Jorge Corrales Quesada
21/01/2016, 11:26
EL ESTADO INEFICIENTE- ¿ES EL ICE UNA REPÚBLICA INDEPENDIENTE?
Por Jorge Corrales Quesada
Ya en diversas ocasiones he escuchado la expresión “la república independiente del ICE” Tal es el caso reciente, ante la decisión de la entidad descentralizada no sólo de negarse a revelar los resultados financiero-económicos de su casi-quebrada subsidiaria RACSA, sino también al interponer un litigio en contra de la Contraloría General de la República (CGR), porque, presuntamente, ésta se entromete en las gestiones administrativas del ICE. Pero el calificativo al ICE de “república independiente” no parece ser algo nuevo, sino que se ve revitalizado al actuar de tal manera.
Creo que se comete una tremenda injusticia en contra del ICE, al mencionársele como una forma de gobierno “independiente”. Si de dar cuentas se trata y eso define la “independencia”, los tres poderes que integran la República independiente de Costa Rica, usualmente al final de su jornada fiscal, rinden cuentas ante los organismos correspondientes: el informe presidencial del primero de mayo no es una broma, ni tampoco lo constituyen los estados que deben remitir ante la Contraloría y la Asamblea Legislativa por la liquidación de su presupuesto y la verdad es que, políticamente, el poder legislativo ejerce un control crítico de la gestión del poder ejecutivo con bastante frecuencia. Asimismo, la Corte informa anualmente de sus resultados al país, presuntamente sin esconder detalle alguno de su gestión. Si acaso podría decirse que el poder legislativo no da cuentas a nadie, pero por su naturaleza se deduce que constantemente está rindiendo informes a los ciudadanos del país a los cuales representa –ojalá fuera más formal y detallado.
Grosso modo considero que los distintos poderes que integran el estado costarricense cumplen con el requisito de informar debidamente a los ciudadanos y en mucho, ese control proviene de parte de la CGR. Que aquél sea bueno o malo es otra cosa, pues d lo que aquí se trata no es de la eficiencia con que aquella entidad practica su función contralora, sino acerca de si hay acciones -formales e informales- mediante las cuales diversos integrantes del estado dan cuentas plenas de sus acciones a la ciudadanía. Precisamente la Constitución de la República sólo excluye de la obligación de dar tal información a pocos temas muy concretos, como pueden ser ciertos aspectos de seguridad nacional e internacional.
Pero, de ahí para atrás, todos los entes públicos están en la obligación de dar a los ciudadanos toda la información que se les requiera, tanto brindada como parte de un proceso institucional establecido, sino ante la petición de un derecho a la información al cual acuden, en muchas ocasiones, medios de prensa, a fin de poder divulgarla a la ciudadanía. La corte constitucional abundantemente ha garantizado este derecho de los ciudadanos en caso de peticiones de medios y hasta de personas particulares; los primeros para divulgarla a la ciudadanía y los segundos ante un interés personal. No hay razón, sino por excepción calificada en nuestra Constitución, para que el estado y sus partes integrantes tengan secreto alguno y máxime cuando ese accionar del estado involucra la utilización de recursos públicos e incluso de entidades privadas que le dan servicio de alguna manera, personal o no, a los funcionarios de gobierno, como puede ser una manera de obtener algún favor.
Por ello, creo que no es apropiado llamar al ICE “república independiente” pues, en lo que tiene que ver con información y con rendición de cuentas a los ciudadanos, no hay parte del estado que esté excluido de brindarla: no hay tal “independencia”, entendida como poder hacer lo que se considera conveniente para la entidad involucrada, sin tener que informar debidamente de ello a los costarricenses. Tienen la obligación de darnos toda la información, excepto la excluida constitucionalmente de manera explícita y que usualmente suele aplicarse en temas de seguridad atinentes al Poder Ejecutivo.
Entonces, ¿cómo debería de calificar yo al ICE en vez de pretender llamarlo una “república independiente”? Considero que es remiso en cumplir con su obligación de informar debida y plenamente a los ciudadanos, quienes en última instancia somos los dueños de esa entidad o empresa. Que tenemos derecho a conocer directa o por medio de nuestros representantes, a plenitud, todas las acciones que se dan en el ICE (y en cualquier otro ente estatal), especialmente aquellas que tienen impacto sobre sus finanzas. ¿Arrogante el ICE? Tal vez, pero prefiero no llamarlo así, sino más bien, “niño o muchacho malcriado”, pero en verdad, dada su existencia de más de sesenta años, podría ser “adulto mayor malcriado” o mejor “un viejo malcriado”. Por su reacción ante la halada del aire por parte de la Contraloría por no informar debidamente a ese ente (en representación ciudadana), así como por la Asamblea Legislativa, que institucionalmente nos representa en nuestra república. Y también ante el propio gobierno de la República. Ante las llamadas de atención, lo que el ICE hace es acudir a los tribunales para que dirima -una vez más- acerca del derecho ciudadano esencial a estar debida y plenamente informado de todo lo que hace el estado, acusando a la Contraloría de intervenir en su gestión administrativa: con ese cuento ahora todas las “independientes” instituciones del estado no informarán debidamente a la Contraloría, por intervenir ésta “competencia propias” de cada una de aquéllas.
Se me dirá -si acaso, pero no lo dudo- que lo que el ICE hace es acudir al camino de la legalidad para que se resuelva la querella, pero francamente me parece una necedad, pues incluso hace su “reclamo” sino hasta en el momento en que sus finanzas presentan -supuestamente- problemas muy serios derivados de las pérdidas por montos formalmente no conocidos de una subsidiaria suya. (Se ha mencionado en informes de la Contraloría que “entre enero del 2010 y junio del 2011, Radiográfica acumuló pérdidas de operación por ₡6.786 millones”. Ver La Nación, “ICE lleva a Tribunal a Contraloría para que no le dé órdenes: Llega al Contencioso conflicto sobre finanzas de RACSA,” 21 de agosto del 2015).
No hay transparencia en los estados financieros actuales del ICE que reflejen las pérdidas reales de su subsidiaria RACSA y lo cual el ciudadano tiene todo el derecho a conocer en su alcance. El cuento de “confidencialidad” para no darlos -y lo escribo con respeto- no es más que seguir aquella vieja práctica del gato, de ocultar la caca debajo de la arena para que la gente no la note.
Que no me vengan con el cuento de que ni el presidente de la República, señor Luis Guillermo Solís, ni el ministro del sector, don Édgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía no tenían conocimiento de este tema de la demanda del ICE contra la Contraloría. Es un tema muy importante como para que ni siquiera se haya visto en un Consejo de Gobierno, que no sólo suele tratar temas de coordinación dentro del estado, por lo cual es muy frecuente que presidentes ejecutivos de instituciones autónomas acudan a éste cuando se trata de un tema importante de su sector, sino porque también porque el decreto 36.984 reglamenta los artículos 36 y 37 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, lo cual, según lo mencionado en La Nación del 22 de agosto, es “potestad del consejo de ministros [la] de verificar el cumplimiento de las directrices gubernamentales.”
Si el tema de la demanda ante los tribunales de ley por parte del ICE contra la Contraloría y el propio Estado no fue del conocimiento de todos los entes y personas citadas, de inmediato eleva mi pregunta acerca de, entonces, ¿para qué están?, si temas tan delicados como una demanda tal, deberían de ser tratados dentro de la institucionalidad del gobierno central. Si es que el asunto fue de su conocimiento y ahora lo niegan, pues… es lo del gato y eso debemos advertirlo.
Publicado en mis sitios en Facebook el 21 de enero del 2016.
Por Jorge Corrales Quesada
Ya en diversas ocasiones he escuchado la expresión “la república independiente del ICE” Tal es el caso reciente, ante la decisión de la entidad descentralizada no sólo de negarse a revelar los resultados financiero-económicos de su casi-quebrada subsidiaria RACSA, sino también al interponer un litigio en contra de la Contraloría General de la República (CGR), porque, presuntamente, ésta se entromete en las gestiones administrativas del ICE. Pero el calificativo al ICE de “república independiente” no parece ser algo nuevo, sino que se ve revitalizado al actuar de tal manera.
Creo que se comete una tremenda injusticia en contra del ICE, al mencionársele como una forma de gobierno “independiente”. Si de dar cuentas se trata y eso define la “independencia”, los tres poderes que integran la República independiente de Costa Rica, usualmente al final de su jornada fiscal, rinden cuentas ante los organismos correspondientes: el informe presidencial del primero de mayo no es una broma, ni tampoco lo constituyen los estados que deben remitir ante la Contraloría y la Asamblea Legislativa por la liquidación de su presupuesto y la verdad es que, políticamente, el poder legislativo ejerce un control crítico de la gestión del poder ejecutivo con bastante frecuencia. Asimismo, la Corte informa anualmente de sus resultados al país, presuntamente sin esconder detalle alguno de su gestión. Si acaso podría decirse que el poder legislativo no da cuentas a nadie, pero por su naturaleza se deduce que constantemente está rindiendo informes a los ciudadanos del país a los cuales representa –ojalá fuera más formal y detallado.
Grosso modo considero que los distintos poderes que integran el estado costarricense cumplen con el requisito de informar debidamente a los ciudadanos y en mucho, ese control proviene de parte de la CGR. Que aquél sea bueno o malo es otra cosa, pues d lo que aquí se trata no es de la eficiencia con que aquella entidad practica su función contralora, sino acerca de si hay acciones -formales e informales- mediante las cuales diversos integrantes del estado dan cuentas plenas de sus acciones a la ciudadanía. Precisamente la Constitución de la República sólo excluye de la obligación de dar tal información a pocos temas muy concretos, como pueden ser ciertos aspectos de seguridad nacional e internacional.
Pero, de ahí para atrás, todos los entes públicos están en la obligación de dar a los ciudadanos toda la información que se les requiera, tanto brindada como parte de un proceso institucional establecido, sino ante la petición de un derecho a la información al cual acuden, en muchas ocasiones, medios de prensa, a fin de poder divulgarla a la ciudadanía. La corte constitucional abundantemente ha garantizado este derecho de los ciudadanos en caso de peticiones de medios y hasta de personas particulares; los primeros para divulgarla a la ciudadanía y los segundos ante un interés personal. No hay razón, sino por excepción calificada en nuestra Constitución, para que el estado y sus partes integrantes tengan secreto alguno y máxime cuando ese accionar del estado involucra la utilización de recursos públicos e incluso de entidades privadas que le dan servicio de alguna manera, personal o no, a los funcionarios de gobierno, como puede ser una manera de obtener algún favor.
Por ello, creo que no es apropiado llamar al ICE “república independiente” pues, en lo que tiene que ver con información y con rendición de cuentas a los ciudadanos, no hay parte del estado que esté excluido de brindarla: no hay tal “independencia”, entendida como poder hacer lo que se considera conveniente para la entidad involucrada, sin tener que informar debidamente de ello a los costarricenses. Tienen la obligación de darnos toda la información, excepto la excluida constitucionalmente de manera explícita y que usualmente suele aplicarse en temas de seguridad atinentes al Poder Ejecutivo.
Entonces, ¿cómo debería de calificar yo al ICE en vez de pretender llamarlo una “república independiente”? Considero que es remiso en cumplir con su obligación de informar debida y plenamente a los ciudadanos, quienes en última instancia somos los dueños de esa entidad o empresa. Que tenemos derecho a conocer directa o por medio de nuestros representantes, a plenitud, todas las acciones que se dan en el ICE (y en cualquier otro ente estatal), especialmente aquellas que tienen impacto sobre sus finanzas. ¿Arrogante el ICE? Tal vez, pero prefiero no llamarlo así, sino más bien, “niño o muchacho malcriado”, pero en verdad, dada su existencia de más de sesenta años, podría ser “adulto mayor malcriado” o mejor “un viejo malcriado”. Por su reacción ante la halada del aire por parte de la Contraloría por no informar debidamente a ese ente (en representación ciudadana), así como por la Asamblea Legislativa, que institucionalmente nos representa en nuestra república. Y también ante el propio gobierno de la República. Ante las llamadas de atención, lo que el ICE hace es acudir a los tribunales para que dirima -una vez más- acerca del derecho ciudadano esencial a estar debida y plenamente informado de todo lo que hace el estado, acusando a la Contraloría de intervenir en su gestión administrativa: con ese cuento ahora todas las “independientes” instituciones del estado no informarán debidamente a la Contraloría, por intervenir ésta “competencia propias” de cada una de aquéllas.
Se me dirá -si acaso, pero no lo dudo- que lo que el ICE hace es acudir al camino de la legalidad para que se resuelva la querella, pero francamente me parece una necedad, pues incluso hace su “reclamo” sino hasta en el momento en que sus finanzas presentan -supuestamente- problemas muy serios derivados de las pérdidas por montos formalmente no conocidos de una subsidiaria suya. (Se ha mencionado en informes de la Contraloría que “entre enero del 2010 y junio del 2011, Radiográfica acumuló pérdidas de operación por ₡6.786 millones”. Ver La Nación, “ICE lleva a Tribunal a Contraloría para que no le dé órdenes: Llega al Contencioso conflicto sobre finanzas de RACSA,” 21 de agosto del 2015).
No hay transparencia en los estados financieros actuales del ICE que reflejen las pérdidas reales de su subsidiaria RACSA y lo cual el ciudadano tiene todo el derecho a conocer en su alcance. El cuento de “confidencialidad” para no darlos -y lo escribo con respeto- no es más que seguir aquella vieja práctica del gato, de ocultar la caca debajo de la arena para que la gente no la note.
Que no me vengan con el cuento de que ni el presidente de la República, señor Luis Guillermo Solís, ni el ministro del sector, don Édgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía no tenían conocimiento de este tema de la demanda del ICE contra la Contraloría. Es un tema muy importante como para que ni siquiera se haya visto en un Consejo de Gobierno, que no sólo suele tratar temas de coordinación dentro del estado, por lo cual es muy frecuente que presidentes ejecutivos de instituciones autónomas acudan a éste cuando se trata de un tema importante de su sector, sino porque también porque el decreto 36.984 reglamenta los artículos 36 y 37 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, lo cual, según lo mencionado en La Nación del 22 de agosto, es “potestad del consejo de ministros [la] de verificar el cumplimiento de las directrices gubernamentales.”
Si el tema de la demanda ante los tribunales de ley por parte del ICE contra la Contraloría y el propio Estado no fue del conocimiento de todos los entes y personas citadas, de inmediato eleva mi pregunta acerca de, entonces, ¿para qué están?, si temas tan delicados como una demanda tal, deberían de ser tratados dentro de la institucionalidad del gobierno central. Si es que el asunto fue de su conocimiento y ahora lo niegan, pues… es lo del gato y eso debemos advertirlo.
Publicado en mis sitios en Facebook el 21 de enero del 2016.