Jorge Corrales Quesada
07/07/2015, 09:25
PASARLE LA TORTA A LAS GENERACIONES FUTURAS
Por Jorge Corrales Quesada
No es extraño que un gobierno decida no tomar medidas políticamente “incómodas” o que le signifiquen una erogación impensada de dineros. Prima posponer la decisión y dejarla, si acaso, flotando por allí. Privilegia con ello la idea de que, “el que venga atrás, que arreé con todo.” Esto sucede en especial cuando los gobernantes de turno perciben que el gobierno que les ha de seguir, no viene del mismo partido suyo o bien que, aunque sean de su mismo partido, no son propiamente amigotes suyos.
La Nación del 16 de junio trae un artículo pertinente para este tema. Lo titula “Gobierno pagará ₡7.000 millones por la negligencia del MINAE: Por ahorrarse ₡2 millones, Ministerio no reparó tierras inundadas por finquero en 1998.” Resulta que un individuo irresponsable (de acuerdo con el periódico, de nombre “Asdrúbal Campos Campos”) desvió al río Buenaventura de su cauce original en Caño Blanco, distrito de Buenavista de Guatuso, con el objetivo de “secar su finca y, en teoría, hacerla más productiva.” Se trata de una finca de 1.800 hectáreas.
Esa decisión causó tal daño a terceros, que el Tribunal Penal de San Carlos le condenó en el 2001 con ₡100.000 “y le exigió devolver las aguas del río a su cauce original, lo cual nunca pasó. En la sentencia, se le ordenó a la Dirección General de Vida Silvestre del MINAE que hiciera los trabajos, a costa de Campos, lo cual tampoco sucedió.” Según esta oficina, no se hizo esto último porque, adujeron, “en el 2002 intentaron cumplir la orden, pero no disponían de los ₡2.550.000 para hacerlo.” Además, porque “en el 2004 volvieron a intentar el arreglo, pero que aunque costaba ₡1.960.000, tampoco tenían los recursos para hacerlo.” Según nota de ese ente, del 21 de setiembre del 2011, esa entidad gubernamental no había hecho nada al respecto. Es decir, en el MINAE se la “pelaron” incumpliendo una decisión de un tribunal, que requería que consiguieran cerca de ₡2 millones para que se hicieran las reparaciones necesarias. Ese monto sería luego cobrado por el estado al responsable original, señor Campos.
El tamal se destapa ahora –17 años después de que sucedieron los hechos y 14 luego de la decisión comentada del Tribunal Penal de San Carlos, arriba mencionada. En torno a esto me parece que, en parte, tiene razón el diputado de Frente Amplio, Edgardo Araya, en cuanto a que el estado resarza a “28 copropietarios de las 10 fincas afectadas por Campos”, para lo cual pidió que en el presupuesto extraordinario se incluya una partida por ₡2.000 millones, como parte de un pago total de ₡7.000 millones que se debe efectuar. Indico tal suma porque, en opinión del diputado Araya, si este asunto va a dar al “Contencioso [Tribunal Contencioso-Administrativo], el Estado tendría que pagarles entre ₡15.000 millones y ₡20.000 millones. ¿Por qué exponer al Estado?”, agregó el señor Araya.
He escrito que puede tener razón en parte, porque es por la incapacidad de un estado ineficiente de cumplir con la orden de un Tribunal, que ahora se quiere pasar el costo a toda la ciudadanía y no a los verdaderos responsables. Me molesta que, como uno de esos ciudadanos que podríamos terminar pagando esta torpeza de burócratas, simplemente se nos pase la factura y que no sea cubierta por quienes, por su incapacidad, no pudieron conseguir una partida de alrededor de ₡2 millones, en un presupuesto que permitiera hacer el arreglo y para cobrársela luego al responsable del daño. Es increíble la imprevisión de los burócratas que por no actuar debidamente, no consiguieron esos 2 millones y ahora nos podría costar a los ciudadanos ₡7.000 millones si no es que más.
Hay un aire de impunidad que no me agrada para nada: Una burocracia puede dejar de hacer lo que le corresponde (y en este caso obligada por un Tribunal) y los daños de tal displicencia ahora los tendremos que pagar todos los contribuyentes. Es una mala señal para un gobierno que debería responsabilizar a sus funcionarios por los malos actos, incluso cuando provengan de una omisión tan evidente.
Pero, escaldado este gato ante tanto “vivazo” que hay por este mundo, no me parece que la partida propuesta por el diputado Araya está bien documentada (al menos al momento en que escribo esto, a fines de junio del 2015). Considero apropiada la propuesta del actual jerarca del MINAE, señor Edgar Gutiérrez, de adquirir con dicha partida las 1.800 hectáreas afectadas por el desvío de aquel río para incorporarlas al humedal de Caño Negro. Pero es necesario conocer, con pelos y señales, los nombres de los 23 co-propietarios agricultores que fueron afectados con el desvío de los ríos, incluyendo los de propietarios de las sociedades anónimas que parecen como dueñas de esas tierras anegadas, así como que, antes de definir cifra alguna, se determine, tal vez por peritos del ministerio de Hacienda, el costo verdadero por indemnizar. Eso porque la propuesta del diputado Araya es para indemnizar a esas personas, pero no estipula, en mi opinión, la información necesaria acerca de los potenciales beneficiados con ese gasto.
De antemano, creo que debe ser una corte de ley la que diga si es que el Estado (todos nosotros) es el que debe realizar tal compensación de daños, por medio de una ley de este tipo. Asimismo, me parece que el método propuesto abre un portillo peligroso para que, por medio de instancias políticas, se le termine entregando dinero de nuestros impuestos a grupos concretos de personas. Tal consulta ante una Corte debe ser planteada formalmente ya por el ministerio del caso, pues eso demostraría la buena fe del gobierno actual (una especie de propósito de enmienda), lo cual, evidentemente, sería tomado en consideración, ante lo sucedido, por cualquier juez sensato, pero, a la vez, con eso se evita cualquier posibilidad de abuso y que así se haga justicia si hay algo indebido.
Los burócratas negligentes no deben eludir su responsabilidad, que ahora se le va a endosar a la sociedad como un todo. Su indiferencia y descuido ante los hechos no deben quedar impunes, pues nadie se traga el cuento de que no fue posible conseguir los dos millones que se requerían en su momento para resolver un problema y, sobre todo, para acatar la voluntad de la ley. Esa es una torta que injustamente se traslada a las generaciones futuras, pues simplemente para pagar lo debido, lo que probablemente harán es buscar recursos de algún lado, ya sea mediante impuestos, inflación o endeudamiento. No hay quite. Simplemente aquellos burócratas pasaron el costo de su incapacidad a las generaciones actuales: veníamos luego en el tiempo y ahora pagamos facturas viejas incumplidas. El futuro nos ha alcanzado ahora.
Publicado en los sitios de ASOJOD y del Instituto Libertad y en los míos jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad el 07 de julio del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
No es extraño que un gobierno decida no tomar medidas políticamente “incómodas” o que le signifiquen una erogación impensada de dineros. Prima posponer la decisión y dejarla, si acaso, flotando por allí. Privilegia con ello la idea de que, “el que venga atrás, que arreé con todo.” Esto sucede en especial cuando los gobernantes de turno perciben que el gobierno que les ha de seguir, no viene del mismo partido suyo o bien que, aunque sean de su mismo partido, no son propiamente amigotes suyos.
La Nación del 16 de junio trae un artículo pertinente para este tema. Lo titula “Gobierno pagará ₡7.000 millones por la negligencia del MINAE: Por ahorrarse ₡2 millones, Ministerio no reparó tierras inundadas por finquero en 1998.” Resulta que un individuo irresponsable (de acuerdo con el periódico, de nombre “Asdrúbal Campos Campos”) desvió al río Buenaventura de su cauce original en Caño Blanco, distrito de Buenavista de Guatuso, con el objetivo de “secar su finca y, en teoría, hacerla más productiva.” Se trata de una finca de 1.800 hectáreas.
Esa decisión causó tal daño a terceros, que el Tribunal Penal de San Carlos le condenó en el 2001 con ₡100.000 “y le exigió devolver las aguas del río a su cauce original, lo cual nunca pasó. En la sentencia, se le ordenó a la Dirección General de Vida Silvestre del MINAE que hiciera los trabajos, a costa de Campos, lo cual tampoco sucedió.” Según esta oficina, no se hizo esto último porque, adujeron, “en el 2002 intentaron cumplir la orden, pero no disponían de los ₡2.550.000 para hacerlo.” Además, porque “en el 2004 volvieron a intentar el arreglo, pero que aunque costaba ₡1.960.000, tampoco tenían los recursos para hacerlo.” Según nota de ese ente, del 21 de setiembre del 2011, esa entidad gubernamental no había hecho nada al respecto. Es decir, en el MINAE se la “pelaron” incumpliendo una decisión de un tribunal, que requería que consiguieran cerca de ₡2 millones para que se hicieran las reparaciones necesarias. Ese monto sería luego cobrado por el estado al responsable original, señor Campos.
El tamal se destapa ahora –17 años después de que sucedieron los hechos y 14 luego de la decisión comentada del Tribunal Penal de San Carlos, arriba mencionada. En torno a esto me parece que, en parte, tiene razón el diputado de Frente Amplio, Edgardo Araya, en cuanto a que el estado resarza a “28 copropietarios de las 10 fincas afectadas por Campos”, para lo cual pidió que en el presupuesto extraordinario se incluya una partida por ₡2.000 millones, como parte de un pago total de ₡7.000 millones que se debe efectuar. Indico tal suma porque, en opinión del diputado Araya, si este asunto va a dar al “Contencioso [Tribunal Contencioso-Administrativo], el Estado tendría que pagarles entre ₡15.000 millones y ₡20.000 millones. ¿Por qué exponer al Estado?”, agregó el señor Araya.
He escrito que puede tener razón en parte, porque es por la incapacidad de un estado ineficiente de cumplir con la orden de un Tribunal, que ahora se quiere pasar el costo a toda la ciudadanía y no a los verdaderos responsables. Me molesta que, como uno de esos ciudadanos que podríamos terminar pagando esta torpeza de burócratas, simplemente se nos pase la factura y que no sea cubierta por quienes, por su incapacidad, no pudieron conseguir una partida de alrededor de ₡2 millones, en un presupuesto que permitiera hacer el arreglo y para cobrársela luego al responsable del daño. Es increíble la imprevisión de los burócratas que por no actuar debidamente, no consiguieron esos 2 millones y ahora nos podría costar a los ciudadanos ₡7.000 millones si no es que más.
Hay un aire de impunidad que no me agrada para nada: Una burocracia puede dejar de hacer lo que le corresponde (y en este caso obligada por un Tribunal) y los daños de tal displicencia ahora los tendremos que pagar todos los contribuyentes. Es una mala señal para un gobierno que debería responsabilizar a sus funcionarios por los malos actos, incluso cuando provengan de una omisión tan evidente.
Pero, escaldado este gato ante tanto “vivazo” que hay por este mundo, no me parece que la partida propuesta por el diputado Araya está bien documentada (al menos al momento en que escribo esto, a fines de junio del 2015). Considero apropiada la propuesta del actual jerarca del MINAE, señor Edgar Gutiérrez, de adquirir con dicha partida las 1.800 hectáreas afectadas por el desvío de aquel río para incorporarlas al humedal de Caño Negro. Pero es necesario conocer, con pelos y señales, los nombres de los 23 co-propietarios agricultores que fueron afectados con el desvío de los ríos, incluyendo los de propietarios de las sociedades anónimas que parecen como dueñas de esas tierras anegadas, así como que, antes de definir cifra alguna, se determine, tal vez por peritos del ministerio de Hacienda, el costo verdadero por indemnizar. Eso porque la propuesta del diputado Araya es para indemnizar a esas personas, pero no estipula, en mi opinión, la información necesaria acerca de los potenciales beneficiados con ese gasto.
De antemano, creo que debe ser una corte de ley la que diga si es que el Estado (todos nosotros) es el que debe realizar tal compensación de daños, por medio de una ley de este tipo. Asimismo, me parece que el método propuesto abre un portillo peligroso para que, por medio de instancias políticas, se le termine entregando dinero de nuestros impuestos a grupos concretos de personas. Tal consulta ante una Corte debe ser planteada formalmente ya por el ministerio del caso, pues eso demostraría la buena fe del gobierno actual (una especie de propósito de enmienda), lo cual, evidentemente, sería tomado en consideración, ante lo sucedido, por cualquier juez sensato, pero, a la vez, con eso se evita cualquier posibilidad de abuso y que así se haga justicia si hay algo indebido.
Los burócratas negligentes no deben eludir su responsabilidad, que ahora se le va a endosar a la sociedad como un todo. Su indiferencia y descuido ante los hechos no deben quedar impunes, pues nadie se traga el cuento de que no fue posible conseguir los dos millones que se requerían en su momento para resolver un problema y, sobre todo, para acatar la voluntad de la ley. Esa es una torta que injustamente se traslada a las generaciones futuras, pues simplemente para pagar lo debido, lo que probablemente harán es buscar recursos de algún lado, ya sea mediante impuestos, inflación o endeudamiento. No hay quite. Simplemente aquellos burócratas pasaron el costo de su incapacidad a las generaciones actuales: veníamos luego en el tiempo y ahora pagamos facturas viejas incumplidas. El futuro nos ha alcanzado ahora.
Publicado en los sitios de ASOJOD y del Instituto Libertad y en los míos jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad el 07 de julio del 2015.