Jorge Corrales Quesada
18/05/2015, 20:36
EL ESTADO INEFICIENTE-AYUDA A LOS POBRES
Por Jorge Corrales Quesada
Los costarricenses gastamos una parte significativa de nuestros ingresos en ayudar a gente pobre. Por supuesto que muchos pensarán que no es suficiente y posiblemente nunca una transferencia entre unos ciudadanos hacia otros, será capaz de eliminar la pobreza. Ese proceso de reducción gradual de la pobreza viene desde que el primer ser humano decidió intercambiar productos con otros, de manera que así pudo obtener más bienes y servicios de los que podría haber logrado tan sólo por sí mismo. Esto es, gracias al intercambio disminuyó su pobreza al poder satisfacer más deseos o necesidades que con anterioridad.
Aparte de la ayuda personal, privada, que practican los costarricenses, se han creado instituciones gubernamentales específicas con el objetivo de ayudar a personas y familias de bajos ingresos, obviamente con el financiamiento obtenido por medio de impuestos y, en algunos casos, de tasas con que se gravan ciertas actividades. No hay duda, por tanto, que hay un interés directo del ciudadano para que sus contribuciones, indirectamente dirigidas mediante la acción del estado a aliviar la pobreza, produzcan tales resultados de manera eficiente.
Uno de los problemas que suelen acarrear programas estatales destinados a mitigar la pobreza, es la dificultad de efectivamente favorecer a quienes la deben recibir por su condición de pobreza, evitando que se infiltren dentro del programa de ayudas, a personas que no lo necesitan por generar ingresos que exceden de un mínimo deseable. Esto es, gente que accede a programas para pobres sin serlo. A esos se les ha llamado “colados”, por ello el nombre apropiado de un comentario en La Nación del 3 de diciembre titulado “’Colados’ acaparan el 24% de las ayudas para pobres”.
De acuerdo con un informe del Estado de la Nación, aquel 24% de gente que recibe ayude que no necesitan por tener ingresos superiores, se apropia de ₡147.000 millones de colones que, obviamente, ya no se puede destinar a pobres que de verdad pueden necesitar esa ayuda que la sociedad les brinda. No hay duda que es una suma significativamente elevada, en especial cuando el nivel de pobreza del país, que se venía reduciendo, se ha estancado en alrededor de un 20.7% de los hogares del país. Eso en gran parte se ha debido a la falta de crecimiento en el empleo, en el marco de una economía que no crece lo suficiente, en mucho por la incertidumbre de las políticas económicas de los últimos tiempos, pero ese es otro tema.
En el periódico se indica que “El análisis toma en cuenta siete programas de asistencia social: Cen-Cinai, Comedores Escolares, Avancemos, Pensiones no Contributivas, Promoción y Bienestar Familiar, Asegurados por cuenta del Estado y Bono Familiar de Vivienda” lo cual de entrada lo pone a uno a pensar si no estamos en presencia de una muy elevada y dispersa creación de programas e instituciones gubernamentales, pero tan sólo esas siete sirvieron de base para el estudio (probablemente las más importantes), pero es bien conocido que existen muchos otros entes que, de una manera u otra, dirigen sus recursos a resolver o aliviar la pobreza existente en ese 20% de los hogares costarricenses. Por tal razón, creo que la política estatal contra la pobreza lo primero que debe hacer es evaluar si es necesario que haya tantas instituciones y de la índole más diversa. Podría bien ser que una fusión de entidades y su redimensionamiento sea el primer paso adecuado para lograr una mayor eficiencia; esto es, que llegue el máximo posible de ayuda a los hogares pobres, pero a un costo menor. Me imagino tan sólo el ahorro administrativo que se podría lograr con aquella sugerencia…
Pero también llama la atención la cantidad de “vivazos” que reciben recursos públicos destinados a mitigar la pobreza, cuando en realidad no son pobres. El informe que se comenta señala que en el caso del “bono de la vivienda presenta filtraciones de hasta un 37%”; esto es, que casi cuatro de cada diez que reciben dicho bono, en realidad se han filtrado en el programa. Eso lo podemos llamar, sin sentirnos incómodos por ello, “un verdadero atraco a la ciudadanía”. Pero, también está el caso de los “Comedores Escolares con un 31.7%” de vivillos o vivazos, porque no sé si son niños o adultos, los que teniendo recursos suficiente en sus hogares para alimentarse, acuden a recibir la ayuda alimentaria que brindan esos comedores en las escuelas. Por eso, además de lo señalad sobre los comedores escolares, indica que los “colados” en el programa Avancemos -uno de los programas estrella, según la burocracia del Ministerio de Educación Pública- es de un “22.2%”. Hay una enorme luz de alarma acerca de si la ayuda a los pobres en el marco educativo del país se convertido en una vertiente de ingresos totalmente indebida, para grupos de ingresos superiores a los de la pobreza. En sencillo, debe valorarse de inmediato si los programas de ayuda educacional -Comedores Escolares y Avancemos- no se han convertido en un campo fértil para una serie de vividores.
Las explicaciones oficiales acerca de tan alto abuso en los programas estatales contra la pobreza sobran, porque, aparte de la naturaleza humana, que buscará obtener ingresos si los están regalando (aunque sean en especie), además de que pueden constituirse en incentivos para no buscar cómo generar con el esfuerzo propio los ingresos necesarios y no depender del estado, existe una ignorancia enorme a lo interno de las entidades acerca de quiénes son sus clientes o usuarios o beneficiarios. Así lo reconoce el ministro de Desarrollo Humano, Carlos Alvarado, quien señala que “Hay debilidad (eufemismo para decir que no se tiene lo requerido) en los sistemas de información y de registro de beneficiarios… hay desarticulación entre las instituciones públicas, no todas utilizan las mismas fórmulas para medir la pobreza y… no ha habido interés en dirigir los fondos a quienes más lo necesitan. Incluso, podríamos hablar de clientelismo u otro tipo de problemas”.
Tales declaraciones nos dicen mucho. Una de ellas, que hay clientelismo; es decir, que se ha montado un negocio acerca de la pobreza, en donde lo importante es recibir platas públicas aunque no necesariamente sea para favorecer a los más pobres. Pero también que, antes de que se inventen nuevos programas o instituciones para ayudar a los pobres (al estilo de Johnny Araya y su regaladera de almuerzos), es necesario poner orden en cosas elementales, como tener un mismo criterio de pobreza entre las varias instituciones, poder ver si no hay ayudas duplicadas y lo cual hoy se desconoce, además de que efectivamente “tengan interés” –en palabras del ministro- de ayudar a los pobres y no convertir a la entidad en un campo abierto para, quien por allí llegue, pueda pastar (y ya sabemos que muchos de esos son “partidarios políticos”).
El factor más importante es que en el estado se entienda bien que no van a resolver la pobreza, maquillándola con ayudas como las que se han mencionado, pues eso no sólo podría crear un grupo de gente que se haga dependiente de tal ayuda, sin tener incentivos para buscar mejorar su situación por sí mismos, sin acudir al estado. Esa dependencia puede ser muy onerosa para toda la colectividad, pues haría que los niveles de producción -que es lo que esencialmente permite reducir la pobreza al tenerse más bienes y servicios- sean menores de los que habría en una economía dedicada a producir al máximo. Por supuesto, esto nos lleva de nuevo a la importancia de que el estado, en vez de tratar de mitigar la miseria, como sucede con estos programas sociales, busque políticas económicas y sociales destinadas a aumentar la producción en el país, lo cual haría que se genere mayor empleo y que con ello se logren ingresos familiares más elevados.
Publicado el 27 de febrero del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Los costarricenses gastamos una parte significativa de nuestros ingresos en ayudar a gente pobre. Por supuesto que muchos pensarán que no es suficiente y posiblemente nunca una transferencia entre unos ciudadanos hacia otros, será capaz de eliminar la pobreza. Ese proceso de reducción gradual de la pobreza viene desde que el primer ser humano decidió intercambiar productos con otros, de manera que así pudo obtener más bienes y servicios de los que podría haber logrado tan sólo por sí mismo. Esto es, gracias al intercambio disminuyó su pobreza al poder satisfacer más deseos o necesidades que con anterioridad.
Aparte de la ayuda personal, privada, que practican los costarricenses, se han creado instituciones gubernamentales específicas con el objetivo de ayudar a personas y familias de bajos ingresos, obviamente con el financiamiento obtenido por medio de impuestos y, en algunos casos, de tasas con que se gravan ciertas actividades. No hay duda, por tanto, que hay un interés directo del ciudadano para que sus contribuciones, indirectamente dirigidas mediante la acción del estado a aliviar la pobreza, produzcan tales resultados de manera eficiente.
Uno de los problemas que suelen acarrear programas estatales destinados a mitigar la pobreza, es la dificultad de efectivamente favorecer a quienes la deben recibir por su condición de pobreza, evitando que se infiltren dentro del programa de ayudas, a personas que no lo necesitan por generar ingresos que exceden de un mínimo deseable. Esto es, gente que accede a programas para pobres sin serlo. A esos se les ha llamado “colados”, por ello el nombre apropiado de un comentario en La Nación del 3 de diciembre titulado “’Colados’ acaparan el 24% de las ayudas para pobres”.
De acuerdo con un informe del Estado de la Nación, aquel 24% de gente que recibe ayude que no necesitan por tener ingresos superiores, se apropia de ₡147.000 millones de colones que, obviamente, ya no se puede destinar a pobres que de verdad pueden necesitar esa ayuda que la sociedad les brinda. No hay duda que es una suma significativamente elevada, en especial cuando el nivel de pobreza del país, que se venía reduciendo, se ha estancado en alrededor de un 20.7% de los hogares del país. Eso en gran parte se ha debido a la falta de crecimiento en el empleo, en el marco de una economía que no crece lo suficiente, en mucho por la incertidumbre de las políticas económicas de los últimos tiempos, pero ese es otro tema.
En el periódico se indica que “El análisis toma en cuenta siete programas de asistencia social: Cen-Cinai, Comedores Escolares, Avancemos, Pensiones no Contributivas, Promoción y Bienestar Familiar, Asegurados por cuenta del Estado y Bono Familiar de Vivienda” lo cual de entrada lo pone a uno a pensar si no estamos en presencia de una muy elevada y dispersa creación de programas e instituciones gubernamentales, pero tan sólo esas siete sirvieron de base para el estudio (probablemente las más importantes), pero es bien conocido que existen muchos otros entes que, de una manera u otra, dirigen sus recursos a resolver o aliviar la pobreza existente en ese 20% de los hogares costarricenses. Por tal razón, creo que la política estatal contra la pobreza lo primero que debe hacer es evaluar si es necesario que haya tantas instituciones y de la índole más diversa. Podría bien ser que una fusión de entidades y su redimensionamiento sea el primer paso adecuado para lograr una mayor eficiencia; esto es, que llegue el máximo posible de ayuda a los hogares pobres, pero a un costo menor. Me imagino tan sólo el ahorro administrativo que se podría lograr con aquella sugerencia…
Pero también llama la atención la cantidad de “vivazos” que reciben recursos públicos destinados a mitigar la pobreza, cuando en realidad no son pobres. El informe que se comenta señala que en el caso del “bono de la vivienda presenta filtraciones de hasta un 37%”; esto es, que casi cuatro de cada diez que reciben dicho bono, en realidad se han filtrado en el programa. Eso lo podemos llamar, sin sentirnos incómodos por ello, “un verdadero atraco a la ciudadanía”. Pero, también está el caso de los “Comedores Escolares con un 31.7%” de vivillos o vivazos, porque no sé si son niños o adultos, los que teniendo recursos suficiente en sus hogares para alimentarse, acuden a recibir la ayuda alimentaria que brindan esos comedores en las escuelas. Por eso, además de lo señalad sobre los comedores escolares, indica que los “colados” en el programa Avancemos -uno de los programas estrella, según la burocracia del Ministerio de Educación Pública- es de un “22.2%”. Hay una enorme luz de alarma acerca de si la ayuda a los pobres en el marco educativo del país se convertido en una vertiente de ingresos totalmente indebida, para grupos de ingresos superiores a los de la pobreza. En sencillo, debe valorarse de inmediato si los programas de ayuda educacional -Comedores Escolares y Avancemos- no se han convertido en un campo fértil para una serie de vividores.
Las explicaciones oficiales acerca de tan alto abuso en los programas estatales contra la pobreza sobran, porque, aparte de la naturaleza humana, que buscará obtener ingresos si los están regalando (aunque sean en especie), además de que pueden constituirse en incentivos para no buscar cómo generar con el esfuerzo propio los ingresos necesarios y no depender del estado, existe una ignorancia enorme a lo interno de las entidades acerca de quiénes son sus clientes o usuarios o beneficiarios. Así lo reconoce el ministro de Desarrollo Humano, Carlos Alvarado, quien señala que “Hay debilidad (eufemismo para decir que no se tiene lo requerido) en los sistemas de información y de registro de beneficiarios… hay desarticulación entre las instituciones públicas, no todas utilizan las mismas fórmulas para medir la pobreza y… no ha habido interés en dirigir los fondos a quienes más lo necesitan. Incluso, podríamos hablar de clientelismo u otro tipo de problemas”.
Tales declaraciones nos dicen mucho. Una de ellas, que hay clientelismo; es decir, que se ha montado un negocio acerca de la pobreza, en donde lo importante es recibir platas públicas aunque no necesariamente sea para favorecer a los más pobres. Pero también que, antes de que se inventen nuevos programas o instituciones para ayudar a los pobres (al estilo de Johnny Araya y su regaladera de almuerzos), es necesario poner orden en cosas elementales, como tener un mismo criterio de pobreza entre las varias instituciones, poder ver si no hay ayudas duplicadas y lo cual hoy se desconoce, además de que efectivamente “tengan interés” –en palabras del ministro- de ayudar a los pobres y no convertir a la entidad en un campo abierto para, quien por allí llegue, pueda pastar (y ya sabemos que muchos de esos son “partidarios políticos”).
El factor más importante es que en el estado se entienda bien que no van a resolver la pobreza, maquillándola con ayudas como las que se han mencionado, pues eso no sólo podría crear un grupo de gente que se haga dependiente de tal ayuda, sin tener incentivos para buscar mejorar su situación por sí mismos, sin acudir al estado. Esa dependencia puede ser muy onerosa para toda la colectividad, pues haría que los niveles de producción -que es lo que esencialmente permite reducir la pobreza al tenerse más bienes y servicios- sean menores de los que habría en una economía dedicada a producir al máximo. Por supuesto, esto nos lleva de nuevo a la importancia de que el estado, en vez de tratar de mitigar la miseria, como sucede con estos programas sociales, busque políticas económicas y sociales destinadas a aumentar la producción en el país, lo cual haría que se genere mayor empleo y que con ello se logren ingresos familiares más elevados.
Publicado el 27 de febrero del 2015.