Jorge Corrales Quesada
29/08/2015, 20:41
EL ESTADO INEFICIENTE-UN TEMA INAGOTABLE: LOS TAXIS EN COSTA RICA
Por Jorge Corrales Quesada
¿Escribir otra vez acerca de los problemas de los taxis en Costa Rica? Sí, ya sé que los aburro con un tema que tiene más de cincuenta años de estar dando vuelta en el magín de los costarricenses, tanto en el de usuarios de taxis, como en el de los taxistas y de burócratas y políticos de turno. Los primeros, porque somos quienes tenemos que pagar más por la restricción en la oferta del servicio que practica el estado costarricense: porque las políticas proseguidas por el estado a lo que conducen es a que los precios que se cobran sean más altos de los que podrían ser, además de que, siempre en el momento en que se necesitan, muy a menudo no aparecen los taxis que los consumidores desean. Pero, también, porque los taxistas legales entran en el bate-bate, pretendiendo siempre que se proteja a su gremio de una mayor competencia, así como los ilegales, ansiosos de poder entrar a competir en ese mercado.
Es el estado el que ha ocasionado tal división absurda de un mercado, creando a los legales -los bendecidos con las relativamente escasas concesiones oficiales- y a los ilegales, que andan rondando -lógicamente- a ver cómo pueden obtener una concesión ¡que les permita trabajar!, algo que parece ser esencial en una economía que en estos momentos sufre de alto grados de desempleo y subempleo. Asimismo, agazapados en la penumbra están los burócratas y los políticos, porque -esencialmente los segundos- son quienes, como dioses poderosos, son los que tienen en sus manos la decisión de quiénes pueden pulsearla honestamente como taxistas y quiénes no. Los burócratas lo que suelen hacer es realizar estudios sin sentido -la demanda de los servicios de taxis varía constantemente de un momento a otro- acerca de que su oferta sea “suficiente” para satisfacer su demanda, a sabiendas que los estudios lo que logran es que haya un suministro inadecuado de servicios en la comunidad, con lo cual lo que se logra no es nada más que un precio mayor para el consumidor que beneficia a un grupo seleccionado de productores del servicio.
Al menos el último capítulo expuesto por La Nación del 21 de abril del 2015, bajo el título “Diputados usan portillo vencido para dar placas: Técnicos del Congreso dieron la alerta”, cubre el período abril-junio de este año, pero no tengo la menor duda de que pronto surgirán nuevos problemas, derivados del inicuo sistema de asignación de placas de taxis; simplemente ellos emanan del desorden de todo tipo que germina en ese mercado tan absurdamente regulado.
En mayo del 2010 se aprobó una ley la cual, mediante un transitorio de ella, permitió que se pudiera dar nuevas placas de taxis “cortesía del estado costarricense”. Se supone que así se favorecería a 229 familias o personas, mejor dicho, “con ese permiso especial, mientras cumplían con los requisitos (pero) sólo 124 lo obtuvieron y 105 quedaron sin la autorización, por lo cual recurrieron [-¡imagínese usted a quién!-)] a los diputados”, para que, como Sannicolases, les dieran la placa que no obtuvieron en ese entonces.
El problema es que, según señaló el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, “el transitorio sobre el cual se plantea la nueva reforma legal [para incorporar esos 105 que quedaron por fuera] ya perdió vigencia,” para lo cual se requería de la aprobación de una nueva ley específica, diferente de aquella que abrió un portillo en el 2010. Por supuesto, los diputados regalones, preocupados como siempre por la “justicia social”, se sienten incómodos por esa limitante que les permitiría definir olímpicamente cómo y a quiénes se les entregaban las placas de taxis. (Qué rico poder regalar lo que no es de uno -aunque sea sólo un permiso exclusivo- que en realidad pertenece a los ciudadanos en general).
El tema se discutió en el Congreso y en un primer debate se aprobó con 38 votos; esto es, con mayoría suficiente, pero eso no le da validez moral ni lógica a la decisión, dado que, como apropiadamente lo señaló el diputado Ottón Solís, quien votó negativamente (bien por él), “La Asamblea no fue hecha para eso [me imagino que para regalar placas de taxis], sino para leyes generales [algo básico, elemental, olvidado frecuentemente en nuestra Asamblea Legislativa]. Nosotros no tenemos una especialidad para seleccionar el grupo de beneficiarios.” Pero yo voy más allá y postulo que, quien puede determinar la oferta necesaria para satisfacer la demanda de los ciudadanos usuarios, sin políticos que medien y medren en estos asuntos, es únicamente el mercado, que recoge apropiadamente la demanda que en él existe. La solución al problema de los taxis en nuestro país va por legalizar, bajo ciertos parámetros básicos y universalmente aplicados, que quienes deseen trabajar honradamente puedan hacerlo: que haya tantos taxis como el mercado lo determine.
Nótese que esto lo escribí pre-Uber. La tecnología ayuda a la competencia y hace más innecesaria la regulación del estado. Ojalá todos esos gremios hagan lo mismo que UBER y nos sirvan mejor a los consumidores.
Publicado en Facebook el 29 de setiembre del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
¿Escribir otra vez acerca de los problemas de los taxis en Costa Rica? Sí, ya sé que los aburro con un tema que tiene más de cincuenta años de estar dando vuelta en el magín de los costarricenses, tanto en el de usuarios de taxis, como en el de los taxistas y de burócratas y políticos de turno. Los primeros, porque somos quienes tenemos que pagar más por la restricción en la oferta del servicio que practica el estado costarricense: porque las políticas proseguidas por el estado a lo que conducen es a que los precios que se cobran sean más altos de los que podrían ser, además de que, siempre en el momento en que se necesitan, muy a menudo no aparecen los taxis que los consumidores desean. Pero, también, porque los taxistas legales entran en el bate-bate, pretendiendo siempre que se proteja a su gremio de una mayor competencia, así como los ilegales, ansiosos de poder entrar a competir en ese mercado.
Es el estado el que ha ocasionado tal división absurda de un mercado, creando a los legales -los bendecidos con las relativamente escasas concesiones oficiales- y a los ilegales, que andan rondando -lógicamente- a ver cómo pueden obtener una concesión ¡que les permita trabajar!, algo que parece ser esencial en una economía que en estos momentos sufre de alto grados de desempleo y subempleo. Asimismo, agazapados en la penumbra están los burócratas y los políticos, porque -esencialmente los segundos- son quienes, como dioses poderosos, son los que tienen en sus manos la decisión de quiénes pueden pulsearla honestamente como taxistas y quiénes no. Los burócratas lo que suelen hacer es realizar estudios sin sentido -la demanda de los servicios de taxis varía constantemente de un momento a otro- acerca de que su oferta sea “suficiente” para satisfacer su demanda, a sabiendas que los estudios lo que logran es que haya un suministro inadecuado de servicios en la comunidad, con lo cual lo que se logra no es nada más que un precio mayor para el consumidor que beneficia a un grupo seleccionado de productores del servicio.
Al menos el último capítulo expuesto por La Nación del 21 de abril del 2015, bajo el título “Diputados usan portillo vencido para dar placas: Técnicos del Congreso dieron la alerta”, cubre el período abril-junio de este año, pero no tengo la menor duda de que pronto surgirán nuevos problemas, derivados del inicuo sistema de asignación de placas de taxis; simplemente ellos emanan del desorden de todo tipo que germina en ese mercado tan absurdamente regulado.
En mayo del 2010 se aprobó una ley la cual, mediante un transitorio de ella, permitió que se pudiera dar nuevas placas de taxis “cortesía del estado costarricense”. Se supone que así se favorecería a 229 familias o personas, mejor dicho, “con ese permiso especial, mientras cumplían con los requisitos (pero) sólo 124 lo obtuvieron y 105 quedaron sin la autorización, por lo cual recurrieron [-¡imagínese usted a quién!-)] a los diputados”, para que, como Sannicolases, les dieran la placa que no obtuvieron en ese entonces.
El problema es que, según señaló el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, “el transitorio sobre el cual se plantea la nueva reforma legal [para incorporar esos 105 que quedaron por fuera] ya perdió vigencia,” para lo cual se requería de la aprobación de una nueva ley específica, diferente de aquella que abrió un portillo en el 2010. Por supuesto, los diputados regalones, preocupados como siempre por la “justicia social”, se sienten incómodos por esa limitante que les permitiría definir olímpicamente cómo y a quiénes se les entregaban las placas de taxis. (Qué rico poder regalar lo que no es de uno -aunque sea sólo un permiso exclusivo- que en realidad pertenece a los ciudadanos en general).
El tema se discutió en el Congreso y en un primer debate se aprobó con 38 votos; esto es, con mayoría suficiente, pero eso no le da validez moral ni lógica a la decisión, dado que, como apropiadamente lo señaló el diputado Ottón Solís, quien votó negativamente (bien por él), “La Asamblea no fue hecha para eso [me imagino que para regalar placas de taxis], sino para leyes generales [algo básico, elemental, olvidado frecuentemente en nuestra Asamblea Legislativa]. Nosotros no tenemos una especialidad para seleccionar el grupo de beneficiarios.” Pero yo voy más allá y postulo que, quien puede determinar la oferta necesaria para satisfacer la demanda de los ciudadanos usuarios, sin políticos que medien y medren en estos asuntos, es únicamente el mercado, que recoge apropiadamente la demanda que en él existe. La solución al problema de los taxis en nuestro país va por legalizar, bajo ciertos parámetros básicos y universalmente aplicados, que quienes deseen trabajar honradamente puedan hacerlo: que haya tantos taxis como el mercado lo determine.
Nótese que esto lo escribí pre-Uber. La tecnología ayuda a la competencia y hace más innecesaria la regulación del estado. Ojalá todos esos gremios hagan lo mismo que UBER y nos sirvan mejor a los consumidores.
Publicado en Facebook el 29 de setiembre del 2015.