Jorge Corrales Quesada
12/08/2015, 18:40
EL ESTADO INEFICIENTE-FINANCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA PRIVADA
Por Jorge Corrales Quesada
Recientemente hemos visto en los medios críticas de diferente índole hacia las universidades privadas, menos en el caso de las públicas y, en lo que respecta al estado, casi no he visto que alguna entidad estatal formule críticas a las universidades públicas. Ahora aparece un nuevo caso que resulta ser interesante, pues, a pesar de su naturaleza privada, los promotores gubernamentales de esta nueva universidad parecen estar buscando que seamos todos los costarricenses, bajo el cuento usual de que “sea el estado”, quienes consigamos la plata para que pueda iniciar sus actividades. Pero no queda del todo claro quién deberá eventualmente pagar ese préstamo, si la entidad directamente beneficiada con él o bien todos los costarricenses mediante nuestros impuestos.
La noticia aparece en La Nación del 30 de marzo, bajo el titular “Gobierno quiere que el BCIE financie ‘U’ para cooperativas: Propuesta impulsada por diputado oficialista y líder cooperativo, Víctor Morales Zapata.” En este bate-bate aparece involucrado el estado costarricense -todos nosotros- intercediendo ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para que “financie la creación de una especie de universidad internacional para capacitar las cooperativas.” Pero también asoma sus narices una entidad española denominada Corporación Mondragón, del País Vasco de España, la cual funcionaría como socio estratégico en el área de capacitación, sin aclararse aún la forma efectiva de su participación y si ella alcanza la copropiedad accionaria. Además, está en medio el diputado Víctor Morales Zapata, quien asevera no tener nexo alguno con el grupo español, pero que sí participa en su condición de presidente de la comisión legislativa de Economía Social Solidaria (nunca había escuchado antes acerca de la existencia de esta nueva comisión legislativa). Además -vean qué interesante- destaca ese diputado Morales que “ninguna entidad pública tendría participación en el centro de capacitación, dado que sólo sería una alianza entre el BCIE y las empresas de la economía social solidaria, como las cooperativas.”
Esto es, que no participaría el estado (todos nosotros), pero sí que presuntamente se asociarían el BCIE, el cual sería financista del proyecto obtenido por gestión del estado costarricense, con “empresas privadas de la economía social solidaria, como las cooperativas.” Eufemismos aparte, sería una alianza entre el BCIE, que si lo hace como accionista de la nueva universidad probablemente no se requeriría que hiciera un préstamo a la sociedad que conforma la universidad. Lo sería como aporte accionario, con lo cual me imagino que la aventura sería a cuenta y riesgo del BCIE y de ninguna manera de parte del estado costarricense, que no sería deudor de ese préstamo para la universidad, supuestamente otorgado por el BCIE. Es decir, si las cosas no funcionan como es debido, los costarricenses no tendríamos que pagar cinco alguno por el préstamo u aporte que el BCIE le dio a esa universidad. ¿Entiendo bien?
Además, es evidente que habría una participación privada en la nueva universidad, de parte de personas jurídicas empresariales privadas, como son las cooperativas, lo cual, me imagino, significa que, con menor razón, todos -reitero, todos- los costarricenses tendríamos que pagarle algo al BCIE por su presunto aporte o préstamo ante un fracaso eventual del proyecto. Me imagino que, en el caso de que el interés del BCIE fuera tan sólo el de otorgar un préstamo, que lo hagan directamente a los dueños privados de la nueva universidad, las llamadas empresas de la economía solidaria, como las cooperativas.
La idea es una emulación de un proyecto iniciado en la década pasada, llamado Centro de Educación y Formación La Catalina R. L., que fue apoyado por el hoy diputado Morales. En esa experiencia participó un grupo de cooperativas junto con el estado por medio del Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), el cual aportó unos $3 millones. Sin embargo, como lo señala La Nación, “hace siete años, el INFOCOOP rompió el vínculo con los 13 grupos cooperativos que quedaban y asumió el mando del centro de formación.”
De llevarse a cabo el nuevo proyecto de universidad para capacitar cooperativas, entonces el país tendría dos centros dedicados al mismo objetivo: el propuesto y aquél de La Catalina, en Birrí de Heredia, que es operado por el INFOCOOP. Asimismo, informa La Nación, también existe la llamada Universidad FUNDEPOS; que quiere decir, Universidad Fundación de Estudios de Postgrado e Investigaciones en Ciencias Económicas, y que opera en La Uruca. En el sitio web de FUNDEPOS se señala que “somos la única Universidad de Negocios de las Cooperativas de Centro América y sin fines de lucro” y que tiene “más de 30 años formando líderes en el país.” Con la nueva universidad proyectada, entonces se tendría tres entidades superiores en el país dedicadas a la formación y educación en el ámbito cooperativo.
Nuestra atención acerca del tema debe estar en los posibles compromisos que adquiera el estado costarricense ante los diversos entes que serían propietarios o eventuales financistas del proyecto, a fin de separar claramente en nuestro país los intereses públicos de los privados. No vaya a ser que terminemos, usted y yo, pagando por responsabilidades de entes privados, bajo la guisa del apoyo del estado costarricense. Si es privado, que sea privado. Si es público, que sea público.
Publicado en Facebook el 12 de agosto del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Recientemente hemos visto en los medios críticas de diferente índole hacia las universidades privadas, menos en el caso de las públicas y, en lo que respecta al estado, casi no he visto que alguna entidad estatal formule críticas a las universidades públicas. Ahora aparece un nuevo caso que resulta ser interesante, pues, a pesar de su naturaleza privada, los promotores gubernamentales de esta nueva universidad parecen estar buscando que seamos todos los costarricenses, bajo el cuento usual de que “sea el estado”, quienes consigamos la plata para que pueda iniciar sus actividades. Pero no queda del todo claro quién deberá eventualmente pagar ese préstamo, si la entidad directamente beneficiada con él o bien todos los costarricenses mediante nuestros impuestos.
La noticia aparece en La Nación del 30 de marzo, bajo el titular “Gobierno quiere que el BCIE financie ‘U’ para cooperativas: Propuesta impulsada por diputado oficialista y líder cooperativo, Víctor Morales Zapata.” En este bate-bate aparece involucrado el estado costarricense -todos nosotros- intercediendo ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para que “financie la creación de una especie de universidad internacional para capacitar las cooperativas.” Pero también asoma sus narices una entidad española denominada Corporación Mondragón, del País Vasco de España, la cual funcionaría como socio estratégico en el área de capacitación, sin aclararse aún la forma efectiva de su participación y si ella alcanza la copropiedad accionaria. Además, está en medio el diputado Víctor Morales Zapata, quien asevera no tener nexo alguno con el grupo español, pero que sí participa en su condición de presidente de la comisión legislativa de Economía Social Solidaria (nunca había escuchado antes acerca de la existencia de esta nueva comisión legislativa). Además -vean qué interesante- destaca ese diputado Morales que “ninguna entidad pública tendría participación en el centro de capacitación, dado que sólo sería una alianza entre el BCIE y las empresas de la economía social solidaria, como las cooperativas.”
Esto es, que no participaría el estado (todos nosotros), pero sí que presuntamente se asociarían el BCIE, el cual sería financista del proyecto obtenido por gestión del estado costarricense, con “empresas privadas de la economía social solidaria, como las cooperativas.” Eufemismos aparte, sería una alianza entre el BCIE, que si lo hace como accionista de la nueva universidad probablemente no se requeriría que hiciera un préstamo a la sociedad que conforma la universidad. Lo sería como aporte accionario, con lo cual me imagino que la aventura sería a cuenta y riesgo del BCIE y de ninguna manera de parte del estado costarricense, que no sería deudor de ese préstamo para la universidad, supuestamente otorgado por el BCIE. Es decir, si las cosas no funcionan como es debido, los costarricenses no tendríamos que pagar cinco alguno por el préstamo u aporte que el BCIE le dio a esa universidad. ¿Entiendo bien?
Además, es evidente que habría una participación privada en la nueva universidad, de parte de personas jurídicas empresariales privadas, como son las cooperativas, lo cual, me imagino, significa que, con menor razón, todos -reitero, todos- los costarricenses tendríamos que pagarle algo al BCIE por su presunto aporte o préstamo ante un fracaso eventual del proyecto. Me imagino que, en el caso de que el interés del BCIE fuera tan sólo el de otorgar un préstamo, que lo hagan directamente a los dueños privados de la nueva universidad, las llamadas empresas de la economía solidaria, como las cooperativas.
La idea es una emulación de un proyecto iniciado en la década pasada, llamado Centro de Educación y Formación La Catalina R. L., que fue apoyado por el hoy diputado Morales. En esa experiencia participó un grupo de cooperativas junto con el estado por medio del Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), el cual aportó unos $3 millones. Sin embargo, como lo señala La Nación, “hace siete años, el INFOCOOP rompió el vínculo con los 13 grupos cooperativos que quedaban y asumió el mando del centro de formación.”
De llevarse a cabo el nuevo proyecto de universidad para capacitar cooperativas, entonces el país tendría dos centros dedicados al mismo objetivo: el propuesto y aquél de La Catalina, en Birrí de Heredia, que es operado por el INFOCOOP. Asimismo, informa La Nación, también existe la llamada Universidad FUNDEPOS; que quiere decir, Universidad Fundación de Estudios de Postgrado e Investigaciones en Ciencias Económicas, y que opera en La Uruca. En el sitio web de FUNDEPOS se señala que “somos la única Universidad de Negocios de las Cooperativas de Centro América y sin fines de lucro” y que tiene “más de 30 años formando líderes en el país.” Con la nueva universidad proyectada, entonces se tendría tres entidades superiores en el país dedicadas a la formación y educación en el ámbito cooperativo.
Nuestra atención acerca del tema debe estar en los posibles compromisos que adquiera el estado costarricense ante los diversos entes que serían propietarios o eventuales financistas del proyecto, a fin de separar claramente en nuestro país los intereses públicos de los privados. No vaya a ser que terminemos, usted y yo, pagando por responsabilidades de entes privados, bajo la guisa del apoyo del estado costarricense. Si es privado, que sea privado. Si es público, que sea público.
Publicado en Facebook el 12 de agosto del 2015.