Jorge Corrales Quesada
16/09/2015, 14:14
EL ESTADO INEFICIENTE- AGILIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS
Por Jorge Corrales Quesada
A fecha en que escribo esto (mayo del 2015), la aprobación de presupuestos públicos consideraba únicamente los gastos previstos para el año de referencia, pero esto daba lugar a dos serios problemas. El primero, y obvio, es que la idea de que el estado planifique sus inversiones que, usualmente por su magnitud, pueden requerir más de un período presupuestario, quedaba a medias en el presupuesto aprobado tan solo para el primer año. Casi que no se exigía al estado que responsablemente hiciera sus previsiones presupuestarias para el lapso multianual completo de la duración de su proyecto de construcción o elaboración. El segundo es que, si se presupuestaba en el primer año un monto mayor, pero se gastaba menos de ese monto, en la liquidación al final del período se presenta un excedente, que, en realidad, necesariamente no es sinónimo de una buena gestión de manejo frugal de los recursos de parte del ente gubernamental, sino de un sobrante que no se gastó, pero que incluso podría ser puesto “a trabajar” invertido en bonos del estado, con lo cual la institución gana ingresos por intereses. Pero el hecho es que surge de retrasos en una obra que debería de realizarse en el año presupuestado. Aquellos intereses quedaban a disposición de la entidad para usarlo en el destino que programe del siguiente período presupuestario.
Por ello veo con sumo agrado la noticia que presenta La Nación del 21 de mayo, titulada “54 diputados apoyan flexibilizar los presupuestos: Firman reforma constitucional propuesta por Contralora.” No hay duda que eso permitirá que, mejor que ahora, “la gestión pública se conduzca en forma sostenible, transparente y responsable”, cosas que, bajo el sistema de presupuestos estrictamente anuales, no se daban plenamente. No se ajustaba el gasto a lo largo del tiempo cuando la ejecución del proyecto excedía de un año, por lo cual se señala que no era transparente, pues no se tenía certeza plena de que en los años siguientes a ese primer presupuesto, se tendría la disponibilidad de los recursos restantes necesarios para los años ulteriores, ni tampoco se podía exigir con toda claridad a la institución el avance -desempeño de la ejecución de los fondos presupuestados- requerido de inversión pública necesaria, que se pretendía disponer.
A veces también el sistema actual presentó un vicio inesperado: que la política de presupuestar anualmente estimulara gastos casi que “alocados” al final del período fiscal. La explicación de ello es que, si los entes del gobierno central no ejecutaban todo el monto presupuestado en el primer año, ante una nueva política gubernamental tendrían que “devolverlo” al gobierno central, lo cual generaban incertidumbre en la disponibilidad de fondos en el resto del ciclo de la construcción del proyecto. Surgía la posibilidad de que la entidad del gobierno central encargada de definir los presupuestos (Hacienda) lo usara en otra cosa o bien que no los presupuestara en el monto requerido, creando problemas para el accionar en el año siguiente. Por ello, era mejor estrategia para el ente del gobierno central que se encontraba en tal circunstancia, gastar todo lo que se pudiera en este período, que “perder” esos recursos “sobrantes” del primer año que se requerirían para los años ulteriores.
Por eso, tal como indica el periódico, “la flexibilización de los presupuestos, hoy anuales, permitiría la utilización de los ahorros generados al final de programas y proyectos según un criterio más autónomo de parte de las instituciones y no en forma tan rígida como sucede ahora.” Comparto el criterio de la señora Contralora, Marta Acosta, de que “la posibilidad de fijar proyectos a mediano plazo, o sea, tres, cuatro o cinco años, aumenta la capacidad de control en forma general y particular, porque permite vigilar el proceso y los resultados, según los planes estratégicos institucionales,” además de disminuir fricciones entre Hacienda y el resto de instituciones, en cuanto a la provisión del flujo de recursos interanuales para completar los proyectos, al igual que para mejorar la eficiencia del estado en cuanto a la efectiva utilización de recursos en las obras debe hacer el estado.
Por supuesto que esta opinión no es un endoso, de manera alguna, para que el estado gaste en la forma dispendiosa como lo hace ahora, que nos está llevando a déficits de cerca de un 5.7% del PIB. Es crucial definir bien en qué debe de invertir el estado –esencialmente aquello que apropiadamente le corresponde hacer y dejar que el sector privado de la economía; esto es, los ciudadanos privados que somos todos, podamos hacer lo que nos interesa y conviene. Definidos bien los proyectos del estado, lograr llevarlos a su culminación en el mejor plazo previsto, a menos que se detecte un fallo radical, es deseable, pues entonces se podría percibir el beneficio de esa inversión pública necesaria. Por eso, la reforma que permite que los presupuestos estatales sean plurianuales, cuando así lo requiera la duración de la concreción de proyectos de mediano y largo plazo, contribuirán a que tengamos un estado menos ineficiente o más eficiente, como se le quiera ver.
Asimismo, me complace que en la Asamblea Legislativa haya calado bien un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que va en un sentido similar en cuanto, no ya a las multianualidades de los presupuestos en específico, sino al denominado superávit libre. Se trata de un proyecto de ley para “que las entidades que cierren el período presupuestario con superávit libre -algo de lo cual hablamos anteriormente- (recursos no comprometidos para su ejecución) tendrán dos años para utilizar esos dineros, o bien deberán devolverlos a la Dirección de Presupuesto Nacional,” según informa La Nación del 22 de mayo en su gacetilla “Ejecutivo intenta quitar dinero ocioso a las instituciones: Propone plan para que superávits retornen a manos del gobierno.”
“La sub-ejecución promedio entre el 2008 y el 2011 llegó al 16%, según datos de la Contraloría General de la República (CGR)… los saldos ociosos en la Caja Única del Estado han ido creciendo un 6% como promedio, en los últimos tres años,” informa el periódico. Esta es plata que no se usa. Tal es el caso de la Caja, que tiene ₡118.1 miles de millones en la Caja Única del Estado; del Inder, que posee ₡23.7 miles de millones; del ICT ₡14.3 miles de millones; del INAMU con ₡9.1 miles de millones entre otros, para un total de ₡787 mil millones Ahora, con el proyecto, o los usan en proyectos propios que se han aprobado previamente o, después de dos años, pasan al gobierno central, con la esperanza de que éste ahorre dicho gasto y que no lo redirija a mayor gasto corriente. Con el proyecto se ordenaría el gasto y habría la esperanza de que éste se reduzca, si el gobierno así lo quiere.
Publicado en Facebook el 16 de setiembre del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
A fecha en que escribo esto (mayo del 2015), la aprobación de presupuestos públicos consideraba únicamente los gastos previstos para el año de referencia, pero esto daba lugar a dos serios problemas. El primero, y obvio, es que la idea de que el estado planifique sus inversiones que, usualmente por su magnitud, pueden requerir más de un período presupuestario, quedaba a medias en el presupuesto aprobado tan solo para el primer año. Casi que no se exigía al estado que responsablemente hiciera sus previsiones presupuestarias para el lapso multianual completo de la duración de su proyecto de construcción o elaboración. El segundo es que, si se presupuestaba en el primer año un monto mayor, pero se gastaba menos de ese monto, en la liquidación al final del período se presenta un excedente, que, en realidad, necesariamente no es sinónimo de una buena gestión de manejo frugal de los recursos de parte del ente gubernamental, sino de un sobrante que no se gastó, pero que incluso podría ser puesto “a trabajar” invertido en bonos del estado, con lo cual la institución gana ingresos por intereses. Pero el hecho es que surge de retrasos en una obra que debería de realizarse en el año presupuestado. Aquellos intereses quedaban a disposición de la entidad para usarlo en el destino que programe del siguiente período presupuestario.
Por ello veo con sumo agrado la noticia que presenta La Nación del 21 de mayo, titulada “54 diputados apoyan flexibilizar los presupuestos: Firman reforma constitucional propuesta por Contralora.” No hay duda que eso permitirá que, mejor que ahora, “la gestión pública se conduzca en forma sostenible, transparente y responsable”, cosas que, bajo el sistema de presupuestos estrictamente anuales, no se daban plenamente. No se ajustaba el gasto a lo largo del tiempo cuando la ejecución del proyecto excedía de un año, por lo cual se señala que no era transparente, pues no se tenía certeza plena de que en los años siguientes a ese primer presupuesto, se tendría la disponibilidad de los recursos restantes necesarios para los años ulteriores, ni tampoco se podía exigir con toda claridad a la institución el avance -desempeño de la ejecución de los fondos presupuestados- requerido de inversión pública necesaria, que se pretendía disponer.
A veces también el sistema actual presentó un vicio inesperado: que la política de presupuestar anualmente estimulara gastos casi que “alocados” al final del período fiscal. La explicación de ello es que, si los entes del gobierno central no ejecutaban todo el monto presupuestado en el primer año, ante una nueva política gubernamental tendrían que “devolverlo” al gobierno central, lo cual generaban incertidumbre en la disponibilidad de fondos en el resto del ciclo de la construcción del proyecto. Surgía la posibilidad de que la entidad del gobierno central encargada de definir los presupuestos (Hacienda) lo usara en otra cosa o bien que no los presupuestara en el monto requerido, creando problemas para el accionar en el año siguiente. Por ello, era mejor estrategia para el ente del gobierno central que se encontraba en tal circunstancia, gastar todo lo que se pudiera en este período, que “perder” esos recursos “sobrantes” del primer año que se requerirían para los años ulteriores.
Por eso, tal como indica el periódico, “la flexibilización de los presupuestos, hoy anuales, permitiría la utilización de los ahorros generados al final de programas y proyectos según un criterio más autónomo de parte de las instituciones y no en forma tan rígida como sucede ahora.” Comparto el criterio de la señora Contralora, Marta Acosta, de que “la posibilidad de fijar proyectos a mediano plazo, o sea, tres, cuatro o cinco años, aumenta la capacidad de control en forma general y particular, porque permite vigilar el proceso y los resultados, según los planes estratégicos institucionales,” además de disminuir fricciones entre Hacienda y el resto de instituciones, en cuanto a la provisión del flujo de recursos interanuales para completar los proyectos, al igual que para mejorar la eficiencia del estado en cuanto a la efectiva utilización de recursos en las obras debe hacer el estado.
Por supuesto que esta opinión no es un endoso, de manera alguna, para que el estado gaste en la forma dispendiosa como lo hace ahora, que nos está llevando a déficits de cerca de un 5.7% del PIB. Es crucial definir bien en qué debe de invertir el estado –esencialmente aquello que apropiadamente le corresponde hacer y dejar que el sector privado de la economía; esto es, los ciudadanos privados que somos todos, podamos hacer lo que nos interesa y conviene. Definidos bien los proyectos del estado, lograr llevarlos a su culminación en el mejor plazo previsto, a menos que se detecte un fallo radical, es deseable, pues entonces se podría percibir el beneficio de esa inversión pública necesaria. Por eso, la reforma que permite que los presupuestos estatales sean plurianuales, cuando así lo requiera la duración de la concreción de proyectos de mediano y largo plazo, contribuirán a que tengamos un estado menos ineficiente o más eficiente, como se le quiera ver.
Asimismo, me complace que en la Asamblea Legislativa haya calado bien un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que va en un sentido similar en cuanto, no ya a las multianualidades de los presupuestos en específico, sino al denominado superávit libre. Se trata de un proyecto de ley para “que las entidades que cierren el período presupuestario con superávit libre -algo de lo cual hablamos anteriormente- (recursos no comprometidos para su ejecución) tendrán dos años para utilizar esos dineros, o bien deberán devolverlos a la Dirección de Presupuesto Nacional,” según informa La Nación del 22 de mayo en su gacetilla “Ejecutivo intenta quitar dinero ocioso a las instituciones: Propone plan para que superávits retornen a manos del gobierno.”
“La sub-ejecución promedio entre el 2008 y el 2011 llegó al 16%, según datos de la Contraloría General de la República (CGR)… los saldos ociosos en la Caja Única del Estado han ido creciendo un 6% como promedio, en los últimos tres años,” informa el periódico. Esta es plata que no se usa. Tal es el caso de la Caja, que tiene ₡118.1 miles de millones en la Caja Única del Estado; del Inder, que posee ₡23.7 miles de millones; del ICT ₡14.3 miles de millones; del INAMU con ₡9.1 miles de millones entre otros, para un total de ₡787 mil millones Ahora, con el proyecto, o los usan en proyectos propios que se han aprobado previamente o, después de dos años, pasan al gobierno central, con la esperanza de que éste ahorre dicho gasto y que no lo redirija a mayor gasto corriente. Con el proyecto se ordenaría el gasto y habría la esperanza de que éste se reduzca, si el gobierno así lo quiere.
Publicado en Facebook el 16 de setiembre del 2015.