Jorge Corrales Quesada
27/07/2015, 20:59
EL ESTADO INEFICIENTE-VERGÜENZA DE INSTALACIONES CARCELARIAS
Por Jorge Corrales Quesada
Inicialmente me costó entender la posición de la entonces ministra de Justicia y Paz, señora Cristina Ramírez, quien, ante una solicitud de un medio de prensa, se negó a revelar los datos de sobrepoblación carcelaria en el país. Eso provocó que el periódico elevara el asunto ante la Sala Constitucional, que afortunadamente, una vez más, salió por los fueros de la ley, y acogió la solicitud en función de la defensa de la libertad de prensa y de acceso ciudadano a los documentos públicos (limitación que sólo se suele aplicar a secretos de estado).
En aquel momento (estoy hablando de diciembre del año pasado) no entendí las razones por las cuales esa funcionaria se negaba a dar la información, pero, al leer en La Nación del 15 de marzo el comentario titulado “10.860 reclusos sobreviven en espacios degradantes: 79% de población se ubica en 77 ámbitos con hacinamiento crítico y deplorable infraestructura,” tiendo a darme cuenta de que la verdadera razón de negarla no fue por “riesgos para la seguridad nacional”, como adujo, sino para hacer algo similar a lo que hacen los gatos con sus necesidades: esconderlas en algún lado. Sí, porque los datos que el ciudadano ha terminado conociendo acerca de la situación de las cárceles, deben dar vergüenza a toda una nación que se precia de defender los derechos humanos. Mayor, me imagino, para quien tiene la política carcelaria del país bajo su responsabilidad institucional.
La investigación que realizaron los periodistas de ese media ha sido intensa, profunda y, ante todo, ilustrativa de los hechos que están sucediendo. Lo destaco porque, como lo expone el propio medio en el informe antes citado, “varios equipos de La Nación visitaron la semana pasada las cárceles Gerardo Rodríguez (Virilla), San Sebastián, La Reforma, Cocorí y Pérez Zeledón”, lo cual les permitió elaborar cuadros que exponen en toda su magnitud lo que encabezan como “Vergonzosa realidad en cifras: No hay campo para tantos reos.” La información recabada no sólo es sumamente útil para la ciudadanía, sino que puede ser guía para proceder a enmendar la lacra, sino, más que todo, para que nos demos cuenta de que no todo lo que brilla es oro y de que hay áreas en el sector público que se ha pretendido mantenerlas “escondidas”, como si se tratara de un esqueleto en el clóset o de una reputación perdida, que es mejor no ventilar. Personalmente felicito y agradezco a esos periodistas por tan buena labor realizada.
Procedo a describir algunas de las cosas más fehacientemente notorias del desamparo en que están nuestras cárceles. Empiezo citando al periódico: “Los reclusos sufren problemas de convivencia, largas esperas para citas médicas, mala calidad de alimentos, insuficientes servicios sanitarios, aumento del estrés y ansiedad. La mayoría duerme en espumas en el suelo, entre roedores, debajo de camarotes y hasta en los baños, con un alto riesgo de contagio de enfermedades.”
He sido, soy y seguiré creyendo que el delito debe ser penalizado y que la cárcel debe ser un medio de poner en práctica el castigo. Pero no creo que debe convertirse en una tortura y maltrato al ser humano: así de sencillo. Tampoco soy muy afecto a la idea del redencionismo que supuestamente produce el sistema carcelario, de que los que allí entran, salen renovados y cosas parecidas. Suelo ser escéptico, pero esa incredulidad no me lleva jamás a justificar el mal trato per se, a quien haya delinquido y sido condenado a una cárcel: no debe convertirse en un instrumento para purgar la pena en un infierno aquí en la Tierra. La humanidad ha avanzado mucho en el trato al delincuente penitente.
Vean algunos de los datos de nuestro sistema carcelario: “Ocho de cada diez reos conviven en ámbitos que presentan un hacinamiento crítico”. Esto es, que cohabitan en lugares con una sobrepoblación superior al 20%. Se considera que no hay hacinamiento crítico cuando, como máximo, en el espacio diseñado como el apropiado, lo ocupa un 20% más de reclusos que el pretendido. A ese 20% lo llaman “porcentaje permitido de sobrepoblación para no vulnerar derechos de reos.” De acuerdo con la Sala Constitucional, un hacinamiento superior al 20% “vulnera la dignidad de las personas y está calificado como un trato cruel y degradante.” El total de presos en condición de hacinamiento crítico, de acuerdo con el periódico, asciende a 10.860 personas.
Sorprende este dato en relación con las cifras de hacinamiento, pues, de acuerdo con el periódico, “Ramírez [ministra de Justicia y Paz] aseguró la semana pasada que en 13 cárceles hay 13.827 reos, pero como el diseño arquitectónico de la infraestructura permite albergar a 9.130, el hacinamiento es de un 51.4% (4.697 en exceso).” Agrega luego el periódico, con base en un estudio que realizó de los 135 ámbitos (cárceles) de todo el país, que sus resultados acerca del hacinamiento en las prisiones del país son los siguientes: “24 presentan un hacinamiento entre un 101% y 234%; 31 entre 41% y 100%; 22 entre 21% y 40%; 19, entre 0% y 20%; y en 39 no hay sobrepoblación.” Contraste estos datos de La Nación con lo que dice la ministra, “Es decir, en los 77 ámbitos donde el hacinamiento supera el 20%, hay 10.860 (78.5%) [en vez de los 9.130 y 51.4% respectivamente, que dijo la ministra]…Por lo tanto, es falso que existen 4.697 personas en hacinamiento, sino 10.860 (2.3 veces más que lo revelado por el Gobierno).”
Da vergüenza tal disparidad de informaciones, pero, la verdad, sea cual sea, si es la de la ministra Ramírez -que tengo dudas- o la de los periodistas -que, de probarse que son ellos quienes mienten, sería un desprestigio profesional serio- creo que ambas cifras son sumamente elevadas y me parece que eso explica la reticencia gubernamental para que la ministra diera al público la información de forma oportuna. Y que nadie me salga ahora con el cuento de que los periódicos lo único que pretenden es “joder” al gobierno: es para mostrarnos a nosotros la cruel realidad de nuestro sistema carcelario y muy mal hacen los políticos pretender ocultarla a fin de no poner en riesgo la seguridad nacional, como se ha aseverado.
Quiero terminar mi comentario citando, en primer lugar, lo que exponen tres presos entrevistados por el periódico: sí, ya lo sé, posiblemente sea una estrategia para “hacerse los pobrecitos”, como alguien me podrá decir, pero creo que, en el contexto de lo expuesto por el informe periodístico, posiblemente están más cerca de la verdad que el espejismo en que se pretendió mantener en el país por la vía de la ignorancia.
Dice Andrei Paniagua, recluso en la Gerardo Rodríguez: “Yo creo que esto es algo nunca visto en una cárcel. Con tanta gente que hay aquí, unos duermen encima de otros. ¿Cómo es posible que mi dormitorio esté hecho para 50 personas y hay 117?...” Señala Luis Francisco Quesada, de esa misma cárcel: “Nos afecta mucho por la comida. La gente tiene que dormir en parejas. Hay muchos pleitos por los campos. Meten más gente todos los días y no sacan a nadie.” Expone Rónald Flores de la cárcel de San Sebastián: “Entre todos nos llevamos bien; no hay mucho pleito, pero con tanta gente, nos ponemos como locos. En jurídicos no atienden; el médico tampoco. Hay oficiales que hasta nos golpean.”
Pero vean otros datos horrendamente descriptivos: en la Gerardo Rodríguez, en el ámbito indiciados 1, hay un área de 200 m2 diseñada para albergar 61 reos; contiene 203 personas. Hay una ducha y un retrete por cada 50 presos. Mejor ni sigo reproduciendo lo que nos relata el comentario periodístico; creo que es suficiente.
Sin embargo no deseo terminar sin el segundo aspecto que dije que referiría: ¿Qué fue lo que impidió que en la administración Rodríguez Echeverría se construyera una cárcel privada, que sería administrada por especialistas en eso y que sería vigilada en su cumplimiento por la administración pública? Que quienes se opusieron en aquel momento guarden en su conciencia la posibilidad de que, esos que hoy viven hacinados en cárceles, pudieran estar un poco mejor que ahora. Pero claro, había que estar en contra de aquella solución porque se trataba de una “privatización” y esa palabra está maldita en el lenguaje de algunos estatistas.
Señaló don Jorge Cornick en Facebook y hago mías sus palabras: “Nada más anotar que el proyecto de Pococí no se cayó sino que lo botaron. ¡Con tal de no darlo en concesión, nada importa tratar a los reos como animales, incluyendo aquellos condenados por delitos menores, y aquellos que están en ‘prisión preventiva’, sin haber sido declarados culpables de nada!” Querría pensar que ciertas conciencias estarían hoy renegridas, pero ¿tendrán conciencia?
A la fecha en que publico este comentario (julio del 2015), mantengo la esperanza de que la nueva ministra de Justicia y Paz, señora Cecilia Sánchez Romero, no sólo no nos oculte información de nuestra situación carcelaria, sino que se aboque a que efectivamente los presos y la ciudadanía dispongamos de cárceles apropiadas, ya sean privadas o estatales, sin prejuicio alguno, sino que efectivamente se puedan tener en un corto plazo.
Publicado en Facebook el 27 de julio del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Inicialmente me costó entender la posición de la entonces ministra de Justicia y Paz, señora Cristina Ramírez, quien, ante una solicitud de un medio de prensa, se negó a revelar los datos de sobrepoblación carcelaria en el país. Eso provocó que el periódico elevara el asunto ante la Sala Constitucional, que afortunadamente, una vez más, salió por los fueros de la ley, y acogió la solicitud en función de la defensa de la libertad de prensa y de acceso ciudadano a los documentos públicos (limitación que sólo se suele aplicar a secretos de estado).
En aquel momento (estoy hablando de diciembre del año pasado) no entendí las razones por las cuales esa funcionaria se negaba a dar la información, pero, al leer en La Nación del 15 de marzo el comentario titulado “10.860 reclusos sobreviven en espacios degradantes: 79% de población se ubica en 77 ámbitos con hacinamiento crítico y deplorable infraestructura,” tiendo a darme cuenta de que la verdadera razón de negarla no fue por “riesgos para la seguridad nacional”, como adujo, sino para hacer algo similar a lo que hacen los gatos con sus necesidades: esconderlas en algún lado. Sí, porque los datos que el ciudadano ha terminado conociendo acerca de la situación de las cárceles, deben dar vergüenza a toda una nación que se precia de defender los derechos humanos. Mayor, me imagino, para quien tiene la política carcelaria del país bajo su responsabilidad institucional.
La investigación que realizaron los periodistas de ese media ha sido intensa, profunda y, ante todo, ilustrativa de los hechos que están sucediendo. Lo destaco porque, como lo expone el propio medio en el informe antes citado, “varios equipos de La Nación visitaron la semana pasada las cárceles Gerardo Rodríguez (Virilla), San Sebastián, La Reforma, Cocorí y Pérez Zeledón”, lo cual les permitió elaborar cuadros que exponen en toda su magnitud lo que encabezan como “Vergonzosa realidad en cifras: No hay campo para tantos reos.” La información recabada no sólo es sumamente útil para la ciudadanía, sino que puede ser guía para proceder a enmendar la lacra, sino, más que todo, para que nos demos cuenta de que no todo lo que brilla es oro y de que hay áreas en el sector público que se ha pretendido mantenerlas “escondidas”, como si se tratara de un esqueleto en el clóset o de una reputación perdida, que es mejor no ventilar. Personalmente felicito y agradezco a esos periodistas por tan buena labor realizada.
Procedo a describir algunas de las cosas más fehacientemente notorias del desamparo en que están nuestras cárceles. Empiezo citando al periódico: “Los reclusos sufren problemas de convivencia, largas esperas para citas médicas, mala calidad de alimentos, insuficientes servicios sanitarios, aumento del estrés y ansiedad. La mayoría duerme en espumas en el suelo, entre roedores, debajo de camarotes y hasta en los baños, con un alto riesgo de contagio de enfermedades.”
He sido, soy y seguiré creyendo que el delito debe ser penalizado y que la cárcel debe ser un medio de poner en práctica el castigo. Pero no creo que debe convertirse en una tortura y maltrato al ser humano: así de sencillo. Tampoco soy muy afecto a la idea del redencionismo que supuestamente produce el sistema carcelario, de que los que allí entran, salen renovados y cosas parecidas. Suelo ser escéptico, pero esa incredulidad no me lleva jamás a justificar el mal trato per se, a quien haya delinquido y sido condenado a una cárcel: no debe convertirse en un instrumento para purgar la pena en un infierno aquí en la Tierra. La humanidad ha avanzado mucho en el trato al delincuente penitente.
Vean algunos de los datos de nuestro sistema carcelario: “Ocho de cada diez reos conviven en ámbitos que presentan un hacinamiento crítico”. Esto es, que cohabitan en lugares con una sobrepoblación superior al 20%. Se considera que no hay hacinamiento crítico cuando, como máximo, en el espacio diseñado como el apropiado, lo ocupa un 20% más de reclusos que el pretendido. A ese 20% lo llaman “porcentaje permitido de sobrepoblación para no vulnerar derechos de reos.” De acuerdo con la Sala Constitucional, un hacinamiento superior al 20% “vulnera la dignidad de las personas y está calificado como un trato cruel y degradante.” El total de presos en condición de hacinamiento crítico, de acuerdo con el periódico, asciende a 10.860 personas.
Sorprende este dato en relación con las cifras de hacinamiento, pues, de acuerdo con el periódico, “Ramírez [ministra de Justicia y Paz] aseguró la semana pasada que en 13 cárceles hay 13.827 reos, pero como el diseño arquitectónico de la infraestructura permite albergar a 9.130, el hacinamiento es de un 51.4% (4.697 en exceso).” Agrega luego el periódico, con base en un estudio que realizó de los 135 ámbitos (cárceles) de todo el país, que sus resultados acerca del hacinamiento en las prisiones del país son los siguientes: “24 presentan un hacinamiento entre un 101% y 234%; 31 entre 41% y 100%; 22 entre 21% y 40%; 19, entre 0% y 20%; y en 39 no hay sobrepoblación.” Contraste estos datos de La Nación con lo que dice la ministra, “Es decir, en los 77 ámbitos donde el hacinamiento supera el 20%, hay 10.860 (78.5%) [en vez de los 9.130 y 51.4% respectivamente, que dijo la ministra]…Por lo tanto, es falso que existen 4.697 personas en hacinamiento, sino 10.860 (2.3 veces más que lo revelado por el Gobierno).”
Da vergüenza tal disparidad de informaciones, pero, la verdad, sea cual sea, si es la de la ministra Ramírez -que tengo dudas- o la de los periodistas -que, de probarse que son ellos quienes mienten, sería un desprestigio profesional serio- creo que ambas cifras son sumamente elevadas y me parece que eso explica la reticencia gubernamental para que la ministra diera al público la información de forma oportuna. Y que nadie me salga ahora con el cuento de que los periódicos lo único que pretenden es “joder” al gobierno: es para mostrarnos a nosotros la cruel realidad de nuestro sistema carcelario y muy mal hacen los políticos pretender ocultarla a fin de no poner en riesgo la seguridad nacional, como se ha aseverado.
Quiero terminar mi comentario citando, en primer lugar, lo que exponen tres presos entrevistados por el periódico: sí, ya lo sé, posiblemente sea una estrategia para “hacerse los pobrecitos”, como alguien me podrá decir, pero creo que, en el contexto de lo expuesto por el informe periodístico, posiblemente están más cerca de la verdad que el espejismo en que se pretendió mantener en el país por la vía de la ignorancia.
Dice Andrei Paniagua, recluso en la Gerardo Rodríguez: “Yo creo que esto es algo nunca visto en una cárcel. Con tanta gente que hay aquí, unos duermen encima de otros. ¿Cómo es posible que mi dormitorio esté hecho para 50 personas y hay 117?...” Señala Luis Francisco Quesada, de esa misma cárcel: “Nos afecta mucho por la comida. La gente tiene que dormir en parejas. Hay muchos pleitos por los campos. Meten más gente todos los días y no sacan a nadie.” Expone Rónald Flores de la cárcel de San Sebastián: “Entre todos nos llevamos bien; no hay mucho pleito, pero con tanta gente, nos ponemos como locos. En jurídicos no atienden; el médico tampoco. Hay oficiales que hasta nos golpean.”
Pero vean otros datos horrendamente descriptivos: en la Gerardo Rodríguez, en el ámbito indiciados 1, hay un área de 200 m2 diseñada para albergar 61 reos; contiene 203 personas. Hay una ducha y un retrete por cada 50 presos. Mejor ni sigo reproduciendo lo que nos relata el comentario periodístico; creo que es suficiente.
Sin embargo no deseo terminar sin el segundo aspecto que dije que referiría: ¿Qué fue lo que impidió que en la administración Rodríguez Echeverría se construyera una cárcel privada, que sería administrada por especialistas en eso y que sería vigilada en su cumplimiento por la administración pública? Que quienes se opusieron en aquel momento guarden en su conciencia la posibilidad de que, esos que hoy viven hacinados en cárceles, pudieran estar un poco mejor que ahora. Pero claro, había que estar en contra de aquella solución porque se trataba de una “privatización” y esa palabra está maldita en el lenguaje de algunos estatistas.
Señaló don Jorge Cornick en Facebook y hago mías sus palabras: “Nada más anotar que el proyecto de Pococí no se cayó sino que lo botaron. ¡Con tal de no darlo en concesión, nada importa tratar a los reos como animales, incluyendo aquellos condenados por delitos menores, y aquellos que están en ‘prisión preventiva’, sin haber sido declarados culpables de nada!” Querría pensar que ciertas conciencias estarían hoy renegridas, pero ¿tendrán conciencia?
A la fecha en que publico este comentario (julio del 2015), mantengo la esperanza de que la nueva ministra de Justicia y Paz, señora Cecilia Sánchez Romero, no sólo no nos oculte información de nuestra situación carcelaria, sino que se aboque a que efectivamente los presos y la ciudadanía dispongamos de cárceles apropiadas, ya sean privadas o estatales, sin prejuicio alguno, sino que efectivamente se puedan tener en un corto plazo.
Publicado en Facebook el 27 de julio del 2015.