Jorge Corrales Quesada
20/10/2015, 11:09
EL ESTADO INEFICIENTE-ADÓNDE VAN LAS UTILIDADES DE EMPRESAS PÚBLICAS
Por Jorge Corrales Quesada
Todos conocemos de las empresas públicas. Estas van desde los bancos estatales, el ICE, el INS, RECOPE, JAPDEVA (y otro montón que ya parecen agotar el campo para tantas siglas), entre muchas otras, algunas de ellas relativamente menos conocidas al menos para mí, como el SINART, FANAL y la Junta de Protección Social. Estas empresas reportan utilidades (la mayoría, me imagino, porque por ejemplo la Fábrica de Licores (FANAL), creo que genera pérdidas y no sé si el SINART también). En La Nación del 15 de junio, se señala, bajo el titular, que las “Empresas publicas dejaron más ganancias al Gobierno en el 2014: Instituciones con actividades lucrativas transfirieron ₡86.300 millones, un 32% más frente a 2013.”
Dichas empresas obtienen utilidades brutas, en lo que se conoce como sus actividades lucrativas. Aquellas resultan de la comparación de los ingresos menos los gastos. Parte de estas utilidades brutas las deben trasladar al estado, ya sea como impuestos, como transferencias a otros y algunas pocas se dejan una porción para reservas, como es el caso claro del INS. El resto de esas utilidades brutas, menos todos estos pagos al ministerio de Hacienda para que los distribuya a su vez, se conoce como utilidades netas, las cuales las empresas públicas las destinan a sus actividades propias.
El estudio que originó la información de La Nación, surge a partir de los estados financieros y liquidaciones que esos entes presentan ante la Contraloría General de la República, con una notoria excepción, que nos priva a los ciudadanos de conocer cómo le fue a una empresa propiedad presuntamente de los ciudadanos, como es el ICE. De ésta no fue posible obtener qué porcentaje de sus utilidades brutas pagó en impuestos al estado, simplemente porque esa entidad declaró como confidencial tal información y no la registra en sus estados financieros. [No entiendo qué diablos espera un periodista acucioso y deseoso de informar debidamente a los ciudadanos, para plantear un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por este claro abuso de negar información que debe ser conocida por la ciudadanía].
En todo caso, “Los bancos públicos, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Junta de Protección Social (JPS) generaron casi el 70% de la ganancia bruta de las empresas públicas. Además, destacaron por el mayor pago de impuestos y transferencia de recursos.” De unas utilidades brutas totales de ₡510.500 millones, las 15 empresas públicas del estudio arriba citado, trasladaron al Poder Ejecutivo la suma de ₡86.300 millones del año recién pasado, “que significó un alza del 32% frente al 2013, cuando remitieron ₡65.200 millones.”
De esos ₡86.300 millones que las 15 entidades trasladaron al Poder Ejecutivo, ₡45.407millones (poco más de un 50% de las utilidades brutas) lo fueron como impuestos al ministerio de Hacienda, ₡33.766 en transferencias públicas definidas por diferentes leyes -esto es, fondos para entidades adscritas a instituciones del gobierno (o sea, algo que también queda “en la casa”) y ₡7.130 millones para el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), que no dejan de ser una forma de empresa privada. Además, se trasladaron ₡24.384 como transferencia para organismos privados sin fines de lucro, lo cual en mucho debe provenir de la Junta de Protección Social para entes de caridad (“la JPS fue la entidad que más dinero trasladó para programas sociales. A asociaciones y organizaciones sin fines de lucro repartió ₡20.100 millones y a instituciones gubernamentales (de nuevo, queda dentro de “la casa”) casi ₡6.000 millones”, de acuerdo con la liquidación del presupuesto de la JPS. [Si sumamos esos ₡20.100 más los ₡6.000 nos daría cerca de ₡26.100, lo cual difiere del total que se transfiere a entidades privadas sin fines de lucro antes indicad de ₡24.384 arriba mencionados, lo cual puede deberse a que contemplan otras cifras, pero no me queda claro].
En adición, de aquellos ₡86.300 millones trasladados al Poder Ejecutivo, se destinaron ₡17.700 millones como reservas por parte del Instituto Nacional de Seguros, lo cual es apropiado si se considera necesario para reforzar a la entidad ante eventuales pérdidas en ciertos renglones.
Vean algo interesante: la tasa media de impuestos (₡45.407 millones) sobre las utilidades totales de esas empresas públicas (₡510.527 millones), ascendió a casi un 9%. También observen que, como bien lo señala el artículo de La Nación, dichas utilidades totales equivalen a un 2% de la producción de bienes y servicios finales de la economía -un 2% del PIB-, y a “casi la mitad del déficit fiscal del año anterior.” O sea, esas utilidades transferidas al Poder Ejecutivo son un factor crucial en disminuir el déficit total del Gobierno Central, que, sin estos ingresos, podría significar un déficit superior al 8 % del PIB. [En el 2013 el déficit del gobierno central ascendió a un 5.4% del PIB y si las utilidades totales de las empresas públicas equivalen “a casi la mitad del déficit del año anterior”; esto es, un 2.7% adicional, la suma de ambos nos daría un 8.1% del PIB de ese año].
Por lo tanto, si esas entidades no hubieran generado tales utilidades producto del valor de sus ventas totales por encima del costo total, el déficit total del gobierno habría ascendido a cerca del porcentaje citado en el párrafo previo: en cierta manera, se puede decir que esas utilidades equivalen a impuestos, si se asume que esas empresas no deberían de tener ingresos mayores que los costos; esto es, en lo que se llama básicamente servicio al costo. Pero bien sabemos que esto no es así, por lo cual esas “utilidades” podrían considerarse que equivalen a una forma de “impuestos” logrados por precios más altos que los costos de esas entidades y que el ciudadano se ve obligado a pagar.
Incluso en la ARESEP todavía existe esa regla de servicio al costo “con el fin de sujetarlo a las regulaciones de la Ley No. 7593; y entiende por "servicio al costo" la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad.” [Ver, Percy Rodríguez Argüello, Desarrollo y Regulación de los Servicios Públicos en Costa Rica (San José: ARESEP, setiembre 2010, p.237].
Por tanto, si existiera el principio de “servicio al costo” en el caso de los servicios públicos, no estaríamos observando tal “sobreprecio”, aunque tal vez sí un rendimiento que permita la reinversión de la empresa. Pero creo que la idea de “servicio al costo” (con excepción de ese posible rendimiento adicional para reinversión de la firma), no comprende la de que sea un proveedor de ingresos al fisco, a un reparto de sus utilidades brutas para instituciones no lucrativas (aunque podría considerarse como algo diferente la función caritativa que lleva a cabo la Junta de Protección Social), así como servir para dar transferencias a entidades públicas, además de al INFOCOOP. Por eso el gran resultado es que la utilidad neta de la cual pueden disponer esas15 entidades para efectos de reinversión asciende ₡382.738, que es el 79% de las utilidades brutas de esas 15 empresas. ¿Será este el rendimiento que reconoce la política de “servicio al costo” que los organismos reguladores (ARESEP entre otros) aceptan? Parece ser muy alto, pero no tengo forma de probar si lo es o no.
Por ello, me temo, entre otras cosas de lo que he expuesto, que, ante las limitaciones que enfrenta el estado para obtener más recursos por la vía de impuestos, como pretende en la actualidad, pueda acelerar su recaudación por el camino de aumentar los precios regulados de entes públicos, que generalmente son de naturaleza monopólica, en donde los consumidores-usuarios encuentran pocas posibilidades de sustitución de su consumo. Esto es, que pagan el monto fijado o se quedan sin el servicio público. Esa posibilidad requiere de una vigilancia ciudadana permanente en cuanto al comportamiento del principal órgano regulador, la ARESEP, entre otros encargados de la fijación de precios de esos entes públicos.
Publicado en mis sitios de Facebook jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad el 16 de octubre del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Todos conocemos de las empresas públicas. Estas van desde los bancos estatales, el ICE, el INS, RECOPE, JAPDEVA (y otro montón que ya parecen agotar el campo para tantas siglas), entre muchas otras, algunas de ellas relativamente menos conocidas al menos para mí, como el SINART, FANAL y la Junta de Protección Social. Estas empresas reportan utilidades (la mayoría, me imagino, porque por ejemplo la Fábrica de Licores (FANAL), creo que genera pérdidas y no sé si el SINART también). En La Nación del 15 de junio, se señala, bajo el titular, que las “Empresas publicas dejaron más ganancias al Gobierno en el 2014: Instituciones con actividades lucrativas transfirieron ₡86.300 millones, un 32% más frente a 2013.”
Dichas empresas obtienen utilidades brutas, en lo que se conoce como sus actividades lucrativas. Aquellas resultan de la comparación de los ingresos menos los gastos. Parte de estas utilidades brutas las deben trasladar al estado, ya sea como impuestos, como transferencias a otros y algunas pocas se dejan una porción para reservas, como es el caso claro del INS. El resto de esas utilidades brutas, menos todos estos pagos al ministerio de Hacienda para que los distribuya a su vez, se conoce como utilidades netas, las cuales las empresas públicas las destinan a sus actividades propias.
El estudio que originó la información de La Nación, surge a partir de los estados financieros y liquidaciones que esos entes presentan ante la Contraloría General de la República, con una notoria excepción, que nos priva a los ciudadanos de conocer cómo le fue a una empresa propiedad presuntamente de los ciudadanos, como es el ICE. De ésta no fue posible obtener qué porcentaje de sus utilidades brutas pagó en impuestos al estado, simplemente porque esa entidad declaró como confidencial tal información y no la registra en sus estados financieros. [No entiendo qué diablos espera un periodista acucioso y deseoso de informar debidamente a los ciudadanos, para plantear un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por este claro abuso de negar información que debe ser conocida por la ciudadanía].
En todo caso, “Los bancos públicos, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Junta de Protección Social (JPS) generaron casi el 70% de la ganancia bruta de las empresas públicas. Además, destacaron por el mayor pago de impuestos y transferencia de recursos.” De unas utilidades brutas totales de ₡510.500 millones, las 15 empresas públicas del estudio arriba citado, trasladaron al Poder Ejecutivo la suma de ₡86.300 millones del año recién pasado, “que significó un alza del 32% frente al 2013, cuando remitieron ₡65.200 millones.”
De esos ₡86.300 millones que las 15 entidades trasladaron al Poder Ejecutivo, ₡45.407millones (poco más de un 50% de las utilidades brutas) lo fueron como impuestos al ministerio de Hacienda, ₡33.766 en transferencias públicas definidas por diferentes leyes -esto es, fondos para entidades adscritas a instituciones del gobierno (o sea, algo que también queda “en la casa”) y ₡7.130 millones para el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), que no dejan de ser una forma de empresa privada. Además, se trasladaron ₡24.384 como transferencia para organismos privados sin fines de lucro, lo cual en mucho debe provenir de la Junta de Protección Social para entes de caridad (“la JPS fue la entidad que más dinero trasladó para programas sociales. A asociaciones y organizaciones sin fines de lucro repartió ₡20.100 millones y a instituciones gubernamentales (de nuevo, queda dentro de “la casa”) casi ₡6.000 millones”, de acuerdo con la liquidación del presupuesto de la JPS. [Si sumamos esos ₡20.100 más los ₡6.000 nos daría cerca de ₡26.100, lo cual difiere del total que se transfiere a entidades privadas sin fines de lucro antes indicad de ₡24.384 arriba mencionados, lo cual puede deberse a que contemplan otras cifras, pero no me queda claro].
En adición, de aquellos ₡86.300 millones trasladados al Poder Ejecutivo, se destinaron ₡17.700 millones como reservas por parte del Instituto Nacional de Seguros, lo cual es apropiado si se considera necesario para reforzar a la entidad ante eventuales pérdidas en ciertos renglones.
Vean algo interesante: la tasa media de impuestos (₡45.407 millones) sobre las utilidades totales de esas empresas públicas (₡510.527 millones), ascendió a casi un 9%. También observen que, como bien lo señala el artículo de La Nación, dichas utilidades totales equivalen a un 2% de la producción de bienes y servicios finales de la economía -un 2% del PIB-, y a “casi la mitad del déficit fiscal del año anterior.” O sea, esas utilidades transferidas al Poder Ejecutivo son un factor crucial en disminuir el déficit total del Gobierno Central, que, sin estos ingresos, podría significar un déficit superior al 8 % del PIB. [En el 2013 el déficit del gobierno central ascendió a un 5.4% del PIB y si las utilidades totales de las empresas públicas equivalen “a casi la mitad del déficit del año anterior”; esto es, un 2.7% adicional, la suma de ambos nos daría un 8.1% del PIB de ese año].
Por lo tanto, si esas entidades no hubieran generado tales utilidades producto del valor de sus ventas totales por encima del costo total, el déficit total del gobierno habría ascendido a cerca del porcentaje citado en el párrafo previo: en cierta manera, se puede decir que esas utilidades equivalen a impuestos, si se asume que esas empresas no deberían de tener ingresos mayores que los costos; esto es, en lo que se llama básicamente servicio al costo. Pero bien sabemos que esto no es así, por lo cual esas “utilidades” podrían considerarse que equivalen a una forma de “impuestos” logrados por precios más altos que los costos de esas entidades y que el ciudadano se ve obligado a pagar.
Incluso en la ARESEP todavía existe esa regla de servicio al costo “con el fin de sujetarlo a las regulaciones de la Ley No. 7593; y entiende por "servicio al costo" la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad.” [Ver, Percy Rodríguez Argüello, Desarrollo y Regulación de los Servicios Públicos en Costa Rica (San José: ARESEP, setiembre 2010, p.237].
Por tanto, si existiera el principio de “servicio al costo” en el caso de los servicios públicos, no estaríamos observando tal “sobreprecio”, aunque tal vez sí un rendimiento que permita la reinversión de la empresa. Pero creo que la idea de “servicio al costo” (con excepción de ese posible rendimiento adicional para reinversión de la firma), no comprende la de que sea un proveedor de ingresos al fisco, a un reparto de sus utilidades brutas para instituciones no lucrativas (aunque podría considerarse como algo diferente la función caritativa que lleva a cabo la Junta de Protección Social), así como servir para dar transferencias a entidades públicas, además de al INFOCOOP. Por eso el gran resultado es que la utilidad neta de la cual pueden disponer esas15 entidades para efectos de reinversión asciende ₡382.738, que es el 79% de las utilidades brutas de esas 15 empresas. ¿Será este el rendimiento que reconoce la política de “servicio al costo” que los organismos reguladores (ARESEP entre otros) aceptan? Parece ser muy alto, pero no tengo forma de probar si lo es o no.
Por ello, me temo, entre otras cosas de lo que he expuesto, que, ante las limitaciones que enfrenta el estado para obtener más recursos por la vía de impuestos, como pretende en la actualidad, pueda acelerar su recaudación por el camino de aumentar los precios regulados de entes públicos, que generalmente son de naturaleza monopólica, en donde los consumidores-usuarios encuentran pocas posibilidades de sustitución de su consumo. Esto es, que pagan el monto fijado o se quedan sin el servicio público. Esa posibilidad requiere de una vigilancia ciudadana permanente en cuanto al comportamiento del principal órgano regulador, la ARESEP, entre otros encargados de la fijación de precios de esos entes públicos.
Publicado en mis sitios de Facebook jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad el 16 de octubre del 2015.