Jorge Corrales Quesada
22/06/2015, 10:21
EL ESTADO INEFICIENTE-LAS PENSIONES QUE TODOS PAGAMOS
Por Jorge Corrales Quesada
Me da la impresión de que se está dando algún grado de movimiento -pero no el suficiente- para limitar el enorme gasto de la sociedad costarricense, en pensiones que no están acordes con los montos que han pagado sus contribuyentes a lo largo de su vida.
Por eso resulta ser interesante el artículo publicado en La Nación de 09 de febrero, que lleva por título “Exceso de beneficios a jubilados pasan costosa factura al Estado: Pago de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional equivale a 2.5% de la producción de este año”. Pero en este instante formulo un recordatorio importante: cuando el periódico dice en su titular “pasan costosa factura al Estado”, da la impresión de que hay una especie de entidad extraterrestre, ajena a todo lo humano, llamada Estado, el cual se hace cargo de pagar esas pensiones gozosas. La única realidad es que la ciudadanía es quien, mediante impuestos, endeudamiento o inflación, le pasa sus recursos al Estado, para efectuar esos pagos de privilegio. ¿Estamos claros?
Señala el periódico que “Para este año, el pago de las pensiones de casi 60.000 [personas], ascenderá a ₡709.969 millones, según los recursos presupuestados por el Ministerio de Hacienda. Este gasto equivale al 2,5% del producto interno bruto (PIB) de Costa Rica en el 2015.” Esto no sería un problema si existieran los fondos acumulados para cada uno de esos 18 regímenes de pensiones que conforman el sistema nacional de pensiones adscrito al Ministerio de Trabajo, tales que permitieran que, con los rendimientos acumulados, fueran suficientes para pagar tales pensiones. Pero no es así –que va; más bien están bien lejos de serlo. Lo que nos da una idea mejor es que, como cita el artículo en mención, esos sistemas de pensiones “son financiados en un 90% con impuestos”. Esto podría significar que, el 90% de las pensiones que perciben esos jubilados a cargo del presupuesto nacional, lo pagamos los ciudadanos mediante impuestos.
Es interesante lo que expresa el periódico en cuanto a que aquel monto de ₡709.969 millones pagados con el presupuesto de Hacienda, “es un 15% más de lo que la Caja de Seguro Social destinó, en el 2014, para el pago de la jubilación de 217.000 personas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.” Por ello, debo referirme a una excelente comparación que aparece en dicha edición escrita, bajo el encabezado PERFIL DE BENEFICIOS, el cual ya no aparece luego en su versión digital de ese día 09 de febrero. En aquella se comparan, con el IVM de la Caja, los beneficios que perciben otros cinco regímenes de pensiones –el del Magisterio Nacional, el de ex diputados, el de Hacienda, el de Obras Públicas y el llamado régimen general.
Uno de ellos es la edad de jubilación, que en el parámetro del IVM es de 65 años. En el Magisterio, de 50 a 60 años; en los ex diputados, Hacienda, Obras Públicas y el régimen general, la edad de pensión es mayor o igual a 50 años.
Otro elemento que se compara es el monto de la pensión, que en el IVM de la Caja es el promedio de los últimos 240 salarios. En el Magisterio equivale al 80% del salario (me imagino que del último); en tanto que en el de ex diputados es el promedio de los últimos 60 salarios, mientras que en el de Hacienda es el último salario devengado; en el de Obras Públicas es el promedio de los últimos mejores 12 salarios y en el régimen general, el promedio de los 12 mejores salarios de los últimos 24 meses.
Un tercer factor que se compara es la revalorización anual que se practica a la pensión, que, en el caso de la Caja, es por el cambio en el costo de vida (me imagino que en función del comportamiento anual del índice de precios). En los casos del Magisterio, Hacienda, Obras Públicas y el régimen general, es igual que en la Caja, pero en el de los ex diputados es de un 30% anual.
El cuarto componente comparado son los beneficiarios a la muerte del pensionado. En el caso de la Caja, son la viuda o viudo, a los hijos o hijas de hasta 18 años y hasta los 25 años si estudia. Por su parte, en el Magisterio son la viuda (no informa si al viudo), hijos hasta los 25 años e hijas solteras sin medios de subsistencia. En cuanto a ex diputados, los beneficiarios son la viuda (tampoco indica si al viudo), hijas solteras, hijos con discapacidad y la madre si vive aún. En lo que respecta a Hacienda, son la viuda (no informa si al viudo), hijas solteras, hijos hasta los 18 años e hijos con discapacidad. En el de Obras Públicas, son la viuda (no dice si al viudo), hijos hasta 18 años e hijos con discapacidad de por vida. Finalmente, en el régimen general son el cónyuge, los hijos hasta los 18 años o 25 si estudia.
Es muy posible que intentos para homologar los diversos sistemas de pensiones al de IVM de la Caja, vayan a tropezar con litigios que podrían poner freno a los intentos de efectuar la reforma conveniente, en especial bajo el alegato de que se “tocarían derechos adquiridos”. Ante lo cual me parece que el camino que se debe de seguir es el indicado por el vice ministro de Hacienda, señor José Francisco Pacheco, en que posiblemente la opción sea “imponer un tributo especial a las pensiones más altas”. Sin embargo, debe proseguirse con la modificación de los beneficios exagerados en comparación con los de la Caja y en tanto no se hayan pagado el monto suficiente a lo largo de la vida del cotizante. Aunque el alegato acerca de la legalidad del acto de cortar aquellos “derechos o abusos adquiridos”, sea presentado ante la Sala Constitucional, al igual que también lo sería en el dicho caso el régimen del Poder Judicial, que cubre a los magistrados constitucionales, existe la imperiosa necesidad de asegurar la subsistencia de los regímenes de pensiones, por lo cual es fundamental la decisión de la Sala, aunque pudiera ir en contra de los “derechos adquiridos” de los mismos magistrados. Yo suelo ser optimista, a pesar de todo, en que la razonabilidad de las políticas públicas sea conservada, aunque tengan que tocarse privilegios de un pasado de abundancia presuntamente casi infinita.
Publicado en Facebook el 22 de junio del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Me da la impresión de que se está dando algún grado de movimiento -pero no el suficiente- para limitar el enorme gasto de la sociedad costarricense, en pensiones que no están acordes con los montos que han pagado sus contribuyentes a lo largo de su vida.
Por eso resulta ser interesante el artículo publicado en La Nación de 09 de febrero, que lleva por título “Exceso de beneficios a jubilados pasan costosa factura al Estado: Pago de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional equivale a 2.5% de la producción de este año”. Pero en este instante formulo un recordatorio importante: cuando el periódico dice en su titular “pasan costosa factura al Estado”, da la impresión de que hay una especie de entidad extraterrestre, ajena a todo lo humano, llamada Estado, el cual se hace cargo de pagar esas pensiones gozosas. La única realidad es que la ciudadanía es quien, mediante impuestos, endeudamiento o inflación, le pasa sus recursos al Estado, para efectuar esos pagos de privilegio. ¿Estamos claros?
Señala el periódico que “Para este año, el pago de las pensiones de casi 60.000 [personas], ascenderá a ₡709.969 millones, según los recursos presupuestados por el Ministerio de Hacienda. Este gasto equivale al 2,5% del producto interno bruto (PIB) de Costa Rica en el 2015.” Esto no sería un problema si existieran los fondos acumulados para cada uno de esos 18 regímenes de pensiones que conforman el sistema nacional de pensiones adscrito al Ministerio de Trabajo, tales que permitieran que, con los rendimientos acumulados, fueran suficientes para pagar tales pensiones. Pero no es así –que va; más bien están bien lejos de serlo. Lo que nos da una idea mejor es que, como cita el artículo en mención, esos sistemas de pensiones “son financiados en un 90% con impuestos”. Esto podría significar que, el 90% de las pensiones que perciben esos jubilados a cargo del presupuesto nacional, lo pagamos los ciudadanos mediante impuestos.
Es interesante lo que expresa el periódico en cuanto a que aquel monto de ₡709.969 millones pagados con el presupuesto de Hacienda, “es un 15% más de lo que la Caja de Seguro Social destinó, en el 2014, para el pago de la jubilación de 217.000 personas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.” Por ello, debo referirme a una excelente comparación que aparece en dicha edición escrita, bajo el encabezado PERFIL DE BENEFICIOS, el cual ya no aparece luego en su versión digital de ese día 09 de febrero. En aquella se comparan, con el IVM de la Caja, los beneficios que perciben otros cinco regímenes de pensiones –el del Magisterio Nacional, el de ex diputados, el de Hacienda, el de Obras Públicas y el llamado régimen general.
Uno de ellos es la edad de jubilación, que en el parámetro del IVM es de 65 años. En el Magisterio, de 50 a 60 años; en los ex diputados, Hacienda, Obras Públicas y el régimen general, la edad de pensión es mayor o igual a 50 años.
Otro elemento que se compara es el monto de la pensión, que en el IVM de la Caja es el promedio de los últimos 240 salarios. En el Magisterio equivale al 80% del salario (me imagino que del último); en tanto que en el de ex diputados es el promedio de los últimos 60 salarios, mientras que en el de Hacienda es el último salario devengado; en el de Obras Públicas es el promedio de los últimos mejores 12 salarios y en el régimen general, el promedio de los 12 mejores salarios de los últimos 24 meses.
Un tercer factor que se compara es la revalorización anual que se practica a la pensión, que, en el caso de la Caja, es por el cambio en el costo de vida (me imagino que en función del comportamiento anual del índice de precios). En los casos del Magisterio, Hacienda, Obras Públicas y el régimen general, es igual que en la Caja, pero en el de los ex diputados es de un 30% anual.
El cuarto componente comparado son los beneficiarios a la muerte del pensionado. En el caso de la Caja, son la viuda o viudo, a los hijos o hijas de hasta 18 años y hasta los 25 años si estudia. Por su parte, en el Magisterio son la viuda (no informa si al viudo), hijos hasta los 25 años e hijas solteras sin medios de subsistencia. En cuanto a ex diputados, los beneficiarios son la viuda (tampoco indica si al viudo), hijas solteras, hijos con discapacidad y la madre si vive aún. En lo que respecta a Hacienda, son la viuda (no informa si al viudo), hijas solteras, hijos hasta los 18 años e hijos con discapacidad. En el de Obras Públicas, son la viuda (no dice si al viudo), hijos hasta 18 años e hijos con discapacidad de por vida. Finalmente, en el régimen general son el cónyuge, los hijos hasta los 18 años o 25 si estudia.
Es muy posible que intentos para homologar los diversos sistemas de pensiones al de IVM de la Caja, vayan a tropezar con litigios que podrían poner freno a los intentos de efectuar la reforma conveniente, en especial bajo el alegato de que se “tocarían derechos adquiridos”. Ante lo cual me parece que el camino que se debe de seguir es el indicado por el vice ministro de Hacienda, señor José Francisco Pacheco, en que posiblemente la opción sea “imponer un tributo especial a las pensiones más altas”. Sin embargo, debe proseguirse con la modificación de los beneficios exagerados en comparación con los de la Caja y en tanto no se hayan pagado el monto suficiente a lo largo de la vida del cotizante. Aunque el alegato acerca de la legalidad del acto de cortar aquellos “derechos o abusos adquiridos”, sea presentado ante la Sala Constitucional, al igual que también lo sería en el dicho caso el régimen del Poder Judicial, que cubre a los magistrados constitucionales, existe la imperiosa necesidad de asegurar la subsistencia de los regímenes de pensiones, por lo cual es fundamental la decisión de la Sala, aunque pudiera ir en contra de los “derechos adquiridos” de los mismos magistrados. Yo suelo ser optimista, a pesar de todo, en que la razonabilidad de las políticas públicas sea conservada, aunque tengan que tocarse privilegios de un pasado de abundancia presuntamente casi infinita.
Publicado en Facebook el 22 de junio del 2015.