Jorge Corrales Quesada
18/05/2015, 20:27
EL ESTADO INEFICIENTE-UNA REGULACION DESBOCADA-EL COLEGIO DE INFORMÁTICOS
Por Jorge Corrales Quesada
Hay unas reformas en proceso en la Asamblea Legislativa que no son ni más ni menos que un monumento a la idiotez. Eso queda al desnudo en un excelente artículo de la ingeniera Gabriela Castro, en su artículo publicado en La Nación del 29 de noviembre, bajo el título “¿Colegiatura a desarrolladores de ‘software’? Un anacronismo.”
Resulta que, según señala la ingeniera Castro, hay reformas en proceso a la ley orgánica del Colegio de Profesionales en Información, que mandarán a la ilegalidad a quienes no estén afiliado a dicho colegio y que hoy ejercitan trabajos en el campo de la computación.
Ciertamente en los últimos años casi no queda quehacer del ser humano en nuestro país que no quiera ser restringido por los llamados colegios profesionales. Y es lo mismo de siempre: me acuerdo, por ejemplo, cuando hace ya varios años en Costa Rica se creó un Colegio de Periodistas, para hacer obligatoria la colegiación a quienes decidieran ejercer el periodismo. Por supuesto, como existían excelentes periodistas en aquella época -me acuerdo de don Rubén Hernández, don Pío Luis Acuña, don Danilo Arias Madrigal y de don Rodrigo Fournier, entre otros connotados costarricenses- quienes no habían cursado estudios formales de periodismo en universidad alguna, había que arreglar el problema cual era que, al crearse un Colegio de Periodistas que exigiera el título universitario, dejaría de lado a notables y capaces periodistas como los arriba citados (entre muchos otros). Lo que hicieron con magnanimidad estatista, fue declarar que, a partir del momento de la creación del Colegio, se aceptaría como colegiado tan sólo al egresado o licenciado en periodismo y que los anteriores podían ingresar al gremio colegiado, sin haber cumplido con el requisito de estudios universitarios. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y el Colegio de Periodistas empezó a operar.
Por eso no les debe extrañar que de pronto surja algo similar con el tal Colegio de Profesionales en Informática y Computación: dar chance que ingresen los que ya están haciendo esos trabajos y que el requisito sea aplicable tan sólo a los nuevos.
Por supuesto que esa solución para salir del apuro, aplicada tanto en el caso de los periodistas, como podría ser con este nuevo colegio profesional, no resuelve la enorme inconveniencia que para la sociedad tiene la creación de colegios profesionales, que lo que pretenden es lograr restringir las ofertas de servicios profesionales y, por tanto, poder cobrar más por ellos. Eso sucede con todos los colegios profesionales del país, por más que quieran adornar su existencia aduciendo que, con ellos, “se garantiza la calidad del profesional al ser respaldados por formación académica superior,” como lo indica la ingeniera Castro.
Por eso uno entiende cómo hoy para toda actividad profesional que existe se le busca crear un colegio profesional, cuyo objetivo es excluir a personas que bien pueden hacer un trabajo profesional de calidad parecida y hasta mejor y más económica, pero que no han cursado estudios universitarios. Incluso, cuando han seguido carreras en el exterior, se les imponen muchas trabas para el reconocimiento del título. La razón es sencilla: de lo que se trata es restringir la oferta en el mercado y con ello poder cobrarnos más a los usuarios.
En el caso concreto de informáticos y trabajadores de la computación, es un hecho patente lo que señala la ingeniera Castro: “Muchos profesionales en computación actualmente son autodidactas, personas que han aprendido con esfuerzo trabajando en el área, estudiantes que deben trabajar y estudiar para mantenerse, y, sobre todo, emprendedores cuyas ideas innovadoras se verán truncadas, si el proyecto de ley llega a ser aprobado.” En síntesis, no se reconoce el valor de los autodidactas, que tal vez sepan más que emperifollados con un título bajo el brazo, de muchos que por medio de un trabajo práctico en dichas áreas han llegado a dominar ampliamente los requisitos de esas labores, para ser eficientes y preparados trabajadores, que muchas veces han tenido que laborar para mantenerse a sí mismos y sus familias y, como lo destaca la ingeniera Castro, de emprendedores que innovan en ese sector hoy día con enorme éxito. La tontería de exigir la colegiatura podría impedir que un Bill Gates o un Mark Zuckerberg -y podría seguir mencionado una enorme cantidad de exitosos innovadores y empresarios que nunca han sido miembros de colegios profesionales y ni siquiera graduados universitarios- no pueda ejercer su profesión en Costa Rica por no ser miembros de un colegio profesional determinado (Sócrates no podría darnos una clase de filosofía, ni tampoco Einstein: ninguno pertenecía a colegio profesional alguno).
Entendámonos: no estoy en contra de que la gente estudie; todo lo contrario. Quien estudia suele obtener mayores ingresos en comparación a quien no lo hace. De lo que estoy en contra es de la obligación de colegiarse para poder ejercer.
La ingeniera Castro señala, además, algo muy importante: “La ejecución de esta reforma le cierra la puerta a incontables ideas y la creación de nuevas oportunidades al país”, pues, al obligarse la colegiación, se impide que las personas desarrollen abiertamente su potencial, teniéndolo que hacerlo subterráneamente, como si fueran delincuentes, lo cual podría hacer que mucha gente productiva que labora en esas actividades sujetas a la colegiatura, se tenga que dedicar a hacer cosas que no impongan tales requisitos y en las cuales ya no son tan eficientes. Esto es, hay una pérdida en el valor total de la producción del país.
Lo anterior lo expone mejor la ingeniera Castro, cuando escribe que “La aprobación de esta ley desencadenará un repunte en el desempleo, ya que los profesionales que no podamos colegiarnos esteremos inhabilitados para acceder al mercado laboral.” Pero hay más, ella, con enorme experiencia en el sector, nos advierte que “La calidad de software y servicios relacionados, y la tecnología que se exporta desde Costa Rica, nunca ha dependido de procesos de calidad de ningún colegio profesional.” Lapidaria la aseveración. Costa Rica, que ha sido una nación muy exitosa en la producción de software y de servicios relacionados con la computación, no ha requerido que los desarrolladores, los innovadores, los empresarios, los trabajadores, los asesores, los ejecutores de esas áreas, hayan tenido que ser necesariamente profesionales obligadamente incorporados a colegio profesional alguno. Por el contrario, de aprobarse esa ley, aumentarán los costos para quienes producen software y servicios conexos, elevará el precio de la mano de obra especializada, disminuirá los empleos generados, y hará menos competitivas a actividades de computación e informática en las cuales hoy día somos muy exitosos.
La ingeniera Castro termina su comentario como la haría cualquier persona con algún grado de experiencia y de sentido común, cuando asevera lo siguiente: “No existe evidencia alguna, ni datos concretos de cómo y por qué esta ley va a beneficiar al país en términos de inversión extranjera, empleo o calidad de los productos”. Lo que dice con suma inteligencia, deseo que permee entre los diputados de la Asamblea Legislativa, que debo pensar no quieren impulsar un estado ineficiente, al regular cosas que más bien ocasionarán un enorme daño, no sólo a personas y familias, sino a la economía como un todo. No podemos seguir haciendo cada tontera que el sol se para a verla. No podemos ceder ante una legislación que lo único que va a causarnos a los ciudadanos es un encarecimiento del costo de hacer las cosas, una disminución de la competencia, un aumento del desempleo, una rebaja de los ingresos de las familias, un freno a las posibilidades de innovar y progresar, un decaimiento en nuestras exportaciones, al perder la competitividad internacional, y negar posibilidades para que nuestros ciudadanos puedan progresar en sus vidas.
Publicado el 25 de febrero del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Hay unas reformas en proceso en la Asamblea Legislativa que no son ni más ni menos que un monumento a la idiotez. Eso queda al desnudo en un excelente artículo de la ingeniera Gabriela Castro, en su artículo publicado en La Nación del 29 de noviembre, bajo el título “¿Colegiatura a desarrolladores de ‘software’? Un anacronismo.”
Resulta que, según señala la ingeniera Castro, hay reformas en proceso a la ley orgánica del Colegio de Profesionales en Información, que mandarán a la ilegalidad a quienes no estén afiliado a dicho colegio y que hoy ejercitan trabajos en el campo de la computación.
Ciertamente en los últimos años casi no queda quehacer del ser humano en nuestro país que no quiera ser restringido por los llamados colegios profesionales. Y es lo mismo de siempre: me acuerdo, por ejemplo, cuando hace ya varios años en Costa Rica se creó un Colegio de Periodistas, para hacer obligatoria la colegiación a quienes decidieran ejercer el periodismo. Por supuesto, como existían excelentes periodistas en aquella época -me acuerdo de don Rubén Hernández, don Pío Luis Acuña, don Danilo Arias Madrigal y de don Rodrigo Fournier, entre otros connotados costarricenses- quienes no habían cursado estudios formales de periodismo en universidad alguna, había que arreglar el problema cual era que, al crearse un Colegio de Periodistas que exigiera el título universitario, dejaría de lado a notables y capaces periodistas como los arriba citados (entre muchos otros). Lo que hicieron con magnanimidad estatista, fue declarar que, a partir del momento de la creación del Colegio, se aceptaría como colegiado tan sólo al egresado o licenciado en periodismo y que los anteriores podían ingresar al gremio colegiado, sin haber cumplido con el requisito de estudios universitarios. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y el Colegio de Periodistas empezó a operar.
Por eso no les debe extrañar que de pronto surja algo similar con el tal Colegio de Profesionales en Informática y Computación: dar chance que ingresen los que ya están haciendo esos trabajos y que el requisito sea aplicable tan sólo a los nuevos.
Por supuesto que esa solución para salir del apuro, aplicada tanto en el caso de los periodistas, como podría ser con este nuevo colegio profesional, no resuelve la enorme inconveniencia que para la sociedad tiene la creación de colegios profesionales, que lo que pretenden es lograr restringir las ofertas de servicios profesionales y, por tanto, poder cobrar más por ellos. Eso sucede con todos los colegios profesionales del país, por más que quieran adornar su existencia aduciendo que, con ellos, “se garantiza la calidad del profesional al ser respaldados por formación académica superior,” como lo indica la ingeniera Castro.
Por eso uno entiende cómo hoy para toda actividad profesional que existe se le busca crear un colegio profesional, cuyo objetivo es excluir a personas que bien pueden hacer un trabajo profesional de calidad parecida y hasta mejor y más económica, pero que no han cursado estudios universitarios. Incluso, cuando han seguido carreras en el exterior, se les imponen muchas trabas para el reconocimiento del título. La razón es sencilla: de lo que se trata es restringir la oferta en el mercado y con ello poder cobrarnos más a los usuarios.
En el caso concreto de informáticos y trabajadores de la computación, es un hecho patente lo que señala la ingeniera Castro: “Muchos profesionales en computación actualmente son autodidactas, personas que han aprendido con esfuerzo trabajando en el área, estudiantes que deben trabajar y estudiar para mantenerse, y, sobre todo, emprendedores cuyas ideas innovadoras se verán truncadas, si el proyecto de ley llega a ser aprobado.” En síntesis, no se reconoce el valor de los autodidactas, que tal vez sepan más que emperifollados con un título bajo el brazo, de muchos que por medio de un trabajo práctico en dichas áreas han llegado a dominar ampliamente los requisitos de esas labores, para ser eficientes y preparados trabajadores, que muchas veces han tenido que laborar para mantenerse a sí mismos y sus familias y, como lo destaca la ingeniera Castro, de emprendedores que innovan en ese sector hoy día con enorme éxito. La tontería de exigir la colegiatura podría impedir que un Bill Gates o un Mark Zuckerberg -y podría seguir mencionado una enorme cantidad de exitosos innovadores y empresarios que nunca han sido miembros de colegios profesionales y ni siquiera graduados universitarios- no pueda ejercer su profesión en Costa Rica por no ser miembros de un colegio profesional determinado (Sócrates no podría darnos una clase de filosofía, ni tampoco Einstein: ninguno pertenecía a colegio profesional alguno).
Entendámonos: no estoy en contra de que la gente estudie; todo lo contrario. Quien estudia suele obtener mayores ingresos en comparación a quien no lo hace. De lo que estoy en contra es de la obligación de colegiarse para poder ejercer.
La ingeniera Castro señala, además, algo muy importante: “La ejecución de esta reforma le cierra la puerta a incontables ideas y la creación de nuevas oportunidades al país”, pues, al obligarse la colegiación, se impide que las personas desarrollen abiertamente su potencial, teniéndolo que hacerlo subterráneamente, como si fueran delincuentes, lo cual podría hacer que mucha gente productiva que labora en esas actividades sujetas a la colegiatura, se tenga que dedicar a hacer cosas que no impongan tales requisitos y en las cuales ya no son tan eficientes. Esto es, hay una pérdida en el valor total de la producción del país.
Lo anterior lo expone mejor la ingeniera Castro, cuando escribe que “La aprobación de esta ley desencadenará un repunte en el desempleo, ya que los profesionales que no podamos colegiarnos esteremos inhabilitados para acceder al mercado laboral.” Pero hay más, ella, con enorme experiencia en el sector, nos advierte que “La calidad de software y servicios relacionados, y la tecnología que se exporta desde Costa Rica, nunca ha dependido de procesos de calidad de ningún colegio profesional.” Lapidaria la aseveración. Costa Rica, que ha sido una nación muy exitosa en la producción de software y de servicios relacionados con la computación, no ha requerido que los desarrolladores, los innovadores, los empresarios, los trabajadores, los asesores, los ejecutores de esas áreas, hayan tenido que ser necesariamente profesionales obligadamente incorporados a colegio profesional alguno. Por el contrario, de aprobarse esa ley, aumentarán los costos para quienes producen software y servicios conexos, elevará el precio de la mano de obra especializada, disminuirá los empleos generados, y hará menos competitivas a actividades de computación e informática en las cuales hoy día somos muy exitosos.
La ingeniera Castro termina su comentario como la haría cualquier persona con algún grado de experiencia y de sentido común, cuando asevera lo siguiente: “No existe evidencia alguna, ni datos concretos de cómo y por qué esta ley va a beneficiar al país en términos de inversión extranjera, empleo o calidad de los productos”. Lo que dice con suma inteligencia, deseo que permee entre los diputados de la Asamblea Legislativa, que debo pensar no quieren impulsar un estado ineficiente, al regular cosas que más bien ocasionarán un enorme daño, no sólo a personas y familias, sino a la economía como un todo. No podemos seguir haciendo cada tontera que el sol se para a verla. No podemos ceder ante una legislación que lo único que va a causarnos a los ciudadanos es un encarecimiento del costo de hacer las cosas, una disminución de la competencia, un aumento del desempleo, una rebaja de los ingresos de las familias, un freno a las posibilidades de innovar y progresar, un decaimiento en nuestras exportaciones, al perder la competitividad internacional, y negar posibilidades para que nuestros ciudadanos puedan progresar en sus vidas.
Publicado el 25 de febrero del 2015.