Jorge Corrales Quesada
01/10/2015, 16:12
EL ESTADO INEFICIENTE-SERIO DESAFÍO FALTA DE ACUÍFEROS EN GUANACASTE
Por Jorge Corrales Quesada
En esta ocasión me referiré a un tema que no es fácil y simple de tratar, pues no hay duda de que alrededor de este caso tan interesante, hay una serie de relaciones que se presentan en el mercado, del proceso de negociaciones que en él surge, así como de las instituciones en que tiene lugar el intercambio, que deben ser tomadas en cuenta. Son instituciones que no han sido objeto del diseño deliberado de alguna persona específica, sino que emergen como resultado de las acciones que los individuos han tomado a lo largo del tiempo, en busca de otros objetivos.
Este comentario se deriva del artículo de La Nación del 29 de mayo, el cual lleva por título “Agonía de acuífero paraliza construcción en Santa Cruz: Municipio guanacasteco no podrá otorgar permisos para Tamarindo, Cabo Velas y Tempate.”
Debo decir que en este tema lo que podría considerar como ineficiencia del estado, es más bien, que siendo un actor primordial en resolver la escasez de agua en la zona costera de Santa Cruz de Guanacaste, al momento no ha actuado con la premura que se podría requerir y que, tal vez, ciertas propuestas que se han planteado en tal sentido, deberían de ser evaluadas y resueltas con mayor premura. Pero es necesario reconocer que tanto las entidades gubernamentales, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), parecen estar tomando medidas orientadas a lograr el objetivo de un manejo apropiado del agua escasa en esa zona del país.
Francamente no creo que la solución vaya por cerrar “pozos ilegales y cercanos a la costa, además de la excavación de otros temporales, más continentales pero en el mismo acuífero” o que “se recorte los caudales cedidos para las construcciones”, pues parecen ser remedios de relativamente poca magnitud. Casi como pasarse la plata de un bolsillo al otro o como apretar una de esas largas bombas de hule: vale restringir la utilización en algunos puntos, pero pronto en otros aparecerán nuevos o mayores demandantes de esos mismos recursos. [Apriete una bomba de hule larga como esas que venden a la entrada del parque Bolívar: es cierto que se encoge en la punta que se apretó, pero se estira en el otro: quedamos es las mismas].
Más bien considero que lo necesario es, como lo señaló Carlos Romero, de SENARA, “tomar acciones externas, como construir más acueductos e ‘importar’ agua potable de otros sitios.” La Nación expone el interesante caso de la utilización posible del acuífero de Nimboyores ubicado a unos 10 kilómetros del ya casi sobreexplotado acuífero Huacas-Tamarindo. Otra propuesta ha sido la de “levantar un acueducto en Río Cañas y la de construir un embalse de 900 hectáreas sobre el río Piedras en Bagaces”, propuesta que, de acuerdo con el medio, “suma ya 25 años engavetada.” Incluso en cierto momento creo haber escuchado que era posible importar agua desde el lago de Nicaragua, pero acerca de eso no sé si es relevante o posible.
Asimismo, se destaca la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con el hotel Reserva Conchal (RC), que en febrero cedió por doce meses al AyA un pozo en el acuífero Nimboyores, mediante el cual “se firmó un contrato de comodato: el AyA asumiría, ese mismo mes, el control de los terrenos y del pozo de RC, sustraería [mejor palabra es extraería] el recurso y lo haría llegar a familias y comercios mediante camiones cisterna. El acuerdo dispone que la empresa estaría dispuesta a donar sus propiedades y activos a Acueductos, una vez concluido el comodato. Eso, solo si AyA incorpora en su presupuesto del 2106 los recursos para construir el acueducto de Nimboyores.”
¿Qué es lo importante de esto último? En un interesante artículo de la Premio Nobel en economía, Elinor Ostrom, titulado “Institutional Arrangements and the Commons Dilemma,” [Acuerdos Institucionales y el Dilema de la Propiedad en Común], que publicó en el libro editado por Vincent Ostrom, David Feeny y Hartmut Picht, Rethinking Institutional Analysis and Development, San Francisco: International Center for Economic Growth, 1988, la señora Ostrom analiza un caso similar al expuesto, cual es (obviamente de mucha mayor magnitud) el de la Cuenca Occidental de California, en la parte sur de ese estado, en donde ha habido una utilización excesiva del manto acuífero, que no sólo ha afectado la reserva de agua, sino que también se ha presentado intrusión de agua salada en los mantos acuíferos de la cuenca. [Parecido al caso éste de Santa Cruz].
Lo interesante es lo que señala la señora Ostrom: “Hoy en día, la Cuenca Occidental está en mejores condiciones de lo que estaba hace cuarenta años. Los productores locales de agua encontraron un camino para reducir su producción proveniente de la cuenca y para crear nuevos distritos especiales que ahora le permiten manejar la cuenca de una manera productiva. Este “éxito” no fue impuesto por el Estado de California o el gobierno de los Estados Unidos. Las iniciativas para enfrentar sus problemas con el agua vinieron de parte de los productores y de los oficiales de los gobiernos locales.”
No voy a extenderme mucho en lo que narra la señora Ostrom acerca de cómo fue que lo lograron, por lo cual tan sólo lo citaré brevemente. “Primero, los usuarios establecieron una asociación voluntaria privada… [que brindara] un foro en el cual hubiera discusiones cara a cara acerca de sus problemas en común”…”así obtuvieron la mejor evidencia disponible y discutieron estrategias alternativas de producción en conjunto.” Luego, con sus propias contribuciones mantuvieron la asociación y se tomó la decisión de “usar los procedimientos de una corte de propiedad [equity court] para que les ayudara a resolver los problemas que encaraban.” Observen que el uso del tribunal no es para litigar, sino para que se les ayudara a encontrar una solución básicamente satisfactoria, viable y legal, en donde se protejan derechos.
Al amparo de tal corte fue posible negociar contratos de contingencia, en donde “se logró que cada productor estuviera de acuerdo en limitar su producción si, y solo si, el 80 por ciento de los otros productores estaban de acuerdo en limitar su producción.” Esto para evitar a los “vivazos”, vividores que siempre aparecen, a quienes les gusta sólo recibir pero no aportar nada en este tipo de situaciones. Ciertamente todo caso es diferente, pero quiero enfatizar cómo fue posible en esa parte de California llegar a un acuerdo satisfactorio, en donde todas las partes involucradas interactuaron para resolver adecuadamente el problema. Mediante ese proceso, se definieron los derechos, de manera que se pudo crear un mercado. “La decisión de la corte asignó a cada productor derechos definidos sobre el flujo de agua de la cuenca que podrían ser adquiridos independientemente de la tierra.”
Concluye la señora Ostrom reiterando cómo fueron “los participantes por sí mismos, en el dilema de la propiedad en común de la Cuenca Occidental, los actores principales en diseñar una serie de acuerdos institucionales que satisficieran sus necesidades particulares. Acuerdos acerca de la participación en los costos se desarrollaron en cada paso del proceso resolutivo… Las cuotas fueron valoradas con base en la cantidad de agua extraída del subsuelo (por lo tanto, creando un incentivo para restringir su uso), en tanto que los votos sobre los asuntos de la asociación se basaron en la misma medida (por tanto, un incentivo compensatorio para el uso excesivo).”
En mi opinión, hace bien el estado en proponer arreglos entre las partes que deberán de buscar un acuerdo apropiado y que, obviamente, se encargue de que las decisiones que requieren de inversión pública sean debidamente reflejadas en las tarifas que se cobraría por el uso del agua. Por ejemplo, si la solución hipotéticamente estuviera en traer agua desde el lago de Nicaragua, posiblemente altas, que ello se refleje en el costo para el usuario y no mediante un cobro a la sociedad como un todo.
Todo esto lo que quiere enfatizar es la necesidad de que las partes encuentren una solución y que el estado no pretenda imponerlas a contrapelo de los intereses reales, diversos y hasta divergentes de los usuarios y productores. El estado tiene un rol como promotor en el logro de dicho acuerdo, pero no en el de definir de por sí que es lo que les conviene a los usuarios. Se trata de lograr que un estado usualmente ineficiente, actúe apropiadamente para convertirse en un estado eficiente.
Publicado en mis sitios de Facebook jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad el 01 de octubre del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
En esta ocasión me referiré a un tema que no es fácil y simple de tratar, pues no hay duda de que alrededor de este caso tan interesante, hay una serie de relaciones que se presentan en el mercado, del proceso de negociaciones que en él surge, así como de las instituciones en que tiene lugar el intercambio, que deben ser tomadas en cuenta. Son instituciones que no han sido objeto del diseño deliberado de alguna persona específica, sino que emergen como resultado de las acciones que los individuos han tomado a lo largo del tiempo, en busca de otros objetivos.
Este comentario se deriva del artículo de La Nación del 29 de mayo, el cual lleva por título “Agonía de acuífero paraliza construcción en Santa Cruz: Municipio guanacasteco no podrá otorgar permisos para Tamarindo, Cabo Velas y Tempate.”
Debo decir que en este tema lo que podría considerar como ineficiencia del estado, es más bien, que siendo un actor primordial en resolver la escasez de agua en la zona costera de Santa Cruz de Guanacaste, al momento no ha actuado con la premura que se podría requerir y que, tal vez, ciertas propuestas que se han planteado en tal sentido, deberían de ser evaluadas y resueltas con mayor premura. Pero es necesario reconocer que tanto las entidades gubernamentales, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), parecen estar tomando medidas orientadas a lograr el objetivo de un manejo apropiado del agua escasa en esa zona del país.
Francamente no creo que la solución vaya por cerrar “pozos ilegales y cercanos a la costa, además de la excavación de otros temporales, más continentales pero en el mismo acuífero” o que “se recorte los caudales cedidos para las construcciones”, pues parecen ser remedios de relativamente poca magnitud. Casi como pasarse la plata de un bolsillo al otro o como apretar una de esas largas bombas de hule: vale restringir la utilización en algunos puntos, pero pronto en otros aparecerán nuevos o mayores demandantes de esos mismos recursos. [Apriete una bomba de hule larga como esas que venden a la entrada del parque Bolívar: es cierto que se encoge en la punta que se apretó, pero se estira en el otro: quedamos es las mismas].
Más bien considero que lo necesario es, como lo señaló Carlos Romero, de SENARA, “tomar acciones externas, como construir más acueductos e ‘importar’ agua potable de otros sitios.” La Nación expone el interesante caso de la utilización posible del acuífero de Nimboyores ubicado a unos 10 kilómetros del ya casi sobreexplotado acuífero Huacas-Tamarindo. Otra propuesta ha sido la de “levantar un acueducto en Río Cañas y la de construir un embalse de 900 hectáreas sobre el río Piedras en Bagaces”, propuesta que, de acuerdo con el medio, “suma ya 25 años engavetada.” Incluso en cierto momento creo haber escuchado que era posible importar agua desde el lago de Nicaragua, pero acerca de eso no sé si es relevante o posible.
Asimismo, se destaca la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con el hotel Reserva Conchal (RC), que en febrero cedió por doce meses al AyA un pozo en el acuífero Nimboyores, mediante el cual “se firmó un contrato de comodato: el AyA asumiría, ese mismo mes, el control de los terrenos y del pozo de RC, sustraería [mejor palabra es extraería] el recurso y lo haría llegar a familias y comercios mediante camiones cisterna. El acuerdo dispone que la empresa estaría dispuesta a donar sus propiedades y activos a Acueductos, una vez concluido el comodato. Eso, solo si AyA incorpora en su presupuesto del 2106 los recursos para construir el acueducto de Nimboyores.”
¿Qué es lo importante de esto último? En un interesante artículo de la Premio Nobel en economía, Elinor Ostrom, titulado “Institutional Arrangements and the Commons Dilemma,” [Acuerdos Institucionales y el Dilema de la Propiedad en Común], que publicó en el libro editado por Vincent Ostrom, David Feeny y Hartmut Picht, Rethinking Institutional Analysis and Development, San Francisco: International Center for Economic Growth, 1988, la señora Ostrom analiza un caso similar al expuesto, cual es (obviamente de mucha mayor magnitud) el de la Cuenca Occidental de California, en la parte sur de ese estado, en donde ha habido una utilización excesiva del manto acuífero, que no sólo ha afectado la reserva de agua, sino que también se ha presentado intrusión de agua salada en los mantos acuíferos de la cuenca. [Parecido al caso éste de Santa Cruz].
Lo interesante es lo que señala la señora Ostrom: “Hoy en día, la Cuenca Occidental está en mejores condiciones de lo que estaba hace cuarenta años. Los productores locales de agua encontraron un camino para reducir su producción proveniente de la cuenca y para crear nuevos distritos especiales que ahora le permiten manejar la cuenca de una manera productiva. Este “éxito” no fue impuesto por el Estado de California o el gobierno de los Estados Unidos. Las iniciativas para enfrentar sus problemas con el agua vinieron de parte de los productores y de los oficiales de los gobiernos locales.”
No voy a extenderme mucho en lo que narra la señora Ostrom acerca de cómo fue que lo lograron, por lo cual tan sólo lo citaré brevemente. “Primero, los usuarios establecieron una asociación voluntaria privada… [que brindara] un foro en el cual hubiera discusiones cara a cara acerca de sus problemas en común”…”así obtuvieron la mejor evidencia disponible y discutieron estrategias alternativas de producción en conjunto.” Luego, con sus propias contribuciones mantuvieron la asociación y se tomó la decisión de “usar los procedimientos de una corte de propiedad [equity court] para que les ayudara a resolver los problemas que encaraban.” Observen que el uso del tribunal no es para litigar, sino para que se les ayudara a encontrar una solución básicamente satisfactoria, viable y legal, en donde se protejan derechos.
Al amparo de tal corte fue posible negociar contratos de contingencia, en donde “se logró que cada productor estuviera de acuerdo en limitar su producción si, y solo si, el 80 por ciento de los otros productores estaban de acuerdo en limitar su producción.” Esto para evitar a los “vivazos”, vividores que siempre aparecen, a quienes les gusta sólo recibir pero no aportar nada en este tipo de situaciones. Ciertamente todo caso es diferente, pero quiero enfatizar cómo fue posible en esa parte de California llegar a un acuerdo satisfactorio, en donde todas las partes involucradas interactuaron para resolver adecuadamente el problema. Mediante ese proceso, se definieron los derechos, de manera que se pudo crear un mercado. “La decisión de la corte asignó a cada productor derechos definidos sobre el flujo de agua de la cuenca que podrían ser adquiridos independientemente de la tierra.”
Concluye la señora Ostrom reiterando cómo fueron “los participantes por sí mismos, en el dilema de la propiedad en común de la Cuenca Occidental, los actores principales en diseñar una serie de acuerdos institucionales que satisficieran sus necesidades particulares. Acuerdos acerca de la participación en los costos se desarrollaron en cada paso del proceso resolutivo… Las cuotas fueron valoradas con base en la cantidad de agua extraída del subsuelo (por lo tanto, creando un incentivo para restringir su uso), en tanto que los votos sobre los asuntos de la asociación se basaron en la misma medida (por tanto, un incentivo compensatorio para el uso excesivo).”
En mi opinión, hace bien el estado en proponer arreglos entre las partes que deberán de buscar un acuerdo apropiado y que, obviamente, se encargue de que las decisiones que requieren de inversión pública sean debidamente reflejadas en las tarifas que se cobraría por el uso del agua. Por ejemplo, si la solución hipotéticamente estuviera en traer agua desde el lago de Nicaragua, posiblemente altas, que ello se refleje en el costo para el usuario y no mediante un cobro a la sociedad como un todo.
Todo esto lo que quiere enfatizar es la necesidad de que las partes encuentren una solución y que el estado no pretenda imponerlas a contrapelo de los intereses reales, diversos y hasta divergentes de los usuarios y productores. El estado tiene un rol como promotor en el logro de dicho acuerdo, pero no en el de definir de por sí que es lo que les conviene a los usuarios. Se trata de lograr que un estado usualmente ineficiente, actúe apropiadamente para convertirse en un estado eficiente.
Publicado en mis sitios de Facebook jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad el 01 de octubre del 2015.