Jorge Corrales Quesada
03/08/2015, 10:50
EL ESTADO INEFICIENTE-EL PERMANENTE MAL SERVICIO PARA OBTENER LICENCIAS
Por Jorge Corrales Quesada
Es recurrente la queja ciudadana acerca de la mala calidad del servicio que el ministerio de Obras Públicas y Transporte brinda en el caso de las licencias para conducir ahora llamada “educación vial”. Ya sea por la clara presencia de chorizos, por desmandados tiempos de espera para poder hacer exámenes o porque, como se quejaron los respetables ciudadanos don Óscar Rosabal Lizano (La Nación, Cartas a la Columna, 01 de abril del 2015) y don Luis Manuel Muñoz Quesada (La Nación, Cartas a la Columna, 07 de abril del 2015), en cuanto a que los temas de exámenes anacrónicos son tan extensos que parecen haber sido hechos deliberadamente para que se fracase y lograr que, de nuevo, el ciudadano que optan por aprobarlo, tenga que pagar otra vez; esto es, se ha convertido simplemente en una fuente más de ingresos para el fisco y quien sabe para quién más.
En La Nación del 23 de marzo aparece un comentario titulado “MOPT tiene déficit de 28 inspectores de manejo: Evaluadores no dan abasto,” que no sirve sino de excusa para que las autoridades no rindan el servicio que correcto que deberían de dar. Ya sé, me dirán que ¿cómo pretendo yo que, sin tener el personal necesario, pueda darse el servicio esperado? Que por tal razón el viceministro de Trasportes anunció 9 plazas para nuevos inspectores, aunque si bien, de inmediato, su subalterno, el Director de Educación Vial, dijo que no eran “nuevos”, sino para nombrar en propiedad a inspectores ya existentes. Pero ese teje-maneje burocrático no va a resolver el problema integral que hay en esa entidad, para sufrimiento de la comunidad costarricense.
Ahora la burocracia aduce que ese mal funcionamiento surge porque “el conductor no se presenta”. Indica el periódico que tan sólo en el primer trimestre de este año, “3.815 personas dejaron pasar la fecha de su convocatoria.” Algo malo debe tener un sistema que estimula tal morosidad: bien puede ser que haya pocas posibilidades de escoger un día en el cual el pretendiente no tenga que trabajar, como el sábado, o fuera de horas normales de oficinas, o bien que se deba a algo sorprendente, como lo que indica el periódico, cual es que en el 2014, “más de 114.000 conductores se sometieron a la prueba de manejo, de los cuales un 50% reprobó.” Me parece que es una cantidad enorme la que fracasa y que posiblemente termina por frustrar los esfuerzos para obtener permiso de conducción. Lo perverso del incentivo, es que esos fracasados, probablemente irresponsablemente, terminen lanzándose a las calles a manejar sin licencia, lo cual es de esperar que se refleje en aumentos del número de accidentes.
Mi sugerencia es que se privatice -sí, esa es la palabra correcta, aunque más de uno confusamente se persigna cuando la oye. Que el sector privado brinde el servicio que hoy intenta prestar el MOPT por medio de la Dirección de Educación Vial. No es que simplemente cualquier “maje” pueda poner un centro de examen y ya, sino que el estado debe definir el tipo de exámenes que posiblemente exigirá que se practiquen en esos centros privados, en la esperanza de que no sea el exceso y desperdicio actual el que rija. Pero también debe vigilar que esos centros hagan responsablemente su labor y que no se conviertan en una fábrica de chorizos (como parecen ser ciertos exámenes médicos para obtener la licencia, entre otros). Se buscaría evitar que supuestamente alguien llegue a la entidad, pague una cierta cuota y salga con el permiso en la mano para conducir, mediando tan solo un “muchas gracias”. Tendría que implantarse un control estricto para cumplir con el mínimo requerido.
Ciertamente la reputación de las entidades privadas deberá ser divulgada mediante un sistema de calificación de los resultados y habrá que esperar que los estudiantes responsables aprecien la importancia de la educación percibida, pues lo fácil y la impericia bien que se podrán reflejar en accidentes que suelen salir muy caros.
Estoy seguro de que con la propuesta se podría eliminar una frondosa planilla estatal -aunque siempre considerada como insuficiente por los jerarcas- la cual no parece funcionar eficientemente y en donde en diversas ocasiones incluso se han formulado dudas acerca de la corrección con que se hacen las cosas. El servicio se brindaría en función del horario del candidato y no de burócrata, evitándose con ello un servicio que hoy está claramente saturado.
Debemos de tratar de que las cosas razonables que le pueden interesar a una sociedad, como que no haya conductores de vehículos en las calles sin el debido conocimiento básico de manejo, no necesariamente tengan que ser llevadas a cabo por el estado: más bien, éste podría facilitar que, una labor considerada como deseable por la sociedad deseable, sea ejecutada por empresas o personas privadas, las cuales tendrían que hacerse corresponsables de una buena administración, lo cual no sólo estaría ligado a su vigencia legal, sino que implicaría que compartan la responsabilidad de los resultados de los alumnos que hayan aprobado. El prestigio de los entes de educación vial estaría, por ejemplo, ligado a la frecuencia de accidentes en que se vean involucrados los alumnos que ha aprobado.
Esta es tan sólo una sugerencia, pero que bien podría servir para sustituir el ineficiente sistema actual. Si el estado no hace bien las cosas, ¿por qué no dejar que los individuos -personas o empresas- lo puedan hacer satisfactoriamente, tanto en opinión de los ciudadanos como de un estado responsable?
Publicado en Facebook el 03 de agosto del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Es recurrente la queja ciudadana acerca de la mala calidad del servicio que el ministerio de Obras Públicas y Transporte brinda en el caso de las licencias para conducir ahora llamada “educación vial”. Ya sea por la clara presencia de chorizos, por desmandados tiempos de espera para poder hacer exámenes o porque, como se quejaron los respetables ciudadanos don Óscar Rosabal Lizano (La Nación, Cartas a la Columna, 01 de abril del 2015) y don Luis Manuel Muñoz Quesada (La Nación, Cartas a la Columna, 07 de abril del 2015), en cuanto a que los temas de exámenes anacrónicos son tan extensos que parecen haber sido hechos deliberadamente para que se fracase y lograr que, de nuevo, el ciudadano que optan por aprobarlo, tenga que pagar otra vez; esto es, se ha convertido simplemente en una fuente más de ingresos para el fisco y quien sabe para quién más.
En La Nación del 23 de marzo aparece un comentario titulado “MOPT tiene déficit de 28 inspectores de manejo: Evaluadores no dan abasto,” que no sirve sino de excusa para que las autoridades no rindan el servicio que correcto que deberían de dar. Ya sé, me dirán que ¿cómo pretendo yo que, sin tener el personal necesario, pueda darse el servicio esperado? Que por tal razón el viceministro de Trasportes anunció 9 plazas para nuevos inspectores, aunque si bien, de inmediato, su subalterno, el Director de Educación Vial, dijo que no eran “nuevos”, sino para nombrar en propiedad a inspectores ya existentes. Pero ese teje-maneje burocrático no va a resolver el problema integral que hay en esa entidad, para sufrimiento de la comunidad costarricense.
Ahora la burocracia aduce que ese mal funcionamiento surge porque “el conductor no se presenta”. Indica el periódico que tan sólo en el primer trimestre de este año, “3.815 personas dejaron pasar la fecha de su convocatoria.” Algo malo debe tener un sistema que estimula tal morosidad: bien puede ser que haya pocas posibilidades de escoger un día en el cual el pretendiente no tenga que trabajar, como el sábado, o fuera de horas normales de oficinas, o bien que se deba a algo sorprendente, como lo que indica el periódico, cual es que en el 2014, “más de 114.000 conductores se sometieron a la prueba de manejo, de los cuales un 50% reprobó.” Me parece que es una cantidad enorme la que fracasa y que posiblemente termina por frustrar los esfuerzos para obtener permiso de conducción. Lo perverso del incentivo, es que esos fracasados, probablemente irresponsablemente, terminen lanzándose a las calles a manejar sin licencia, lo cual es de esperar que se refleje en aumentos del número de accidentes.
Mi sugerencia es que se privatice -sí, esa es la palabra correcta, aunque más de uno confusamente se persigna cuando la oye. Que el sector privado brinde el servicio que hoy intenta prestar el MOPT por medio de la Dirección de Educación Vial. No es que simplemente cualquier “maje” pueda poner un centro de examen y ya, sino que el estado debe definir el tipo de exámenes que posiblemente exigirá que se practiquen en esos centros privados, en la esperanza de que no sea el exceso y desperdicio actual el que rija. Pero también debe vigilar que esos centros hagan responsablemente su labor y que no se conviertan en una fábrica de chorizos (como parecen ser ciertos exámenes médicos para obtener la licencia, entre otros). Se buscaría evitar que supuestamente alguien llegue a la entidad, pague una cierta cuota y salga con el permiso en la mano para conducir, mediando tan solo un “muchas gracias”. Tendría que implantarse un control estricto para cumplir con el mínimo requerido.
Ciertamente la reputación de las entidades privadas deberá ser divulgada mediante un sistema de calificación de los resultados y habrá que esperar que los estudiantes responsables aprecien la importancia de la educación percibida, pues lo fácil y la impericia bien que se podrán reflejar en accidentes que suelen salir muy caros.
Estoy seguro de que con la propuesta se podría eliminar una frondosa planilla estatal -aunque siempre considerada como insuficiente por los jerarcas- la cual no parece funcionar eficientemente y en donde en diversas ocasiones incluso se han formulado dudas acerca de la corrección con que se hacen las cosas. El servicio se brindaría en función del horario del candidato y no de burócrata, evitándose con ello un servicio que hoy está claramente saturado.
Debemos de tratar de que las cosas razonables que le pueden interesar a una sociedad, como que no haya conductores de vehículos en las calles sin el debido conocimiento básico de manejo, no necesariamente tengan que ser llevadas a cabo por el estado: más bien, éste podría facilitar que, una labor considerada como deseable por la sociedad deseable, sea ejecutada por empresas o personas privadas, las cuales tendrían que hacerse corresponsables de una buena administración, lo cual no sólo estaría ligado a su vigencia legal, sino que implicaría que compartan la responsabilidad de los resultados de los alumnos que hayan aprobado. El prestigio de los entes de educación vial estaría, por ejemplo, ligado a la frecuencia de accidentes en que se vean involucrados los alumnos que ha aprobado.
Esta es tan sólo una sugerencia, pero que bien podría servir para sustituir el ineficiente sistema actual. Si el estado no hace bien las cosas, ¿por qué no dejar que los individuos -personas o empresas- lo puedan hacer satisfactoriamente, tanto en opinión de los ciudadanos como de un estado responsable?
Publicado en Facebook el 03 de agosto del 2015.