Jorge Corrales Quesada
10/07/2015, 13:37
EL ESTADO INEFICIENTE-LOGRAR QUE POR LO MENOS SEA MÁS EFICIENTE
Por Jorge Corrales Quesada
Por supuesto que debe alegrarnos cuando EL ESTADO INEFICIENTE tiene probabilidades de cambiar hacia uno menos ineficiente. No creo en la utopía de llegar a tener un estado totalmente eficiente, por una razón muy sencilla: la estructura de incentivos dentro de él, difiere notoriamente de los incentivos que hay en un sistema competitivo privado. Bajo este último, si alguna empresa no satisface el criterio de eficiencia básico de satisfacer de forma satisfactoria los deseos de los consumidores o usuarios, tanto en calidad como en precio, estos se irían hacia otros proveedores, dejando a los primeros con menos clientes, menos ventas y, posiblemente, menos utilidades, que bien podría traducirse hasta en la quiebra de la firma.
Ese mecanismo competitivo no existe en el estado: por algo es que me recuerda a un vaso que una vez me regaló un amigo, el cual tenía impreso un logo que decía: “Government Hates Competition” [el gobierno odia a la competencia]. En cierta manera, fue casi utópica la experiencia de Costa Rica en cuanto a que el estado tuviera diversas empresas del mismo giro (generalmente denominadas instituciones descentralizadas), para que compitieran entre sí, como por ejemplo lo propuso el social-demócrata Rodrigo Facio: por ejemplo, la banca estatizada y dos o tres empresas productoras-distribuidoras de energía eléctrica. Uno no las observa compitiendo a plenitud y, más bien, su ineficiencia comparativa, en el caso de la primera, permite que la competencia privada realice un esfuerzo inferior al requerido para tener éxito competitivo en un marco de verdadera competencia privada. Es decir, nuestro sistema bancario, más que caracterizar a un orden competitivo, parece ser más bien el de un cartel, que funciona muy apropiadamente para las partes que lo integran.
En el caso de las compañías productoras-distribuidoras de electricidad, el factor que de hecho protege a cada una de ellas, es la falta de competencia, pues básicamente, en un cierto domicilio geográfico no se puede más que optar por una de ellas y no elegir entre diferentes oferentes, como sería lo posible en un verdadero régimen de competencia. Algo parecido, pero en menor grado, también puede suceder en el mercado privado de servicios de televisión por cable, en donde hay regiones particulares en las cuales sólo una firma ofrece el servicio, en tanto que hay otros en donde sólo opera una empresa que brinda el servicio. Esa discriminación por mercados parece resultar de un acuerdo de caballeros, pero esto queda por comprobarse.
Lo importante es que el estado podría disponer de los incentivos brindados por la competencia si, por ejemplo, dentro de la nación hubiera muchos servicios que se pudieran ofrecer compitiendo con los similares que ofrecen otros entes gubernamentales. Por ello, el argumento en favor de la descentralización gubernamental y competencia en la provisión de servicios, como en los casos de limpieza, educación, medicina en algún grado, etcétera, y por supuesto en el marco de los impuestos, descansa en que el ciudadano, cuidadoso de comparar la calidad del servicio con lo que éste le cuesta, obviamente “votaría con los pies”, dirigiéndose hacia aquel que le cuesta menos y le brinda más. En Suiza hay mucho de este tipo de competencia entre cantones (que no son más que, digamos, provincias, en donde hay un alto grado de relación política de los ciudadanos con los gobiernos y en donde los ciudadanos pueden moverse hacia lo que mejor les parezca).
Toda esta introducción es para decirles que, a pesar de que no se trata de la aplicación de los incentivos de la competencia en el caso del estado, en el país se están tomando algunas medidas -o que se están pensando en llevarlas a cabo- que podrían significar la eliminación de privilegios odiosos, que hoy pagamos los ciudadanos, de una u otra manera.
Me refiero a una información que presenta La Nación del 4 de marzo, bajo el título “Gobierno y PLN negocian bajar gasto en pensiones: Plan de ley para contener crecimiento exagerado en jubilaciones de régimen especial.” Lo primero que hay que aclarar es la fecha de esta última publicación, el 4 de marzo, antes de que en nuestra Asamblea Legislativa se tuviera un directorio compartido, además del PLN, por el PUSC, el ML y varios partidos menores. Por ello, el tema ahora no es sólo entre el PLN y el Gobierno, sino entre este último y la coalición “de oposición” en la Asamblea. Esta aclaración es crucial.
Por ello, aquella información del 4 de marzo de la Nación, acerca de que se podría estar cocinando en nuestra Asamblea Legislativa, la presentación de algunos proyectos tendentes a limitar el crecimiento de pensiones, que hoy se pagan por medio del Presupuesto de la Nación, alcanza no sólo al gobierno sino a la coalición de referencia. Pero lo importante es poder observar claramente que, como indica el medio periodístico, es asunto es “frenar el crecimiento en el costo” de las pensiones, a fin de que éstas no sigan aumentando en la forma en que hoy sucede. Pero, también de que no se trata, lamentablemente, de eliminarlas o readecuarlas por ser un abuso evidente, sino que, en realidad, sus beneficiarios nunca han cotizado lo suficiente como para recibir beneficios tan elevados y que, de hecho, el faltante ha tenido que ser pagado por todos nosotros.
Las conversaciones Gobierno-partidos de la coalición opositora en la Asamblea Legislativa fortalecerían el logro de un amplio apoyo político, que se requiere para tratar de resolver problemas como estos. Me imagino que ese esfuerzo de llegar a un acuerdo más amplio, está contenido en la eventual presentación ante el Congreso de dos proyectos: uno de ellos, para reformar ciertos regímenes de pensiones que forman parte de lo que hoy se podría denominar como a cargo del presupuesto nacional; concretamente de los regímenes Hacienda y de exdiputados. Y, el segundo proyecto de ley, para reformar la actual “herencia” que hoy se hace de las pensiones de beneficiarios de ciertos regímenes de pensiones a cargo del presupuesto público. Claro que ojalá puedan surgir proyectos similares en tal sentido de reformar sustancialmente lo que hoy es un sistema de pensiones muy injusto.
El primer proyecto contempla dos aspecto básicos de reforma, cual son, en primer lugar, “que las pensiones de los regímenes de los exdiputados y de Hacienda aumenten de acuerdo con los incrementos salariales que decreta el Poder Ejecutivo para el sector público, cada semestre, en vez de las condiciones especiales que tienen hoy”. Se refiere a que, por ejemplo, los 170 exdiputados pensionados obtienen un aumento anual de su pensión en un 30%, similar a que los pensionados de Hacienda reciban aumentos en su pensión, en el mismo porcentaje en que lo hacen los empleados que hoy están en el puesto que antes ocupó el empleado pensionado. Me imagino que se darán cuenta de que estos últimos aumentos no sólo se deben a incrementos por la inflación, sino por antigüedades, eficiencia, revalorización del puesto y qué se yo por cuántas razones similares.
También, como segundo elemento importante de cambio, el primer proyecto de ley “pretendería reducir a un 80% el porcentaje del salario con el cual se pensionarían unos 8.000 funcionarios que todavía cotizan para regímenes especiales”, en donde algunos se pensionan con el 100% del salario percibido. Debe notarse que, actualmente, en el régimen especial del Magisterio la persona se pensiona con un 80% del salario, que me imagino es lo mismo que se propondría en el proyecto de marras, pero no sé si esa propuesta se traduce en un porcentaje mayor o menor de pensión que el de la Caja (IVM), que es el promedio de los últimos 240 meses laborados.
Téngase presente que, a pesar de lo bien orientado de este proyecto, hay factores de privilegio que no son subsanados. Me refiero, en primer lugar, a que de los sistemas que forman parte de lo que se llama “a cargo del presupuesto nacional”, tan sólo se están proponiendo reformar a dos de ellos. Esto es, que en lo referente a los regímenes de pensiones de los exdiputados, de Hacienda, del Magisterio, de Obras Públicas y el régimen general, el proyecto únicamente reformaría a los regímenes de pensiones de los exdiputados y de Hacienda, dejando por fuera a los otros, en especial el muy importante financieramente, el del Magisterio.
En segundo lugar, cuando en el país se conoció -en mucho gracias al ciudadano don Emilio Bruce- acerca de las enormes pensiones que se percibían en el estado, muchas de las más elevadas eran de retirados bajo el régimen del Magisterio, en especial ex diplomáticos, ex altos funcionarios públicos que habían sido maestros y educadores, ex rectores y similares. Nada de eso se pretende subsanar en las reformas propuestas que estamos comentando, para que, de alguna manera, lo percibido corresponda más a lo efectivamente aportado por el pensionado. Es cierto que ya está vigente un tributo -así tengo entendido- sobre las altas pensiones del magisterio, pero, aún en el neto, (esto es, después de estos impuestos), continúan siendo groseramente elevadas, comparadas con lo que sucede con otros regímenes, como, por ejemplo, el de la Caja.
En tercer lugar, la reforma eventual a los regímenes de pensiones de exdiputados y de Hacienda no nos dicen nada acerca de otro factor fundamental que los diferencia de otros regímenes, particularmente del de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Me refiero a la edad para pensionarse, puesto que, mientras en la CCSS es de 65 años, en los de Hacienda y exdiputados es de 50 años o más. Esta es una omisión importante, al menos según lo que indica el artículo de La Nación antes referido.
Hay un segundo proyecto de ley en proceso de negociación en el seno legislativo, que trata de la “herencia” de las pensiones. La reforma “es que esa herencia se mantenga solo si los hijos tienen alguna discapacidad o, como los demás otros regímenes, que la mantengan hasta los 25 años si aún estudian.”
Es interesante comparar el IVM de la CCSS, en donde la pensión se “hereda” a la viuda (o), a los hijos (as) de hasta los 18 años y hasta los 25 si estudian (el reporte periodístico no indica en caso de hijos discapacitados), con lo que sucede con el régimen de exdiputados, bajo el cual se “hereda” a la viuda (o), hijas solteras, hijos con discapacidad y a la madre del ex diputado, si aún ella vive. Evidentemente, el régimen de pensiones de los exdiputados en este aspecto y en comparación con el IVM, es mucho más “generoso”.
Por su parte, si se compara al régimen de pensiones de la CCSS con la pensión de Hacienda, tan sólo en cuanto al tema de la “herencia”, en este último la reciben la viuda (o), hijas solteras, hijos hasta los 18 años e hijos con discapacidad. De nuevo, las pensiones de Hacienda, en contraste con las de la Caja, parecen legarse en condiciones preferenciales.
Me parece que debe de eliminarse cualquier discriminación, por ejemplo, que se otorgue tanto a viudas como a viudos, al igual que debe eliminarse cualquier diferencia entre hijas e hijos, ya sea por estado civil o por edades o por problemas de discapacidad. Debe buscarse la homologación de estos dos sistemas de pensiones -el de Hacienda y el de exdiputados- con el IVM de la CCSS.
Finalmente, conviene señalar, una vez más, que las reformas presuntamente negociadas o en proceso de serlo, se refieren a los regímenes de pensiones de exdiputados y de Hacienda, lo cual deja por fuera otros regímenes importantes dentro del gasto gubernamental y que supondrían un ahorro al estado (a todos nosotros, los que pagamos dichos excesos) de unos ₡15.000 millones por año. Esto es, el esfuerzo de reforma, si bien es conveniente, se queda corto, pues deja por fuera a otros regímenes importantes, como los del Magisterio, de Obras Públicas y el régimen general, que también son cargados al presupuesto nacional. Y ni se diga del caso del sistema de pensiones del Poder Judicial, que es muy poco lo que se ha escuchado acerca de las reformas impostergables y que los ciudadanos estamos esperando con atención especial.
Publicado en Facebook el 10 de julio del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Por supuesto que debe alegrarnos cuando EL ESTADO INEFICIENTE tiene probabilidades de cambiar hacia uno menos ineficiente. No creo en la utopía de llegar a tener un estado totalmente eficiente, por una razón muy sencilla: la estructura de incentivos dentro de él, difiere notoriamente de los incentivos que hay en un sistema competitivo privado. Bajo este último, si alguna empresa no satisface el criterio de eficiencia básico de satisfacer de forma satisfactoria los deseos de los consumidores o usuarios, tanto en calidad como en precio, estos se irían hacia otros proveedores, dejando a los primeros con menos clientes, menos ventas y, posiblemente, menos utilidades, que bien podría traducirse hasta en la quiebra de la firma.
Ese mecanismo competitivo no existe en el estado: por algo es que me recuerda a un vaso que una vez me regaló un amigo, el cual tenía impreso un logo que decía: “Government Hates Competition” [el gobierno odia a la competencia]. En cierta manera, fue casi utópica la experiencia de Costa Rica en cuanto a que el estado tuviera diversas empresas del mismo giro (generalmente denominadas instituciones descentralizadas), para que compitieran entre sí, como por ejemplo lo propuso el social-demócrata Rodrigo Facio: por ejemplo, la banca estatizada y dos o tres empresas productoras-distribuidoras de energía eléctrica. Uno no las observa compitiendo a plenitud y, más bien, su ineficiencia comparativa, en el caso de la primera, permite que la competencia privada realice un esfuerzo inferior al requerido para tener éxito competitivo en un marco de verdadera competencia privada. Es decir, nuestro sistema bancario, más que caracterizar a un orden competitivo, parece ser más bien el de un cartel, que funciona muy apropiadamente para las partes que lo integran.
En el caso de las compañías productoras-distribuidoras de electricidad, el factor que de hecho protege a cada una de ellas, es la falta de competencia, pues básicamente, en un cierto domicilio geográfico no se puede más que optar por una de ellas y no elegir entre diferentes oferentes, como sería lo posible en un verdadero régimen de competencia. Algo parecido, pero en menor grado, también puede suceder en el mercado privado de servicios de televisión por cable, en donde hay regiones particulares en las cuales sólo una firma ofrece el servicio, en tanto que hay otros en donde sólo opera una empresa que brinda el servicio. Esa discriminación por mercados parece resultar de un acuerdo de caballeros, pero esto queda por comprobarse.
Lo importante es que el estado podría disponer de los incentivos brindados por la competencia si, por ejemplo, dentro de la nación hubiera muchos servicios que se pudieran ofrecer compitiendo con los similares que ofrecen otros entes gubernamentales. Por ello, el argumento en favor de la descentralización gubernamental y competencia en la provisión de servicios, como en los casos de limpieza, educación, medicina en algún grado, etcétera, y por supuesto en el marco de los impuestos, descansa en que el ciudadano, cuidadoso de comparar la calidad del servicio con lo que éste le cuesta, obviamente “votaría con los pies”, dirigiéndose hacia aquel que le cuesta menos y le brinda más. En Suiza hay mucho de este tipo de competencia entre cantones (que no son más que, digamos, provincias, en donde hay un alto grado de relación política de los ciudadanos con los gobiernos y en donde los ciudadanos pueden moverse hacia lo que mejor les parezca).
Toda esta introducción es para decirles que, a pesar de que no se trata de la aplicación de los incentivos de la competencia en el caso del estado, en el país se están tomando algunas medidas -o que se están pensando en llevarlas a cabo- que podrían significar la eliminación de privilegios odiosos, que hoy pagamos los ciudadanos, de una u otra manera.
Me refiero a una información que presenta La Nación del 4 de marzo, bajo el título “Gobierno y PLN negocian bajar gasto en pensiones: Plan de ley para contener crecimiento exagerado en jubilaciones de régimen especial.” Lo primero que hay que aclarar es la fecha de esta última publicación, el 4 de marzo, antes de que en nuestra Asamblea Legislativa se tuviera un directorio compartido, además del PLN, por el PUSC, el ML y varios partidos menores. Por ello, el tema ahora no es sólo entre el PLN y el Gobierno, sino entre este último y la coalición “de oposición” en la Asamblea. Esta aclaración es crucial.
Por ello, aquella información del 4 de marzo de la Nación, acerca de que se podría estar cocinando en nuestra Asamblea Legislativa, la presentación de algunos proyectos tendentes a limitar el crecimiento de pensiones, que hoy se pagan por medio del Presupuesto de la Nación, alcanza no sólo al gobierno sino a la coalición de referencia. Pero lo importante es poder observar claramente que, como indica el medio periodístico, es asunto es “frenar el crecimiento en el costo” de las pensiones, a fin de que éstas no sigan aumentando en la forma en que hoy sucede. Pero, también de que no se trata, lamentablemente, de eliminarlas o readecuarlas por ser un abuso evidente, sino que, en realidad, sus beneficiarios nunca han cotizado lo suficiente como para recibir beneficios tan elevados y que, de hecho, el faltante ha tenido que ser pagado por todos nosotros.
Las conversaciones Gobierno-partidos de la coalición opositora en la Asamblea Legislativa fortalecerían el logro de un amplio apoyo político, que se requiere para tratar de resolver problemas como estos. Me imagino que ese esfuerzo de llegar a un acuerdo más amplio, está contenido en la eventual presentación ante el Congreso de dos proyectos: uno de ellos, para reformar ciertos regímenes de pensiones que forman parte de lo que hoy se podría denominar como a cargo del presupuesto nacional; concretamente de los regímenes Hacienda y de exdiputados. Y, el segundo proyecto de ley, para reformar la actual “herencia” que hoy se hace de las pensiones de beneficiarios de ciertos regímenes de pensiones a cargo del presupuesto público. Claro que ojalá puedan surgir proyectos similares en tal sentido de reformar sustancialmente lo que hoy es un sistema de pensiones muy injusto.
El primer proyecto contempla dos aspecto básicos de reforma, cual son, en primer lugar, “que las pensiones de los regímenes de los exdiputados y de Hacienda aumenten de acuerdo con los incrementos salariales que decreta el Poder Ejecutivo para el sector público, cada semestre, en vez de las condiciones especiales que tienen hoy”. Se refiere a que, por ejemplo, los 170 exdiputados pensionados obtienen un aumento anual de su pensión en un 30%, similar a que los pensionados de Hacienda reciban aumentos en su pensión, en el mismo porcentaje en que lo hacen los empleados que hoy están en el puesto que antes ocupó el empleado pensionado. Me imagino que se darán cuenta de que estos últimos aumentos no sólo se deben a incrementos por la inflación, sino por antigüedades, eficiencia, revalorización del puesto y qué se yo por cuántas razones similares.
También, como segundo elemento importante de cambio, el primer proyecto de ley “pretendería reducir a un 80% el porcentaje del salario con el cual se pensionarían unos 8.000 funcionarios que todavía cotizan para regímenes especiales”, en donde algunos se pensionan con el 100% del salario percibido. Debe notarse que, actualmente, en el régimen especial del Magisterio la persona se pensiona con un 80% del salario, que me imagino es lo mismo que se propondría en el proyecto de marras, pero no sé si esa propuesta se traduce en un porcentaje mayor o menor de pensión que el de la Caja (IVM), que es el promedio de los últimos 240 meses laborados.
Téngase presente que, a pesar de lo bien orientado de este proyecto, hay factores de privilegio que no son subsanados. Me refiero, en primer lugar, a que de los sistemas que forman parte de lo que se llama “a cargo del presupuesto nacional”, tan sólo se están proponiendo reformar a dos de ellos. Esto es, que en lo referente a los regímenes de pensiones de los exdiputados, de Hacienda, del Magisterio, de Obras Públicas y el régimen general, el proyecto únicamente reformaría a los regímenes de pensiones de los exdiputados y de Hacienda, dejando por fuera a los otros, en especial el muy importante financieramente, el del Magisterio.
En segundo lugar, cuando en el país se conoció -en mucho gracias al ciudadano don Emilio Bruce- acerca de las enormes pensiones que se percibían en el estado, muchas de las más elevadas eran de retirados bajo el régimen del Magisterio, en especial ex diplomáticos, ex altos funcionarios públicos que habían sido maestros y educadores, ex rectores y similares. Nada de eso se pretende subsanar en las reformas propuestas que estamos comentando, para que, de alguna manera, lo percibido corresponda más a lo efectivamente aportado por el pensionado. Es cierto que ya está vigente un tributo -así tengo entendido- sobre las altas pensiones del magisterio, pero, aún en el neto, (esto es, después de estos impuestos), continúan siendo groseramente elevadas, comparadas con lo que sucede con otros regímenes, como, por ejemplo, el de la Caja.
En tercer lugar, la reforma eventual a los regímenes de pensiones de exdiputados y de Hacienda no nos dicen nada acerca de otro factor fundamental que los diferencia de otros regímenes, particularmente del de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Me refiero a la edad para pensionarse, puesto que, mientras en la CCSS es de 65 años, en los de Hacienda y exdiputados es de 50 años o más. Esta es una omisión importante, al menos según lo que indica el artículo de La Nación antes referido.
Hay un segundo proyecto de ley en proceso de negociación en el seno legislativo, que trata de la “herencia” de las pensiones. La reforma “es que esa herencia se mantenga solo si los hijos tienen alguna discapacidad o, como los demás otros regímenes, que la mantengan hasta los 25 años si aún estudian.”
Es interesante comparar el IVM de la CCSS, en donde la pensión se “hereda” a la viuda (o), a los hijos (as) de hasta los 18 años y hasta los 25 si estudian (el reporte periodístico no indica en caso de hijos discapacitados), con lo que sucede con el régimen de exdiputados, bajo el cual se “hereda” a la viuda (o), hijas solteras, hijos con discapacidad y a la madre del ex diputado, si aún ella vive. Evidentemente, el régimen de pensiones de los exdiputados en este aspecto y en comparación con el IVM, es mucho más “generoso”.
Por su parte, si se compara al régimen de pensiones de la CCSS con la pensión de Hacienda, tan sólo en cuanto al tema de la “herencia”, en este último la reciben la viuda (o), hijas solteras, hijos hasta los 18 años e hijos con discapacidad. De nuevo, las pensiones de Hacienda, en contraste con las de la Caja, parecen legarse en condiciones preferenciales.
Me parece que debe de eliminarse cualquier discriminación, por ejemplo, que se otorgue tanto a viudas como a viudos, al igual que debe eliminarse cualquier diferencia entre hijas e hijos, ya sea por estado civil o por edades o por problemas de discapacidad. Debe buscarse la homologación de estos dos sistemas de pensiones -el de Hacienda y el de exdiputados- con el IVM de la CCSS.
Finalmente, conviene señalar, una vez más, que las reformas presuntamente negociadas o en proceso de serlo, se refieren a los regímenes de pensiones de exdiputados y de Hacienda, lo cual deja por fuera otros regímenes importantes dentro del gasto gubernamental y que supondrían un ahorro al estado (a todos nosotros, los que pagamos dichos excesos) de unos ₡15.000 millones por año. Esto es, el esfuerzo de reforma, si bien es conveniente, se queda corto, pues deja por fuera a otros regímenes importantes, como los del Magisterio, de Obras Públicas y el régimen general, que también son cargados al presupuesto nacional. Y ni se diga del caso del sistema de pensiones del Poder Judicial, que es muy poco lo que se ha escuchado acerca de las reformas impostergables y que los ciudadanos estamos esperando con atención especial.
Publicado en Facebook el 10 de julio del 2015.