Jorge Corrales Quesada
15/01/2016, 17:23
EL ESTADO INEFICIENTE-IMPORTANDO PIEDRA
Por Jorge Corrales Quesada
Como creyente en el libre comercio, no debería de preocuparme el hecho de que sea necesario importar piedra desde Noruega, para continuar el avance de las obras del nuevo muelle de Moín. Pero, cuando para la empresa domiciliada en el país que está llevando a cabo dicho proyecto, la idea de tener que importarla no le parece como del todo mal, las cosas no me cuadran en mi mente. Para analizar este tema me fundamento en lo aparecido en el artículo de La Nación del 21 de agosto, titulado “Concesionaria traerá piedra de Noruega para megapuerto: APM Terminals requiere material que no hay en el país.”
Empecemos por comentar el subtítulo arriba citado -“APM Terminals requiere material que no hay en el país”- para, si es posible, ir aclarando las cosas. De hecho, no se sabe si en el país existe piedra de la calidad presuntamente requerida. Es más, señala el señor Kenneth Waugh, gerente de APM Terminals, que “El tajo Asunción [ubicado en Matama, Limón] era uno de los que más se acercaba a las especificaciones técnicas. Sin embargo, respetuosos del ordenamiento jurídico, hasta que este tajo no tenga los permisos, no es posible considerarlo como fuente de suministro.” Esto es, bien podría ser que, si el tajo Asunción, ubicado en el país, tuviera los permisos necesarios, dicho material podría satisfacer los requisitos de la empresa. De ser así, entonces, se podría decir que sí habría dicho material en “Costa Rica y no, como dice el subtítulo de marras, de que es un “material que no hay en el país.”
Pero esto lo que nos permite es desnudar el problema, cual es la falta de autorización para extraerlo en el país, lo que hace u obliga a que la firma deba traerlo desde Noruega (en algún momento se señaló que podría venir desde México, pero no se ha vuelto a saber nada más de esa posibilidad). Lo que me cuesta creer, no lo concibo, es que la opción de traerla desde Noruega no se va a traducir en un costo mayor, como lo dice la empresa concesionaria, pero en realidad ese sería un problema de costos de la empresa que hace el proyecto. En todo caso, si el costo fuera igual o mayor, por hipótesis, lo que me inquieta es que esos ingresos provenientes de la venta de piedra podrían haberse quedado en el país. Pero, bueno, así pueden ser las cosas, aunque vale entender el porqué de ello.
¿Qué dice el empresario costarricense, don William Lizano, de Lemon Stone, dueña presunta del Tajo Asunción, asociada con Eco Proyecciones del Nuevo Milenio, para desarrollar dicho proyecto? Nos comenta que “esa compañía tiene más de un año y medio intentando obtener permisos ambientales y mineros para explotar el tajo.” El artículo del periódico antes citado señala que “no obstante, las empresas no han podido demostrar que la finca donde quieren desarrollar el tajo, les pertenece.” El señor Lizano acota: “¿Por qué no nos permiten trabajar?, ¿quién está detrás de todo esto? Todo va a parar en una demanda contra el Estado.” ¡Lo que nos faltaba, que terminemos todos los ciudadanos siendo los “paganinis” del entresijo! Agrega el empresario Lizano: “Veo muy pocas probabilidades de que el tajo logre funcionar en algún momento, hemos tropezado con muchos obstáculos a pesar de que demostramos que, ambientalmente, no perjudica el agua de la zona.”
El punto parece resumirse en la existencia o ausencia de un derecho de propiedad de la firma que explotaría el tajo. Si se demostrara su propiedad, se deduce de lo expuesto que el permiso se daría sin problemas, lo cual beneficiaría la producción de este país, además de a un personal estimado en 200 personas, entre operadores de maquinaria y conductores de camiones (supongo que en la zona de Limón el desempleo está muy por encima del 10.5% nacional).
Creo que es necesario que el estado se interese más en este asunto, aunque se sabe de reuniones con el presidente acerca del tema, pero no del resultado de ellas. No debemos descartar una posibilidad de que nuestro país progrese desarrollando recursos ociosos en el suelo o subsuelo, además de generar empleo y mayor riqueza en la comunidad limonense. Creo que un estado que facilite, en lo posible, por supuesto que haciendo que se respete en su totalidad la vigencia de la propiedad privada en el país, la solución de problemas como el expuesto, sería algo muy apropiado entre tanta zarza regulatoria que suele aparecer cuando se trata de temas en donde aparece el estado. Eso debe de quedar bien claro ante los ojos de los costarricenses, para que después no lamentemos la posibilidad de, tal vez, vivir mejor.
Si hay alguna otra razón para no dar el permiso, creo que es deseable hacérsela saber a la ciudadanía, para no cometer injustas imputaciones a nadie.
Publicado en mi sitio en Facebook el 15 de enero del 2016.
Por Jorge Corrales Quesada
Como creyente en el libre comercio, no debería de preocuparme el hecho de que sea necesario importar piedra desde Noruega, para continuar el avance de las obras del nuevo muelle de Moín. Pero, cuando para la empresa domiciliada en el país que está llevando a cabo dicho proyecto, la idea de tener que importarla no le parece como del todo mal, las cosas no me cuadran en mi mente. Para analizar este tema me fundamento en lo aparecido en el artículo de La Nación del 21 de agosto, titulado “Concesionaria traerá piedra de Noruega para megapuerto: APM Terminals requiere material que no hay en el país.”
Empecemos por comentar el subtítulo arriba citado -“APM Terminals requiere material que no hay en el país”- para, si es posible, ir aclarando las cosas. De hecho, no se sabe si en el país existe piedra de la calidad presuntamente requerida. Es más, señala el señor Kenneth Waugh, gerente de APM Terminals, que “El tajo Asunción [ubicado en Matama, Limón] era uno de los que más se acercaba a las especificaciones técnicas. Sin embargo, respetuosos del ordenamiento jurídico, hasta que este tajo no tenga los permisos, no es posible considerarlo como fuente de suministro.” Esto es, bien podría ser que, si el tajo Asunción, ubicado en el país, tuviera los permisos necesarios, dicho material podría satisfacer los requisitos de la empresa. De ser así, entonces, se podría decir que sí habría dicho material en “Costa Rica y no, como dice el subtítulo de marras, de que es un “material que no hay en el país.”
Pero esto lo que nos permite es desnudar el problema, cual es la falta de autorización para extraerlo en el país, lo que hace u obliga a que la firma deba traerlo desde Noruega (en algún momento se señaló que podría venir desde México, pero no se ha vuelto a saber nada más de esa posibilidad). Lo que me cuesta creer, no lo concibo, es que la opción de traerla desde Noruega no se va a traducir en un costo mayor, como lo dice la empresa concesionaria, pero en realidad ese sería un problema de costos de la empresa que hace el proyecto. En todo caso, si el costo fuera igual o mayor, por hipótesis, lo que me inquieta es que esos ingresos provenientes de la venta de piedra podrían haberse quedado en el país. Pero, bueno, así pueden ser las cosas, aunque vale entender el porqué de ello.
¿Qué dice el empresario costarricense, don William Lizano, de Lemon Stone, dueña presunta del Tajo Asunción, asociada con Eco Proyecciones del Nuevo Milenio, para desarrollar dicho proyecto? Nos comenta que “esa compañía tiene más de un año y medio intentando obtener permisos ambientales y mineros para explotar el tajo.” El artículo del periódico antes citado señala que “no obstante, las empresas no han podido demostrar que la finca donde quieren desarrollar el tajo, les pertenece.” El señor Lizano acota: “¿Por qué no nos permiten trabajar?, ¿quién está detrás de todo esto? Todo va a parar en una demanda contra el Estado.” ¡Lo que nos faltaba, que terminemos todos los ciudadanos siendo los “paganinis” del entresijo! Agrega el empresario Lizano: “Veo muy pocas probabilidades de que el tajo logre funcionar en algún momento, hemos tropezado con muchos obstáculos a pesar de que demostramos que, ambientalmente, no perjudica el agua de la zona.”
El punto parece resumirse en la existencia o ausencia de un derecho de propiedad de la firma que explotaría el tajo. Si se demostrara su propiedad, se deduce de lo expuesto que el permiso se daría sin problemas, lo cual beneficiaría la producción de este país, además de a un personal estimado en 200 personas, entre operadores de maquinaria y conductores de camiones (supongo que en la zona de Limón el desempleo está muy por encima del 10.5% nacional).
Creo que es necesario que el estado se interese más en este asunto, aunque se sabe de reuniones con el presidente acerca del tema, pero no del resultado de ellas. No debemos descartar una posibilidad de que nuestro país progrese desarrollando recursos ociosos en el suelo o subsuelo, además de generar empleo y mayor riqueza en la comunidad limonense. Creo que un estado que facilite, en lo posible, por supuesto que haciendo que se respete en su totalidad la vigencia de la propiedad privada en el país, la solución de problemas como el expuesto, sería algo muy apropiado entre tanta zarza regulatoria que suele aparecer cuando se trata de temas en donde aparece el estado. Eso debe de quedar bien claro ante los ojos de los costarricenses, para que después no lamentemos la posibilidad de, tal vez, vivir mejor.
Si hay alguna otra razón para no dar el permiso, creo que es deseable hacérsela saber a la ciudadanía, para no cometer injustas imputaciones a nadie.
Publicado en mi sitio en Facebook el 15 de enero del 2016.