Jorge Corrales Quesada
02/07/2015, 16:03
EL ESTADO INEFICIENTE-EL NUEVO EDIFICIO LEGISLATIVO
Por Jorge Corrales Quesada
Sigue la tragicomedia con el edificio nuevo para la Asamblea Legislativa. Si bien se había afirmado que las obras se iniciarían este mes de marzo recién pasado, desde hace buen rato se vienen presentando casi todo tipo de problemas para ese comienzo. De acuerdo con un artículo en La Nación del 17 de febrero, el cual tiene por nombre “Asamblea explora carta blanca para hacer edificio: Directorio consulta al MOPT si la Constitución lo exime de permisos para construir,” de lo que se trata es de “evadir la negativa del Centro para la Protección del Patrimonio” oponiéndose al proyecto seleccionado.” Debe recordarse que, en enero del 2013, se definió al proyecto del arquitecto Javier Salinas, como ganador del concurso para la edificación del nuevo Congreso. Las razones para oponerse al proyecto fueron anunciadas en febrero del 2014 por aquel Centro, porque “el diseño planteaba que el edificio de oficinas de diputados estuviera por encima del inmueble principal y a un costado de la Casa Rosada, ambos con declaratoria de patrimonio arquitectónico.”
Pero el intríngulis ha continuado cada vez complicándose más y más: La Nación del 04 de marzo, en su comentario “Ministra de Cultura cambia su versión: Asamblea aún analiza archivar proyecto del nuevo edificio,” nos dice que “aunque más temprano”, la ahora ausente ministra de Cultura, señora Elizabeth Fonseca, “confirmó” al periódico “que el Congreso había archivado el proyecto para construir un nuevo edificio, una hora después la jerarca se desdijo y aseguró que las autoridades de la Asamblea Legislativa aún analizan si entierran la propuesta.” O sea, nace, se dice que muere, pero renace y luego veremos lo que está pasando con esta especie de Lázaro no bíblico.
Ante la oposición al proyecto por el Centro para la Protección del Patrimonio, “el Directorio explora la opción para construir el nuevo edificio para el Congreso, sin necesidad de tramitar los permisos que las leyes exigen a toda obra pública.” Evidentemente, el Directorio legislativo lo que pretende es eludir el obstáculo planteado por el Centro, para poder hacerlo por medio de una ley. En dos palabras, como dice el pueblo, “a güebo.” Velis nolis, como dicen los “latinófilos”.
Pero hay más: La Nación del 05 de marzo, en un artículo cuyo encabezado reza: “Congreso quiere cambiar diseño de nuevo edificio: Por costos y rechazos de permisos,” nos informa que “autoridades de la Asamblea Legislativa estudian cambiar el diseño de lo que sería la nueva sede para los diputados y desechar el plan original.” Esto es, descartar al diseño original ganador del concurso de enero del 2013. O sea, veremos muy posiblemente juicios contra el estado.
En cuanto a costos como factor de cambio en la decisión legislativa, me encuentro algo confundido, porque inicialmente se había señalado que el proyecto sería de $76 millones (ver artículo de La Nación del 17 de febrero), que se señala además como el monto del fideicomiso que administra el Banco de Costa Rica, y francamente no sé qué cosas se incluyen bajo tal cifra. Pero en el comentario de La Nación del 05 de marzo se lee que, según Antonio Ayales, director Ejecutivo del Congreso, con base en “datos de la Unidad Administradora del Proyecto, el costo de las obras ya no rondaría los $30 millones, sino que llegaría a $53 millones debido a una revaloración.” Con esto menos tengo idea del verdadero costo total -y del monto del fideicomiso requerido. Si será aún más elevado en, al menos, esos $23 millones de costos adicionales en obras o si el costo ahora tan sólo ha aumentado de $30 a $53, lo cual no deja de ser un montón de plata adicional, máxime que apenas han pasado dos años desde que se definió el edificio ganador del concurso y, supongo, instante en que se supo el costo estimado del proyecto.
Aquí hay dos cosas, al menos: por una parte, que al paso que va el nuevo edificio de la Asamblea, “pasarán más de mil años, muchos más”, antes de verlo erguido y, si no le gusta la tonada, entonces que al menos tomen en cuanta cuánto es que se dura haciendo las cosas en su vecindad: vean el tapón al final de la Avenida Segunda, bien cerquita de la Asamblea, que lleva más de 50 años de atraso en su remoción y apertura.
Por otra parte, al ver cómo cambian esas cifras de gastos en el estado costarricense, creo que es mi deber recordarles a los ciudadanos, que toda esa gastadera la terminaremos pagando todos nosotros, ya sea mediante impuestos o por inflación o por deuda que habrá de pagarse. Este caso podría servirnos para que nos demos cuenta de para es qué en verdad sirve el nuevo paquete tributario, que ya están tratando de imponernos: no va a permitirnos reducir un déficit estatal originado en el gasto excesivo; simplemente va a ser apto para financiar nuevos y mayores gastos gubernamentales. De seguro que pronto tendremos, a pesar de los nuevos impuestos que quieren clavarnos, un déficit nuevo, posiblemente mucho más grande que el actual.
Publicado en mis sitios en Facebook jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad el 02 de julio del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Sigue la tragicomedia con el edificio nuevo para la Asamblea Legislativa. Si bien se había afirmado que las obras se iniciarían este mes de marzo recién pasado, desde hace buen rato se vienen presentando casi todo tipo de problemas para ese comienzo. De acuerdo con un artículo en La Nación del 17 de febrero, el cual tiene por nombre “Asamblea explora carta blanca para hacer edificio: Directorio consulta al MOPT si la Constitución lo exime de permisos para construir,” de lo que se trata es de “evadir la negativa del Centro para la Protección del Patrimonio” oponiéndose al proyecto seleccionado.” Debe recordarse que, en enero del 2013, se definió al proyecto del arquitecto Javier Salinas, como ganador del concurso para la edificación del nuevo Congreso. Las razones para oponerse al proyecto fueron anunciadas en febrero del 2014 por aquel Centro, porque “el diseño planteaba que el edificio de oficinas de diputados estuviera por encima del inmueble principal y a un costado de la Casa Rosada, ambos con declaratoria de patrimonio arquitectónico.”
Pero el intríngulis ha continuado cada vez complicándose más y más: La Nación del 04 de marzo, en su comentario “Ministra de Cultura cambia su versión: Asamblea aún analiza archivar proyecto del nuevo edificio,” nos dice que “aunque más temprano”, la ahora ausente ministra de Cultura, señora Elizabeth Fonseca, “confirmó” al periódico “que el Congreso había archivado el proyecto para construir un nuevo edificio, una hora después la jerarca se desdijo y aseguró que las autoridades de la Asamblea Legislativa aún analizan si entierran la propuesta.” O sea, nace, se dice que muere, pero renace y luego veremos lo que está pasando con esta especie de Lázaro no bíblico.
Ante la oposición al proyecto por el Centro para la Protección del Patrimonio, “el Directorio explora la opción para construir el nuevo edificio para el Congreso, sin necesidad de tramitar los permisos que las leyes exigen a toda obra pública.” Evidentemente, el Directorio legislativo lo que pretende es eludir el obstáculo planteado por el Centro, para poder hacerlo por medio de una ley. En dos palabras, como dice el pueblo, “a güebo.” Velis nolis, como dicen los “latinófilos”.
Pero hay más: La Nación del 05 de marzo, en un artículo cuyo encabezado reza: “Congreso quiere cambiar diseño de nuevo edificio: Por costos y rechazos de permisos,” nos informa que “autoridades de la Asamblea Legislativa estudian cambiar el diseño de lo que sería la nueva sede para los diputados y desechar el plan original.” Esto es, descartar al diseño original ganador del concurso de enero del 2013. O sea, veremos muy posiblemente juicios contra el estado.
En cuanto a costos como factor de cambio en la decisión legislativa, me encuentro algo confundido, porque inicialmente se había señalado que el proyecto sería de $76 millones (ver artículo de La Nación del 17 de febrero), que se señala además como el monto del fideicomiso que administra el Banco de Costa Rica, y francamente no sé qué cosas se incluyen bajo tal cifra. Pero en el comentario de La Nación del 05 de marzo se lee que, según Antonio Ayales, director Ejecutivo del Congreso, con base en “datos de la Unidad Administradora del Proyecto, el costo de las obras ya no rondaría los $30 millones, sino que llegaría a $53 millones debido a una revaloración.” Con esto menos tengo idea del verdadero costo total -y del monto del fideicomiso requerido. Si será aún más elevado en, al menos, esos $23 millones de costos adicionales en obras o si el costo ahora tan sólo ha aumentado de $30 a $53, lo cual no deja de ser un montón de plata adicional, máxime que apenas han pasado dos años desde que se definió el edificio ganador del concurso y, supongo, instante en que se supo el costo estimado del proyecto.
Aquí hay dos cosas, al menos: por una parte, que al paso que va el nuevo edificio de la Asamblea, “pasarán más de mil años, muchos más”, antes de verlo erguido y, si no le gusta la tonada, entonces que al menos tomen en cuanta cuánto es que se dura haciendo las cosas en su vecindad: vean el tapón al final de la Avenida Segunda, bien cerquita de la Asamblea, que lleva más de 50 años de atraso en su remoción y apertura.
Por otra parte, al ver cómo cambian esas cifras de gastos en el estado costarricense, creo que es mi deber recordarles a los ciudadanos, que toda esa gastadera la terminaremos pagando todos nosotros, ya sea mediante impuestos o por inflación o por deuda que habrá de pagarse. Este caso podría servirnos para que nos demos cuenta de para es qué en verdad sirve el nuevo paquete tributario, que ya están tratando de imponernos: no va a permitirnos reducir un déficit estatal originado en el gasto excesivo; simplemente va a ser apto para financiar nuevos y mayores gastos gubernamentales. De seguro que pronto tendremos, a pesar de los nuevos impuestos que quieren clavarnos, un déficit nuevo, posiblemente mucho más grande que el actual.
Publicado en mis sitios en Facebook jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad el 02 de julio del 2015.