Jorge Corrales Quesada
18/05/2015, 21:00
EL ESTADO INEFICIENTE.PRIMERA PARTE-CONVENCIONES COLECTIVAS Y SARTA DE PRIVILEGIOS
Por Jorge Corrales Quesada
Se ha estado hablando y se tendrá que hablar en este año 2015 acerca de la situación de una serie de convenciones colectivas en las instituciones gubernamentales, pues en alguna de ellas es muy elevada la cantidad de beneficios que, como punto de comparación, brinda el Código de Trabajo. A este tema se refiere un artículo aparecido en La Nación del 14 de diciembre del 2014, con el titular “Convenciones abultan permisos y vacaciones en el sector público: Licencias negociadas superan las establecidas en el Código de Trabajo,” con base en un estudio realizado por ese medio y la firma de abogados Lex Labor.
Tal estudio efectúa “una comparación entre el Código de Trabajo y las convenciones colectivas de RECOPE, JAPDEVA y el Ministerio de Educación Pública (MEP)”.Este tema lo analizaré en dos partes complementarias, debido a que considero que, de hacerlo en un único el comentario, resultaría ser sumamente extenso.
Empiezo, eso sí, por señalar que considero que este comentario de La Nación en particular es muy incompleto, pues no sólo el mismo medio indica que se enviaron consultas al INS, Banco Nacional, Banco de Costa Rica y la Junta de Protección Social acerca de la cantidad de licencias que han concedido y de su costo, “pero al cierre de edición, sólo el Instituto respondió”. El INS indicó que “durante el 2013, la aseguradora aprobó 3.089 días con goce de salario, los cuales le costaron ₡91 millones. En el presente año (2014) se han permitido 2.330 días, los que equivalen a ₡103 millones. De esos permisos, el 42% fueron dados a la Unión de Empleados del INS para actividades del sindicato.” Esperemos que en un comentario futuro de ese medio se incorporen las respuestas de aquellas otras entidades que no respondieron. Eso sí, que ojalá también se obtenga la información relevante para otras entidades gubernamentales, como son, por ejemplo, RECOPE. JAPDEVA, Banco Nacional, Municipalidad de San José, Ministerio de Educación, entre otras, a fin de tener un mejor panorama acerca de las ausencias con goces de salarios y el monto que significaron para todas las entidades.
Asimismo, el comentario deja algo que desear, pues aunque se hace lo que el periódico califica como un“Menú de permisos con goce de salario en instituciones públicas”, y que lo presentaremos en una segunda parte, lo restringe únicamente a JAPDEVA, RECOPE, Banco Nacional, Banco de Costa Rica y la Municipalidad de San José, un número diferente de las entidades que se analizaron en el estudio de Lex Labor, así como de todas las entidades estatales que el periódico dijo haber consultado acerca de los permisos con goce de sueldo y su impacto financiero (INS, RECOPE,JAPDEVA, MEP, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Junta de Protección Social y, agrego yo, la Municipalidad de San José).
Quiero señalar la ambivalente reacción de ciertos líderes sindicales ante la posibilidad de que esos “beneficios” sean revisados. Recuerden que no hay nada ilegal en que tales concesiones y convenciones sean objeto de revisión, cuando así lo solicita alguna de las partes involucradas. Mientras Albino Vargas señaló, por una parte, que “si la entidad patronal considera que eso debe cambiarse, se le plantea al sindicato para que lo considere”, pero, en una nueva sección de esa misma publicación periodística comentada, bajo el título “Sindicatos amenazan con retirarse a las calles para defender beneficios”, el mismo Albino Vargas dice que “La caldera está en ebullición… Nosotros consideramos que muchas de esas cosas (la revisión de convenciones colectivas) se van a tener que defender en las calles.” Por eso, desde ya mi clamor: Y a nosotros, ¿quién va a defendernos? Porque no creo que algún chapulín colorado lo vaya a hacer, sino que posiblemente lo tendremos que hacer nosotros mismos, señalando nuestra vehemente inconformidad con tanto privilegio otorgado por las convenciones colectivas, para grupos que usufructúan de tales prebendas pagadas por nuestros bolsillos.
La situación es muy clara. Las convenciones colectivas van mucha más allá de los beneficios otorgados por el Código de Trabajo y, si bien puede ser que éste se haya quedado rezagado ante la realidad laboral del país, ciertamente hay una excesiva cantidad de privilegios que en mucho se han dado por una extraña concupiscencia: a quienes en muchas ocasiones les ha tocado negociar dichas convenciones por parte del estado -esto es, supuestamente por nosotros, por nuestra parte, por quienes no formamos parte del sindicato involucrado- de hecho terminan beneficiándose plenamente con tales acuerdos laborales. Esto es, los privilegios también van a dar a los altos jerarcas de las instituciones de gobierno que los negociaron: el sistema está corrompido, pues sólo va en un camino único, cual es la aprobación de prebendas, que ciertamente son sufragadas por un tercero, como somos todos nosotros, los ciudadanos del país.
Publicado el 18 de marzo del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Se ha estado hablando y se tendrá que hablar en este año 2015 acerca de la situación de una serie de convenciones colectivas en las instituciones gubernamentales, pues en alguna de ellas es muy elevada la cantidad de beneficios que, como punto de comparación, brinda el Código de Trabajo. A este tema se refiere un artículo aparecido en La Nación del 14 de diciembre del 2014, con el titular “Convenciones abultan permisos y vacaciones en el sector público: Licencias negociadas superan las establecidas en el Código de Trabajo,” con base en un estudio realizado por ese medio y la firma de abogados Lex Labor.
Tal estudio efectúa “una comparación entre el Código de Trabajo y las convenciones colectivas de RECOPE, JAPDEVA y el Ministerio de Educación Pública (MEP)”.Este tema lo analizaré en dos partes complementarias, debido a que considero que, de hacerlo en un único el comentario, resultaría ser sumamente extenso.
Empiezo, eso sí, por señalar que considero que este comentario de La Nación en particular es muy incompleto, pues no sólo el mismo medio indica que se enviaron consultas al INS, Banco Nacional, Banco de Costa Rica y la Junta de Protección Social acerca de la cantidad de licencias que han concedido y de su costo, “pero al cierre de edición, sólo el Instituto respondió”. El INS indicó que “durante el 2013, la aseguradora aprobó 3.089 días con goce de salario, los cuales le costaron ₡91 millones. En el presente año (2014) se han permitido 2.330 días, los que equivalen a ₡103 millones. De esos permisos, el 42% fueron dados a la Unión de Empleados del INS para actividades del sindicato.” Esperemos que en un comentario futuro de ese medio se incorporen las respuestas de aquellas otras entidades que no respondieron. Eso sí, que ojalá también se obtenga la información relevante para otras entidades gubernamentales, como son, por ejemplo, RECOPE. JAPDEVA, Banco Nacional, Municipalidad de San José, Ministerio de Educación, entre otras, a fin de tener un mejor panorama acerca de las ausencias con goces de salarios y el monto que significaron para todas las entidades.
Asimismo, el comentario deja algo que desear, pues aunque se hace lo que el periódico califica como un“Menú de permisos con goce de salario en instituciones públicas”, y que lo presentaremos en una segunda parte, lo restringe únicamente a JAPDEVA, RECOPE, Banco Nacional, Banco de Costa Rica y la Municipalidad de San José, un número diferente de las entidades que se analizaron en el estudio de Lex Labor, así como de todas las entidades estatales que el periódico dijo haber consultado acerca de los permisos con goce de sueldo y su impacto financiero (INS, RECOPE,JAPDEVA, MEP, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Junta de Protección Social y, agrego yo, la Municipalidad de San José).
Quiero señalar la ambivalente reacción de ciertos líderes sindicales ante la posibilidad de que esos “beneficios” sean revisados. Recuerden que no hay nada ilegal en que tales concesiones y convenciones sean objeto de revisión, cuando así lo solicita alguna de las partes involucradas. Mientras Albino Vargas señaló, por una parte, que “si la entidad patronal considera que eso debe cambiarse, se le plantea al sindicato para que lo considere”, pero, en una nueva sección de esa misma publicación periodística comentada, bajo el título “Sindicatos amenazan con retirarse a las calles para defender beneficios”, el mismo Albino Vargas dice que “La caldera está en ebullición… Nosotros consideramos que muchas de esas cosas (la revisión de convenciones colectivas) se van a tener que defender en las calles.” Por eso, desde ya mi clamor: Y a nosotros, ¿quién va a defendernos? Porque no creo que algún chapulín colorado lo vaya a hacer, sino que posiblemente lo tendremos que hacer nosotros mismos, señalando nuestra vehemente inconformidad con tanto privilegio otorgado por las convenciones colectivas, para grupos que usufructúan de tales prebendas pagadas por nuestros bolsillos.
La situación es muy clara. Las convenciones colectivas van mucha más allá de los beneficios otorgados por el Código de Trabajo y, si bien puede ser que éste se haya quedado rezagado ante la realidad laboral del país, ciertamente hay una excesiva cantidad de privilegios que en mucho se han dado por una extraña concupiscencia: a quienes en muchas ocasiones les ha tocado negociar dichas convenciones por parte del estado -esto es, supuestamente por nosotros, por nuestra parte, por quienes no formamos parte del sindicato involucrado- de hecho terminan beneficiándose plenamente con tales acuerdos laborales. Esto es, los privilegios también van a dar a los altos jerarcas de las instituciones de gobierno que los negociaron: el sistema está corrompido, pues sólo va en un camino único, cual es la aprobación de prebendas, que ciertamente son sufragadas por un tercero, como somos todos nosotros, los ciudadanos del país.
Publicado el 18 de marzo del 2015.