Jorge Corrales Quesada
18/05/2015, 14:02
EL ESTADO INEFICIENTE-INEPTITUD LABORAL EN EL ESTADO
Por Jorge Corrales Quesada
Una de las prácticas conducentes a la eficiencia en la empresa privada, en contraste con el estado, es que, si se puede lograr alguna economía en su accionar, lo hace lo más pronto posible para lograr el resultado deseado. Al menos en cuanto al empleo, que es lo que comentaré hoy, si en una empresa privada el empleado no genera los suficientes ingresos a la firma como para pagar su salario (esto es, que el valor de producción que agrega el trabajador sea menor que el costo de ese trabajo), o se le despide o bien se le reasigna a alguna otra función en donde satisfaga el criterio de eficiencia antes descrito. ¿Cuál es el costo que tiene para la empresa en caso de no hacerlo? Pues que tiene menores utilidades, porque el costo es mayor que el que podría obtener si se le despidiera o se le reasignara a una posición en que generara un rendimiento mayor. Pero, también, si no se logra la plena eficiencia, puede ser que un rival, en un régimen de competencia, lo elimine o lo arrincone a una posición financiera indeseable. Por supuesto que eso no va a suceder si se trata de un solo empleado: lo que he expuesto es el mecanismo de logro de la eficiencia, que es propio de una empresa privada en competencia.
Esa búsqueda de eficiencia es deseable en una sociedad, porque permite obtener más bienes y servicios con el menor costo posible. Ese mecanismo conducente a producir más y mejor no suele existir en el estado, simplemente porque los criterios de eficiencia (si es que existen) son distintos de los que suelen existir para la empresa privada. Uno de ellos, no hay duda, es el que empleo público sirva para colocar amigos o partidarios.
Por eso es muy interesante el artículo de La Nación del 25 de noviembre, el cual lleva por título “Despedir a un mal empleado público tarda hasta dos años más: Diversidad de regímenes de apelaciones y temores de jerarcas alargan el proceso”. Nótese, de entrada, que la expresión “mal empleado” va incluso mucho más allá de la idea expuesta del criterio de eficiencia en la empresa privada. Esto es, que puede tratarse de un “buen empleado” que simplemente no produce lo suficiente. Por ello, me da la impresión de que el concepto de “mal empleado” referido en el título del artículo de referencia, va mucho más allá y puede describir incluso a un empleado que más bien agrega un valor negativo a la producción, como cuando hay un ratero, alguien que daña el producto terminado o la maquinaria, o que afecta el bienestar laboral de compañeros de trabajo, reduciendo el producto total por sus acciones (no que, en contrario, produzca algo positivo).
En una empresa privada no tiene sentido tener un “mal empleado” en la forma en que lo comenta el periódico: simplemente porque “destruye” producción, lo cual es aún más gravoso que tener un empleado que, si bien agrega algo a la producción, no lo hace en un valor suficiente tal que compense lo que se le paga de salario. Por ello, el tema de la dificultad de despedir un empleado en el sector público cobra mayor relevancia desde el punto de vista de la eficiencia, en comparación con el que se presenta en una empresa privada.
Prueba de esta diferencia en cuanto a los parámetros para despedir un empleado, se brinda en el artículo aquí comentado: “Según el Tribunal de Servicio Civil, a setiembre (del 2014) se han declarado con lugar 79 de 98 gestiones de despido sin responsabilidad patronal en ese régimen” el régimen de empleo tal vez más importante del gobierno. Y continúa: “Las causas principales son faltas disciplinarias como calumnias en el trabajo, agresión contra compañeros o contra el jerarca, poner en riesgo la seguridad de la institución o dejar de asistir al trabajo sin permiso.” Observen, por tanto, que no son despidos de un trabajador porque logra una producción de menor valor que el que cuesta su salario. Esto es, casi que se trata de trabajadores que con sus acciones “destruyen valor” y no que el valor de su producción sea insuficiente, dado su costo.
Asimismo, el artículo de marras hace énfasis en el tiempo que usualmente toma despedir uno de esos empleados que “destruyen valor”. Indica el periódico que “La existencia de diferentes regímenes, la protección sindical, la amplia posibilidad de presentar objeciones e incluso el temor de los jerarcas son algunas de las posibles razones de la prolongación de esos procesos”. La experiencia señala que despedir a un empleado del Ministerio de Educación (tiene 75.000 empleados) toma hasta dos años, mientras que en una empresa privada, si se detecta un caso de destrucción de valor, el despido es inmediato y pagándose todos los derechos de ley al trabajador despedido. En general, cesar a un empleado adscrito el régimen del Servicio Civil (hay 116.000 empleados) toma un promedio de 6 meses.
En el sector gubernamental no parecen existir empleados que sean ineficientes y que, por tanto, deban ser despedidos para contratar otros que sean más productivos; esto es, que agreguen un valor mayor o igual al costo del salario. Eso significa un costo enorme para toda la sociedad, pues se usan ineficientemente los recursos escasos, que se podrían usar de mejor manera permitiendo el logro de una mayor producción a un mismo costo. Pero, incluso en casos en que el tema no es ya de baja productividad, sino más bien de “destrucción de valor”, aun así, su despido toma mucho tiempo -y, por tanto, un costo mayor para los costarricenses- gracias al engorroso proceder dentro del gobierno.
Por ello, no sólo es crucial instaurar sistemas de evaluación que permitan valorar la productividad de los trabajadores en el sector gubernamental, sino también que se acelere el despido de aquellos trabajadores que, más bien, en vez de producir, destruyen valor. Eso sólo sucede en un estado ineficiente, lo cual tenemos que pagar, de una u otra manera, todos los ciudadanos.
Publicado el 06 de febrero del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
Una de las prácticas conducentes a la eficiencia en la empresa privada, en contraste con el estado, es que, si se puede lograr alguna economía en su accionar, lo hace lo más pronto posible para lograr el resultado deseado. Al menos en cuanto al empleo, que es lo que comentaré hoy, si en una empresa privada el empleado no genera los suficientes ingresos a la firma como para pagar su salario (esto es, que el valor de producción que agrega el trabajador sea menor que el costo de ese trabajo), o se le despide o bien se le reasigna a alguna otra función en donde satisfaga el criterio de eficiencia antes descrito. ¿Cuál es el costo que tiene para la empresa en caso de no hacerlo? Pues que tiene menores utilidades, porque el costo es mayor que el que podría obtener si se le despidiera o se le reasignara a una posición en que generara un rendimiento mayor. Pero, también, si no se logra la plena eficiencia, puede ser que un rival, en un régimen de competencia, lo elimine o lo arrincone a una posición financiera indeseable. Por supuesto que eso no va a suceder si se trata de un solo empleado: lo que he expuesto es el mecanismo de logro de la eficiencia, que es propio de una empresa privada en competencia.
Esa búsqueda de eficiencia es deseable en una sociedad, porque permite obtener más bienes y servicios con el menor costo posible. Ese mecanismo conducente a producir más y mejor no suele existir en el estado, simplemente porque los criterios de eficiencia (si es que existen) son distintos de los que suelen existir para la empresa privada. Uno de ellos, no hay duda, es el que empleo público sirva para colocar amigos o partidarios.
Por eso es muy interesante el artículo de La Nación del 25 de noviembre, el cual lleva por título “Despedir a un mal empleado público tarda hasta dos años más: Diversidad de regímenes de apelaciones y temores de jerarcas alargan el proceso”. Nótese, de entrada, que la expresión “mal empleado” va incluso mucho más allá de la idea expuesta del criterio de eficiencia en la empresa privada. Esto es, que puede tratarse de un “buen empleado” que simplemente no produce lo suficiente. Por ello, me da la impresión de que el concepto de “mal empleado” referido en el título del artículo de referencia, va mucho más allá y puede describir incluso a un empleado que más bien agrega un valor negativo a la producción, como cuando hay un ratero, alguien que daña el producto terminado o la maquinaria, o que afecta el bienestar laboral de compañeros de trabajo, reduciendo el producto total por sus acciones (no que, en contrario, produzca algo positivo).
En una empresa privada no tiene sentido tener un “mal empleado” en la forma en que lo comenta el periódico: simplemente porque “destruye” producción, lo cual es aún más gravoso que tener un empleado que, si bien agrega algo a la producción, no lo hace en un valor suficiente tal que compense lo que se le paga de salario. Por ello, el tema de la dificultad de despedir un empleado en el sector público cobra mayor relevancia desde el punto de vista de la eficiencia, en comparación con el que se presenta en una empresa privada.
Prueba de esta diferencia en cuanto a los parámetros para despedir un empleado, se brinda en el artículo aquí comentado: “Según el Tribunal de Servicio Civil, a setiembre (del 2014) se han declarado con lugar 79 de 98 gestiones de despido sin responsabilidad patronal en ese régimen” el régimen de empleo tal vez más importante del gobierno. Y continúa: “Las causas principales son faltas disciplinarias como calumnias en el trabajo, agresión contra compañeros o contra el jerarca, poner en riesgo la seguridad de la institución o dejar de asistir al trabajo sin permiso.” Observen, por tanto, que no son despidos de un trabajador porque logra una producción de menor valor que el que cuesta su salario. Esto es, casi que se trata de trabajadores que con sus acciones “destruyen valor” y no que el valor de su producción sea insuficiente, dado su costo.
Asimismo, el artículo de marras hace énfasis en el tiempo que usualmente toma despedir uno de esos empleados que “destruyen valor”. Indica el periódico que “La existencia de diferentes regímenes, la protección sindical, la amplia posibilidad de presentar objeciones e incluso el temor de los jerarcas son algunas de las posibles razones de la prolongación de esos procesos”. La experiencia señala que despedir a un empleado del Ministerio de Educación (tiene 75.000 empleados) toma hasta dos años, mientras que en una empresa privada, si se detecta un caso de destrucción de valor, el despido es inmediato y pagándose todos los derechos de ley al trabajador despedido. En general, cesar a un empleado adscrito el régimen del Servicio Civil (hay 116.000 empleados) toma un promedio de 6 meses.
En el sector gubernamental no parecen existir empleados que sean ineficientes y que, por tanto, deban ser despedidos para contratar otros que sean más productivos; esto es, que agreguen un valor mayor o igual al costo del salario. Eso significa un costo enorme para toda la sociedad, pues se usan ineficientemente los recursos escasos, que se podrían usar de mejor manera permitiendo el logro de una mayor producción a un mismo costo. Pero, incluso en casos en que el tema no es ya de baja productividad, sino más bien de “destrucción de valor”, aun así, su despido toma mucho tiempo -y, por tanto, un costo mayor para los costarricenses- gracias al engorroso proceder dentro del gobierno.
Por ello, no sólo es crucial instaurar sistemas de evaluación que permitan valorar la productividad de los trabajadores en el sector gubernamental, sino también que se acelere el despido de aquellos trabajadores que, más bien, en vez de producir, destruyen valor. Eso sólo sucede en un estado ineficiente, lo cual tenemos que pagar, de una u otra manera, todos los ciudadanos.
Publicado el 06 de febrero del 2015.