Jorge Corrales Quesada
07/06/2015, 14:17
EL ESTADO INEFICIENTE-BONIFICACIONES EN EL INS
Por Jorge Corrales Quesada
Ahora resulta que “La Unión de Empleados del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) pretende que la aseguradora estatal pague bonificaciones anuales por productividad a sus empleados, financiadas con las utilidades de la empresa pública.” Tal hecho lo analiza La Nación del 05 de febrero, en un comentario titulado “Sindicato de INS plantea bono anual financiado con ganancias: Upins propone repartir premios económicos a empleados, tal como lo hace la banca pública.”
Esto no deja de sorprender en una institución gubernamental acosada por este tipo de acuerdos de remuneraciones o pagos a funcionarios con una parte de las utilidades de la empresa. No se ha olvidado la denuncia que la ANEP hizo en mayo del 2014, en cuanto a que el expresidente ejecutivo del INS, señor Guillermo Constenla, ante su renuncia a ese puesto, se iría con alrededor de ₡127 millones provenientes del 0.1% de las utilidades financieras del INS. En aquellos momentos (9 de abril del 2014), la Gerencia del INS había respondido que “A la fecha por solicitud expresa del Dr. Guillermo Constenla Umaña no se ha girado la suma correspondiente, cuya cifra alcanza al 31-12-2013 un monto bruto de ₡127.288.939 (en el que se incluye la compensación variable y los montos por concepto de salario escolar y aguinaldo, sin intereses). Para el año 2014 se procederá con el pago de acuerdo a la utilidad técnica acumulada que se consigne en los estados financieros al 30 de abril del 2014…” Esta información la consigna Crhoy.com noticias 24/7 del día 09 de mayo del 2014.
La bonificación de la presidencia ejecutiva aparentemente estuvo vigente desde el 2011 y fue un mecanismo sustituto de un aumento de salarios que no se dio. Aquella política fue derogada en marzo de este año. Por ello, es muy oportuna la decisión del nuevo presidente ejecutivo del INS, señor Sergio Alfaro, para que se defina la validez jurídica de dicha política salarial y me imagino que si los pagos fueron los procedentes.
Pero, al observar este tipo de “bonificaciones” ligadas a las utilidades de una empresa estatal, uno logra entender por qué los trabajadores sindicalizados pretenden ahora que dicho beneficio sea extendido para los empleados de la entidad, en función de una denominada “productividad”. Lo peor es que uno también entiende que la tal productividad forma parte de lo esperado al llevarse a cabo la contratación laboral usual. Pero me imagino que se inspiran en lo sucedido en el pasado en el INS con la bonificación a la presidencia ejecutiva -que ya no está vigente para las nuevas autoridades- para pedir que a sus sueldos usuales se les agregue un bono laboral proveniente de las utilidades en la convención colectiva que negocian.
Esto constituye una buena prueba para las nuevas autoridades de gobierno, acerca de si es que vale en algo la advertencia que hiciera la Contraloría General de la República acerca de sistemas similares en los bancos del estado (Nacional, el Costa Rica y Popular), que significó que este año se pagara a los empleados, bajo el prurito de “productividad”, un 23% de las utilidades de esos entes. Un escéptico con cierto grado de razón, diría: “¿Querían privatizaciones? Pues ahí las tienen.” Ahora, ¡chúpense la privatización de las ganancias!
Si se aplicara ese 23% promedio de las utilidades que los bancos dan como bonificación a sus empleados, en el caso de las del INS, significa que, de los ₡47.000 millones de utilidades de este año, se habría dado a los empleados la “insignificancia” de ₡10.800 millones. Es importante tener presente que el INS ya no posee el monopolio que antes legalmente tenía sobre los seguros, por lo cual, si desea mantenerse compitiendo exitosamente, es indispensable tener una posición sumamente sólida de reservas. Esta debe ser la razón por la cual hoy en día el INS debe trasladar el 25% de esas utilidades al fisco, como pago del impuesto sobre la renta, y los restantes ₡35.200 reinvertirlos en su fortalecimiento. De acuerdo con esta lógica, algunos de los mayores beneficiados con la pretensión de los trabajadores de obtener bonificaciones como las indicadas, serían las empresas competidoras del INS, pues esa institución no podría trasladar a los consumidores esos mayores costos eventuales por bonificaciones en la situación actual de competencia, por tanto debilitándola en sus reservas.
La situación es confusa mírese del lado que se le vea, pero es de esperar que prime la razonabilidad, en particular en el marco de una situación fiscal grave y en que los gobernantes pretender poder resolverla mediante mayores impuestos. En este caso, en vez de recibir el estado esos impuestos provenientes del 25% de las utilidades del INS, el gravamen se aplicará sobre una base reducida en el monto exacto del pago “por productividad” a sus empleados. En síntesis, de alguna manera seremos los contribuyentes quienes tendremos que apechugar con esas nuevas regalías para beneficio de un grupo de privilegio.
Publicado en Facebook el 07 de junio de 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Ahora resulta que “La Unión de Empleados del Instituto Nacional de Seguros (UPINS) pretende que la aseguradora estatal pague bonificaciones anuales por productividad a sus empleados, financiadas con las utilidades de la empresa pública.” Tal hecho lo analiza La Nación del 05 de febrero, en un comentario titulado “Sindicato de INS plantea bono anual financiado con ganancias: Upins propone repartir premios económicos a empleados, tal como lo hace la banca pública.”
Esto no deja de sorprender en una institución gubernamental acosada por este tipo de acuerdos de remuneraciones o pagos a funcionarios con una parte de las utilidades de la empresa. No se ha olvidado la denuncia que la ANEP hizo en mayo del 2014, en cuanto a que el expresidente ejecutivo del INS, señor Guillermo Constenla, ante su renuncia a ese puesto, se iría con alrededor de ₡127 millones provenientes del 0.1% de las utilidades financieras del INS. En aquellos momentos (9 de abril del 2014), la Gerencia del INS había respondido que “A la fecha por solicitud expresa del Dr. Guillermo Constenla Umaña no se ha girado la suma correspondiente, cuya cifra alcanza al 31-12-2013 un monto bruto de ₡127.288.939 (en el que se incluye la compensación variable y los montos por concepto de salario escolar y aguinaldo, sin intereses). Para el año 2014 se procederá con el pago de acuerdo a la utilidad técnica acumulada que se consigne en los estados financieros al 30 de abril del 2014…” Esta información la consigna Crhoy.com noticias 24/7 del día 09 de mayo del 2014.
La bonificación de la presidencia ejecutiva aparentemente estuvo vigente desde el 2011 y fue un mecanismo sustituto de un aumento de salarios que no se dio. Aquella política fue derogada en marzo de este año. Por ello, es muy oportuna la decisión del nuevo presidente ejecutivo del INS, señor Sergio Alfaro, para que se defina la validez jurídica de dicha política salarial y me imagino que si los pagos fueron los procedentes.
Pero, al observar este tipo de “bonificaciones” ligadas a las utilidades de una empresa estatal, uno logra entender por qué los trabajadores sindicalizados pretenden ahora que dicho beneficio sea extendido para los empleados de la entidad, en función de una denominada “productividad”. Lo peor es que uno también entiende que la tal productividad forma parte de lo esperado al llevarse a cabo la contratación laboral usual. Pero me imagino que se inspiran en lo sucedido en el pasado en el INS con la bonificación a la presidencia ejecutiva -que ya no está vigente para las nuevas autoridades- para pedir que a sus sueldos usuales se les agregue un bono laboral proveniente de las utilidades en la convención colectiva que negocian.
Esto constituye una buena prueba para las nuevas autoridades de gobierno, acerca de si es que vale en algo la advertencia que hiciera la Contraloría General de la República acerca de sistemas similares en los bancos del estado (Nacional, el Costa Rica y Popular), que significó que este año se pagara a los empleados, bajo el prurito de “productividad”, un 23% de las utilidades de esos entes. Un escéptico con cierto grado de razón, diría: “¿Querían privatizaciones? Pues ahí las tienen.” Ahora, ¡chúpense la privatización de las ganancias!
Si se aplicara ese 23% promedio de las utilidades que los bancos dan como bonificación a sus empleados, en el caso de las del INS, significa que, de los ₡47.000 millones de utilidades de este año, se habría dado a los empleados la “insignificancia” de ₡10.800 millones. Es importante tener presente que el INS ya no posee el monopolio que antes legalmente tenía sobre los seguros, por lo cual, si desea mantenerse compitiendo exitosamente, es indispensable tener una posición sumamente sólida de reservas. Esta debe ser la razón por la cual hoy en día el INS debe trasladar el 25% de esas utilidades al fisco, como pago del impuesto sobre la renta, y los restantes ₡35.200 reinvertirlos en su fortalecimiento. De acuerdo con esta lógica, algunos de los mayores beneficiados con la pretensión de los trabajadores de obtener bonificaciones como las indicadas, serían las empresas competidoras del INS, pues esa institución no podría trasladar a los consumidores esos mayores costos eventuales por bonificaciones en la situación actual de competencia, por tanto debilitándola en sus reservas.
La situación es confusa mírese del lado que se le vea, pero es de esperar que prime la razonabilidad, en particular en el marco de una situación fiscal grave y en que los gobernantes pretender poder resolverla mediante mayores impuestos. En este caso, en vez de recibir el estado esos impuestos provenientes del 25% de las utilidades del INS, el gravamen se aplicará sobre una base reducida en el monto exacto del pago “por productividad” a sus empleados. En síntesis, de alguna manera seremos los contribuyentes quienes tendremos que apechugar con esas nuevas regalías para beneficio de un grupo de privilegio.
Publicado en Facebook el 07 de junio de 2015.