Jorge Corrales Quesada
08/10/2015, 11:09
EL ESTADO INEFICIENTE-SE ATRASA CONSTRUCCIÓN VIA A SAN CARLOS, POR SI NO LO NOTARON
Por Jorge Corrales Quesada
¡Obviamente! La carretera nueva a San Carlos lleva un montón de años de atraso, que me temo haberme olvidado de cuándo fue que se empezó a gestionar su construcción. El hecho es que ha sufrido infinidad de atrasos, desde aquella decisión de abrir relaciones con China continental en vez de China Taiwán, pues esta última había donado parte de la edificación de la carretera, pasando por retrasos en presupuestos o las excusas de siempre, de que el clima no permite el avance de las obras e incluso porque no se han expropiado la totalidad de tierras por las cuales el paso de la vía es el conveniente, derecho formalmente aceptado para la intervención del estado, mediando la debida compensación a quien se le toman sus tierras o propiedades.
De acuerdo con el artículo de La Nación del primero de junio, que lleva por nombre “Kilómetro sin expropiar atrasa construcción de vía a San Carlos: Diferencias familiares frenan compra de dos fincas vitales para tramo central de nueva carretera”, ahora surgen disputas intrafamiliares que tienen parado el avance de las obras. Ciertamente desde hace ya buen rato ha habido muchos obstáculos para realizar las expropiaciones indispensables, lo cual parece mostrarnos o que se carece en el país de un buen marco legal para efectuarlas o bien que las administraciones encargadas de lograrlas son unas arriadas. Obviamente, es frecuente esperar que los dueños de las propiedades a ser tomadas por el estado, desearán obtener lo mayor posible por ellas, pero no se descartan actos de altruismo de parte ciudadanos deseosos de que se tenga tal carretera, además de que, si tienen otras propiedades aledañas, ganarán posiblemente mucho más valor, que lo que han “perdido” con una donación voluntaria.
Los problemas con esta carretera no sólo devienen de expropiaciones, pues, como indica la señora Patricia Romero, de la Asociación Pro Carretera a San Carlos, a ellos les “preocupa que en la punta norte no se ha definido el dinero, que son $8.5 millones, para la construcción de los cuatro carriles y dar orden de inicio a ese tramo de la carretera. Se habla de que ya están los diseños.”
En todo caso, ha hecho muy bien el presidente de la República en acudir personalmente a visitar este proyecto tan importante y, en especial, para impulsar (¿jalar el aire?) a que los entes estatales apuren su conclusión.
Asimismo, pidió a las asociaciones de vecinos interesados en la conclusión de la vía, que intercedan ante los dueños de propiedades para que aprueben la cesión al estado de las propiedades en cuestión. Ojalá que esta rogativa sea bien apreciada, pero la verdad es que estos problemas de incapacidad estatal para lograr las expropiaciones necesarias, en el tiempo oportuno para poder desarrollar adecuadamente la obra pública, es casi una tragedia. Si no me creen, dense cuenta de cómo en la famosa y criticada ruta 27, gran parte del problema que impide tener vías con menores problemas de seguridad ante derrumbes, se origina en los retrasos de las expropiaciones necesarias.
Esta ineficiencia es injusto adjudicársela en exclusiva a esta administración, ni tampoco a las anteriores de las últimas dos décadas. Lo cierto es que viene de muy, pero muy atrás, y se los voy a demostrar con un ejemplar que todos los josefinos vemos casi todos los días. ¿Por qué creen ustedes que sigue existiendo un tapón al final de la Avenida Segunda, más o menos a partir de la esquina sur del Museo? Simplemente que no se han expropiado los inmuebles y terrenos indispensables para que esa cosa, que ya echa pelos de vieja, pueda concluirse decentemente, sin consistir entre tanto un freno al tráfico fluido en lo que es, tal vez, la vía más importante de la ciudad de San José. Tiene que desarrollarse un mecanismo eficiente y justo, honrado y que recompense debidamente a los dueños de las propiedades a ser traspasadas legalmente al estado con base en el derecho de dominio eminente, sin que signifique que sean esos dueños quienes, queriendo cobrar su pedazo de cielo, no permiten la modernización indispensable de nuestra infraestructura.
Lo justo, lo correcto es lo que se debe pagar y cuando sea necesario, para lo cual debe existir un juez que tenga la facultad de decidir rápidamente el asunto, como es el caso de los jueces de flagrancia.
Publicado en Facebook el 08 de octubre del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
¡Obviamente! La carretera nueva a San Carlos lleva un montón de años de atraso, que me temo haberme olvidado de cuándo fue que se empezó a gestionar su construcción. El hecho es que ha sufrido infinidad de atrasos, desde aquella decisión de abrir relaciones con China continental en vez de China Taiwán, pues esta última había donado parte de la edificación de la carretera, pasando por retrasos en presupuestos o las excusas de siempre, de que el clima no permite el avance de las obras e incluso porque no se han expropiado la totalidad de tierras por las cuales el paso de la vía es el conveniente, derecho formalmente aceptado para la intervención del estado, mediando la debida compensación a quien se le toman sus tierras o propiedades.
De acuerdo con el artículo de La Nación del primero de junio, que lleva por nombre “Kilómetro sin expropiar atrasa construcción de vía a San Carlos: Diferencias familiares frenan compra de dos fincas vitales para tramo central de nueva carretera”, ahora surgen disputas intrafamiliares que tienen parado el avance de las obras. Ciertamente desde hace ya buen rato ha habido muchos obstáculos para realizar las expropiaciones indispensables, lo cual parece mostrarnos o que se carece en el país de un buen marco legal para efectuarlas o bien que las administraciones encargadas de lograrlas son unas arriadas. Obviamente, es frecuente esperar que los dueños de las propiedades a ser tomadas por el estado, desearán obtener lo mayor posible por ellas, pero no se descartan actos de altruismo de parte ciudadanos deseosos de que se tenga tal carretera, además de que, si tienen otras propiedades aledañas, ganarán posiblemente mucho más valor, que lo que han “perdido” con una donación voluntaria.
Los problemas con esta carretera no sólo devienen de expropiaciones, pues, como indica la señora Patricia Romero, de la Asociación Pro Carretera a San Carlos, a ellos les “preocupa que en la punta norte no se ha definido el dinero, que son $8.5 millones, para la construcción de los cuatro carriles y dar orden de inicio a ese tramo de la carretera. Se habla de que ya están los diseños.”
En todo caso, ha hecho muy bien el presidente de la República en acudir personalmente a visitar este proyecto tan importante y, en especial, para impulsar (¿jalar el aire?) a que los entes estatales apuren su conclusión.
Asimismo, pidió a las asociaciones de vecinos interesados en la conclusión de la vía, que intercedan ante los dueños de propiedades para que aprueben la cesión al estado de las propiedades en cuestión. Ojalá que esta rogativa sea bien apreciada, pero la verdad es que estos problemas de incapacidad estatal para lograr las expropiaciones necesarias, en el tiempo oportuno para poder desarrollar adecuadamente la obra pública, es casi una tragedia. Si no me creen, dense cuenta de cómo en la famosa y criticada ruta 27, gran parte del problema que impide tener vías con menores problemas de seguridad ante derrumbes, se origina en los retrasos de las expropiaciones necesarias.
Esta ineficiencia es injusto adjudicársela en exclusiva a esta administración, ni tampoco a las anteriores de las últimas dos décadas. Lo cierto es que viene de muy, pero muy atrás, y se los voy a demostrar con un ejemplar que todos los josefinos vemos casi todos los días. ¿Por qué creen ustedes que sigue existiendo un tapón al final de la Avenida Segunda, más o menos a partir de la esquina sur del Museo? Simplemente que no se han expropiado los inmuebles y terrenos indispensables para que esa cosa, que ya echa pelos de vieja, pueda concluirse decentemente, sin consistir entre tanto un freno al tráfico fluido en lo que es, tal vez, la vía más importante de la ciudad de San José. Tiene que desarrollarse un mecanismo eficiente y justo, honrado y que recompense debidamente a los dueños de las propiedades a ser traspasadas legalmente al estado con base en el derecho de dominio eminente, sin que signifique que sean esos dueños quienes, queriendo cobrar su pedazo de cielo, no permiten la modernización indispensable de nuestra infraestructura.
Lo justo, lo correcto es lo que se debe pagar y cuando sea necesario, para lo cual debe existir un juez que tenga la facultad de decidir rápidamente el asunto, como es el caso de los jueces de flagrancia.
Publicado en Facebook el 08 de octubre del 2015.