Jorge Corrales Quesada
08/09/2015, 11:22
EL TEMA DE LA INMIGRACIÓN
Segunda Parte: Consideraciones del caso costarricense
Por Jorge Corrales Quesada
Tal como expresé en la primera parte de este comentario, y que ojalá tuvo la oportunidad de leerla hace unas semana en este mismo sitio, fue la lectura de un artículo de La Nación del 16 de agosto, titulado “Migración nicaragüense se dispara con visa tica en mano: País registra aumento sostenido de inmigrantes desde el 2008,” el cual me estimuló a referirme a este asunto, tan importante en nuestro país y, a la vez, casi que comentado tan sólo subterráneamente.
El comentario periodístico de referencia empieza señalando el incremento creciente de solicitudes de visa de ingreso a Costa Rica; que tal aumento “empezó a verse en el 2008” y que “la previsión de los consulados es que este año se superará fácilmente la emisión de 200.000 visas. En el 2014, se tramitaron 214.156 visas con vigencia de tres meses”. Y continúa el análisis: “paralelo a la solicitud de visas, en los últimos años también viene creciendo la entrada de nicaragüenses a nuestro territorio” y que “para el 2013… la cifra llegó a 480.250”, además de que “las proyecciones para este año indican que ese número será superado.”
Lo sorprendente es que en el texto principal del comentario periodístico citado (se exceptúan las declaraciones adjuntas de nuestro Canciller, don Manuel González) no aparece la palabra clave que sí se incorpora en el subtítulo del artículo de referencia: la palabra “inmigrantes” o “inmigración”.
Digo que me sorprende, porque el tema que podría ser de mayor interés es el de la inmigración hacia el país y no el simple aumento de visas de turismo (el ministro González sí acierta, cuando formula una aclaración totalmente pertinente: “la migración no es mala, pero hay que estar pendiente de ella). Creo que el error de interpretación del periódico está en asumir que un aumento en las visas de turismo otorgadas (con una vigencia de tres meses) o que haya un crecimiento de “la entrada de nicaragüenses a nuestro territorio”, significan que necesariamente se está dando un aumento de la inmigración nicaragüense hacia Costa Rica. Reconozco que es muy posible que eso sea así, pero no hay certeza de ello: no existe la información adecuada de que efectivamente esa entrada mayor al país se traduce de hecho en una inmigración permanente, que es a la que obviamente se refiere, como de interés, el señor Canciller.
Podría perfectamente ser que cada vez hay más facilidad para movilizarse de Nicaragua hacia Costa Rica. Es más difícil pensar que el crecimiento de esa entrada se deba a un aumento de los ingresos personales de nicaragüenses para tan sólo visitar a Costa Rica. La información de la cual carece el medio, al igual que creo que también el país, es si ese mayor número de entradas se traduce en una mayor permanencia laboral en el país de esas personas. Esto es, si es que ahora viajan más para emigrar de Nicaragua hacia Costa Rica y no para, por ejemplo, visitar al país en donde hay ya establecidos tantos parientes de origen nicaragüense. Incluso podría ser que ahora los migrantes entran más al país de forma legal, en vez de la forma ilegal a través de cualquier sitio fronterizo como se solía hacer, y de lo cual no necesariamente las autoridades domésticas tenían un conocimiento exacto de su número.
Esta falta de claridad, al menos para mí, acerca del flujo de inmigración exacto o casi exacto que podríamos estar viviendo en la actualidad, nuestras autoridades gubernamentales no parecen tenerla, tal como se deduce del comentario de La Nación del 25 de agosto, titulado “Gobierno avala uso de visas de turismo para formalizar inmigración: Migración dice haber regulado situación de 450.000 nicaragüenses.” En él, la directora de Migración y Extranjería, señora Kathya Rodríguez indica que “la entrega de visas de turismo a los inmigrantes es una alternativa para regularizar la situación de las miles de personas que todos los días procuran ingresar por los puertos fronterizos.” Pero no es una comprobación de que todos esos ingresos al país con visas de turistas son para inmigrar como residentes de Costa Rica, aunque ahora lo harían legalmente. Bien puede ser que viajan como turistas, por ejemplo, visitando a familiares. En todo caso, ese dato medio confuso no es ápice para reconocer que el país continúa siendo objeto de un movimiento inmigratorio importante (lo cual tampoco es reciente, sino que viene desde hace más de treinta años).
No dudo -y eso podría, sin duda, explicar que por ello en la actualidad está aumentando la inmigración de Nicaragua hacia Costa Rica- que ésta se motiva en mucho por razones económicas y que, a pesar de que nuestra economía no crece tanto como lo hizo hace varios años, en los cuales tuvimos fuertes flujos de inmigrantes, las cosas están económicamente peor en Nicaragua que aquí, por lo que los inmigrantes podrían seguir siendo atraídos al país, tal vez hasta en mayor grado, en busca de oportunidades de vivir mejor. En sentido similar, es de esperar que ese aumento de ingresos también sea motivado por la mayor estabilidad de familiares que en el pasado abandonaron Nicaragua para establecerse en el país: teniendo ya un “pie” firme en el país, se facilita la adaptación inicial requerida cuando se es un nuevo inmigrante.
Hay palabras sencillamente expresadas que contienen un mundo de explicaciones para un fenómeno. En un artículo secundario al anteriormente citado de La Nación, y el cual está encabezado por “Sueño de ‘una vida mejor’ sigue atrayendo migrantes a Costa Rica”, la señora Gertrudis del Carmen González Chaves de Chichigalpa, Nicaragua, se expresa así: “Nos estamos viniendo de Nicaragua muchas personas, muchedumbre de personas por la necesidad de conseguir una vida mejor, conseguir empleo para sobrevivir.” Dios le ayude a doña Gertrudis en ese esfuerzo para trabajar dura y honestamente y así poder “sobrevivir.” Para ella le brindo las mismas palabras del poema que leí en la Isla de Ellis y que cité en la primera parte de éste mi comentario, y que aquí repito:
¡Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres
Vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad
El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas
Enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades a mí!
¡Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada!"
Uno entiende particularmente esa dificultad para sobrevivir, cuando en nuestra economía el desempleo abierto oscila en alrededor de un 10% (y posiblemente mayor en labores que usan empleo no calificado, como suele ser el que ahora proviene del país de doña Gertrudis), al igual que el sub-empleo (que no es más que empleo a medias), el cual anda por allí de un 12.5% de la fuerza de trabajo. Conseguir empleo en tales condiciones es así mucho más difícil que en previas épocas de bonanzas (aunque no me extraña que, con todo y esta mala racha actual en nuestro país en cuanto a posibilidades de empleo, la situación sea aún mejor que la de Nicaragua).
Eso sí, hay un aspecto -reconozco que sensible desde muy diversos puntos de vista- que debemos de tener presente en esta situación. No sólo Costa Rica ofrece probablemente mejores posibilidades de vivir mejor que en Nicaragua (además de una tradición de respeto a la libertad individual y a la persona en sí, que posiblemente aquí sea mejor que la de aquel país), lo cual tal vez significa que hay una mayor oportunidad de conseguir un empleo. Pero también es importante señalar que en Costa Rica hay otros “atractivos”, que incluso podrían competir con otros incentivos que estimulan a que la gente no trabaje lo suficiente y que prefiera recibir tales dádivas, aunque eso le someta a la sujeción del estado benefactor.
Cuando un inmigrante llega al país casi sin problema logra obtener una educación primaria y hasta secundaria gratuita (es también obligatoria y, además, el que los habitantes accedan a tal educación puede generar valiosas externalidades a todos los ciudadanos del país). Pero, en Costa Rica, recientemente hasta se les da un emolumento para que los padres envíen a los hijos a las escuelas. También pueden tener acceso, casi sin costo alguno, a la salud, tanto de menores, como de adultos e incluso de otros parientes cercanos, quienes hasta podrían no vivir regularmente en el país y viajar a éste cuando deban acudir a una cita hospitalaria importante. La Sala Constitucional ha declarado a la salud que brinda el estado como un derecho universal. Por eso, aun cuando no coticen al sistema de salud del estado, reciben el servicio casi sin problema alguno.
Asimismo, si la familia no tiene recursos cuando llega al país, puede luego acudir a entidades estatales en busca de algún grado de soporte financiero: es común ver inmigrantes solicitando tal ayuda en el IMAS y no sé si eso aún lo hace el programa de Asignaciones Familiares. Igualmente, en cuanto a tener acceso a lotes y vivienda -incluso ubicándose como precaristas- es muy común observar que los apoyos gubernamentales no suelen discriminar en función de su nacionalidad, a ciudadanos de recursos presuntamente limitados, para que puedan acudir a las fuentes estatales de subsidio. Si usted es un migrante anciano, puede viajar gratis en los buses, al igual que lo hacen otros adultos mayores nacionales. He venido mencionando aportes en especie (excepto las ayudas en efectivo que puede dar el IMAS), que constituyen, por así decirlo, un ingreso en especie que hace que la persona ya no tenga que trabajar lo requerido para sufragarlos con su esfuerzo laboral propio.
Todos esos gastos citados son pagados por la ciudadanía como un todo; por los contribuyentes. Lo más plausible es que, al menos en los primeros años de residir en el país como inmigrantes, estos tampoco están incorporados en los listados de contribuyentes de diversos impuestos (excepto ventas). Difícilmente, creo, lo que los inmigrantes reciben de subsidios o ayudas o apoyos del estado, es más que compensado con impuestos que pagan o deberían de pagar. Eso sí, reconozco que en nuestro país se desconoce el resultado neto de tal comparación.
Lo más grave, en mi opinión, es que la percepción de esa ayuda, que sustituye el esfuerzo propio que se debería de realizar, establece relaciones de dependencia que, una vez establecidas, son difíciles de detener o de cambiar. Esto es, todos estos programas de ayuda usualmente no contienen vías para salir de esa dependencia y más bien uno observa como hay nuevas propuestas, que a veces se circulan, al menos en períodos político-electorales, que aumentarían tal dependencia de seres humanos ante el papá estado. ¿Se acuerdan de la propuesta del candidato Johhny Araya para entregar plata en efectivo a gente de bajos ingresos para que comprara su comida? El único estímulo para salir de la ayuda de la cual dependen, es que las condiciones laborales se traduzcan en ingresos tales, que más que compensen esos beneficios que perciben más el costo del esfuerzo realizado. Sin embargo, en la actualidad, tal hecho es más difícil que se dé.
En mi opinión, con excepción del acceso gratuito a la educación primaria y secundaria, el inmigrante debe de estar en capacidad de ingresar a laborar en el país, pero no para que reciba subsidios que estimulen que no se trabaje lo requerido para generar ingresos propios. Lo que mueve al inmigrante al país es poder vivir mejor, él o ella y su familia: para eso viene a aquí en busca de trabajo, incentivo que se ve alterado cuando se le dan recursos por el hecho de vivir en este país y no como fruto de su esfuerzo laboral.
Pienso que el inmigrante, legal o ilegal, no debe tener el derecho que poseen los ciudadanos del país para acceder a tales “beneficios” estatales, sino que, como resultado del proceso de obtener la residencia permanente en el país y obviamente al lograr la nacionalidad, es que tengan el acceso a tales programas de auxilio que actualmente se tienen en el país.
Antes de que alguien -apropiadamente- me lo recuerde, también el inmigrante que sea delincuente en su país, no debería entrar al país sin problema, casi como puede hacerlo ahora. Por supuesto, dicha delincuencia ha de estar calificada para tal permiso, no sólo porque estar marcado por una infracción de tránsito o un retraso en el pago de una pensión alimenticia y similares, no deben ser razón para impedirles la entrada, sino porque también muchas dictaduras suelen ser proclives a acusar y a juzgar, incluso en tribunales nada independientes del poder totalitario, como delincuentes a ciudadanos por el simple hecho de pensar distinto de esos gobernantes de turno. En sencillo, si alguien como Leopoldo López, caso que hemos conocido de Venezuela, considerado delincuente en esa nación por el poder tiránico de ese país, eventualmente tocara nuestras puertas para migrar, se le daría la bienvenida sin que rigiera la exclusión por “delincuencia”, así señalada por el dictador. En Costa Rica resguardamos bien atesorado el valor del asilo.
Similarmente, deseo aclarar de forma contundente que el inmigrante no es el responsable de que haya esos programas asistenciales del estado que les cubra como beneficiarios. Así está hecho jurídicamente nuestro programa estatal de mitigación o alivio. No lo crearon los inmigrantes, sino los ciudadanos de este país. Por lo tanto, la decisión de hacer partícipes de tales programas a extranjeros que llegan al país, es una decisión que ha estado en manos de los ciudadanos costarricenses y, por ende, en esas mismas manos es que está redefinirlos en los términos aquí sugeridos.
No estoy optimista en cuanto a que haya un re-direccionamiento institucional de los incentivos para laborar de los inmigrantes que vienen al país, en busca de una vida mejor. Por el contrario; incluso en estos momentos está presentada en la palestra de la discusión impositiva en la Asamblea Legislativa una propuesta extraña, inviable y sacada de un sombrero, como instrumento para justificar la sustitución del impuesto de ventas por el llamado impuesto al valor agregado (IVA). Dado que en mucho la eficiencia de este último gravamen descansa en la universalidad de su aplicación e incluso en la homogeneidad de la tasa impositiva aplicada, la nueva propuesta tributaria del gobierno en pro del IVA propone exonerar del pago del impuesto a grupos de ingresos relativamente bajos de la economía (aunque la propuesta cubriría algo próximo a la mitad de la población: a unos 550.000 hogares, se nos ha dicho). Para lograrlo, según la propuesta gubernamental, se consideraría la devolución de una suma específica a cada hogar de bajos ingresos, lo cual obviamente incluiría a los hogares de migrantes, los cuales no suelen ser de ingresos altos e incluso medios-bajos. El monto mensual estimado que se le devolvería a cada hogar “pobre” es de ₡44.000, supuestamente como equivalente del IVA que ha pagado como consumidor. No ahondaré en el análisis de esta propuesta, que desde ya me parece inconveniente, sino en lo referente a la estructura de incentivos que se da a los inmigrantes hacia Costa Rica, en comparación con vivir bajo un régimen salarial que les brinde los ingresos que requieren para vivir mejor.
Por lo expuesto, dicha propuesta tributaria sería uno más de los incentivos para que el inmigrante prefiera escoger no trabajar, en vez de laborar, y poder recolectar todos los beneficios o ayudas “sociales” que les da el estado costarricense; esto es, todos nosotros, los contribuyentes, en cualquier grado en que lo seamos.
Las ideas que he propuesto no son fáciles de que sean simplemente aceptadas porque sí, pero uno esperaría que puedan ser consideradas como una manera de enfilar los incentivos hacia una mayor y más eficiente producción, lográndose así el beneficio del inmigrante, quien al buscar el sustento propio y de su familia contribuye a la economía como un todo. Es la hora de entrarle al tema inmigratorio con racionalidad y con respeto hacia quienes opinan de manera diferente. Ojalá mi esfuerzo no haya sido en vano.
Publicado en los sitios de ASOJOD, del Instituto Libertad y en los míos personales, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el martes 8 de setiembre del 2015.
Segunda Parte: Consideraciones del caso costarricense
Por Jorge Corrales Quesada
Tal como expresé en la primera parte de este comentario, y que ojalá tuvo la oportunidad de leerla hace unas semana en este mismo sitio, fue la lectura de un artículo de La Nación del 16 de agosto, titulado “Migración nicaragüense se dispara con visa tica en mano: País registra aumento sostenido de inmigrantes desde el 2008,” el cual me estimuló a referirme a este asunto, tan importante en nuestro país y, a la vez, casi que comentado tan sólo subterráneamente.
El comentario periodístico de referencia empieza señalando el incremento creciente de solicitudes de visa de ingreso a Costa Rica; que tal aumento “empezó a verse en el 2008” y que “la previsión de los consulados es que este año se superará fácilmente la emisión de 200.000 visas. En el 2014, se tramitaron 214.156 visas con vigencia de tres meses”. Y continúa el análisis: “paralelo a la solicitud de visas, en los últimos años también viene creciendo la entrada de nicaragüenses a nuestro territorio” y que “para el 2013… la cifra llegó a 480.250”, además de que “las proyecciones para este año indican que ese número será superado.”
Lo sorprendente es que en el texto principal del comentario periodístico citado (se exceptúan las declaraciones adjuntas de nuestro Canciller, don Manuel González) no aparece la palabra clave que sí se incorpora en el subtítulo del artículo de referencia: la palabra “inmigrantes” o “inmigración”.
Digo que me sorprende, porque el tema que podría ser de mayor interés es el de la inmigración hacia el país y no el simple aumento de visas de turismo (el ministro González sí acierta, cuando formula una aclaración totalmente pertinente: “la migración no es mala, pero hay que estar pendiente de ella). Creo que el error de interpretación del periódico está en asumir que un aumento en las visas de turismo otorgadas (con una vigencia de tres meses) o que haya un crecimiento de “la entrada de nicaragüenses a nuestro territorio”, significan que necesariamente se está dando un aumento de la inmigración nicaragüense hacia Costa Rica. Reconozco que es muy posible que eso sea así, pero no hay certeza de ello: no existe la información adecuada de que efectivamente esa entrada mayor al país se traduce de hecho en una inmigración permanente, que es a la que obviamente se refiere, como de interés, el señor Canciller.
Podría perfectamente ser que cada vez hay más facilidad para movilizarse de Nicaragua hacia Costa Rica. Es más difícil pensar que el crecimiento de esa entrada se deba a un aumento de los ingresos personales de nicaragüenses para tan sólo visitar a Costa Rica. La información de la cual carece el medio, al igual que creo que también el país, es si ese mayor número de entradas se traduce en una mayor permanencia laboral en el país de esas personas. Esto es, si es que ahora viajan más para emigrar de Nicaragua hacia Costa Rica y no para, por ejemplo, visitar al país en donde hay ya establecidos tantos parientes de origen nicaragüense. Incluso podría ser que ahora los migrantes entran más al país de forma legal, en vez de la forma ilegal a través de cualquier sitio fronterizo como se solía hacer, y de lo cual no necesariamente las autoridades domésticas tenían un conocimiento exacto de su número.
Esta falta de claridad, al menos para mí, acerca del flujo de inmigración exacto o casi exacto que podríamos estar viviendo en la actualidad, nuestras autoridades gubernamentales no parecen tenerla, tal como se deduce del comentario de La Nación del 25 de agosto, titulado “Gobierno avala uso de visas de turismo para formalizar inmigración: Migración dice haber regulado situación de 450.000 nicaragüenses.” En él, la directora de Migración y Extranjería, señora Kathya Rodríguez indica que “la entrega de visas de turismo a los inmigrantes es una alternativa para regularizar la situación de las miles de personas que todos los días procuran ingresar por los puertos fronterizos.” Pero no es una comprobación de que todos esos ingresos al país con visas de turistas son para inmigrar como residentes de Costa Rica, aunque ahora lo harían legalmente. Bien puede ser que viajan como turistas, por ejemplo, visitando a familiares. En todo caso, ese dato medio confuso no es ápice para reconocer que el país continúa siendo objeto de un movimiento inmigratorio importante (lo cual tampoco es reciente, sino que viene desde hace más de treinta años).
No dudo -y eso podría, sin duda, explicar que por ello en la actualidad está aumentando la inmigración de Nicaragua hacia Costa Rica- que ésta se motiva en mucho por razones económicas y que, a pesar de que nuestra economía no crece tanto como lo hizo hace varios años, en los cuales tuvimos fuertes flujos de inmigrantes, las cosas están económicamente peor en Nicaragua que aquí, por lo que los inmigrantes podrían seguir siendo atraídos al país, tal vez hasta en mayor grado, en busca de oportunidades de vivir mejor. En sentido similar, es de esperar que ese aumento de ingresos también sea motivado por la mayor estabilidad de familiares que en el pasado abandonaron Nicaragua para establecerse en el país: teniendo ya un “pie” firme en el país, se facilita la adaptación inicial requerida cuando se es un nuevo inmigrante.
Hay palabras sencillamente expresadas que contienen un mundo de explicaciones para un fenómeno. En un artículo secundario al anteriormente citado de La Nación, y el cual está encabezado por “Sueño de ‘una vida mejor’ sigue atrayendo migrantes a Costa Rica”, la señora Gertrudis del Carmen González Chaves de Chichigalpa, Nicaragua, se expresa así: “Nos estamos viniendo de Nicaragua muchas personas, muchedumbre de personas por la necesidad de conseguir una vida mejor, conseguir empleo para sobrevivir.” Dios le ayude a doña Gertrudis en ese esfuerzo para trabajar dura y honestamente y así poder “sobrevivir.” Para ella le brindo las mismas palabras del poema que leí en la Isla de Ellis y que cité en la primera parte de éste mi comentario, y que aquí repito:
¡Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres
Vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad
El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas
Enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades a mí!
¡Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada!"
Uno entiende particularmente esa dificultad para sobrevivir, cuando en nuestra economía el desempleo abierto oscila en alrededor de un 10% (y posiblemente mayor en labores que usan empleo no calificado, como suele ser el que ahora proviene del país de doña Gertrudis), al igual que el sub-empleo (que no es más que empleo a medias), el cual anda por allí de un 12.5% de la fuerza de trabajo. Conseguir empleo en tales condiciones es así mucho más difícil que en previas épocas de bonanzas (aunque no me extraña que, con todo y esta mala racha actual en nuestro país en cuanto a posibilidades de empleo, la situación sea aún mejor que la de Nicaragua).
Eso sí, hay un aspecto -reconozco que sensible desde muy diversos puntos de vista- que debemos de tener presente en esta situación. No sólo Costa Rica ofrece probablemente mejores posibilidades de vivir mejor que en Nicaragua (además de una tradición de respeto a la libertad individual y a la persona en sí, que posiblemente aquí sea mejor que la de aquel país), lo cual tal vez significa que hay una mayor oportunidad de conseguir un empleo. Pero también es importante señalar que en Costa Rica hay otros “atractivos”, que incluso podrían competir con otros incentivos que estimulan a que la gente no trabaje lo suficiente y que prefiera recibir tales dádivas, aunque eso le someta a la sujeción del estado benefactor.
Cuando un inmigrante llega al país casi sin problema logra obtener una educación primaria y hasta secundaria gratuita (es también obligatoria y, además, el que los habitantes accedan a tal educación puede generar valiosas externalidades a todos los ciudadanos del país). Pero, en Costa Rica, recientemente hasta se les da un emolumento para que los padres envíen a los hijos a las escuelas. También pueden tener acceso, casi sin costo alguno, a la salud, tanto de menores, como de adultos e incluso de otros parientes cercanos, quienes hasta podrían no vivir regularmente en el país y viajar a éste cuando deban acudir a una cita hospitalaria importante. La Sala Constitucional ha declarado a la salud que brinda el estado como un derecho universal. Por eso, aun cuando no coticen al sistema de salud del estado, reciben el servicio casi sin problema alguno.
Asimismo, si la familia no tiene recursos cuando llega al país, puede luego acudir a entidades estatales en busca de algún grado de soporte financiero: es común ver inmigrantes solicitando tal ayuda en el IMAS y no sé si eso aún lo hace el programa de Asignaciones Familiares. Igualmente, en cuanto a tener acceso a lotes y vivienda -incluso ubicándose como precaristas- es muy común observar que los apoyos gubernamentales no suelen discriminar en función de su nacionalidad, a ciudadanos de recursos presuntamente limitados, para que puedan acudir a las fuentes estatales de subsidio. Si usted es un migrante anciano, puede viajar gratis en los buses, al igual que lo hacen otros adultos mayores nacionales. He venido mencionando aportes en especie (excepto las ayudas en efectivo que puede dar el IMAS), que constituyen, por así decirlo, un ingreso en especie que hace que la persona ya no tenga que trabajar lo requerido para sufragarlos con su esfuerzo laboral propio.
Todos esos gastos citados son pagados por la ciudadanía como un todo; por los contribuyentes. Lo más plausible es que, al menos en los primeros años de residir en el país como inmigrantes, estos tampoco están incorporados en los listados de contribuyentes de diversos impuestos (excepto ventas). Difícilmente, creo, lo que los inmigrantes reciben de subsidios o ayudas o apoyos del estado, es más que compensado con impuestos que pagan o deberían de pagar. Eso sí, reconozco que en nuestro país se desconoce el resultado neto de tal comparación.
Lo más grave, en mi opinión, es que la percepción de esa ayuda, que sustituye el esfuerzo propio que se debería de realizar, establece relaciones de dependencia que, una vez establecidas, son difíciles de detener o de cambiar. Esto es, todos estos programas de ayuda usualmente no contienen vías para salir de esa dependencia y más bien uno observa como hay nuevas propuestas, que a veces se circulan, al menos en períodos político-electorales, que aumentarían tal dependencia de seres humanos ante el papá estado. ¿Se acuerdan de la propuesta del candidato Johhny Araya para entregar plata en efectivo a gente de bajos ingresos para que comprara su comida? El único estímulo para salir de la ayuda de la cual dependen, es que las condiciones laborales se traduzcan en ingresos tales, que más que compensen esos beneficios que perciben más el costo del esfuerzo realizado. Sin embargo, en la actualidad, tal hecho es más difícil que se dé.
En mi opinión, con excepción del acceso gratuito a la educación primaria y secundaria, el inmigrante debe de estar en capacidad de ingresar a laborar en el país, pero no para que reciba subsidios que estimulen que no se trabaje lo requerido para generar ingresos propios. Lo que mueve al inmigrante al país es poder vivir mejor, él o ella y su familia: para eso viene a aquí en busca de trabajo, incentivo que se ve alterado cuando se le dan recursos por el hecho de vivir en este país y no como fruto de su esfuerzo laboral.
Pienso que el inmigrante, legal o ilegal, no debe tener el derecho que poseen los ciudadanos del país para acceder a tales “beneficios” estatales, sino que, como resultado del proceso de obtener la residencia permanente en el país y obviamente al lograr la nacionalidad, es que tengan el acceso a tales programas de auxilio que actualmente se tienen en el país.
Antes de que alguien -apropiadamente- me lo recuerde, también el inmigrante que sea delincuente en su país, no debería entrar al país sin problema, casi como puede hacerlo ahora. Por supuesto, dicha delincuencia ha de estar calificada para tal permiso, no sólo porque estar marcado por una infracción de tránsito o un retraso en el pago de una pensión alimenticia y similares, no deben ser razón para impedirles la entrada, sino porque también muchas dictaduras suelen ser proclives a acusar y a juzgar, incluso en tribunales nada independientes del poder totalitario, como delincuentes a ciudadanos por el simple hecho de pensar distinto de esos gobernantes de turno. En sencillo, si alguien como Leopoldo López, caso que hemos conocido de Venezuela, considerado delincuente en esa nación por el poder tiránico de ese país, eventualmente tocara nuestras puertas para migrar, se le daría la bienvenida sin que rigiera la exclusión por “delincuencia”, así señalada por el dictador. En Costa Rica resguardamos bien atesorado el valor del asilo.
Similarmente, deseo aclarar de forma contundente que el inmigrante no es el responsable de que haya esos programas asistenciales del estado que les cubra como beneficiarios. Así está hecho jurídicamente nuestro programa estatal de mitigación o alivio. No lo crearon los inmigrantes, sino los ciudadanos de este país. Por lo tanto, la decisión de hacer partícipes de tales programas a extranjeros que llegan al país, es una decisión que ha estado en manos de los ciudadanos costarricenses y, por ende, en esas mismas manos es que está redefinirlos en los términos aquí sugeridos.
No estoy optimista en cuanto a que haya un re-direccionamiento institucional de los incentivos para laborar de los inmigrantes que vienen al país, en busca de una vida mejor. Por el contrario; incluso en estos momentos está presentada en la palestra de la discusión impositiva en la Asamblea Legislativa una propuesta extraña, inviable y sacada de un sombrero, como instrumento para justificar la sustitución del impuesto de ventas por el llamado impuesto al valor agregado (IVA). Dado que en mucho la eficiencia de este último gravamen descansa en la universalidad de su aplicación e incluso en la homogeneidad de la tasa impositiva aplicada, la nueva propuesta tributaria del gobierno en pro del IVA propone exonerar del pago del impuesto a grupos de ingresos relativamente bajos de la economía (aunque la propuesta cubriría algo próximo a la mitad de la población: a unos 550.000 hogares, se nos ha dicho). Para lograrlo, según la propuesta gubernamental, se consideraría la devolución de una suma específica a cada hogar de bajos ingresos, lo cual obviamente incluiría a los hogares de migrantes, los cuales no suelen ser de ingresos altos e incluso medios-bajos. El monto mensual estimado que se le devolvería a cada hogar “pobre” es de ₡44.000, supuestamente como equivalente del IVA que ha pagado como consumidor. No ahondaré en el análisis de esta propuesta, que desde ya me parece inconveniente, sino en lo referente a la estructura de incentivos que se da a los inmigrantes hacia Costa Rica, en comparación con vivir bajo un régimen salarial que les brinde los ingresos que requieren para vivir mejor.
Por lo expuesto, dicha propuesta tributaria sería uno más de los incentivos para que el inmigrante prefiera escoger no trabajar, en vez de laborar, y poder recolectar todos los beneficios o ayudas “sociales” que les da el estado costarricense; esto es, todos nosotros, los contribuyentes, en cualquier grado en que lo seamos.
Las ideas que he propuesto no son fáciles de que sean simplemente aceptadas porque sí, pero uno esperaría que puedan ser consideradas como una manera de enfilar los incentivos hacia una mayor y más eficiente producción, lográndose así el beneficio del inmigrante, quien al buscar el sustento propio y de su familia contribuye a la economía como un todo. Es la hora de entrarle al tema inmigratorio con racionalidad y con respeto hacia quienes opinan de manera diferente. Ojalá mi esfuerzo no haya sido en vano.
Publicado en los sitios de ASOJOD, del Instituto Libertad y en los míos personales, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el martes 8 de setiembre del 2015.