Jorge Corrales Quesada
25/10/2015, 13:26
EL ESTADO INEFICIENTE- LA HORA DE HACER OLIO
Por Jorge Corrales Quesada
De pronto me acordé de aquella vieja expresión tan tica como es la de “hacer olio”. Como es de rigor en estos casos, acudí al diccionario de costarriqueñismos de don Arturo Agüero Chaves, a fin de entender bien el uso de esa expresión. Más o menos me dice lo que tenía en mi mente acerca de la expresión “hacer olio”: tirar monedas al aire a grupos de personas para que en el revoltijo y la rebatiña, las agarren; asimismo, se dice que hacer olio con el dinero es malgastarlo, despilfarrarlo, botarlo.
Eso mismo era lo que había pensado al leer en La Nación del 22 de junio el comentario bajo el título “Congreso analiza ocho proyectos para condonar o readecuar deudas: Tres de esas iniciativas suman un total de ₡18.300 millones.”
Resulta que en la Asamblea Legislativa están dando vueltas ocho proyectos de ley “orientados a aliviar la situación financiera de agricultores, empresarios turísticos, pescadores, y beneficiarios de proyectos de vivienda de interés social.” La cosa no parece estar bien cuando uno piensa que todo aquel a quien le haya ido mal en un negocio o actividad económica o que después no haya podido pagar las obligaciones que libremente contrajo, o bien que, después de que el estado les ayudó por medio de alguna entidad dedicada a promover la vivienda para familias de ingresos relativamente bajos, al tener que pagar las deudas adquiridas, podría pedir que éstas les sean condonadas.
Eso es lo que sucede con esos proyectos en la Asamblea Legislativa, sólo que no van dirigidos en beneficio de todos los ciudadanos, sino del de un grupo muy concreto de interesados. La plata llega a un grupo muy reducido, muy específico, de gente que logra ejercer influencia política para obtener un tratamiento preferencial, que no se le otorga al resto de los ciudadanos. Esto es posible porque la ciudadanía, como un todo, tiene una serie de intereses difusos, varios, diversos, que no les facilita organizarse para que el estado les trate privilegiadamente, como sí lo hace con grupos específicos y con un interés en común muy definido, lo cual facilita que se organicen para lograr ese objetivo particular.
En el ínterin que va entre la presentación del proyecto y su aprobación, los políticos se han de sentir muy satisfechos, porque darles apoyo a esos grupos específicos significa que se les facilita adquirir mayor poder, personificado en eventuales apoyos electorales. Lo que pasa es que los costos de esos perdones, ayudas, apoyos, condonaciones (eufemismo para eliminar, borrar del mapa a las deudas por pagar), nos son cargados a los bolsillos de la gran masa de costarricenses, quienes posiblemente no sólo no nos damos cuentas de esas movidas, sino que el impacto específico es relativamente desdeñable para cada uno de nosotros en lo particular, en comparación con el relativamente gran beneficio que reciben esos grupos organizados privilegiados. Por eso es que la gran masa ciudadana no se organiza para luchar contra esos privilegios, contrario a cómo opera el incentivo para esos grupos de intereses concretos, propios.
Veamos estos últimos casos. Uno de ellos trata de la condonación de deudas, que no es más que eximirlas de su pago, por ₡4.800 millones que deberían de haber pagado beneficiarios del Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuario para Pequeños y Medianos Productores (FIDAGRO). Eso sería aplicable al caso en que se hayan dado fallecimientos de los deudores y que hayan sido objeto de rechazo por el Sistema de la Banca de Desarrollo. Evidentemente, la aprobación de una ley para esto incentiva a los individuos para endeudarse en proyectos en que medie el estado, a no pagar las obligaciones en que incurra y, luego, a esperar para que, por alguna razón en el futuro, éstas les sean perdonadas. En torno a esto no debemos olvidar el antecedente del perdón de obligaciones que se dio con el Fondo de Contingencias Agrícolas. Como que ese tipo de perdones estimula la práctica de endeudarse y no pagar.
También hay otro proyecto de ley que busca que se perdonen ₡6.200 millones “a parceleros que adquirieron compromisos financieros con el Instituto de Desarrollo Agrícola (INDER)”. Lo increíble de este caso es que el propio INDER se opone a este subsidio -porque, eso es lo constituye el que se deba pagar una obligación- pues más bien la entidad trabajó en mejorar sus mecanismos de cobro, “a quienes son beneficiarios de sus terrenos, pues existen casos en que las operaciones tienen más de 40 años de retraso.” Nunca es tarde, cuando la dicha es buena…
Lo que es importante destacar es que, de limpiar estas dos obligaciones que, en esencia, benefician a personas del sector agrícola, significa que esos recursos, que ascenderían a aproximadamente unos ₡11.000 millones, son plata que ya no podrá ser destinada a apoyar a nuevos pequeños agricultores que deseen invertir en su sector. Cuando se hace olio con los fondos de los costarricenses para ayudar a un grupo en concreto, esa plata deja de existir como disponible para ser utilizada por el resto de los ciudadanos.
Hasta aquí no llega ese ímpetu de perdonar o readecuar deudas mediante acción legislativa. También hay una propuesta para que se readecuen ₡7.313 millones de deudas de empresarios turísticos, supuestamente afectados por la caída de la economía mundial en el 2008. Uno entiende que, en una empresa, cuando se decide invertir, se asumen riegos, de manera que, además de ganancias, pueda haber pérdidas. El punto inaceptable, por lo tanto, no es que al empresario el estado le asegure las ganancias cuando las hay, sino, que cuando tenga pérdidas, éstas nos sean trasladadas a todos los costarricenses. Es el empresario quien debe estar sujeto tanto a pérdidas como a ganancias.
Para financiar este último arreglo se usarían fondos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), que son fondos de todos nosotros, los ciudadanos. Además, en la propuesta se pide que los bancos condonen a los beneficiarios de los préstamos, los intereses adeudados por mora, monto que ni siquiera se conoce con certeza a cuánto podría ascender. Además, hasta aquí no llega el punteo: también hay un proyecto que vería la Asamblea para perdonar “el pago del impuesto sobre las ventas, sus intereses y multas generadas a las empresas turísticas por servicios de recreo.”
Estos tres proyectos citados de condonación o readecuación de deudas, tanto dos para el sector agrícola, como el citado para empresas de turismo, resulta en una “cochinada”, palabra que también aparece en el diccionario de costarriqueñismos de don Arturo Agüero Chaves, y significa, entre otras acepciones menos agradables, “cosa insignificante de poco valor” y “cantidad muy pequeña”. Valga mi ironía.
El olio para algunos -que todos terminamos pagando- aún no concluye: en el seno legislativo hay tres proyectos de ley más “para perdonar las deudas de los beneficiarios de varios proyectos del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). Algunos de esos proyectos incluyen la donación de los terrenos.”
El despilfarro, el derroche, el olio no terminan aquí. Hasta el propio estado busca que se le perdonen obligaciones que no ha cumplido con honrarlas. Tal es el caso de un proyecto de ley “para mejorar la operación del Consejo Nacional de Producción (CNP), a través de la condonación de ciertas deudas que mantiene la institución.” O sea, no sólo se pretende perdonar las obligaciones del parte del mismo estado, sino que también buscan echar aire del bueno a las espaldas de una entidad que ya no saben qué ponerla a hacer, cuando lo mejor parece ser que la cierren, pues sólo da lugar a pérdidas que todos los ciudadanos terminamos pagándolas.
Así son las cosas en este mundo del hacer olio: algunos, con tal de favorecerse, no les importa el efecto que tenga sobre el resto de los ciudadanos y menos sobre la economía como un todo. Pero llegará el momento en que esto se terminará… cuando se acabe la plata botada en olios.
Publicado en Facebook el 25 de octubre del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
De pronto me acordé de aquella vieja expresión tan tica como es la de “hacer olio”. Como es de rigor en estos casos, acudí al diccionario de costarriqueñismos de don Arturo Agüero Chaves, a fin de entender bien el uso de esa expresión. Más o menos me dice lo que tenía en mi mente acerca de la expresión “hacer olio”: tirar monedas al aire a grupos de personas para que en el revoltijo y la rebatiña, las agarren; asimismo, se dice que hacer olio con el dinero es malgastarlo, despilfarrarlo, botarlo.
Eso mismo era lo que había pensado al leer en La Nación del 22 de junio el comentario bajo el título “Congreso analiza ocho proyectos para condonar o readecuar deudas: Tres de esas iniciativas suman un total de ₡18.300 millones.”
Resulta que en la Asamblea Legislativa están dando vueltas ocho proyectos de ley “orientados a aliviar la situación financiera de agricultores, empresarios turísticos, pescadores, y beneficiarios de proyectos de vivienda de interés social.” La cosa no parece estar bien cuando uno piensa que todo aquel a quien le haya ido mal en un negocio o actividad económica o que después no haya podido pagar las obligaciones que libremente contrajo, o bien que, después de que el estado les ayudó por medio de alguna entidad dedicada a promover la vivienda para familias de ingresos relativamente bajos, al tener que pagar las deudas adquiridas, podría pedir que éstas les sean condonadas.
Eso es lo que sucede con esos proyectos en la Asamblea Legislativa, sólo que no van dirigidos en beneficio de todos los ciudadanos, sino del de un grupo muy concreto de interesados. La plata llega a un grupo muy reducido, muy específico, de gente que logra ejercer influencia política para obtener un tratamiento preferencial, que no se le otorga al resto de los ciudadanos. Esto es posible porque la ciudadanía, como un todo, tiene una serie de intereses difusos, varios, diversos, que no les facilita organizarse para que el estado les trate privilegiadamente, como sí lo hace con grupos específicos y con un interés en común muy definido, lo cual facilita que se organicen para lograr ese objetivo particular.
En el ínterin que va entre la presentación del proyecto y su aprobación, los políticos se han de sentir muy satisfechos, porque darles apoyo a esos grupos específicos significa que se les facilita adquirir mayor poder, personificado en eventuales apoyos electorales. Lo que pasa es que los costos de esos perdones, ayudas, apoyos, condonaciones (eufemismo para eliminar, borrar del mapa a las deudas por pagar), nos son cargados a los bolsillos de la gran masa de costarricenses, quienes posiblemente no sólo no nos damos cuentas de esas movidas, sino que el impacto específico es relativamente desdeñable para cada uno de nosotros en lo particular, en comparación con el relativamente gran beneficio que reciben esos grupos organizados privilegiados. Por eso es que la gran masa ciudadana no se organiza para luchar contra esos privilegios, contrario a cómo opera el incentivo para esos grupos de intereses concretos, propios.
Veamos estos últimos casos. Uno de ellos trata de la condonación de deudas, que no es más que eximirlas de su pago, por ₡4.800 millones que deberían de haber pagado beneficiarios del Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuario para Pequeños y Medianos Productores (FIDAGRO). Eso sería aplicable al caso en que se hayan dado fallecimientos de los deudores y que hayan sido objeto de rechazo por el Sistema de la Banca de Desarrollo. Evidentemente, la aprobación de una ley para esto incentiva a los individuos para endeudarse en proyectos en que medie el estado, a no pagar las obligaciones en que incurra y, luego, a esperar para que, por alguna razón en el futuro, éstas les sean perdonadas. En torno a esto no debemos olvidar el antecedente del perdón de obligaciones que se dio con el Fondo de Contingencias Agrícolas. Como que ese tipo de perdones estimula la práctica de endeudarse y no pagar.
También hay otro proyecto de ley que busca que se perdonen ₡6.200 millones “a parceleros que adquirieron compromisos financieros con el Instituto de Desarrollo Agrícola (INDER)”. Lo increíble de este caso es que el propio INDER se opone a este subsidio -porque, eso es lo constituye el que se deba pagar una obligación- pues más bien la entidad trabajó en mejorar sus mecanismos de cobro, “a quienes son beneficiarios de sus terrenos, pues existen casos en que las operaciones tienen más de 40 años de retraso.” Nunca es tarde, cuando la dicha es buena…
Lo que es importante destacar es que, de limpiar estas dos obligaciones que, en esencia, benefician a personas del sector agrícola, significa que esos recursos, que ascenderían a aproximadamente unos ₡11.000 millones, son plata que ya no podrá ser destinada a apoyar a nuevos pequeños agricultores que deseen invertir en su sector. Cuando se hace olio con los fondos de los costarricenses para ayudar a un grupo en concreto, esa plata deja de existir como disponible para ser utilizada por el resto de los ciudadanos.
Hasta aquí no llega ese ímpetu de perdonar o readecuar deudas mediante acción legislativa. También hay una propuesta para que se readecuen ₡7.313 millones de deudas de empresarios turísticos, supuestamente afectados por la caída de la economía mundial en el 2008. Uno entiende que, en una empresa, cuando se decide invertir, se asumen riegos, de manera que, además de ganancias, pueda haber pérdidas. El punto inaceptable, por lo tanto, no es que al empresario el estado le asegure las ganancias cuando las hay, sino, que cuando tenga pérdidas, éstas nos sean trasladadas a todos los costarricenses. Es el empresario quien debe estar sujeto tanto a pérdidas como a ganancias.
Para financiar este último arreglo se usarían fondos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), que son fondos de todos nosotros, los ciudadanos. Además, en la propuesta se pide que los bancos condonen a los beneficiarios de los préstamos, los intereses adeudados por mora, monto que ni siquiera se conoce con certeza a cuánto podría ascender. Además, hasta aquí no llega el punteo: también hay un proyecto que vería la Asamblea para perdonar “el pago del impuesto sobre las ventas, sus intereses y multas generadas a las empresas turísticas por servicios de recreo.”
Estos tres proyectos citados de condonación o readecuación de deudas, tanto dos para el sector agrícola, como el citado para empresas de turismo, resulta en una “cochinada”, palabra que también aparece en el diccionario de costarriqueñismos de don Arturo Agüero Chaves, y significa, entre otras acepciones menos agradables, “cosa insignificante de poco valor” y “cantidad muy pequeña”. Valga mi ironía.
El olio para algunos -que todos terminamos pagando- aún no concluye: en el seno legislativo hay tres proyectos de ley más “para perdonar las deudas de los beneficiarios de varios proyectos del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU). Algunos de esos proyectos incluyen la donación de los terrenos.”
El despilfarro, el derroche, el olio no terminan aquí. Hasta el propio estado busca que se le perdonen obligaciones que no ha cumplido con honrarlas. Tal es el caso de un proyecto de ley “para mejorar la operación del Consejo Nacional de Producción (CNP), a través de la condonación de ciertas deudas que mantiene la institución.” O sea, no sólo se pretende perdonar las obligaciones del parte del mismo estado, sino que también buscan echar aire del bueno a las espaldas de una entidad que ya no saben qué ponerla a hacer, cuando lo mejor parece ser que la cierren, pues sólo da lugar a pérdidas que todos los ciudadanos terminamos pagándolas.
Así son las cosas en este mundo del hacer olio: algunos, con tal de favorecerse, no les importa el efecto que tenga sobre el resto de los ciudadanos y menos sobre la economía como un todo. Pero llegará el momento en que esto se terminará… cuando se acabe la plata botada en olios.
Publicado en Facebook el 25 de octubre del 2015.