Jorge Corrales Quesada
18/05/2015, 13:56
EL ESTADO INEFICENTE-BUROCARACIA Y PRECARIEDAD EN LA CARPIO
Por Jorge Corrales Quesada
La propiedad es esencial para que las personas puedan progresar. Por ello siempre he visto con beneplácito los esfuerzos por hacer que personas, familias, empresas, que hoy están en terrenos en condiciones de precario, pueda acceder a ser propietarios plenos de las tierras en que viven o laboran. La razón de mi preferencia se basa en un asunto elemental: cuando se es propietario, la gente la cuida, busca mejorarla, invertir en ella, hace esfuerzos para que no sólo su propiedad -su vivienda- se conserve en buen estado, sino también de toda la comunidad en donde se vive.
Pero también la favorezco por otras razones. Una muy importante es que, cuando se es propietario, se puede usar la propiedad como garantía cuando se pide prestado en instituciones financieras. Esto es crucial para familias que, de otra manera, no poseen mucha riqueza y que la necesitan tal vez para mejorar sus hogares o expandir algún negocio o simplemente para poder crear alguna nueva empresa. Es decir, al ser sus ingresos usualmente limitados, para hacer todas esas mejoras en su vida, lo más posiblemente es que necesitan de un préstamo bancario que les permita financiarlas. Evidentemente, la institución bancaria (entre otros entes que prestan fondos) necesita de una garantía que le permita recuperar el monto prestado ante una eventual falta de pago por el cliente.
En lo particular, en nuestro marco institucional financiero, también es esencial disponer de una propiedad que pueda servir como garantía para obtener un bono de vivienda o uno para mejorar las propiedades (de vivienda). Asimismo -y eso puede ser muy importante en ciertas comunidades- para poder utilizar el llamado bono comunal, que también facilitaría la vida de los ciudadanos.
Pero también el estado se favorece si se reordena a La Carpio en los términos en que se ha venido comentando, pues así puede cobrar mejor por los servicios públicos, que hoy posiblemente son un completo enredo y hasta usufructuado por familias que no necesariamente pagan individualmente por ellos.
El problema es que, como lo explica La Nación del 2 de noviembre, en un artículo que lleva por nombre “Burocracia condena a La Carpio a seguir en precario: Titulación de propiedades lleva siete años estancada entre instituciones”, las cosas no avanzan para bien de las personas y familias en este caso particular del barrio La Carpio. Es más, lo que puede estar sucediendo en este caso, no me extrañaría que también se da en otros barrios similares, al igual que en propiedades ubicadas en las fronteras norte y sur. No hay manera de que las personas puedan convertirse en propietarios de los lugares en donde hoy viven, pues no tienen derecho de propiedad legalizado.
Los entrevistados en dicho comentario están todos de acuerdo en que el problema fundamental es la falta de coordinación entre las entidades de gobierno involucradas. Por ejemplo, según lo señala Zulay Valverde, lideresa de la comunidad en estos asuntos: “Sentimos que no hay comunicación entre las instituciones, se tiran la bola unos a otros y nosotros somos los perjudicados.” Pero, obviamente, en una buena administración gubernamental “alguien” debería de tener a cargo la coordinación esencial, cuando diversas instituciones son incapaces -por las razones que sean- de ponerse de acuerdo para echar a andar conjuntamente, lo que se debe haber hecho desde hace mucho tiempo atrás. Eso sucede porque el estado es ineficiente, que ni siquiera es capaz de coordinar las cosas dentro de su propio seno.
Vean ustedes. “El plan que pretendía dar títulos de propiedad a las 4.700 familias que viven en La Carpio lleva siete años tropezando contra la burocracia. Desde el 2007 -año en que dio inicio el proceso- el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) sólo ha entregado 33 escrituras del total.” Seré franco: me encoleriza que la entidad que se creó hace más de, si estoy en lo correcto, 40 años para acabar con la pobreza extrema, no haya sido capaz de aliviar de la pobreza a quienes no son propietarios de los hogares de La Carpio, una comunidad que es definitivamente pobre. ¿Será eso lo que significa una injusticia social?
Pero esa lentitud del IMAS ha tenido otra consecuencia no prevista. La Fundación Promotora de la Vivienda (FUPROVI), entidad privada que ha ayudado en la elaboración de los planos y a asesorar a la comunidad para lograr los títulos de propiedad, se retiró de apoyar el proyecto debido a que las instituciones gubernamentales que debería haberlo llevado a cabo, más bien “han hecho poco para avanzar, destacan por obstaculizar y hasta hacer retroceder lo que se ha progresado”. ¡Increíble!, ¿verdad? Es tal el relajo, que hasta el promotor activo privado de la reforma de la propiedad en La Carpio se rinde y hasta le prohíbe -el FUPROVI- al IMAS que use los planos que se hicieron gracias a aquella entidad. “Cada plano costaba ₡130.000.” La Nación recoge declaraciones de doña Shirley Barrantes, una vecina de La Carpio desde hace 20 años, quien señala que lamenta “la salida de FUPROVI, ya que ahora no hay nadie que se haga cargo de los planos para la segunda fase de titulación”.
¿Cuáles son las otras instituciones que están a cargo de reordenar la propiedad en La Carpio (debemos excluir a FUPROVI, que desistió)? Pues, la Municipalidad de San José, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Nacional de Urbanismo (INVU). Por si no se han dado cuenta, todas son instituciones de gobierno descoordinadas, gracias a un estado que ni siquiera es capaz de llamarlas al orden para que “coordinen” lo que se deba de hacer.
Publicado el 26 de enero del 2015.
Por Jorge Corrales Quesada
La propiedad es esencial para que las personas puedan progresar. Por ello siempre he visto con beneplácito los esfuerzos por hacer que personas, familias, empresas, que hoy están en terrenos en condiciones de precario, pueda acceder a ser propietarios plenos de las tierras en que viven o laboran. La razón de mi preferencia se basa en un asunto elemental: cuando se es propietario, la gente la cuida, busca mejorarla, invertir en ella, hace esfuerzos para que no sólo su propiedad -su vivienda- se conserve en buen estado, sino también de toda la comunidad en donde se vive.
Pero también la favorezco por otras razones. Una muy importante es que, cuando se es propietario, se puede usar la propiedad como garantía cuando se pide prestado en instituciones financieras. Esto es crucial para familias que, de otra manera, no poseen mucha riqueza y que la necesitan tal vez para mejorar sus hogares o expandir algún negocio o simplemente para poder crear alguna nueva empresa. Es decir, al ser sus ingresos usualmente limitados, para hacer todas esas mejoras en su vida, lo más posiblemente es que necesitan de un préstamo bancario que les permita financiarlas. Evidentemente, la institución bancaria (entre otros entes que prestan fondos) necesita de una garantía que le permita recuperar el monto prestado ante una eventual falta de pago por el cliente.
En lo particular, en nuestro marco institucional financiero, también es esencial disponer de una propiedad que pueda servir como garantía para obtener un bono de vivienda o uno para mejorar las propiedades (de vivienda). Asimismo -y eso puede ser muy importante en ciertas comunidades- para poder utilizar el llamado bono comunal, que también facilitaría la vida de los ciudadanos.
Pero también el estado se favorece si se reordena a La Carpio en los términos en que se ha venido comentando, pues así puede cobrar mejor por los servicios públicos, que hoy posiblemente son un completo enredo y hasta usufructuado por familias que no necesariamente pagan individualmente por ellos.
El problema es que, como lo explica La Nación del 2 de noviembre, en un artículo que lleva por nombre “Burocracia condena a La Carpio a seguir en precario: Titulación de propiedades lleva siete años estancada entre instituciones”, las cosas no avanzan para bien de las personas y familias en este caso particular del barrio La Carpio. Es más, lo que puede estar sucediendo en este caso, no me extrañaría que también se da en otros barrios similares, al igual que en propiedades ubicadas en las fronteras norte y sur. No hay manera de que las personas puedan convertirse en propietarios de los lugares en donde hoy viven, pues no tienen derecho de propiedad legalizado.
Los entrevistados en dicho comentario están todos de acuerdo en que el problema fundamental es la falta de coordinación entre las entidades de gobierno involucradas. Por ejemplo, según lo señala Zulay Valverde, lideresa de la comunidad en estos asuntos: “Sentimos que no hay comunicación entre las instituciones, se tiran la bola unos a otros y nosotros somos los perjudicados.” Pero, obviamente, en una buena administración gubernamental “alguien” debería de tener a cargo la coordinación esencial, cuando diversas instituciones son incapaces -por las razones que sean- de ponerse de acuerdo para echar a andar conjuntamente, lo que se debe haber hecho desde hace mucho tiempo atrás. Eso sucede porque el estado es ineficiente, que ni siquiera es capaz de coordinar las cosas dentro de su propio seno.
Vean ustedes. “El plan que pretendía dar títulos de propiedad a las 4.700 familias que viven en La Carpio lleva siete años tropezando contra la burocracia. Desde el 2007 -año en que dio inicio el proceso- el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) sólo ha entregado 33 escrituras del total.” Seré franco: me encoleriza que la entidad que se creó hace más de, si estoy en lo correcto, 40 años para acabar con la pobreza extrema, no haya sido capaz de aliviar de la pobreza a quienes no son propietarios de los hogares de La Carpio, una comunidad que es definitivamente pobre. ¿Será eso lo que significa una injusticia social?
Pero esa lentitud del IMAS ha tenido otra consecuencia no prevista. La Fundación Promotora de la Vivienda (FUPROVI), entidad privada que ha ayudado en la elaboración de los planos y a asesorar a la comunidad para lograr los títulos de propiedad, se retiró de apoyar el proyecto debido a que las instituciones gubernamentales que debería haberlo llevado a cabo, más bien “han hecho poco para avanzar, destacan por obstaculizar y hasta hacer retroceder lo que se ha progresado”. ¡Increíble!, ¿verdad? Es tal el relajo, que hasta el promotor activo privado de la reforma de la propiedad en La Carpio se rinde y hasta le prohíbe -el FUPROVI- al IMAS que use los planos que se hicieron gracias a aquella entidad. “Cada plano costaba ₡130.000.” La Nación recoge declaraciones de doña Shirley Barrantes, una vecina de La Carpio desde hace 20 años, quien señala que lamenta “la salida de FUPROVI, ya que ahora no hay nadie que se haga cargo de los planos para la segunda fase de titulación”.
¿Cuáles son las otras instituciones que están a cargo de reordenar la propiedad en La Carpio (debemos excluir a FUPROVI, que desistió)? Pues, la Municipalidad de San José, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto Nacional de Urbanismo (INVU). Por si no se han dado cuenta, todas son instituciones de gobierno descoordinadas, gracias a un estado que ni siquiera es capaz de llamarlas al orden para que “coordinen” lo que se deba de hacer.
Publicado el 26 de enero del 2015.