Jorge Corrales Quesada
18/12/2015, 09:45
EL ESTADO INEFICIENTE- CONTROL GUBERNAMENTAL DE LAS ARMAS
Jorge Corrales Quesada
Personalmente considero que los ciudadanos tienen derecho a portar armas para su propia defensa. Dicho esto, también considero apropiado por una razón básica que haya un sistema de registro de armas ante las autoridades administrativas de gobierno: en caso de un crimen en que se utiliza un arma de fuego, si aparece dicha arma en el registro se facilita la información necesaria para encontrar al responsable de tal crimen. También considero no sólo como deseable, sino indispensable en las actuales circunstancias, que haya empresas privadas de seguridad, las que, al utilizar su personal armas de fuego para su labor, deben de tenerlas debidamente registradas ante las autoridades y de ser responsables de su custodia y de informar de cualquier hurto o desaparición de ellas.
Por eso es que me sorprendió una información aparecida en La Nación del 21 de julio bajo el encabezado “Policía ignora paradero de armas de empresas con licencia vencida: Autoridades rastrean armas de fuego de 650 compañías privadas de seguridad.” Por una parte, resulta que en nuestro país a la fecha de dicho comentario periodístico hay registradas 1.613 empresas de servicios de seguridad privada, “con 25.000 armas”. No se sabe (por ese número redondo que llama tanto la atención) si esas son las efectivamente registradas o si se trata de una estimación, pero, para nuestros efectos, podemos entenderlo como el registro real de armas bajo lo que se conoce como el sistema ControlPas, “que es una herramienta tecnológica que permite gestionar trámites, como la incorporación de agencias de seguridad o la inscripción de armas.”
Resulta, por una parte, que, de aquellas 1.613 empresas de seguridad registradas, hay 649 que al momento no tienen permiso para funcionar y que se desconoce la cantidad de armas de que disponen esas 649 firmas. Asimismo, existen, por otra parte, 480 empresas de seguridad privada que tienen permiso para operar, pero no están incluidas dentro del sistema ControlPas. Por lo tanto, tan sólo 484 empresas poseen el permiso para operar y están incorporadas en dicho sistema; esto es, apenas un 30% de las empresas de seguridad cumplen con ambos requisitos, que uno podría considerar como deseables y necesarios. Las autoridades no saben con exactitud cuántas armas tienen o deberían tener esas empresas de seguridad.
Vean ahora qué interesante. Las autoridades decidieron buscar un 10% (65 empresas) de las que no tenían derecho para funcionar y en tres operaciones que han realizado, en donde estimaban recuperar 2.544 pistolas, sólo encontraron cuatro de las 65 empresas y once de las 2.544 armas. En dos palabras, hallaron casi nada: Ni las empresas sin autorización ni las armas que supuestamente tendrían. Tal como señaló el ministro de seguridad, señor Gustavo Mata, “Algunas de esas empresas ya no funcionan y no se sabe qué hicieron con las armas. Eso es preocupante [¡brujo!]. Hay gente que dice que se la(s) robaron, pero en algunos casos, no hay denuncia [de robo] de por medio. En la mayoría, simplemente no encontramos la agencia y, con ello, se fueron las pistolas.” De hecho, tan sólo un 11.5% (293 de las 2.544 pistolas) fueron denunciadas como robadas. Si a las robadas denunciadas (293) se les suman las pocas encontradas en las requisas gubernamentales citadas (11), nos daría que no se sabe en dónde están 2.240 pistolas. Por ello no extrañó que en cierto momento las autoridades equivalentes de Panamá hayan pegado el grito al cielo, pidiéndoles a las autoridades nuestras que controlaran mejor las armas en Costa Rica, pues supuestamente habían echado paticas para aquel país.
Hay que reconocer que autoridades del estado ha denunciado a 64 de las 65 empresas sin derecho a funcionar (una de ellas demostró que su arma fue robada; cuatro no tenían en su poder todas las armas que tenían como inscritas y 60 empresas no fueron encontradas). Está muy bien lo de la denuncia, pero el obvio responsable de todo este despelote, es un estado ineficiente en cuanto a controlar la existencia de empresas sin el permiso debido y menos cuando armas que tenían registradas no estaban en sus manos. ¡A propósito!: ¿Qué pasó penalmente con aquella cantidad enorme de pistolas Glock que se robaron del arsenal de tránsito del MOPT hace unos tres años? O es esta otra pregunta incómoda sobre un tema tan delicado.
Publicado en Facebook el 18 de diciembre del 2015.
Jorge Corrales Quesada
Personalmente considero que los ciudadanos tienen derecho a portar armas para su propia defensa. Dicho esto, también considero apropiado por una razón básica que haya un sistema de registro de armas ante las autoridades administrativas de gobierno: en caso de un crimen en que se utiliza un arma de fuego, si aparece dicha arma en el registro se facilita la información necesaria para encontrar al responsable de tal crimen. También considero no sólo como deseable, sino indispensable en las actuales circunstancias, que haya empresas privadas de seguridad, las que, al utilizar su personal armas de fuego para su labor, deben de tenerlas debidamente registradas ante las autoridades y de ser responsables de su custodia y de informar de cualquier hurto o desaparición de ellas.
Por eso es que me sorprendió una información aparecida en La Nación del 21 de julio bajo el encabezado “Policía ignora paradero de armas de empresas con licencia vencida: Autoridades rastrean armas de fuego de 650 compañías privadas de seguridad.” Por una parte, resulta que en nuestro país a la fecha de dicho comentario periodístico hay registradas 1.613 empresas de servicios de seguridad privada, “con 25.000 armas”. No se sabe (por ese número redondo que llama tanto la atención) si esas son las efectivamente registradas o si se trata de una estimación, pero, para nuestros efectos, podemos entenderlo como el registro real de armas bajo lo que se conoce como el sistema ControlPas, “que es una herramienta tecnológica que permite gestionar trámites, como la incorporación de agencias de seguridad o la inscripción de armas.”
Resulta, por una parte, que, de aquellas 1.613 empresas de seguridad registradas, hay 649 que al momento no tienen permiso para funcionar y que se desconoce la cantidad de armas de que disponen esas 649 firmas. Asimismo, existen, por otra parte, 480 empresas de seguridad privada que tienen permiso para operar, pero no están incluidas dentro del sistema ControlPas. Por lo tanto, tan sólo 484 empresas poseen el permiso para operar y están incorporadas en dicho sistema; esto es, apenas un 30% de las empresas de seguridad cumplen con ambos requisitos, que uno podría considerar como deseables y necesarios. Las autoridades no saben con exactitud cuántas armas tienen o deberían tener esas empresas de seguridad.
Vean ahora qué interesante. Las autoridades decidieron buscar un 10% (65 empresas) de las que no tenían derecho para funcionar y en tres operaciones que han realizado, en donde estimaban recuperar 2.544 pistolas, sólo encontraron cuatro de las 65 empresas y once de las 2.544 armas. En dos palabras, hallaron casi nada: Ni las empresas sin autorización ni las armas que supuestamente tendrían. Tal como señaló el ministro de seguridad, señor Gustavo Mata, “Algunas de esas empresas ya no funcionan y no se sabe qué hicieron con las armas. Eso es preocupante [¡brujo!]. Hay gente que dice que se la(s) robaron, pero en algunos casos, no hay denuncia [de robo] de por medio. En la mayoría, simplemente no encontramos la agencia y, con ello, se fueron las pistolas.” De hecho, tan sólo un 11.5% (293 de las 2.544 pistolas) fueron denunciadas como robadas. Si a las robadas denunciadas (293) se les suman las pocas encontradas en las requisas gubernamentales citadas (11), nos daría que no se sabe en dónde están 2.240 pistolas. Por ello no extrañó que en cierto momento las autoridades equivalentes de Panamá hayan pegado el grito al cielo, pidiéndoles a las autoridades nuestras que controlaran mejor las armas en Costa Rica, pues supuestamente habían echado paticas para aquel país.
Hay que reconocer que autoridades del estado ha denunciado a 64 de las 65 empresas sin derecho a funcionar (una de ellas demostró que su arma fue robada; cuatro no tenían en su poder todas las armas que tenían como inscritas y 60 empresas no fueron encontradas). Está muy bien lo de la denuncia, pero el obvio responsable de todo este despelote, es un estado ineficiente en cuanto a controlar la existencia de empresas sin el permiso debido y menos cuando armas que tenían registradas no estaban en sus manos. ¡A propósito!: ¿Qué pasó penalmente con aquella cantidad enorme de pistolas Glock que se robaron del arsenal de tránsito del MOPT hace unos tres años? O es esta otra pregunta incómoda sobre un tema tan delicado.
Publicado en Facebook el 18 de diciembre del 2015.