Jorge Corrales Quesada
18/05/2015, 20:40
EL ESTADO INEFICIENTE-CONAVI NO FISCALIZA LO QUE DEBE
Por Jorge Corrales Quesada
“Contratistas ejecutan proyectos viales sin supervisión del CONAVI: Academia de Centro América señala errores en planificación”. Tal es el título de un artículo que aparece en La Nación del 3 de diciembre. Hasta cuando uno hace su casa, pide que haya un inspector para determinar que el trabajo de los ingenieros es el adecuado, según las técnicas pre-establecidas o según lo defina el contrato entre las partes. De otra manera, queda uno sujeto a lo que un ingeniero constructor o un maestro de obras le puedan haber hecho, ya sea bien o mal. Por eso, es increíble lo que expone un estudio presentado de la Academia de Centro América y que lleva por título “La Gestión de la Infraestructura Pública en Costa Rica: El caso de la red vial nacional (2014)” y el cual fue realizado por el economista Carlos Umaña.
El periódico informa de que “Costa Rica carece de una estrategia de seguimiento y evaluación de las empresas que ejecutan las obras viales. La falta de supervisión genera fallas en las carreteras construidas y el atraso lo pagan los bolsillos de la ciudadanía”. Más claras no pueden estar las cosas: El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) no ejerce toda la fiscalización que debe realizar en nuestras carreteras. Señala Umaña que “el ente público responsable no siempre pide la debida rendición de cuentas a las empresas constructoras. Por ejemplo, los atrasos incurridos en las obras.” Esto le debe parecer al amigo lector como algo esencial que se debe de hacer, a no ser que yo no estoy en mis cabales como para no darme cuenta de ello. Entonces, ¿quién se encarga de fiscalizar el trabajo que ha realizado el constructor de la obra que se contrató? ¿Será que, como no es dinero propio de los jerarcas que debían de realizar la fiscalización, poco les importa lo que los constructores hagan, pues eso lo termina pagando el ciudadano anónimo con sus impuestos?
Por ello, no resulta sorprendente que el citado informe señale que “el 65% de las carreteras están clasificadas como deficientes o muy deficientes, de acuerdo con los estándares internacionales.” En vez de escribir la palabrota que merece esta conducta descuidada, irresponsable y posiblemente evidencia de un grave incumplimiento de deberes y funciones de empleados institucionales, presuntamente encargados de tal inspección, prefiero decir tan sólo GOOOOL, sólo que es un golazo multimillonario que probablemente se le ha metido al estado y, por ende, a los ciudadanos. Dicha omisión no es gratuita y, más bien, significa un elevado costo adicional para el erario.
Para quienes consideran que la solución posiblemente esté en una anunciada fusión de organismos burocráticos estatales, hoy encargados de hacer esas tareas de inspección, pues no se ilusionen con la promesa. Tal como señala el analista Umaña, “La creación de un nuevo instituto (llamado Instituto Nacional de Infraestructura que surgiría de la fusión del Consejo Nacional de Vialidad y el Consejo Nacional de Concesiones) no vendrá a solucionar los problemas actuales. Sin una adecuada planificación en las unidades ejecutoras, es complejo hacer el cambio. Se necesita personal capacitado en administración de proyectos.” Y, agregaría yo, sentido común de parte de los gobernantes, para que tengan conciencia de la necesidad de inspeccionar las obras viales, cuyo descuido nos cuesta tanto hoy a la ciudadanía. (¡Elemental, Watson!).
Publicado el 07 de marzo del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
“Contratistas ejecutan proyectos viales sin supervisión del CONAVI: Academia de Centro América señala errores en planificación”. Tal es el título de un artículo que aparece en La Nación del 3 de diciembre. Hasta cuando uno hace su casa, pide que haya un inspector para determinar que el trabajo de los ingenieros es el adecuado, según las técnicas pre-establecidas o según lo defina el contrato entre las partes. De otra manera, queda uno sujeto a lo que un ingeniero constructor o un maestro de obras le puedan haber hecho, ya sea bien o mal. Por eso, es increíble lo que expone un estudio presentado de la Academia de Centro América y que lleva por título “La Gestión de la Infraestructura Pública en Costa Rica: El caso de la red vial nacional (2014)” y el cual fue realizado por el economista Carlos Umaña.
El periódico informa de que “Costa Rica carece de una estrategia de seguimiento y evaluación de las empresas que ejecutan las obras viales. La falta de supervisión genera fallas en las carreteras construidas y el atraso lo pagan los bolsillos de la ciudadanía”. Más claras no pueden estar las cosas: El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) no ejerce toda la fiscalización que debe realizar en nuestras carreteras. Señala Umaña que “el ente público responsable no siempre pide la debida rendición de cuentas a las empresas constructoras. Por ejemplo, los atrasos incurridos en las obras.” Esto le debe parecer al amigo lector como algo esencial que se debe de hacer, a no ser que yo no estoy en mis cabales como para no darme cuenta de ello. Entonces, ¿quién se encarga de fiscalizar el trabajo que ha realizado el constructor de la obra que se contrató? ¿Será que, como no es dinero propio de los jerarcas que debían de realizar la fiscalización, poco les importa lo que los constructores hagan, pues eso lo termina pagando el ciudadano anónimo con sus impuestos?
Por ello, no resulta sorprendente que el citado informe señale que “el 65% de las carreteras están clasificadas como deficientes o muy deficientes, de acuerdo con los estándares internacionales.” En vez de escribir la palabrota que merece esta conducta descuidada, irresponsable y posiblemente evidencia de un grave incumplimiento de deberes y funciones de empleados institucionales, presuntamente encargados de tal inspección, prefiero decir tan sólo GOOOOL, sólo que es un golazo multimillonario que probablemente se le ha metido al estado y, por ende, a los ciudadanos. Dicha omisión no es gratuita y, más bien, significa un elevado costo adicional para el erario.
Para quienes consideran que la solución posiblemente esté en una anunciada fusión de organismos burocráticos estatales, hoy encargados de hacer esas tareas de inspección, pues no se ilusionen con la promesa. Tal como señala el analista Umaña, “La creación de un nuevo instituto (llamado Instituto Nacional de Infraestructura que surgiría de la fusión del Consejo Nacional de Vialidad y el Consejo Nacional de Concesiones) no vendrá a solucionar los problemas actuales. Sin una adecuada planificación en las unidades ejecutoras, es complejo hacer el cambio. Se necesita personal capacitado en administración de proyectos.” Y, agregaría yo, sentido común de parte de los gobernantes, para que tengan conciencia de la necesidad de inspeccionar las obras viales, cuyo descuido nos cuesta tanto hoy a la ciudadanía. (¡Elemental, Watson!).
Publicado el 07 de marzo del 2015.