Jorge Corrales Quesada
19/05/2015, 17:39
EL ESTADO INEFICIENTE-DESORDENADA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA ESTATAL
Por Jorge Corrales Quesada
Este gobierno nos ha metido en la cabeza, desde el año pasado, la idea de que, mediante la obra pública, generará empleo en momentos en que la ciudadanía es plena conocedora de los serios problemas de desocupación en el país. Alguien puede considerar que tal esfuerzo es loable por dicha razón, pero no es así de sencillo, pues, para realizar tales obras, el estado podría estar substrayendo recursos del sector privado de la economía para llevar a cabo tales proyectos, con lo cual lo que se daría es una sustitución de generación de empleos estatales, en vez de que ser privados. En todo caso, es posible que los recursos provengan más bien del endeudamiento externo y así alguien podría decir que a lo que daría lugar es a un aumento neto de demanda de mano de obra, pero eso sería cierto si el sector privado de la economía no toma en cuenta en sus proyecciones que tales fondos deberán ser repagados a quien nos los prestó y, por tanto, que saldrán del bolsillo de los costarricenses. Esta anticipación del repago, provocaría una reducción del gasto privado en la economía.
Pero, y creo que es lo positivo en el caso concreto actual de nuestro país, existen numerosos cuellos de botella que impiden al sector productivo privado ser aún más eficiente por falta de una infraestructura pública adecuada. Eliminar tales limitaciones podría estimular el crecimiento productivo del sector privado, pero incluso no sería requisito que el estado tuviera que realizar, como tal, las obras públicas necesarias; bien podría dar en concesiones algunas de las construcciones y operaciones de infraestructura, pero soy consciente de que, en ocasiones, eso es difícil por muy difícil poder hacerlo por diversas razones.
En todo caso, hay algo en que los ciudadanos muy difícilmente estaremos en desacuerdo: que si se va a invertir en infraestructura, exista una evaluación técnico-económica de dichas inversiones y que no sean simplemente el producto de pensar en hacer algo, como algo de por sí suficiente para realizarlo. Por ello, es necesario que el estado planifique sus acciones (no en el sentido de la fracasada planificación socialista, en donde el estado dirigía centralmente todas las actividades de una economía). Por ejemplo, que tome en consideración diversos objetivos propuestos, que se evalúe el costo optativo de diferentes alternativas para el logro de esos objetivos, así como el apareamiento de cierta obra de infraestructura con otra también propuesta o ya existente, así como que se elijan prioridades entre las diversas obras de infraestructura que es posible realizar con los recursos naturalmente escasos, al igual que su viabilidad técnica y posibles costos y beneficios medioambientales que pueden implicar. En síntesis, que las obras de infraestructura que ha de llevar a cabo el estado no se hagan simplemente porque a alguien (normalmente un político) se le ocurrió hacerlas, sin tener los análisis técnicos y económicos deseables para considerar apropiada la decisión de dedicar recursos escasos en la provisión de infraestructura pública.
Pues bien, es interesante lo que informa La Nación del 8 de enero en su artículo “Desorden afecta intención del Gobierno de invertir en obras: Contraloría afirma que no hay plan nacional de inversión y banco de proyectos está desactualizado”. Dicho informe destaca que el gobierno “carece de un plan nacional de inversión pública, que defina las políticas, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo”. “Tampoco se encuentra actualizado el banco de proyectos del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), no hay coordinación entre MIDEPLAN y la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda para el seguimiento y la evaluación de las iniciativas financiadas con créditos externos.”
En resumen, hay faltas hasta en lo elemental, como es ver que las inversiones en obra pública que el estado decide llevar a cabo sean resultado de los análisis técnicos y económicos indispensables y que se satisfagan objetivos nacionales deseables, así como que las cosas que se hacen sean debidamente supervisadas y valoradas: en esto nuestro estado es ineficiente. Recordemos que todo esto involucra recursos que todos los ciudadanos tendremos que aportar, ya sea en el momento de realizar las obras o, si es que se piden recursos prestados del exterior para poder edificarlas, cuando tengamos que pagarles a los prestamistas.
Publicado el 01 de mayo del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Este gobierno nos ha metido en la cabeza, desde el año pasado, la idea de que, mediante la obra pública, generará empleo en momentos en que la ciudadanía es plena conocedora de los serios problemas de desocupación en el país. Alguien puede considerar que tal esfuerzo es loable por dicha razón, pero no es así de sencillo, pues, para realizar tales obras, el estado podría estar substrayendo recursos del sector privado de la economía para llevar a cabo tales proyectos, con lo cual lo que se daría es una sustitución de generación de empleos estatales, en vez de que ser privados. En todo caso, es posible que los recursos provengan más bien del endeudamiento externo y así alguien podría decir que a lo que daría lugar es a un aumento neto de demanda de mano de obra, pero eso sería cierto si el sector privado de la economía no toma en cuenta en sus proyecciones que tales fondos deberán ser repagados a quien nos los prestó y, por tanto, que saldrán del bolsillo de los costarricenses. Esta anticipación del repago, provocaría una reducción del gasto privado en la economía.
Pero, y creo que es lo positivo en el caso concreto actual de nuestro país, existen numerosos cuellos de botella que impiden al sector productivo privado ser aún más eficiente por falta de una infraestructura pública adecuada. Eliminar tales limitaciones podría estimular el crecimiento productivo del sector privado, pero incluso no sería requisito que el estado tuviera que realizar, como tal, las obras públicas necesarias; bien podría dar en concesiones algunas de las construcciones y operaciones de infraestructura, pero soy consciente de que, en ocasiones, eso es difícil por muy difícil poder hacerlo por diversas razones.
En todo caso, hay algo en que los ciudadanos muy difícilmente estaremos en desacuerdo: que si se va a invertir en infraestructura, exista una evaluación técnico-económica de dichas inversiones y que no sean simplemente el producto de pensar en hacer algo, como algo de por sí suficiente para realizarlo. Por ello, es necesario que el estado planifique sus acciones (no en el sentido de la fracasada planificación socialista, en donde el estado dirigía centralmente todas las actividades de una economía). Por ejemplo, que tome en consideración diversos objetivos propuestos, que se evalúe el costo optativo de diferentes alternativas para el logro de esos objetivos, así como el apareamiento de cierta obra de infraestructura con otra también propuesta o ya existente, así como que se elijan prioridades entre las diversas obras de infraestructura que es posible realizar con los recursos naturalmente escasos, al igual que su viabilidad técnica y posibles costos y beneficios medioambientales que pueden implicar. En síntesis, que las obras de infraestructura que ha de llevar a cabo el estado no se hagan simplemente porque a alguien (normalmente un político) se le ocurrió hacerlas, sin tener los análisis técnicos y económicos deseables para considerar apropiada la decisión de dedicar recursos escasos en la provisión de infraestructura pública.
Pues bien, es interesante lo que informa La Nación del 8 de enero en su artículo “Desorden afecta intención del Gobierno de invertir en obras: Contraloría afirma que no hay plan nacional de inversión y banco de proyectos está desactualizado”. Dicho informe destaca que el gobierno “carece de un plan nacional de inversión pública, que defina las políticas, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo”. “Tampoco se encuentra actualizado el banco de proyectos del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), no hay coordinación entre MIDEPLAN y la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda para el seguimiento y la evaluación de las iniciativas financiadas con créditos externos.”
En resumen, hay faltas hasta en lo elemental, como es ver que las inversiones en obra pública que el estado decide llevar a cabo sean resultado de los análisis técnicos y económicos indispensables y que se satisfagan objetivos nacionales deseables, así como que las cosas que se hacen sean debidamente supervisadas y valoradas: en esto nuestro estado es ineficiente. Recordemos que todo esto involucra recursos que todos los ciudadanos tendremos que aportar, ya sea en el momento de realizar las obras o, si es que se piden recursos prestados del exterior para poder edificarlas, cuando tengamos que pagarles a los prestamistas.
Publicado el 01 de mayo del 2015.