por 8 días, del partido Liberación Nacional; Néstor Mattis, alcalde de Limón y suspendido por 20 días, del partido Auténtico Limonense; Leonardo Quesada, alcalde de León Cortés y sancionado con una suspensión de 20 días, del partido Liberación Nacional y Jairo Guzmán, alcalde de San Mateo y sancionado con una suspensión de 30 días y del partido Liberación Nacional.
Asimismo, fueron suspendidos, pero no buscan su reelección, el alcalde de Valverde Vega, Luis Antonio Barrantes, suspendido por 15 días y del partido Movimiento Libertario y la alcaldesa de Atenas, Querima Bermúdez, suspendida por 15 días y del partido Unidad Social Cristiana. Asimismo, informa el periódico que, a esa fecha, “está en el limbo una sanción contra nueve regidores de San Mateo, Guatuso, Nicoya y Cartago y una vicealcaldesa de Osa.”
Por su parte, es bien sabido que Johnny Araya, quien fuera suspendido como alcalde de San José en febrero del año pasado, cuando “la Sala IV le dio el visto bueno (a la Contraloría) para emitir castigos,” aspira de nuevo a ser alcalde de San José (no conozco de otros casos, pues los citaría igualmente).
Por el mayor bienestar de la ciudadanía y los electores, es mi opinión que ya los jueces deberían de haber resuelto el impasse entre la Contraloría y el TSE. Los ciudadanos queremos justicia, transparencia y que se evite la impunidad. Como no hay nada resuelto aún, creo que los ciudadanos ya saben qué hacer en cuanto a la reelección pretendida por los señores citados, mediante su voto en las elecciones municipales de febrero. Pero estamos ante otro ejemplo de ineficiencia -por lerdas- en lo referente a resoluciones de ciertos tribunales del estado.
Publicado en mis sitios en Facebook el 26 de enero del 2016.