Jorge Corrales Quesada
16/08/2015, 10:06
EL ESTADO INEFICIENTE-REFORMA LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO Y EL GASTO ESTATAL
Por Jorge Corrales Quesada
Creo que la crisis actual de nuestras finanzas públicas ha tenido la virtud de permitir que se destape una serie de problemas, que explican el desboque del gasto gubernamental por encima de los ingresos que percibe el estado. Al leer las informaciones que han ido surgiendo recientemente en cuento a abusos de pensiones con cargo a los presupuestos estatales, de los costos de las convenciones colectivas en el sector público, acerca de la confusa política salarial en el sector público, son buenos ejemplos de cosas acerca de las cuales debemos los ciudadanos de exigir con firmeza su corrección y ordenamiento, a riesgo de que, de no ser así, una crisis, que es supuestamente manejable, terminará por dirigir hacia la ruina a gran parte de los costarricenses.
Es cierto que aún falta mucho en cuanto a evaluar públicamente más a ciertas entidades gubernamentales, a fin de poder contener el abuso y promover la eficiencia que pulula en ellas, si bien es cierto que en el país se ha logrado algún grado de avance al darse a conocer a la ciudadanía casos como el de la Caja del Seguro Social, al tiempo que se ha mostrado el cruel desprecio con que se han manejado los recursos escasos propiedad de los ciudadanos al ponerse en marcha ciertos proyectos de Fuerza y Luz, al igual que se ha exhibido el descaro como se usan los recursos públicos en RECOPE y JAPDEVA. Pero, evidentemente, hay muchos otros ámbitos en nuestro estado en los cuales la luz aún no ha llegado al punto de iluminar entrañas posiblemente podridas. Por ejemplo, en algún momento se tendrá que analizar la ineficiente labor de muchas entidades públicas descentralizadas, así como las labores desempeñadas por los gobiernos locales.
Pero la verdad es que el ciudadano posiblemente está hoy mejor informado que nunca acerca de que las cosas en el estado no se hacen de la mejor manera posible, en mucho por su naturaleza no competitiva y por la vigencia regímenes administrativos caracterizados por el cumplimiento ciego de las normas -se llama burocracia- que le impiden adaptarse eficientemente, a fin de que pueda hacer las cosas de mejor manera a como las hace en la actualidad o que las lleve a cabo a un costo menor y con mejores resultados que a la fecha.
Por eso he visto con sumo interés lo que en meses recientes se ha venido publicando acerca del sistema de empleo en el sector público y mantengo la esperanza de que las autoridades responsables del buen gobernar buscarán hacerlo más eficiente, sin que acudan a un engañoso soslayo de deberes y obligaciones, que sólo merecería el desprecio ciudadano. Así, moralmente, antes de que se pretenda resolver un problema de exceso de gasto gubernamental sobre sus ingresos, aumentando estos últimos mediante impuestos, a los ciudadanos los gobernantes nos deben haber demostrado concretamente, no con proyectos en proceso de elaboración o de discusión, propuestas profundas de reforma en las prácticas administrativas que hasta la fecha se han seguido y que significan en verdad ahorros sustanciales de recursos que hoy son pagados por los ciudadanos.
Mis consideraciones surgen de la lectura de un artículo de La Nación del 30 de marzo, el cual lleva por encabezado “Incentivos rebasan salarios básicos en el sector público: En el 2014, el Estado pagó ₡1.9 billones en estímulos frente a ₡1.8 billones en remuneraciones.” Las formulo porque, de no ponerse pronto orden en el gasto gubernamental, los ciudadanos no estaremos dispuestos a que se nos impongan nuevos y mayores tributos si uno de los orígenes del pandemónium fiscal no es atemperado y ojalá resuelto para bien de las personas. En una sección del artículo arriba citado y la cual lleva por título “Presupuesto para estímulos crece más en el Gobierno,” el economista Luis Mesalles asevera que “si no se hacen los cambios en la estructura de gastos, y en factores que mejoren la gestión de recursos, no hay reforma tributaria que alcance.” Pero hay algo que va más allá de una insuficiencia presupuestaria en cierto momento: si el pueblo le da al gobierno esos recursos nuevos y mayores, sin que mejore su administración, tan sólo va a servir para alimentar con más gasolina al fuego del gasto gubernamental, lo cual de nuevo hundiría a la nación en un nuevo y mayor desperdicio del déficit estatal.
Veamos algunas cosas que suceden en el estado, en cuanto a que la base salarial es ya un monto menor al total de incentivos que se han ido montando sobre los salarios base con el paso de los años. Como expone la periodista de La Nación, los “estímulos salariales que nacieron en los años 70 y 80 para motivar a algunos trabajadores, no sólo se generalizaron, sino que, además, crecieron a tal ritmo que hoy superan los salarios básicos.” De acuerdo con un reciente informe de la Contraloría General de la República, en el 2014, mientras que en el sector público se pagaron ₡1.9 billones en incentivos, el pago en salarios fue inferior; ₡1.8 billones. ¡Habrase visto tal largueza y desorden en el manejo de la política salarial del estado!
Veamos algunos ejemplos, si bien en el artículo no se brindan cifras exactas, sino tan sólo unos gráficos que nos permiten aproximaciones. En el 2014, en la Universidad de Costa Rica se pagaron en remuneraciones básicas unos ₡50.000 millones, en tanto que en estímulos o beneficios laborales se pagó alrededor de unos ₡80.000 millones. Esa brecha viene aumentando año tras año. En el 2014, en RECOPE las remuneraciones básicas por salarios ascendieron a unos ₡10.000 millones, mientras que por estímulos se pagaron unos ₡21.000 millones y también cada vez es mayor la divergencia. En el caso de la Caja, en el 2014 los sueldos base ascendieron a alrededor de ₡335.000 millones, mientras que los pagos por estímulos se elevaron a cerca de ₡435.000 millones.
En lo que se refiere al gobierno central, en el 2014 los sueldos base fueron de alrededor de ₡800.000 millones, en tanto que los pagos por beneficios o estímulos ascendieron a cerca de ₡820.000 millones. Y en el del resto del sector público y municipal, en ese mismo año se pagaron aproximadamente unos ₡1.000.000 millones en salarios base y unos ₡1.050.000 millones en incentivos salariales. Pero, para el 2015, de acuerdo con un informe de la Contraloría, “el plan de gasto para pago de gratificaciones en el sector descentralizado (excluye al Gobierno Central), aumentará 9% respecto al presupuesto del 2014, casi el doble del alza en los sueldos base (un 5%).” Por su parte, “en el Gobierno Central, el plan de gasto para remuneraciones en el 2015 sube un 16%”.
Para ordenar su desorden fiscal, el gobierno ya ha presentado una serie de propuestas de aumento de impuestos y ciertos gastos, pero nada con respecto al empleo gubernamental. ¿Qué nos dice el gobierno? En palabras de la ministra de Planificación, doña Olga Marta Sánchez, ante la pregunta de la periodista de “¿Para cuándo creen que podrán tener una propuesta (sobre el empleo público)?”, nos expresa que “Gradualmente, en los próximos meses, en esta primera mitad de año, empezaremos a presentar iniciativas en algunos componentes para invitar al diálogo y a la consulta sobre ellas. Habrá propuestas que requerirán del ámbito legislativo como escenario y habrá otras que tendrán otros espacios de reflexión e instrumentación.”
Ante esto, cierro con mi propio “espacio de reflexión” y formulo mi propia “instrumentación”. No se debe aprobar ni un cinco más de impuestos, en tanto no se haya llevado a cabo una reducción significativa del gasto estatal y, particularmente, en lo referente al sistema de empleo gubernamental. Al leer aquellas declaraciones de la ministra, me parece que la tal reforma laboral en el estado va para las calendas griegas y creo que tan sólo el incentivo de que los ciudadanos no le demos más plata al estado para que siga en su gastadera, impulsará a los gobernantes a que efectivamente propongan las reformas deseadas: tan sólo así tal vez decidan entrarle seriamente al verdadero problema de nuestro estado, cual es su profundo afecto por gastar platas ajenas, las nuestras.
Publicado en Facebook el 16 de agosto del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Creo que la crisis actual de nuestras finanzas públicas ha tenido la virtud de permitir que se destape una serie de problemas, que explican el desboque del gasto gubernamental por encima de los ingresos que percibe el estado. Al leer las informaciones que han ido surgiendo recientemente en cuento a abusos de pensiones con cargo a los presupuestos estatales, de los costos de las convenciones colectivas en el sector público, acerca de la confusa política salarial en el sector público, son buenos ejemplos de cosas acerca de las cuales debemos los ciudadanos de exigir con firmeza su corrección y ordenamiento, a riesgo de que, de no ser así, una crisis, que es supuestamente manejable, terminará por dirigir hacia la ruina a gran parte de los costarricenses.
Es cierto que aún falta mucho en cuanto a evaluar públicamente más a ciertas entidades gubernamentales, a fin de poder contener el abuso y promover la eficiencia que pulula en ellas, si bien es cierto que en el país se ha logrado algún grado de avance al darse a conocer a la ciudadanía casos como el de la Caja del Seguro Social, al tiempo que se ha mostrado el cruel desprecio con que se han manejado los recursos escasos propiedad de los ciudadanos al ponerse en marcha ciertos proyectos de Fuerza y Luz, al igual que se ha exhibido el descaro como se usan los recursos públicos en RECOPE y JAPDEVA. Pero, evidentemente, hay muchos otros ámbitos en nuestro estado en los cuales la luz aún no ha llegado al punto de iluminar entrañas posiblemente podridas. Por ejemplo, en algún momento se tendrá que analizar la ineficiente labor de muchas entidades públicas descentralizadas, así como las labores desempeñadas por los gobiernos locales.
Pero la verdad es que el ciudadano posiblemente está hoy mejor informado que nunca acerca de que las cosas en el estado no se hacen de la mejor manera posible, en mucho por su naturaleza no competitiva y por la vigencia regímenes administrativos caracterizados por el cumplimiento ciego de las normas -se llama burocracia- que le impiden adaptarse eficientemente, a fin de que pueda hacer las cosas de mejor manera a como las hace en la actualidad o que las lleve a cabo a un costo menor y con mejores resultados que a la fecha.
Por eso he visto con sumo interés lo que en meses recientes se ha venido publicando acerca del sistema de empleo en el sector público y mantengo la esperanza de que las autoridades responsables del buen gobernar buscarán hacerlo más eficiente, sin que acudan a un engañoso soslayo de deberes y obligaciones, que sólo merecería el desprecio ciudadano. Así, moralmente, antes de que se pretenda resolver un problema de exceso de gasto gubernamental sobre sus ingresos, aumentando estos últimos mediante impuestos, a los ciudadanos los gobernantes nos deben haber demostrado concretamente, no con proyectos en proceso de elaboración o de discusión, propuestas profundas de reforma en las prácticas administrativas que hasta la fecha se han seguido y que significan en verdad ahorros sustanciales de recursos que hoy son pagados por los ciudadanos.
Mis consideraciones surgen de la lectura de un artículo de La Nación del 30 de marzo, el cual lleva por encabezado “Incentivos rebasan salarios básicos en el sector público: En el 2014, el Estado pagó ₡1.9 billones en estímulos frente a ₡1.8 billones en remuneraciones.” Las formulo porque, de no ponerse pronto orden en el gasto gubernamental, los ciudadanos no estaremos dispuestos a que se nos impongan nuevos y mayores tributos si uno de los orígenes del pandemónium fiscal no es atemperado y ojalá resuelto para bien de las personas. En una sección del artículo arriba citado y la cual lleva por título “Presupuesto para estímulos crece más en el Gobierno,” el economista Luis Mesalles asevera que “si no se hacen los cambios en la estructura de gastos, y en factores que mejoren la gestión de recursos, no hay reforma tributaria que alcance.” Pero hay algo que va más allá de una insuficiencia presupuestaria en cierto momento: si el pueblo le da al gobierno esos recursos nuevos y mayores, sin que mejore su administración, tan sólo va a servir para alimentar con más gasolina al fuego del gasto gubernamental, lo cual de nuevo hundiría a la nación en un nuevo y mayor desperdicio del déficit estatal.
Veamos algunas cosas que suceden en el estado, en cuanto a que la base salarial es ya un monto menor al total de incentivos que se han ido montando sobre los salarios base con el paso de los años. Como expone la periodista de La Nación, los “estímulos salariales que nacieron en los años 70 y 80 para motivar a algunos trabajadores, no sólo se generalizaron, sino que, además, crecieron a tal ritmo que hoy superan los salarios básicos.” De acuerdo con un reciente informe de la Contraloría General de la República, en el 2014, mientras que en el sector público se pagaron ₡1.9 billones en incentivos, el pago en salarios fue inferior; ₡1.8 billones. ¡Habrase visto tal largueza y desorden en el manejo de la política salarial del estado!
Veamos algunos ejemplos, si bien en el artículo no se brindan cifras exactas, sino tan sólo unos gráficos que nos permiten aproximaciones. En el 2014, en la Universidad de Costa Rica se pagaron en remuneraciones básicas unos ₡50.000 millones, en tanto que en estímulos o beneficios laborales se pagó alrededor de unos ₡80.000 millones. Esa brecha viene aumentando año tras año. En el 2014, en RECOPE las remuneraciones básicas por salarios ascendieron a unos ₡10.000 millones, mientras que por estímulos se pagaron unos ₡21.000 millones y también cada vez es mayor la divergencia. En el caso de la Caja, en el 2014 los sueldos base ascendieron a alrededor de ₡335.000 millones, mientras que los pagos por estímulos se elevaron a cerca de ₡435.000 millones.
En lo que se refiere al gobierno central, en el 2014 los sueldos base fueron de alrededor de ₡800.000 millones, en tanto que los pagos por beneficios o estímulos ascendieron a cerca de ₡820.000 millones. Y en el del resto del sector público y municipal, en ese mismo año se pagaron aproximadamente unos ₡1.000.000 millones en salarios base y unos ₡1.050.000 millones en incentivos salariales. Pero, para el 2015, de acuerdo con un informe de la Contraloría, “el plan de gasto para pago de gratificaciones en el sector descentralizado (excluye al Gobierno Central), aumentará 9% respecto al presupuesto del 2014, casi el doble del alza en los sueldos base (un 5%).” Por su parte, “en el Gobierno Central, el plan de gasto para remuneraciones en el 2015 sube un 16%”.
Para ordenar su desorden fiscal, el gobierno ya ha presentado una serie de propuestas de aumento de impuestos y ciertos gastos, pero nada con respecto al empleo gubernamental. ¿Qué nos dice el gobierno? En palabras de la ministra de Planificación, doña Olga Marta Sánchez, ante la pregunta de la periodista de “¿Para cuándo creen que podrán tener una propuesta (sobre el empleo público)?”, nos expresa que “Gradualmente, en los próximos meses, en esta primera mitad de año, empezaremos a presentar iniciativas en algunos componentes para invitar al diálogo y a la consulta sobre ellas. Habrá propuestas que requerirán del ámbito legislativo como escenario y habrá otras que tendrán otros espacios de reflexión e instrumentación.”
Ante esto, cierro con mi propio “espacio de reflexión” y formulo mi propia “instrumentación”. No se debe aprobar ni un cinco más de impuestos, en tanto no se haya llevado a cabo una reducción significativa del gasto estatal y, particularmente, en lo referente al sistema de empleo gubernamental. Al leer aquellas declaraciones de la ministra, me parece que la tal reforma laboral en el estado va para las calendas griegas y creo que tan sólo el incentivo de que los ciudadanos no le demos más plata al estado para que siga en su gastadera, impulsará a los gobernantes a que efectivamente propongan las reformas deseadas: tan sólo así tal vez decidan entrarle seriamente al verdadero problema de nuestro estado, cual es su profundo afecto por gastar platas ajenas, las nuestras.
Publicado en Facebook el 16 de agosto del 2015.