Jorge Corrales Quesada
04/01/2016, 12:17
EL ESTADO INEFICIENTE-CONTRALORÍA ADVIERTE DE RELAJO
Por Jorge Corrales Quesada
La Contraloría General de la República acaba de publicar su informe DFOE-AE-IF—07-2015 (pongo ese montón de siglas y números por si alguien desea buscarlo o leerlo), en el cual analiza algunas partes del proyecto del parque eólico ubicado en los altos de Santa Ana, en los cerros Tacacorí y Pacacua. Casualmente es un nuevo informe acerca de malas inversiones que en los últimos años ha realizado la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (a lo cual nos referimos en otro comentario de mi serie en Facebook, El Estado Ineficiente), luego de haber analizado el proyecto llamado Balsa Inferior, que ha tenido “pérdidas por hasta ₡7.000 millones”, según informa La Nación en su comentario del 30 de julio del 2015, “Proyecto de CNFL genera energía eólica más cara de Costa Rica: Contraloría señala pérdida de $2.2 millones”. Asimismo, la “CNFL también gastó $1.6 millones en el desarrollo del Parque Eólico San Buenaventura, el cual, por su falta de rentabilidad, está entrabado desde el 2013”, se informa en dicho artículo periodístico.
De acuerdo con la Contraloría, el problema con este proyecto es muy grave, pues halló “serias debilidades,” por “insuficiencia en procesos de concepción, formulación y evaluación,” tal como lo señala el artículo referido, las cuales se resumen en la opinión de la Contraloría al sugerir que, para dicho proyecto, hubo “poca claridad de la necesidad y origen.” En sencillo, la Contraloría no parece haber encontrado razones lógicas para que se haya ejecutado; esto es, no se sabe por qué fue que se hizo.
El daño quedó hecho de parte del ente estatal. Según el artículo citado, “La Contraloría encontró que el costo de inversión unitario de la planta fue de $3.800 por kilovatio (kW) instalado, el más elevado respecto a cualquier parque eólico local con capacidad máxima de 20 megavatios (MW).” Resulta que el costo equivalente de otros parques similares es de $2.500; esto es, un 43% menos que este proyecto de Fuerza y Luz.
El desorden (llámelo usted como lo prefiera), es que ese proyecto no era viable económicamente y ni siquiera se le practicó un análisis de prefactibilidad. No hubo estudios fundamentales de mercadeo e incluso nada en cuanto a la selección de un sitio que fuera el óptimo. Además, la generación esperada de energía no se dio y surgieron “costos mayores a los previstos al crecer la inversión de $21 millones a casi $54 millones.” Esto es, el sobrecoste -el exceso de costo- fue de aproximadamente $33 millones; un 157% más alto que aquella inversión inicialmente estimada. Se considera que los ingresos que genere el proyecto no serán suficientes “para cubrir el costo real.”
La pérdida para Fuerza y Luz la estiman en $2.2 millones, supongo que anuales, pues en la información periodística no se indica el período de tiempo. Para la Contraloría, “la energía producida allí no es competitiva ni reducirá los costos de la electricidad para la CNFL [Compañía Nacional de Fuerza y Luz, subsidiaria del ICE], o las tarifas a sus abonados.” ¿Tarifas? ¡Con esas pérdidas alguien tendrá que pagarlas y casi que estoy seguro que tratarán de pasarle todas esas ineficiencias y “cochinadas” a los consumidores, mediante aumentos en el costo de la electricidad que tendremos que pagar!
En cuanto a esto último, es necesario tener presente que, en momentos en que ha caído fuertemente el costo de la energía derivada del petróleo, si eso tiene algún efecto en cuanto al costo promedio de nuestra electricidad, que no vayan en ARESEP a reducir el costo de la energía eléctrica en menos de lo que correspondería. A tal estrategia se podría pretender, a fin de encubrir estas pérdidas expuestas en torno al parque eólico de Fuerza y Luz. Que cada palo aguante su vela. Que la razón de cada aumento en las tarifas sea diáfanamente expuesta ante los usuarios cautivos.
Para que tengan una idea de lo oneroso que nos resulta a los consumidores ese proyecto eólico de Fuerza y Luz, de acuerdo con la Contraloría y reportado en el artículo de La Nación, “’el alto costo de la producción’ supera el precio promedio al que vende la energía y casi duplica el costo al cual compra al ICE.” Esto es, los usuarios de Fuerza y Luz, principalmente ubicados en el Valle Central, tenemos ante nuestros ojos una situación aciaga, producto de la incapacidad de esa empresa productora y distribuidora de luz y la cual sin duda se reflejará en nuestros recibos.
Ahora que se está poniendo de cierta moda en el gobierno, el contratar empresas o actores de entidades multinacionales para evitar los costos de las apelaciones por contrataciones administrativas en la Contraloría General de la República, tal vez la situación expuesta les abra los ojos, en cuanto a aquello de que “no todo lo que brilla es oro.” En este proyecto los dos inversionistas que conformaron una sociedad anónima para realizar el proyecto son, obviamente, Fuerza y Luz y, el otro, el Banco Centroamericano de Integración Económica (de este último los ciudadanos costarricenses somos parcialmente dueños en teoría). Según tal acuerdo, Fuerza y Luz arrendaría la planta por doce años y luego ella pasaría a ser de su propiedad. Esto significa que tan ineficiente proyecto terminará siendo carga plena para los ciudadanos y no está claro el monto de alquiler que Fuerza y Luz le pagará al BCIE. Simplemente, FyL pagará un alquiler, por algo que no es rentable, a su socio y sorprende que la participación de un ente con tanta supuesta preparación en cuanto a proyectos, sea parte de tan descabellada idea y peor ejecución. ¡Qué horror! Como el capítulo de este esplendoroso caso de un estado ineficiente (y de un banco multinacional estatal también ineficiente) aún no está concluido, los ciudadanos debemos estar muy atentos acerca de cómo se buscará, que seamos los que terminemos pagando inmisericordemente la torta e ineficacia de esas dos entidades, Fuerza y Luz y el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Publicado en Facebook el 4 de enero del 2016.
Por Jorge Corrales Quesada
La Contraloría General de la República acaba de publicar su informe DFOE-AE-IF—07-2015 (pongo ese montón de siglas y números por si alguien desea buscarlo o leerlo), en el cual analiza algunas partes del proyecto del parque eólico ubicado en los altos de Santa Ana, en los cerros Tacacorí y Pacacua. Casualmente es un nuevo informe acerca de malas inversiones que en los últimos años ha realizado la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (a lo cual nos referimos en otro comentario de mi serie en Facebook, El Estado Ineficiente), luego de haber analizado el proyecto llamado Balsa Inferior, que ha tenido “pérdidas por hasta ₡7.000 millones”, según informa La Nación en su comentario del 30 de julio del 2015, “Proyecto de CNFL genera energía eólica más cara de Costa Rica: Contraloría señala pérdida de $2.2 millones”. Asimismo, la “CNFL también gastó $1.6 millones en el desarrollo del Parque Eólico San Buenaventura, el cual, por su falta de rentabilidad, está entrabado desde el 2013”, se informa en dicho artículo periodístico.
De acuerdo con la Contraloría, el problema con este proyecto es muy grave, pues halló “serias debilidades,” por “insuficiencia en procesos de concepción, formulación y evaluación,” tal como lo señala el artículo referido, las cuales se resumen en la opinión de la Contraloría al sugerir que, para dicho proyecto, hubo “poca claridad de la necesidad y origen.” En sencillo, la Contraloría no parece haber encontrado razones lógicas para que se haya ejecutado; esto es, no se sabe por qué fue que se hizo.
El daño quedó hecho de parte del ente estatal. Según el artículo citado, “La Contraloría encontró que el costo de inversión unitario de la planta fue de $3.800 por kilovatio (kW) instalado, el más elevado respecto a cualquier parque eólico local con capacidad máxima de 20 megavatios (MW).” Resulta que el costo equivalente de otros parques similares es de $2.500; esto es, un 43% menos que este proyecto de Fuerza y Luz.
El desorden (llámelo usted como lo prefiera), es que ese proyecto no era viable económicamente y ni siquiera se le practicó un análisis de prefactibilidad. No hubo estudios fundamentales de mercadeo e incluso nada en cuanto a la selección de un sitio que fuera el óptimo. Además, la generación esperada de energía no se dio y surgieron “costos mayores a los previstos al crecer la inversión de $21 millones a casi $54 millones.” Esto es, el sobrecoste -el exceso de costo- fue de aproximadamente $33 millones; un 157% más alto que aquella inversión inicialmente estimada. Se considera que los ingresos que genere el proyecto no serán suficientes “para cubrir el costo real.”
La pérdida para Fuerza y Luz la estiman en $2.2 millones, supongo que anuales, pues en la información periodística no se indica el período de tiempo. Para la Contraloría, “la energía producida allí no es competitiva ni reducirá los costos de la electricidad para la CNFL [Compañía Nacional de Fuerza y Luz, subsidiaria del ICE], o las tarifas a sus abonados.” ¿Tarifas? ¡Con esas pérdidas alguien tendrá que pagarlas y casi que estoy seguro que tratarán de pasarle todas esas ineficiencias y “cochinadas” a los consumidores, mediante aumentos en el costo de la electricidad que tendremos que pagar!
En cuanto a esto último, es necesario tener presente que, en momentos en que ha caído fuertemente el costo de la energía derivada del petróleo, si eso tiene algún efecto en cuanto al costo promedio de nuestra electricidad, que no vayan en ARESEP a reducir el costo de la energía eléctrica en menos de lo que correspondería. A tal estrategia se podría pretender, a fin de encubrir estas pérdidas expuestas en torno al parque eólico de Fuerza y Luz. Que cada palo aguante su vela. Que la razón de cada aumento en las tarifas sea diáfanamente expuesta ante los usuarios cautivos.
Para que tengan una idea de lo oneroso que nos resulta a los consumidores ese proyecto eólico de Fuerza y Luz, de acuerdo con la Contraloría y reportado en el artículo de La Nación, “’el alto costo de la producción’ supera el precio promedio al que vende la energía y casi duplica el costo al cual compra al ICE.” Esto es, los usuarios de Fuerza y Luz, principalmente ubicados en el Valle Central, tenemos ante nuestros ojos una situación aciaga, producto de la incapacidad de esa empresa productora y distribuidora de luz y la cual sin duda se reflejará en nuestros recibos.
Ahora que se está poniendo de cierta moda en el gobierno, el contratar empresas o actores de entidades multinacionales para evitar los costos de las apelaciones por contrataciones administrativas en la Contraloría General de la República, tal vez la situación expuesta les abra los ojos, en cuanto a aquello de que “no todo lo que brilla es oro.” En este proyecto los dos inversionistas que conformaron una sociedad anónima para realizar el proyecto son, obviamente, Fuerza y Luz y, el otro, el Banco Centroamericano de Integración Económica (de este último los ciudadanos costarricenses somos parcialmente dueños en teoría). Según tal acuerdo, Fuerza y Luz arrendaría la planta por doce años y luego ella pasaría a ser de su propiedad. Esto significa que tan ineficiente proyecto terminará siendo carga plena para los ciudadanos y no está claro el monto de alquiler que Fuerza y Luz le pagará al BCIE. Simplemente, FyL pagará un alquiler, por algo que no es rentable, a su socio y sorprende que la participación de un ente con tanta supuesta preparación en cuanto a proyectos, sea parte de tan descabellada idea y peor ejecución. ¡Qué horror! Como el capítulo de este esplendoroso caso de un estado ineficiente (y de un banco multinacional estatal también ineficiente) aún no está concluido, los ciudadanos debemos estar muy atentos acerca de cómo se buscará, que seamos los que terminemos pagando inmisericordemente la torta e ineficacia de esas dos entidades, Fuerza y Luz y el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Publicado en Facebook el 4 de enero del 2016.